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¿Miopía o argucia revolucionaria?

Este fin de semana se conoció que el Banco de Desarrollo de China le otorgará a Venezuela un mega préstamo por $20,2 millardos: 50% en dólares ($10 millardos) y el 50% restante en yuanes (70 millones en yuanes = $10,2 millardos).

De este mega préstamo destacan, y llaman a la alerta, varios aspectos:

Primero, la gran opacidad que ha rodeado la transacción. No se sabe nada, por ejemplo, de las condiciones de pago ni el destino de esos impactantes recursos.

Si se relaciona al contexto del convenio entre las estatales Petrochina (40%) y PDVSA (60%) para producir y mejorar 400.000 b/d de petróleo extrapesado, a partir de 2014, en el Bloque Junín 4 de la Faja Petrolírfera del Orinoco, se podría intuir que los $10 millardos que se otorgarían en moneda americana podrían estar destinados a financiar el 60% de la inversión que le corresponde a PDVSA. Mientras que los restantes $10,2 millardos que los chinos prestarían en yuanes se destinarían a "otros gastos" del Estado.

Aquí surge una gran inquietud: Este mega préstamo denominado en yuanes, ataría las importaciones futuras de Venezuela a los productores chinos, lo cual puede traducirse en un paso más para cambiar a sus socios comerciales naturales, como Colombia y EE.UU., ¿Dónde queda entonces la solidaridad bolivariana con sus vecinos del Continente, si ahora se privilegia a la lejana China, en detrimento de éstos?

Otro aspecto que llama a la reflexión es la suma tan alta del crédito, que hipoteca a la República por años. Entre otros "detalles" se tendría que:

1) De estos $20,2 millardos que ahora se adeudarían, le corresponderían $720 a cada hombre, mujer, adolescente y niño venezolano.

2) Con esta deuda que piensa contraer Hugo Chávez se aumentaría en más de 50% la Deuda Pública Externa, estimada hasta ahora en unos $40 millardos, sin incluir PDVSA. Lo peor sería si, como se afirma en la prensa nacional, el préstamo se pagase en barriles de producción futura de petróleo.

Aunque éste es un punto no aclarado aún por el Gobierno, los expertos advierten que es un mecanismo perverso que se debe rechazar de plano.

3) Por último, el altísimo monto comprometido también suena el gong de alerta debido a que los analistas se preguntan que, aparte de Junín 4 ¿en dónde se va a invertir tanto real?

Muchos piensan que entre otros destinos "no santos", el dinero terminaría financiando los gastos de campaña de las elecciones de 2010 y 2012; contribuiría al reparto continental para extender el proyecto revolucionario de Chávez; se gastaría en la compra de armas para enfrentar al imperio, así como en el ensayo nuclear y espacial que Chávez habría conversado recientemente con el primer ministro ruso, Vladimir Putín.

Otros ingenuos aún esperan que caiga algún centavito para invertir en salud, seguridad, educación, mantenimiento de infraestructura, en servicios públicos, o, por lo menos, que un chorrito pudiese servir para devolverle la luz a Venezuela.

Crisis endógena


¡Venezuela y Cuba son la misma cosa! Esta apocalíptica expresión la lanzó este miércoles 21 de abril el dictador heredero de Cuba, Raúl Castro. Lo peor es que es cierta como un templo.

Desde diferentes foros, analistas nacionales e internacionales han advertido lo que conlleva un modelo de país basado en la destrucción de la empresa privada, la falta de libertad económica, el irrespeto al Estado de Derecho y la ausencia de la seguridad jurídica. Pero todo ha caído en saco roto y ha sido desoído por los líderes de la revolución del siglo XXI.

Ahora, desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) volvieron a sonar las alertas anunciando que Venezuela registrará una recesión por segundo año consecutivo, estimándose que la de 2010 estará en -2,6%, versus la de 4,8% de 2008.

VenEconomía, considera que estas estimaciones no sólo son conservadoras, sino que más bien son optimistas. Según los pronósticos de The Economist Intelligence Unit Limited publicados en marzo, la economía de Venezuela caerá -5,6% en 2010.

Por su parte, según las proyecciones de las Perspectivas Económicas, Políticas y Sociales para 2010-2015 de VenEconomía, la economía venezolana caerá 7,2% en 2010.

Lo que destaca del reporte del FMI/BM es: 1) Que al Gobierno de Chávez le será cuesta arriba desmentirlo pues estos organismos basan sus informes en los datos oficiales de los países miembros. 2) Que Venezuela será el único país exportador de materias primas de la región que sigue en recesión. Y 3) que casi todos los países del Continente mostraron recuperación de sus economías, excepto Venezuela y dos países del Caribe, Antigua y Barbuda y las Bahamas.

Para los analistas del FMI y del Banco Mundial, esta caída del crecimiento de Venezuela se explica por el colapso de la actividad privada y la falta de cooperación entre el sector público y el privado que ha llevado a un ingente incremento de las importaciones de productos y bienes de todo tipo. Para VenEconomía, esta caída del PIB no es más que un reflejo de la destrucción endógena a la que ha llevado un equivocado modelo de desarrollo, que ha destruido a la estatal petrolera, ha colapsado el sistema productivo y las fuentes de empleo, alejado los inversionistas, destruido el sistema eléctrico nacional y hecho que la seguridad jurídica sea un término que quedó en el olvido.

No sería nada extraño que el oficialismo ahora aduzca que este informe del FMI/BM forma parte de la componenda imperialista contra del Gobierno de Chávez. De allí que es oportuno recordar que estos entes, conjuntamente con la Organización Mundial de Comercio,fueron creados por 45 países del mundo, incluyendo Venezuela, después de la segunda Guerra Mundial, para ayudar al equilibrio y crecimiento armónico de las economías de sus miembros.

Recta final a las Primarias de la Unidad

Este domingo 25 de abril, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) realizará las elecciones primarias para seleccionar 22 candidatos a diputados en 15 circunscripciones de ocho estados (Anzoátegui, Carabobo, Lara, Miranda, Portuguesa, Táchira, Zulia y Distrito Capital).

Estos candidatos son adicionales a los 143 que ya han sido seleccionados por consenso, y que totalizarán la propuesta unitaria de 165 candidatos para 165 curules.

Se cumple así el primer ciclo para que la oposición democrática de Venezuela llegue con candidatos unitarios a las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre. El momento histórico que vive el país, donde privan las instituciones secuestradas por el mandante de Miraflores y donde las libertades ciudadanas están gravemente constreñidas, obligaba a la mesa de la unidad a presentar una fórmula consensuada que hiciera propuestas de un modelo de país libre, democrático y progresista.

En diciembre de 2009, los partidos políticos, organizaciones civiles y dirigentes individuales que hacen vida en la MUD acordaron realizar elecciones primarias en aquellos circuitos donde no se lograse el consenso.

Para algunos analistas, lo ideal hubiera sido ir a primarias en todos los circuitos electorales, dado el valor que tienen éstas para el ejercicio democrático al permitir la participación directa del elector en la selección de sus representantes. Para otros, la realidad política de Venezuela hacía imposible cumplir con esta aspiración, y por ello era imprescindible lograr el consenso en la mayor parte de los circuitos. Ambas posiciones son válidas.

Lo que sí no cabe duda es que haber logrado esos consensos sin mayores daños colaterales, es un punto a favor de la MUD, sobre todo si se toma en consideración la diversidad ideológica y de intereses de sus integrantes.

Otra de las barreras que tuvo que vencer fue darle al elector confianza, sobre todo al estar usando las máquinas del cuestionado CNE.

El logro de la MUD es que este domingo el elector tiene garantizado el secreto al voto y el anonimato. El primero, porque las máquinas las manejara la MUD, y el segundo, porque se ha prescindido de las captahuellas y porque se decidió incinerar los cuadernos de votación, inmediatamente después de la totalización de los votos y de la aceptación de los resultados por las partes, así el Gobierno no tendrá como elaborar una versión actualizada de la Lista Tascón.

Quizá, lo que queda por lamentar es que la falta de recursos, por las presiones del Gobierno a las fuentes naturales de financiamiento, no ha permitido que se publiciten estas jornadas de participación ciudadana. Esta falta de información puede llevar a que la abstención sea alta. Aún así, ni eso opacará lo glorioso de este día.

En estos comicios de la alianza democrática la participación ciudadana es libre, y que se caracterizará por ser un proceso transparente y confiable. Todo elector inscrito en el REP para febrero podrá votar si pertenece a alguna de las 15 circunscripciones que están en la contienda. Cualquier duda se puede consultar en www.unidad-primarias.org o comunicarse al 0800-votemos.

Participe ¡lo que se está arriesgando es invaluable! Los principios y valores fundamentales de la institucionalidad democrática de Venezuela.

Lecciones de democracia

Lo que parecía casi imposible para la diversidad democrática venezolana se logró el fin de semana pasado, cuando la unión de la alternativa democrática completó el cuadro nacional de 165 candidatos, con el cual tratará de copar los curules parlamentarios el 26 de septiembre de 2010.

El sábado 24 de abril, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció los nombres para las 143 candidaturas a diputados que van postulados por los partidos políticos para el Voto Lista.

En el resultado del cuadro final privó el acuerdo al que llegaron las organizaciones miembros de la MUD en diciembre de 2009, y aunque, el método de selección obvió liderazgos regionales obtenidos durante años de trabajo, el resultado final en general es una plausible lección de pluralidad partidista, que se debe perfeccionar en un futuro.

