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Justos y pagadores

Este lunes 22 de marzo, comienza la segunda etapa de sanciones a los usuarios de alto consumo del sector comercial, industrial y público, según el cronograma establecido en el régimen de racionamiento eléctrico para Caracas.
Según lo anunciado por Corpoelec