Por otro lado, el domingo 25 de abril, la civilidad democrática fue protagonista de una muy ejemplar jornada democrática. Mientras el Presidente se revestía de militarismo, unos cientos de electores de 15 circunscripciones de ocho estados, se movilizaron cívicamente para escoger en elecciones primarias a 22 candidatos a diputados que se postularán para el Voto Nominal en los comicios a la Asamblea Nacional.
De estas primarias se pueden sacar varias lecciones:

. Los partidos políticos, organizaciones civiles, liderazgos regionales y los ciudadanos que se oponen al avance comunista, ratificaron al país y al mundo su vocación democrática y su empeño de buscar los cambios políticos por la vía electoral.

. Se reforzó la importancia de la participación de los partidos políticos en el juego democrático y, emergieron nuevos liderazgos apoyados por el voto popular.

. Se comprobó que, cuando los actores respetan las leyes y las reglas de juego y cada uno asume su papel sin intentar avasallar a los otros, es posible la coexistencia. En contrario a otras elecciones recientes: 1) Los técnicos del CNE asumieron su rol en la operación de las máquinas sin entremeterse en el trabajo de las organizaciones políticas. 2) El Plan República, pareció entender que el acto electoral es un evento netamente civil, y circunscribió sus actuaciones a lo que dicta la Constitución: mantener la seguridad y el orden. Ambas actitudes contribuyeron a que el día transcurriera sin mayores sobresaltos y sin la imposición de arbitrariedades hegemónicas.

. Sobre todo, se venció el miedo. Los venezolanos mostraron determinación a ejercer su derecho al voto, sin importar las presiones del Gobierno ni que sus fuerzas de choque acosaran a los electores de algunos sectores populares.

Por último, cabe señalar que en los resultados de las Primarias de la alternativa democrática se reflejó la pluralidad del país, signo de Democracia y libertad.

Es de esperar que el ejemplo de estas jornadas del 25 de abril sirva de motivación para la participación activa de los venezolanos el 26 de septiembre, fecha cuando se emprende una larga y difícil cruzada para el rescate de la institucionalidad democrática de Venezuela.

Nunca pensé, nunca

La juez María Lourdes Afiuni, confesó al periodista Juan Forero del Washington Post, que "nunca" pensó "que las violaciones llegarían a tanto".

La juez Afiuni es hoy uno de los más de 30 presos políticos del Gobierno de Hugo Chávez. Paga prisión injusta desde el 10 de diciembre de 2009 en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) de Los Teques, por dictar sentencia con apego a la Ley en el caso de Eligio Cedeño, otro perseguido del Presidente.

La expresión de la juez Afiuni devela en toda su extensión el estado de secuestro en el que se encuentra el sistema de justicia de Venezuela. Como afirmó el abogado constitucionalista, Carlos Ayala, en ese mismo análisis de Forero, "si un juez no hace lo que él (Hugo Chávez) quiere, irá a la cárcel". "Antes eran (los jueces) despedidos. Ahora van a la cárcel".

Esta perversión del sistema de justicia no se detiene en el acoso a los jueces ni a los empresarios. Todos, todos, los venezolanos son sujetos eventuales del yugo represor, si así lo considera necesario el mandatario nacional o, incluso, alguno de sus adalides. Hoy es de ingenuidad extrema pensar que las violaciones del Gobierno "nunca" llegarán a ciertos límites.

Por ejemplo, un grupo de ocho dueños de carnicerías de la parroquia la Candelaria "nunca pensaron" que, siendo civiles, podían ser trasladados bajo engaño, arbitrariamente detenidos en la trinchera militar de Fuerte Tiuna, y presentados a un juez de control para ser acusados de "especular" con los precios de la carne.

Los administradores y los 250 huéspedes del Hotel Porlamar Suites de Margarita, tampoco deben haber pensado "nunca" que un grupo de invasores podían despertarlos violentamente en medio de una noche vacacional, con gritos, golpes y disparos, para arrojarlos a la calle, mientras los violentos arrasaban y destrozaban todo lo que encontraban a su paso.

Dada la cadena de expropiaciones y confiscaciones de los últimos años, tal vez a los propietarios, gerentes y trabajadores del Central Azucarero Santa Clara (Estado Yaracuy) sí les pasó por la mente alguna vez que podían ser ocupados o expropiados, pero lo que "nunca" debieron haber pensado es que el asesor jurídico del Central, podía ser detenido "por desacato", luego de negarse "a autorizar la firma de la directora regional del Indepabis en las cuentas de la empresa", como se denuncia en la prensa nacional.

¿Cómo podrían haber pensado "nunca" los ciudadanos de este país de ricos recursos hídricos y energéticos, que ciudades enteras estarían horas y días sin servicio eléctrico por la ineficiencia e indolencia de unos virulentos gobernantes?

Lo peor es que aún muchos venezolanos "nunca" se atreven a pensar que la propiedad privada en Venezuela "no es sagrada", como ratificó este domingo 25 de abril, el super ministro y vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. Es que todavía no se atreven a creer que cada vez Venezuela se parece más a Cuba.

El cuento no ha acabado


El Gobierno sigue mintiendo con respecto al problema del sistema eléctrico.

Primero mintió cuando reconoció, tardíamente, que el país atravesaba una crisis en el sistema eléctrico y argumentó que el grave problema lo produjo el fenómeno atmosférico El Niño y la prolongada sequía.

Con esta aseveración se pretendía escabullir la responsabilidad del Ejecutivo en el deterioro de toda la red de generación, transmisión y distribución de electricidad, que ocasionó la desinversión, la falta de mantenimiento, el rezago de tarifas y una nefasta y poco transparente gerencia. El Gobierno no reconoció que toda esta crisis se debe a su indolencia para culminar por lo menos 25% de los proyectos de transmisión y generación eléctrica que lanzó en 2002-2003.

Luego volvió a mentir cuando impuso un "transitorio" y desarticulado Plan de Emergencia Eléctrica, que lo único que ha hecho es llevar severas penalidades pecuniarias a los consumidores si no hacen drásticas restricciones, sin aportar un ahorro contundente de energía. Este decreto además ha servido para: 1) acelerar el desembolso de unos cuantos millardos de dólares sin licitación para un apresurado y no planificado mantenimiento y rescate de la red eléctrica; 2) lanzar un sin fin de promesas de planes de instalación de plantas de generación solar y eólicas que todavía suenan a utopía; y 3) comprar indiscriminadamente plantas eléctricas, las cuales se están convirtiendo en un grave problema pues ni cubren la demanda ni hay producción de gasolina suficiente para abastecerla, y de ñapa cogestionan aún más las ya sobrecargadas líneas de transmisión y son contaminantes.

Ahora se vuelve a mentir cuando desde la Presidencia y desde el Ministerio de Energía se afirma que con la llegada de las lluvias la crisis terminó. Ésta es una perniciosa mentira.

Uno, porque la crisis energética no ha pasado, por el contrario, está vivita y coleando. Si no pregúntele a los merideños, trujillanos, zulianos, mirandinos y tachirenses que han visto multiplicar los apagones a pesar de los fuertes chaparrones de las últimas semanas.

Otra, porque el Gobierno insiste, por razones netamente electorales, en reducir el racionamiento progresivamente. El caso es que la represa estará en un nivel inferior al alcanzado este año cuando inicie la temporada de sequía de 2010-2011, y con ello se corre el riego de que la crisis de electricidad sea mucho peor en 2011, de lo que está siendo este año.

Más grave es que algunos analistas afirmaron a la prensa nacional que parte de los recursos para las inversiones que debieron hacerse estos últimos 10 años fueron desembolsados, pero las obras no aparecen por ninguna parte.

El Gobierno está en un callejón sin salida: Debe garantizar el suministro de electricidad a la población, no puede sobrecargar al Guri, y hoy no tiene la capacidad termoeléctrica para complementar la generación hidráulica como se hizo en el pasado.

El Gobierno en vez de seguir diciendo mentiras, debería reconocer que la crisis no ha acabado y de una vez por todas comenzar a gerenciar el Estado con responsabilidad y transparencia.

Efecto dominó

El sector productivo privado de Venezuela está en franco deterioro. Según estimaciones de Fedecámaras apenas 54,9% del parque industrial del país se mantiene en pie. Afirma que unas 6.000 empresas de todos los tamaños y sectores han sucumbido en estos 11 años.

Los efectos dominó de este deslave industrial se traducen en:

1) Desempleo que llega, según el Instituto Nacional de Estadísticas a 8,7%, 1,4% más que en marzo de 2009. Las cifras del INE incluyen a todo aquél que haya trabajado al menos una hora a la semana en el mes anterior de la medición.

2) Desplome de la producción, que se evidencia en la contracción de la economía que llegó a -3,3% en 2009.

3) Ingente dependencia de las importaciones, que aumentaron en 125,9% ($191,55 millardos) en los últimos cinco años.

4) Un tipo de cambio del mercado permuta desbordado por el incremento de la demanda.

5) Una inflación que se ha disparado en 182,49% en el último quinquenio.

6) Una caída de la inversión directa que va de $3,9 millardos en 1998 a -$4,9 millardos en 2009.

7) Grave desabastecimiento y aumento de la escasez de productos básicos.

Este deplorable cuadro tiene su base en las políticas antiempresariales del Gobierno de Chávez, en la ausencia del Estado de Derecho y en la creciente inseguridad jurídica donde privan: 1) Las expropiaciones y confiscaciones realizadas sin apego a la Constitución y la Ley; 2) Una política ineficiente de controles sobre los precios, la tasa de cambio, la producción, la distribución y la comercialización de los bienes y productos. 3) Una ambición desmedida de estatizar y centralizar toda actividad productiva y toda la economía.

Esto ha derivado en una desmesurada dependencia del Estado en la renta petrolera, lo cual se convierte en un explosivo y destructivo coctel cuando se le suma una ineficiente, ineficaz y nada transparente gerencia pública.

Dos ejemplos de que la situación va de mal en peor:

1) El acoso a Empresas Polar y el afán de expropiar toda una zona industrial del Estrado Lara, sólo para concretar una vendetta política del Gobierno. El problema es que esa medida de expropiación de la zona industrial 1 de Barquisimeto, no sólo afectará a la Polar, sino que traerá consigo el cierre de más de una docena de empresas, con la consecuente pérdida de más puestos de trabajo y otro incremento en las necesidades de importación.

2) El deficiente, irresponsable y opaco manejo de las empresas básicas de Guayana, que ha generado la caída de la producción de importantes materia primas; la quiebra o la caída de producción de muchas de sus contratistas privadas de la zona, así como de otras empresas del país dependientes de esas materias primas.

Lo peor es que las fichas del dominó siguen cayendo.

Reivindicar el derecho a exigir

Este 1° de mayo vuelve a encontrar a los trabajadores de Venezuela sin nada qué celebrar.

El Gobierno de Hugo Chávez, que ha basado su sempiterna promesa electoral en la defensa del trabajador y de los pobres, tampoco tiene nada de qué vanagloriarse. Por el contrario, si algún tipo de apego moral le quedase, debería mostrar su vergüenza por el fracaso en darle calidad de vida a la clase trabajadora venezolana, y por haberla sumido en un estado de indefensión ciudadana.

El modelo político impuesto en estos 11 años en el país, no sólo ha arrastrado al sector productivo, público y privado, sino que se ha llevado consigo la mayor parte de las reivindicaciones laborales alcanzadas en la mitad del siglo XX.

Una de las primeras tareas que el Gobierno emprendió en 1999, fue desconocer al sector sindical legítimamente electo que existía para entonces y dejar de lado la relación tripartita, que permitía la concertación entre Gobierno, el sector empleador y los trabajadores.

En su defecto, promovió la creación de un sindicalismo paralelo, el cual ha venido poniendo servilmente en las manos del Gobierno a todo tipo de empresas para que éste las expropie, estatice o nacionalice, usando como carnada supuestos reclamos laborales.

Hoy, la mayoría de los trabajadores que están agrupados en estos sindicatos emergentes son una masa amorfa sujeta a capricho de los intereses del proceso que impone el comandante en jefe, obligada a uniformarse de rojo, a asistir obligatoriamente a maratónicos discursos, y a aplaudir el verbo agresivo y excluyente del Presidente.

Este 2010, no hay nada por qué festejar y si mucho qué reclamar a los gobernantes y representantes de los poderes públicos.

Los trabajadores deben exigir, por ejemplo, que se detenga la política expropiatoria y que se fomente la inversión y la generación de fuentes de trabajo.

Deben demandar que se respete el derecho al trabajo. Que le dé al ingente número de ciudadanos que están desempleados, subempleados o en la economía informal en estado de precarización, la posibilidad de acceder a un trabajo digno, estable, responsablemente remunerado y que le procure bienestar, calidad de vida y seguridad social.

Deben emplazar a sus gobernantes a que se deje de politizar el derecho al trabajo; que cese el apartheid laboral que ha segregado a miles de venezolanos por sus opiniones y preferencias políticas o ideológicas.

Debe instar a que se les garantice su derecho a manifestar y de huelga. Que se respete el fuero sindical y el derecho de sindicalizarse libremente. Que se discuta sin amedrentamiento las convenciones colectivas vencidas, que se cumpla con las vigentes, y que no reviertan los beneficios laborales adquiridos.

Deben exigir que se legislen las leyes del Trabajo y de Seguridad Social por largos años demoradas en la Asamblea Nacional.

Y sobre todo, se debe demandar que se le respete el derecho a vivir en libertad y en democracia.

No hay incremento que valga

La política económica de Hugo Chávez está atiborrada de sinrazones, que sólo conducen al despeñadero.
Una de las tantas fue haber decretado en febrero de este año un aumento de 25% del salario mínimo de manera inconsulta y extemporánea.

En esa oportunidad Chávez anunció que el 10% del nuevo salario mínimo entraba en vigencia el 1° de marzo y el 15% restante se pagaría a partir del 1° de septiembre de 2010. Hay que acotar que la segunda cuota hace que al final el incremento sea realmente de 26,5%.

Ahora, este sábado 1° de mayo, otra vez de forma imprevista e inconsulta, adelantó cuatro meses la fecha de entrada en vigencia de la segunda porción (15%) del incremento del salario mínimo.

Llama a suspicacia, que esta intempestiva decisión fue anunciada a pocas horas de que se celebrasen las elecciones primarias de su partido, el PSUV, donde se escogerían los candidatos a la Asamblea Nacional. ¿Tal vez se intuía que a pesar de las multifacéticas presiones, estos comicios no habían despertado la motivación de la masa electoral chavista?

Peor aún, es que se especula que el Gobierno tendría en mente otro aumento para septiembre a fin de "incentivar" el voto en las elecciones parlamentarias.

Otra sin razón es el aumento de las pensiones para los sobrevivientes. Aunque a simple vista esta decisión perece procedente, lo cierto es que va contra la lógica que se sigue a nivel mundial, que los gastos de un superviviente son menores a los de una pareja.

Lamentablemente, cuando un Gobierno toma decisiones de manera atropellante y sin planificación alguna por medio se generan graves consecuencias para todo el país, entre las cuales destacan: 1) El aumento de las presiones inflacionarias; y 2) el descontrol en todo el aparato productivo, que ve derrumbarse toda su planificación. El cambio abrupto de las reglas de juego, agarra fuera de base a las empresas públicas y privadas que, creyendo en la palabra del mandatario, habían hecho sus ajustes salariales para septiembre. Esto recrudece la precaria situación de pequeñas y medianas empresas, ya agravada por el alza de los costos de las materias primas, la sequía de divisas oficiales y la severa regulación de electricidad.

Medidas como éstas son la mejor expresión de un populismo salvaje que no aporta nada positivo al país y deja de lado que la mejor manera de optimizar los ingresos de los trabajadores es: a) promoviendo inversión privada; b) creando empleos productivos; c) aplicando políticas sustentables para combatir a la inflación; d) garantizando la seguridad jurídica y el estado de derecho a empresa y trabajadores.

¿De qué valen incrementos salariales, si las fuentes de trabajo van en barrena gracias a las políticas de corte comunista del Gobierno?

La batalla del PSUV

El domingo 2 de mayo, el brazo político del presidente Hugo Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), realizó elecciones primarias para elegir a 110 candidatos a diputados, de los 165 que pugnarán el 26 de septiembre a la Asamblea Nacional.

Ese domingo, temprano en la mañana, el Presidente mandó por su Twitter un revelador mensaje a sus seguidores: "Muy buenos días amigas y amigos. Como saben, me la juego con las bases populares. Nos vemos en las mesas electorales pues, !! Venceremos!!".

Pero, el mandatario se llevó una sorpresa nada alentadora: Esas bases populares no le respondieron como esperaba.

El nivel de participación fue raquítico, si se mide por la expectativa anunciada de unos 4 millones de votantes, y por el universo de 6,7 millones de militantes que dice tener el PSUV.

Según el Consejo Nacional Electoral, habrían sufragado un poco más de 2,5 millones de electores, (1,5 millones menos de lo que aspiraban sus organizadores) lo cual representa 37,3% de la militancia del PSUV y 14,7% del total del padrón electoral de Venezuela. Y los resultados parece que son más precarios aún, pues según información extraoficial aparecida en Tal Cual, los votantes no habrían sido más de 1,6 millones.

Lo cierto es que cualquiera que sean las cifras, ninguna se compagina con la gigantesca campaña publicitaria realizada. Tampoco hacen justicia a la aceitada y costosa maquinaria, ni a la intensiva movilización y búsqueda casa a casa que se realizó. Incluso, el resultado deja al descubierto la inutilidad de la coacción dictatorial cuando se ejerce sobre un pueblo agobiado y cansado de promesas incumplidas.

Otra ingrata sorpresa la recibieron los 106 parlamentarios que aspiraban repetir en la Asamblea Nacional, pues sólo 22 de ellos fueron seleccionados para la carrera. Además llama la atención que quedaran fuera emblemáticos del chavismo duro, como Calixto Ortega, María de Queipo (impulsadora de la Ley Orgánica de Educación) y Manuel Villalba (solicitante del juicio por traición a la Patria contra Oswaldo Álvarez Paz). También es curioso que nuevos y aguerridos aspirantes, como Mario Silva y Richard Peñalaver (el de Puente Llaguno) tampoco figuren en el cuadro de las primarias.

Según algunos analistas, el mandatario podría subsanar algunas de estas exclusiones cuando, interpretando a su manera el resultado electoral, fuerce la entrada en el voto lista de algunos de sus favoritos.

Pero, no hay que dormirse en los laureles, aunque el mandatario salió mal parado de esta batalla, aún le queda espacio, mucho desparpajo, poder y dinero para enfrentar su guerra del 26 de septiembre.

Y sigue anquilosando al país

El Gobierno sigue apropiándose de bienes privados, en su ruta de anquilosamiento del sector productivo venezolano.

El Ministerio de Agricultura y Tierras le informó a la expropiada Fama de América que le reconocerá sólo 10% del valor que fijó la Comisión de Avaluó. Esto contraviene a la Ley de Expropiación, que dicta que una vez que la Comisión de Avalúo valore un bien, sólo resta que el valor les sea notificado a los propietarios o representantes para que acepten o rechacen la tasación.

Así "premia" el proceso chavista a los propietarios de una empresa, que no sólo no había acaparado los granos de café, como se adujo cuando fue ocupada "temporalmente" en agosto de 2009, sino que éstos trataron de buscar por más de ocho meses una solución negociada con el Gobierno. Lo insólito es que a pesar de estar siendo trasquilados, los propietarios de Fama de América van en góndola con respecto a otros a quienes no les han pagado ni un céntimo, como es el caso de las cementeras y de las 76 empresas de servicio de PDVSA tomadas forzosamente hace un año.

Otra que sigue en el ojo del Gobierno expropiador es Empresas Polar. Por un lado, el Ejecutivo firmó el decreto de adquisición forzosa de los galpones de Polar de la Zona Industrial 1 de Barquisimeto, a pesar de la firme oposición del Gobierno regional, de los trabajadores de Polar y de la población en general.

Por otro, el mandatario increpó a Lorenzo Mendoza, propietario de Polar, por haber acudido a los tribunales a defender sus derechos, y lo amenazó por TV que si no se quedaba "tranquilo" podría arriesgar las instalaciones de la empresa en Caracas, pues en Petare "hay millones sin vivienda".

Como prueba de que su avaricia por asaltar propiedades no se sacia con nada, esta semana tomó sin son ni ton dos fincas en plena producción: 1) La Granja Ladera, en el Valle del Tucutunemo (Aragua), propiedad del capitán (R) Guyón Celis. "Casualmente" Guyón Cellis hace una semana introdujo en la Fiscalía pruebas sobre una supuesta violación del Sistema Republicano de Gobierno por parte del Presidente. 2) La hacienda "La Carolina" de Diego Arria y familia, ubicada en Nirgua (Yaracuy), fue "rescatada" por el INTI. Irónicamente, al momento del ilegal "rescate" de su hacienda, Arria se encontraba en Oslo participando en el Foro sobre la Libertad, organizado por la ONG Human Rights Foundation.

Como guinda de esta torta, la segadora de propiedades de Chávez también arrasó con tres centrales azucareros, con lo que suman nueve las procesadoras de azúcar que han pasado de manos privadas a las del Estado oligopólico. En Aragua, este martes 4 de mayo, el Gobernador ordenó la expropiación del Country Club de Maracay y dos propiedades más, un matadero y una alfarería.

Así es como se ha arruinado a Venezuela.

El que tenga oídos, que oiga

Este miércoles 5 de mayo, Fedecámaras le habló clara y valientemente al país.

En un sucinto, pero contundente, documento el organismo empresarial retrató la dramática realidad de Venezuela y planteó cinco exigencias básicas para restaurar la convivencia democrática.

El documento categóricamente insiste en la urgencia de instaurar un Acuerdo para la Prosperidad donde Gobierno, empresarios y trabajadores encuentren puntos de interés común y de convergencia.

Destaca Fedecámaras el menoscabo del que han sido objeto en estos últimos años los derechos a la vida, a la propiedad, al trabajo, a la libre expresión y al debido proceso. Y sostiene que la estructura productiva privada nacional se ha contraído severamente, llevando esto a la disminución de la producción nacional, el incremento de la inflación y la reducción del empleo formal.

El inventario de las consecuencias debería ser punto de reflexión y preocupación para todos, gobernantes y gobernados:

- Reducción del parque industrial desde más de 11.000 industrias en 1999, a un poco más de 7.000 en la actualidad.

- La transferencia vía expropiaciones y confiscaciones, de unas 200 empresas del sector privado al sector público en los últimos cinco años, casi en su totalidad violándoles el debido proceso.

- Parálisis de las empresas básicas en Guayana, "con las dramáticas consecuencias para la generación de energía y para la producción de materias primas".

- Expropiación de 3 millones de hectáreas de tierras productivas, de las cuales hoy sólo 1,6% están productivas.

Puntualiza que "ningún sector de la economía ha quedado exento de las arbitrariedades gubernamentales" y que el empeño del Gobierno en convertirse en monopolizador de la economía ha fomentado la burocracia y la pérdida de recursos.

- Caída del PIB de 3,3% en 2009 y para 2010 la tendencia es que continúe el decrecimiento.

- Una inflación oficial de 25,06% en 2009, la más alta del continente y la tercera más alta del mundo. Y una proyección para 2010 entre 35%-40% de inflación.

- Aproximadamente 70% de los alimentos que los venezolanos llevan a sus mesas son importados.

- 6 millones de desempleados, sub-empleados o ejerciendo trabajos informales. Y la cifra sigue en aumento con las confiscaciones y estatizaciones.

Fedecámaras exige que se respete:

- La vida y los bienes de los ciudadanos. (Van 93 secuestros en 2010. 36 comerciantes y/o empresarios, 13 ganaderos, 32 estudiantes, 5 amas de casa, 5 profesionales y 2 personas que se dedican a otros oficios).

- La propiedad privada como derecho universal.

- La iniciativa de emprendimiento y la empresa privada.

- El derecho al trabajo formal.

- El derecho a la salud y la asistencia social, así como el gozo de los servicios básicos en condiciones óptimas.

VenEconomía suscribe en su totalidad el documento, donde se insiste en que la primera prioridad del país es la defensa de la producción nacional, la generación de empleo y el bienestar de todos los venezolanos, sin excepción.

Otra vez tras el mensajero

La ceguera comunista del Gobierno de Hugo Chávez lo ha llevado a eliminar una y otra vez al mensajero, en vez de enfrentar el contenido del mensaje.

Desde el comienzo de su Gobierno, para ocultar su incapacidad para poner a producir las tierras del Estado, dictó los decretos zamoranos y confiscó hatos, haciendas, fundos y cuanta hectárea productiva privada encontró por delante.

Luego, cuando se presentó la escasez de azúcar, fue en contra de los productores de azúcar, y expropió a diestra y siniestra los centrales.

Cuando el café comenzó a esfumarse, expropió a las torrefactoras y se empecina en pagarles a precio de gallina flaca.

No fue capaz de invertir en mejorar ni mantener la capacidad del Sistema Eléctrico, pero nacionalizó todo el sector.

Ante su ineficiencia para resolver la problemática habitacional, le dio por decretar expropiaciones de terrenos y propiedades, incluyendo varias no aptas para viviendas familiares.

Cuando su política de controles indiscriminados hizo que la carne se esfumara, arremetió en contra de carnicerías, frigoríficos y mataderos.

Hace unos meses cuando unos cinco pequeños bancos quebraron por falta de supervisión de Sudeban, le echó la culpa a las casas de bolsa, y eliminó los mutuos, cuando éstos eran unos de los pocos papeles que permitían a los venezolanos ahorrar en el país.

Ahora, cuando es manifiesta su incapacidad de controlar el precio del dólar permuta, enfoca otra vez sus baterías en contra de las casas de bolsa.

La tendencia del Gobierno es creer que las fuerzas del mercado son manipuladas por enemigos del régimen. La realidad es que éstas son la expresión colectiva de toda sociedad, que obedece a la lógica del comportamiento humano.

Se rumora que podría restringir aún más el acceso al mercado permuta. Es difícil concebir que tal desatino sea realidad, pues un dislate como ese lo único que podría generar es un mercado negro, cuya tasa sería impredeciblemente mayor que la del permuta. De allí, sólo quedaría una destrucción de la economía infinitamente mayor de lo que se puede imaginar.

El Gobierno en vez de mirar hacia los corredores y de incrementar las restricciones de divisas, podría optar por varias salidas:

Una de muy corto plazo sería vender los dólares a través del Fonden y PDVSA para bajar el precio del permuta.

Más importante y de proyección futura sería crear políticas que incentiven la inversión en el país, a fin de desarrollar la actividad exportadora privada para que fluyan los dólares y la entrada de divisas se incremente.

Y sobre todo, administrar el erario público con total transparencia. Lo que si debería estar vedado es ofrecer Certificados de Depósitos del BCV al equivalente de Bs.F.5,00:$, ya que lo único que queda de esto es especulación y la apertura de un sin fin de oportunidades de corrupción.

Abren la Caja de Pandora

El Gobierno ha aprovechado que el dólar permuta alcanzó nuevos niveles récord para echarle la culpa del alza a los corredores de Bolsa y emprender una cacería de brujas en contra de éstos.

El caso es que la ofuscación del Ejecutivo lo ciega para entender que las causas reales del descontrol del dólar permuta son:

Primero, que lo que ha llevado a esta situación es, ante todo, su errada política cambiaria que impuso un control de cambio.

Segundo, que debido a sus políticas anti-empresariales, el sector productivo privado está tan devastado que no puede producir bienes y productos para satisfacer la demanda interna. Esto, a su vez, ha incrementado desmesuradamente la necesidad de importaciones, lo que presiona hacia arriba el precio del dólar.

Tercero, que una de las causas del alza en el corto plazo se debe a que Cadivi no está entregando oportunamente las divisas a los importadores. Además, porque PDVSA y Fonden no están interviniendo en el mercado como lo hicieron en 2009.

Al momento de escribir esta nota el Gobierno tenía sobre la mesa tres propuestas para tratar de paliar la baraúnda cambiaria:

Una, la del ministro Jorge Giordani, que contempla un endurecimiento de la Ley contra Ilícitos Cambiarios a fin de limitar la actuación de las casas de bolsa y sociedades de corretaje en operaciones de permuta; prohibir operaciones dentro del mercado paralelo de las empresas transnacionales; restringir la liquidez monetaria y penalizar a los especuladores. Esta vía sólo llevaría a una mayor parálisis de la economía, a la vez que promovería un mercado negro con consecuencias nefastas.

Otra, la del presidente del BCV, Nelson Merentes, que propone que se continúe con los bonos cambiarios; se emitan en el corto plazo bonos de PDVSA; se subasten notas estructuradas y se entreguen directamente al sistema financiero; y que Cadivi agilice la entrega de divisas. Estas medidas aunque podrían funcionar en el corto plazo, son como una aspirina que calmaría la fiebre pero no sanaría al enfermo.

Una tercera propuesta es la del ex ministro de Finanzas, José Rojas, de crear un mercado dual. Esta propuesta aunque es la más sensata también se quedaría corta, porque no se va al fondo del problema, que es detener la destrucción del sector productivo y eliminar el control cambiario.

Paralelamente, este lunes 10 de mayo, la Asamblea Nacional le dio "urgencia reglamentaria" a una reforma de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, que define a la divisa como "el título valor que está denominado en moneda extranjera". Con esto se eliminaría el mercado permuta, y con ello se abriría una Caja de Pandora, donde surgirían: un impredecible e incontrolable mercado negro; una inflación disparada; una mayor escasez de bienes y productos; y una cacería de brujas contra un sector de la población.

Deterioro a granel

El deterioro de la institucionalidad venezolana es generalizado y, obviamente, el estamento militar no se ha salvado del quiebre institucional.

Bautizar a la Fuerza Armanda Venezolana con el remoquete de "Bolivariana", y el de imponer como saludo militar "Patria Socialista o Muerte", revelan la gravedad de la pérdida de independencia de la institución, y ponen de manifiesto su subordinación al proyecto político del Presidente Hugo Chávez, a espaldas de una gran mayoría de venezolanos.

Desde hace tiempo se ha denunciado el deslave del componente militar venezolano. Entre otras, se dice que se ha perdido la meritocracia y los ascensos se dan a dedo y en premio a la sumisión al Comandante en Jefe; que existe una generalizada injerencia de los militares en el aparato burocrático del Estado; que tiene un alto grado de politización, y que, además, está infiltrado por personal cubano en áreas clave.

A principios de mayo, el general (R) Antonio Rivero, ex Jefe Mayor de la Quinta División de Infantería de Selva y ex director nacional de Protección Civil, denunció ante la Fiscalía General de la República la intromisión de Cuba en las instituciones castrenses de Venezuela, y le solicitó que "indague sobre la supuesta presencia de Cuba en cursos de ingeniería, adiestramiento en construcción de fortificaciones militares, sistemas de comunicaciones y servicios de armamento, así como la asesoría que presta en el Comando Estratégico Operacional de la FANB". Además, le instó a actuar y establecer "si está o no comprometida la seguridad de Venezuela, como nación" y a confirmar con hechos si algunas acciones "podrían constituir o no la descripción típica de uno de los delitos contra la defensa y la seguridad de la nación".

Por su parte, Rocío San Miguel, la presidenta de la ONG Control Ciudadano y activa analista del tema militar, no sólo ha denunciado la cubanización de la FANB, sino además la semana pasada informó que al menos 30 militares activos están inscritos en el PSUV, partido del Presidente, en abierta violación del Art. 328 de la Constitución Nacional. Entre éstos estarían: el contralmirante Gilberto Pinto Blanco; Francisco Ortega Castillo (Jefe del Comando Regional 7); y Luis Bohórquez Soto (Jefe del Comando Regional 4). Cabe recordar que la transparencia e integridad de los procesos de votación está garantizada, en gran medida, cuando los Planes República son totalmente apolíticos.

A todas estas violaciones a la Constitución se le adiciona la creación del Comando de Milicia Bolivariana, integrado por civiles armados afectos al Gobierno, el cual ha sido incorporado a la FANB. Para ñapa, y mayor control y coerción a la población, los vigilantes privados pasarán a estar bajo el mando de este comando.

En esta grave corrosión de la institucionalidad militar, la Fuerza Armada Nacional dejó de lado su rol de defensa a la Patria, para ser otra marioneta defensora de un Gobierno dictatorial.

Rectificar es de sabios.


Se teme que antes del lunes 17 de mayo, la Asamblea Nacional pondrá en manos de Hugo Chávez una reforma de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios que le daría al Banco Central de Venezuela el control total para autorizar o no cualquier operación del mercado permuta.

La crisis cambiaria es gigantesca, pero lo único que se le ocurre al Gobierno es matar al mensajero: El precio del dólar en el mercado permuta. El daño que esto ocasionará será de larga data, al dejar vía libre a un virulento mercado negro.

Un corto ejemplo, da idea de cuál será el costo de esta reforma: Supóngase a un pequeño industrial que se le echó a perder una maquinaria crucial en su línea de producción. Debido a que Cadivi no mostró flexibilidad para atender, en un lapso razonable, su requerimiento de divisas para la compra del repuesto, decide recurrir al mercado permuta. Aunque pagó más por la pieza faltante, logró mantener su producción. De no haber sido por el permuta, el industrial habría tenido que cerrar su producción.
Ahora, al eliminar el mercado permuta, las alternativas que tendría ese industrial son: Recurrir al mercado negro y correr el riesgo de que le cierren (o le expropien) la planta y de ir preso; o de una vez bajar la Santamaría.

Con esta reforma el Gobierno está cerrando una pequeña, pero muy importante, válvula de escape para millones de ciudadanos, que en adelante estarán al filo del despeñadero y con la Espada de Damocles de la justicia bolivariana sobre sus cabezas. Lo triste, es que con ello no resuelve el problema. Peor aún, el país pagará un alto costo en términos de los bienes que no podrá producir.

El Gobierno está en un callejón donde las pocas salidas que quedan son muy onerosas, especialmente para las ambiciones de Hugo Chávez de perpetuarse en el poder.

Si se deja el mercado permuta, se encuentra que no hay dólares para satisfacer la demanda ya que las reservas internacionales líquidas son apenas $11,8 millardos. Pero, si reconoce que la raíz del problema es haber destruido la mayor parte del sector productivo que generaba divisas, aceptaría que su proyecto comunista ha fracasado. Y tal parece que para Chávez y su Gobierno esto es algo impensable, y sería la última vía que recorrerían.

En el hipotético caso que el Gobierno tome ese camino, tendría que recurrir al Fondo Monetario Internacional y aplicar medidas ortodoxas como, recortes de dádivas a otros países para compra de lealtades; suspender la compra de armas; o reducir el gasto burocrático y propagandístico con fines electorales.

Si bien eso sería desviar su camino hacia el comunismo castrista, lograría enrumbar al país hacia una economía más realista y moderna. El Gobierno debe entender que el Estado no lo puede todo, que requiere de todos los sectores y que debe enfocarse en la búsqueda del bienestar de la población.

Requiescat in pace descentralización

Este 15 de mayo el Gobierno instaló con bombos y platillos el Consejo Federal de Gobierno, creado por una inconstitucional Ley Orgánica promulgada el 22 de febrero de este año. Esta Ley pone bajo el manto presidencial el desarrollo de las regiones.

El acto estuvo maquiavélicamente planificado para tapar la cara dictatorial del mandatario, y venderlo en época electoral como hombre de diálogo e inclusión.

Por un lado, otra vez asentó un garrotazo a los medios de comunicación independientes, al prohibirles que cubrieran el evento, como es usual en esta época de hegemonía informativa.

Por otro, excluyó al alcalde mayor, Antonio Ledezma, electo por más de 800.000 votos, con la argucia de que la Ley sólo habla de la participación de "alcaldes", y no de "alcaldes mayores". Esta triquiñuela se cae por su propio peso, dado que al acto sí fue invitada la jefa de Gobierno de Libertador, Jacqueline Faría, designada a dedo por el Presidente para usurpar el cargo de Ledezma.

A la par les armó una trampa jaula a los alcaldes y gobernadores electos por la alianza democrática: si no asistían, es porque son destructivos e irresponsables; si asistían, le permite al Presidente demostrar su "generosidad" y deseos de colaborar con los representantes de la oposición. Era un "ganar-ganar" para el Presidente.

Total, asistieron y fueron manipulados. La oposición no fue invitada a participar en la Secretaría, que es el cuerpo que supuestamente distribuye los dineros del Consejo; aunque se sabe que las decisiones las estará tomando el Presidente. Para colmo, el Presidente criticó severamente al gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonski, por haberse atrevido a pedirle que agilizara los pagos pendientes del Situado Constitucional del año pasado.

Aún así, peor hubiera sido no asistir.

El fondo del asunto es un perder-perder para todos los venezolanos. Para empezar, se da un nuevo paso a la consolidación de un modelo de Estado socialista, que no aparece en ningún lado en la Constitución vigente y que además fue negado en el Referendo Constitucional de 2007.

Con esta Ley del Consejo Federal de Gobierno se está liquidando la descentralización y concentrando los poderes en Miraflores. Desde ahora en adelante, los dineros del FIDES y de la Ley de Asignaciones Especiales serán administrados por el Consejo. La ley también da pie al fortalecimiento de las comunas e instaura la propiedad social.

Como dice el proverbio Bene curris, sed extra vium. Es decir, el Gobierno "Corre bien, pero por el camino equivocado".

Notas indiscretas

La crisis de caja de PDVSA tomó un nuevo viraje con el anuncio de que CITGO ofrecerá $1,5 millardos en notas con vencimiento a 7 y 10 años. En el prospecto preliminar de la operación se indica que el propósito de la emisión es atender deudas preexistentes.

Entre las condiciones que se conocen de la emisión se tiene que ésta no estará inscrita en la SEC (U S Securities and Exchange Commission). Es decir, no va a ser ofrecida directamente a inversionistas en los Estados Unidos, pero sí que se ofrecerá a inversionistas en todo el resto del mundo. La emisión estará inscrita en los mercados europeos. Aquí cabe acotar que, según la regla 144 de la SEC los inversionistas norteamericanos tendrán la posibilidad de adquirir estos papeles después de 40 días del cierre de la emisión en Europa.

Según diferentes versiones no oficiales que circulan por twitter y otras fuentes de información, existe la posibilidad de que la emisión sea ofrecida a inversionistas venezolanos contra pago en bolívares fuertes a través del Banco Central de Venezuela, siguiendo la directriz de la nueva Ley de Ilícitos Cambiarios, que confiscó para el Gobierno todo el mercado cambiario.

De esta operación llaman poderosamente la atención varios aspectos:

Uno, que la emisión de las notas tendrá como garantía todas las refinerías de CITGO en Estados Unidos. Esto es algo inusual, pues hasta hace poco CITGO era una empresa sólida, solvente y confiable que podía emitir bonos sin garantía de ninguna clase.

Dos, que el deterioro financiero de CITGO es tal que la calificadora de riesgo, Fitch Ratings calificó a esta emisión de "BB+". Es decir, que son papeles especulativos, sin calidad para inversión.

También llama la atención que la mitad de los $1,2 millones de ganancias de CITGO entre 2007 y 2008, resultaron de las ventas de activos valiosos. Más llama la atención que, en 2009, si bien CITGO no vendió activos, sí registró una pérdida de $201,4 millones. Y que peor la estaría pasando en 2010, cuando se informa que en el primer trimestre las pérdidas llegan a $127,7 millones.

Lo único positivo que se puede sacar de este anuncio de endeudamiento, es que al menos la opinión pública puede conocer qué tan mal le va económicamente a CITGO. ¡Ojala pudiera conocerse también cómo le va realmente a PDVSA! Pero, para saber la realidad se ha de esperar que la estatal dé a conocer los resultados de 2009 y, lo que sería un milagro bolivariano, que publicara los del primer trimestre de 2010.

En pico de zamuro

Mientras el régimen chavista embiste contra todo lo estatuido, derechos, libertades y propiedades, tiene a sus compinches trabajando para enmarañarle a la sociedad democrática el escenario electoral del 26 de septiembre.

Por un lado, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cursa un recurso de amparo que pondría en pico de zamuro las elecciones legislativas. Ese recurso pide una interpretación del artículo 67 de la Constitución Nacional, que dicta, entre otras cosas, que los "candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas (de los partidos) con la participación de sus integrantes".

Suponiendo que el TSJ admita el recurso, e interprete que sólo son admisibles las candidaturas de quienes hayan sido electos en elecciones internas, saldrían afectados tanto los 143 candidatos por consenso de la Mesa de la Unidad Democrática, como unos 65 que seleccionará el dedo de Chávez. Sin embargo, el panorama sería mucho más complicado para la MUD y candidatos opositores que para los del oficialismo.

Si el TSJ decide que la selección de las candidaturas es vía asamblea interna de los partidos, la cosa no sería tan complicada: No habría razón para pensar que tanto la MUD y los partidos de oposición, como el Partido del Presidente, el PSUV, no puedan hacer sus asambleas antes del 5 de junio, fecha tope para la inscripción de candidaturas.

Pero si el TSJ determina que el requisito indispensable es ir a elecciones primarias, se pondría a los partidos de la oposición entre la espada y la pared, pues ni les queda tiempo para elegir 143 candidatos, ni tienen dinero para costear unas elecciones primarias a nivel nacional. Es obvio que esta decisión favorecería al PSUV que cuenta con todos los recursos del Estado para organizar sus primarias.

Una salida para los candidatos de la MUD sería que los 143 renunciaran y se inscribieran en el CNE por iniciativa propia. Pero, la nueva ley electoral exige que cada uno de éstos esté respaldado por la firma de 5% del electorado de su circunscripción. Ésta es también una tarea muy difícil, no sólo por el poco tiempo para recabarlas sino por el miedo a las firmas que ha dejado la Lista de Tascón.

Para complicar más las cosas, está pendiente que el Consejo Nacional Electoral aclare cuál es el criterio que aplicará en los casos de los presos políticos que han sido postulados por la MUD. Según la Constitución, toda persona puede postularse a cargos de elección popular siempre y cuando no tenga sentencia definitivamente firme. Sin embargo, el CNE viene utilizando el criterio de que "una sentencia penal existente debe ser aplicada hasta que la instancia superior la revoque o ratifique", con lo cual se pondrían en peligro ocho candidaturas de la MUD.

Lo cierto es que la vía electoral, indispensable para dirimir en paz y democráticamente las diferencias políticas de la población, sigue siendo violentada por el régimen dictatorial.

Justicia confiscada

El país ha sido confiscado por un régimen que se dice socialista, pero que impone un castrocomunismo de la peor usanza.

Hace días, el renombrado abogado Alberto Arteaga escribía que: "en Venezuela, sencillamente, no hay justicia. La Constitución es un símbolo, las leyes se aplican a conveniencia y los jueces y fiscales ejecutan órdenes superiores, so pena de suspensión, destitución o encarcelamiento".

Cuatro hechos que están en pleno desarrollo, bastan para exponer en su más cruel expresión lo que esta falta de Justicia puede representar para cualquier venezolano.

El caso Oswaldo Álvarez Paz, un político de reconocida trayectoria, que fue arbitrariamente encarcelado por opinar sobre un tema que era ampliamente difundido en la prensa nacional e internacional. A Álvarez Paz, el régimen le confiscó su libertad con una medida de prohibición de salida del país, y tiene pendiente la decisión de si irá o no a juicio por supuestamente "incitar al odio" y "difundir información falsa". Habrá que esperar las órdenes del alto Gobierno para saber el curso de esta infame historia de vendetta política.

El segundo hecho, es un caso cantado desde un Aló Presidente: El de la Juez María Lourdes Afiuni, quien será enjuiciada en prisión por la presunta comisión de delitos de "corrupción propia, abuso de autoridad y favorecimiento de evasión" del banquero Eligio Cedeño, uno de los tantos perseguidos del mandatario. Lo insólito es que la Fiscalía reconoció que no tiene evidencia alguna de que a la Juez se le hubiera pagado para dejar en libertad condicionada a Cedeño. Pareciera que la juez Afiuni, acusada por dictar una sentencia 100% ajustada a Derecho, va camino de que se cumpla a pie de la letra la directriz presidencial de confinarla a 30 años de prisión.

El tercer hecho, es el dictamen express del Tribunal Supremo de Justicia, en el caso de los ex comisarios Vivas, Forero y Simonovis y los PM Molina, Bolívar, Rodríguez, Rovaín, Hurtado y Arube Pérez. El TSJ, luego de la lectura veloz de 8.000 folios, resolvió en menos de 15 días el juicio más largo de la historia venezolana al ratificarles injustas sentencias por 30 y 17 años de prisión. Estos ciudadanos pagan por cumplir con su deber de defender a miles de venezolanos de la violencia asesina de afectos al Gobierno el 11 de abril de 2002.

El cuarto caso, quizás el más cruel, es el del Sr. Franklin Brito, un agricultor de bajos recursos, a quien le arrebataron sus tierras, lo dejaron sin trabajo y le robaron su paz familiar. Hoy el Gobierno está dejando morir a Brito de inanición, confinado en el hospital de los militares, para tapar ineficiencias y corruptelas de funcionarios públicos.

Deberían retumbar en cada venezolano las palabras del Dr. Arteaga: "enseñamos principios y normas que no se cumplen, alegamos con códigos y leyes que tienen validez para unos y no para otros, la violación de los derechos de los ciudadanos es el pan nuestro de cada día, el clamor de justicia se pierde en el vacío sin encontrar eco alguno".

Saqueo a la bolivariana

El precio de los bonos de la deuda pública de Argentina han caído, en parte, por mal manejo de los Kirchner. Pero, sobre todo, se han derrumbado por el saqueo que el Gobierno de Cristina Kirchner ha hecho de los fondos de pensiones.

El problema para los venezolanos es que el presidente Hugo Chávez se copia de cuanto mal ejemplo se le ponga por delante. Ahora, no sólo calca el modelo castrocomunista de exterminio del sector privado, sino también pretende embestir los ahorros de los trabajadores del sector público, como lo hizo Cristina.
Este jueves 20 de mayo, el Ministerio de Planificación y Finanzas anunció que efectuará una oferta especial de bonos para las cajas de ahorros, fondos de jubilaciones y pensiones y demás fondos públicos por Bs.F.6 millardos. Con esta orden, estas cuentas se llenarán hasta el cuello con bonos del Gobierno que rinden tasas de interés por debajo del mercado. Lo único que les puede quedar a los trabajadores de esta saga es una total sequía de sus ahorros.

Otro saqueo bolivariano, que ha pasado casi desapercibido para la opinión pública es el de las reservas internacionales del país. Desde el millardito aquél en el 2005, el Gobierno ha puesto a disposición de Fonden más de $45 millardos de las reservas, lo que se suma a otros $15 millardos de PDVSA. Unos cuantos millarditos que, de haber sido bien administrados, hubiesen servido para respaldar deudas del Estado venezolano y, sobre todo, resguardar la tasa de cambio del bolívar.

Más grave aún es que no se sabe a ciencia cierta (ni a ninguna otra ciencia) qué han hecho los administradores del erario público con todos estos reales, ya que hasta ahora Fonden no le ha rendido cuentas al país. El consenso entre los analistas es que casi en su totalidad esos recursos se han esfumado y no están disponibles para resolver las ingentes necesidades de los ciudadanos.

A esto se le agrega, que según los analistas, PDVSA habría incurrido en pérdida en el ejercicio de 2009, y se piensa que las utilidades en lo que va de 2010 son bien exiguas. Éste es el rasero para medir el tamaño de la crisis de caja creada por el Gobierno, y tal vez la razón para explicar la cacería de brujas que se ha desatado en el país.

Pero, el saqueo a la bolivariana parece que no se quedará allí. En menos de 10 días el Presidente ha amenazado dos veces a los bancos privados con intervenirlos, si no aumentan "el otorgamiento de créditos al pueblo y a proyectos de desarrollo social" de su Gobierno. "O das crédito al pueblo o me das el banco. Yo te lo pago después y ya veré como te lo pago'', advirtió a los banqueros. Se olvida el Presidente que el dinero de los bancos es de los ahorristas.

Están creando un desierto y lo está llamando revolución.

Financistas para la revolución

Este fin de semana los venezolanos fueron testigos de un deprimente Aló Presidente transmitido desde la obra del Ferrocarril Puerto Cabello-La Encrucijada, que se encuentra paralizada por la imprevisión y mala administración, que ha devenido en atrasos en los pagos a los contratistas.
Ante la parálisis de esta y otras obras, al Presidente no se le ocurrió otra cosa que instar de manera perentoria a las empresas contratistas extranjeras a autofinanciarse para concluir las obras.
Advirtió que no "pagará por adelantado" y que empresa que no se autofinancie no será bienvenida. Aseguró que no existen problemas de caja, pero que el Estado no puede con todo.
Hoy se pasa la factura al país por el lamentable deterioro de la industria petrolera, el desmantelamiento del sector productivo nacional privado y la ruina de las empresas básicas, lo que indudablemente ha desembocado en la crisis de caja que el Presidente niega con palabras, pero confirma con acciones.
Otro de los hechos que deja ver el aprieto económico en que se encuentra el gobierno, son los compulsivos decomisos de alimentos que van a parar a la red de distribución de alimentos del gobierno, Mercal, PDVAL y los recién expropiados Éxito, hoy Supermercados Bicentenario. El jueves le fueron decomisadas a Empresas Polar 120 toneladas de alimentos de sus bodegas en la zona industrial tres de Barquisimeto, por supuestas inconsistencias en sus registros de inventarios.
El decomiso fue efectuado por la GN, al mando del general Luis Bohórquez Soto, uno de los militares inscritos en el PSUV, según denunció días antes Rocío San Miguel. El cargamento fue inmediatamente enviado a la red de distribución de alimentos del gobierno, dejando sin mercancía a decenas de detallistas de la zona.
El sábado también le fueron decomisados a la empresa dos camiones de suministros cuando llegaban a la Isla de Margarita. Para rematar, el domingo el presidente ordenó a la Fiscalía iniciar una investigación contra la empresa y de ser necesario tomarla si esta "sigue acaparando".
También la semana pasada, fue tomada por el Indepabis por un lapso de 90 días, Friosa, empresa mayorista de Puerto Ordaz que surte a más de 5 mil pequeños y medianos comercios del Edo. Bolívar.
Aparte de su ideología comunista, la crisis de caja del gobierno parece ser el motivo de las más recientes confiscaciones, tomas de empresas y amenazas a los contratistas de obras. Pareciera que al gobierno le faltan recursos para seguir importando a manos llenas los alimentos que se han dejado de producir internamente, ni hablar para concluir obras.
Cabe pensar que se trata de un esfuerzo desesperado para encontrar chivos expiatorios para encubrir el cúmulo de desaciertos del gobierno.
Este comportamiento servirá tan sólo para empeorar la situación de todos los venezolanos, ya que conducirá a la muerte de las pocas empresas que aún producen.

Polar se defiende

Habiendo llegado el Gobierno al paroxismo de la irracionalidad en el ataque a la empresa privada, VenEconomía estima apropiado reproducir algunos extractos del comunicado de Empresas Polar al Gobierno, donde rechaza categóricamente las acusaciones infundadas de acaparamiento y especulación.

Afirma el comunicado "que es imposible que haya acaparamiento, debido a que cada kilo de cada producto que elaboramos es supervisado estrictamente por los organismos del Estado, a lo largo de todo el proceso de producción y distribución".

"En Venezuela no se mueve un kilo de alimento.sin que el Gobierno lo autorice. Así que es imposible que las empresas que producen estos alimentos acaparen productos".

".en los últimos tres años, se han contabilizado más de 600 inspecciones, cifra muy superior a la de cualquier otra empresa del sector de alimentos en el país".

Polar aclara que el Gobierno Nacional se ha convertido en el principal productor de alimentos del país, con casi la mitad de la producción de harina precocida de maíz, casi la totalidad del café e importantes volúmenes de azúcar, margarina, productos del mar, harina de trigo, arroz, jugos, yogurt, leche y carne, entre otros.

"Sería justo," plantea Polar, "que los organismos reguladores apliquen a estas compañías públicas los mismos controles e inspecciones que efectúan en la industria privada".

En Alimentos Polar existe un compromiso "que va más allá de estas regulaciones, pues la vocación de la empresa es producir la mayor cantidad posible de alimentos de excelente calidad y colocarlos a disposición de todos los venezolanos".

Además ratifican que Alimentos Polar está comprometida con el país, sus trabajadores, proveedores, clientes y consumidores. Este compromiso está por encima de todo. Están "comprometidos a seguir trabajando e invirtiendo en Venezuela". El plan de inversiones para el área de alimentos, "que se está ejecutando este año es de Bs.F.405 millones".

"Alimentos Polar distribuye mensualmente más de 100.000 toneladas en el territorio nacional". De allí que las 114 toneladas de alimentos, apropiadas por el Gobierno el 20 de mayo, equivalen sólo a 0,1% de ese total. "Este indicador muestra lo absurdo de la acusación de acaparamiento".

Explican que "Alimentos Polar es la única empresa del sector que publica periódicamente un Reporte de Actividades donde se registra su producción por cada rubro, los días de inventario en sucursales, número de despachos y número de camiones despachados, entre otros indicadores. Dicho reporte es publicado en el sitio web (http://www.empresas-polar.com), desde el mes de agosto de 2008".

"Como empresa, al igual que cualquier ciudadano, tenemos derechos y deberes. Alimentos Polar cumple cabalmente con todos sus deberes y, en esa misma medida, exige que se respeten sus derechos a la libertad económica, a la propiedad, al trabajo, a la defensa y al debido proceso, establecidos en la Constitución Nacional".

¡Esta es la voz de la razón!

En la rodada


Al anochecer del martes 25 de mayo, el Banco Central de Venezuela presentó los resultados de la Balanza de Pagos y de la Economía para el primer trimestre del año.

Aún en momentos cuando el precio de la cesta petrolera venezolana promedio ha llegado a $70,59/bbl, la Balanza de Pagos reportó un déficit de $6,1 millardos. De esta cifra, $5 millardos corresponden al ilegal y absurdo traspaso de las reservas internacionales al Fonden.

Llama la atención que en 2009, cuando el precio de la cesta petrolera venezolana promediaba $38,60/bbl, la Balanza de Pagos registró un déficit de $15,3 millardos, de los cuales $12,3 millardos correspondían a los traspasados al Fonden.

La respuesta a esta relativa mejoría tal vez estaría en el hecho de que en el primer trimestre de 2010, las exportaciones petroleras aumentaron en $6,5 millardos y las importaciones cayeron en $4,4 millardos. Razón por la cual se muestra una recuperación en el saldo en bienes en $10,9 millardos, desde el déficit de $3,7 millardos registrados en el primer trimestre de 2009, a un superávit en el primer trimestre de 2010 de $7,2 millardos.

En la Cuenta de Capital y Financiera hubo poco cambio, porque se refleja un déficit de $11,5 millardos en los primeros tres meses de 2010, un incremento del déficit de $800 millones con respecto a 2009.

Si se excluyen los traspasos al Fonden el déficit de Balanza hubiese sido de $1,1 millardo en el primer trimestre, contra $2,9 millardos de 2009; es decir una mejoría de $1,8 millardos. Esta mejoría se debe a que el precio del petróleo le salvó el pellejo al Gobierno, aunque no fue lo suficiente para producir el superávit que éste ansiaba. Lo que VenEconomía no puede comprender es cómo la Balanza de Pagos de Venezuela no puede registrar un superávit con un barril de petróleo a $70,59.

Lamentablemente, las cifras de la economía están aún peor, con una contracción de 5,8%, según el BCV. De éstos, 5,0% corresponden al sector perolero, 4,9% al no petrolero, y la Cuenta Impuestos Netos Sobre Producto cayó 12,4%.

Reporta el BCV que el Sector manufacturero cayó 9,9% y las importaciones disminuyeron 40%. Esta combinación se reflejó a su vez en una caída de 15,9% en el Sector Transporte; 11,6% en el de Comercio y 9,7% en el de Servicios Financieros.

Todo esto muestra un cuadro consistente con la caída del consumo en general, el cual se estima en 11%.
Mientras las cifras del país real muestran resultados tan agoreros, el Gobierno avanza a pasos de intolerancia hacia un castrocomunismo que anuncia hambre y desolación.

Con comunismo y a garrotazos mata el amor


La popularidad de Hugo Chávez se ha nutrido de una verborrea que proclama la necesidad de crear una economía que mejore la calidad de vida de los venezolanos y la inclusión. Hoy ambas se han convertido en una utopía que viene acabando con la pasión y el amor que sustentaban su hegemonía.

Su discurso populista y revolucionario se está enfrentando a varias realidades inocultables:

Una de ellas es que la economía está en franco deterioro. Las cifras oficiales del BCV hablaron esta semana que la economía ya suma cuatro trimestres en recesión. Ante esto el gobernante sólo atina a contraatacar a la "burguesía" y a aseverar que "la economía que está cayendo en Venezuela es la capitalista". Con esto pretende lavarse la cara y evadir su responsabilidad en la caída del Producto Interno Bruto (PIB), en 5,8% en el primer trimestre de 2010.

La grave crisis de la economía venezolana la reflejó también la empresa CMA, especializada en información crediticia, quien incluye a Venezuela en su indicador de riesgo soberano (CMA Sovereign Risk Monitor), basado en la evolución del mercado de CD's a cinco años, como uno de los cinco países del mundo que tienen más de 50% de probabilidad de ir a la quiebra.

Sin embargo, Chávez se mantiene impertérrito en su marcha hacia el comunismo, expropiando o cerrando empresas por doquier, sin importar que con ello se lleve por delante puestos de trabajo y medios de producción. Se cuentan más de 4.000 empresas cerradas en 11 años y siguen sumándose día a día muchas más.

Chávez tampoco puede ocultar que su público se aleja de su proyecto y que su violento discurso es ampliamente rechazado por la población.

Alfredo Keller y Asociados informa en su más reciente encuesta que ocho de cada 10 personas encuestadas rechaza la expropiación de empresas. Y según estudios recientes de la empresa de medición de opinión, Hinterlaces, su discurso radical se desconecta cada vez más de las aspiraciones de los más pobres.

El colapso del proyecto de país que busca imponer Chávez ha hecho que la población, proteste cada vez más en reclamo de sus legítimos derechos. Entre ellos, mejores condiciones de trabajo, mejoren salarios, cumplimiento de las reivindicaciones sociales, reparación de las vías de comunicación, mejores servicios públicos, y especialmente en materia de salud.

Ante el rechazo activo de la población, la respuesta del régimen es la política del garrotazo y la prisión "preventiva".

Para muestra, sólo basta mencionar el trato brutal que recibió el personal de la Maternidad Concepción Palacios, cuando exigían a la Dirección de la institución que les cancelara deudas salariales pendientes y respeto a su trabajo.

Como saldo de este legítimo reclamo, una enfermera y dos camareras permanecen recluidas en la sede de Policaracas en la Cota 905, no sin antes haber recibido una buena dosis de garrotazos, bolivarianos y muy revolucionarios.

Ni lava ni presta la batea

La Ley de Actividad Aseguradora, aprobada en segunda discusión, le da una estocada mortal a las empresas de seguros y reaseguros, a las clínicas y centros de salud privados y a la población en general.
Entre los principales sinsentidos se tiene que:

Las empresas de Seguros y Reaseguros no podrán otorgar préstamos, con ello se les cierra las puertas a éstas a una serie de alternativas para la colocación de sus reservas. Tampoco podrán financiar las primas de seguros, con lo cual deja desasistidos a otros millones de venezolanos que se sumarán a los millones que hoy están en total desamparo en materia de salud.

Se le imponen cargas económicas desproporcionadas a las empresas: entre ellas, se fija una contribución especial entre 1,5% y 2,5% de las primas netas cobradas para la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, cuando antes era de 0,3%. Impone que la morosidad o el que un crédito sea incobrable ya no son causales de anulación de las "pólizas financiadas". Amén de ingentes sanciones y penas de prisión.

La Ley obliga que las empresas asuman nuevos riesgos, entre éstos la cobertura de proyectos agrícolas y de los planes de las comunas, o el de obligar a dar cobertura a usuarios con enfermedades preexistentes. Sin embargo, no prevé e, incluso, inhibe los ajustes de prima, dejando que sea la Superintendencia de Seguros la que determine con total discrecionalidad las tarifas de los seguros obligatorios y "solidarios". El régimen parece no querer entender que el área aseguradora requiere de un trabajo actuarial para que la compañía calcule con precisión el riesgo y el costo de los servicios prestados.

Se le otorga a los consejos comunales autoridad para que investiguen los reclamos de los asegurados.
No se legisla sobre los requisitos para constituirse y operar como Sociedad de Corretaje de Seguros, y deja que éstos sean fijados en un reglamento.

En un plazo de cinco años, desde la entrada en vigencia de la Ley, todos los entes de la Administración Pública deberán migrar sus planes de seguros a las aseguradoras públicas y al Sistema Nacional de Salud.
En definitiva la Ley trae más control y discrecionalidad, lo que repercutirá negativamente en la producción y calidad del servicio, incluso hasta la eventual desaparición de un buen número de empresas privadas del área.

De nuevo el Gobierno se empecina en destruir un sector de la economía, ofreciendo mil y un supuestos beneficios a cambio, a pesar de saber que está a años luz de poderlos brindar. Es bien sabido que la oferta del Estado en materia de salud es casi nula. Los hospitales públicos, los dispensarios, los módulos Barrio Adentro e, incluso, los nuevos Centros de Atención inmediata sufren de todo tipo de carencias.

El régimen de Chávez de nuevo ni lava ni presta la batea. Y peor aún, su ejecutoria ni siquiera calza con un sistema socialista, donde el Estado asume la responsabilidad de la prestación del servicio de salud pública básica a todos los pobladores.

Caza indiscriminada

El Mercado de Capitales de Venezuela era hasta hace poco un mercado no tan grande pero en crecimiento, bastante dinámico y una válida alternativa para el ahorro de los venezolanos.

Sin embargo esta realidad cambió para mal debido a que el Gobierno, con toda su intención castrocomunista, ha venido reduciendo y sacudiendo el campo de acción de este mercado en un inestable vaivén.

Primero, con la estatización o nacionalización de empresas emblemáticas que se cotizaban en la Bolsa, como la Electricidad de Caracas, CANTV, Banco de Venezuela, las papeleras, las cementeras, y otras más. Hoy ninguna de ellas sirve como vehículo de ahorro de los venezolanos.

El Mercado de Capitales también ofreció a través de ofertas públicas, mutuos y otras fórmulas, opciones de inversión y ahorro para los venezolanos, así como vías alternas para financiar operaciones de las empresas.
Más recientemente, desde el propio Gobierno, y con participación activa de "sus" inversionistas boliburgueses, el mercado de capitales cobró nueva vida con la aparición del Mercado Permuta.

Este mercado fue avalado e incentivado por el Ejecutivo Nacional mediante la emisión de los bonos de PDVSA y otros instrumentos que se denominaban en dólares y se vendían contra pago en bolívares. Estas operaciones resultaron ser un pingüe negocio para los operadores. No sólo para las casas de Bolsa establecidas desde hace muchos años, sino también para unas 70 a 90 casas de Bolsa nuevas, muchas de ellas que emergieron de las filas del chavismo.

Esto sumado a la grave inacción por parte de la Comisión Nacional de Valores en cuanto a la aplicación de los controles que exige la Ley del Mercado de Capitales, habría dado pie a manejos poco transparentes en el mercado permuta incluso supuestamente para operaciones ilícitas, en torno a la colocación de los bonos del Gobierno.

Así el Gobierno viéndose arropado por la incompetencia, la imposibilidad de seguir financiando las ingentes operaciones del Mercado Permuta, y la corrupción galopante, comenzó a cometer garrafales errores:

1) Eliminar los Mutuos y con ello, una de las pocas opciones de ahorro en bolívares que permitía a los pequeños y medianos inversionistas salvaguardar su patrimonio de la inflación, al obtener una mayor rentabilidad que la que eventualmente le daría una institución bancaria.

2) Prohibir que las casas de Bolsa participen en el mercado de divisas, y darle al Banco Central el control de la organización y manejo de un mecanismo similar al permuta, donde los precios, volúmenes y participantes los determinará el BCV.

3) Allanar o intervenir indiscriminadamente a las casas de Bolsa, y detener y enjuiciar a sus directivos y gerentes a priori sin hacer distinción alguna de quién está o no violando la ley.

Como ya es usanza del Ejecutivo Nacional en su forma de aplicar correctivos a sus políticas erróneas, otra vez ha optado por aplicar su política de "tierra arrasada", no sólo castigando a justos por pecadores sino destruyendo el Mercado de Capitales venezolano.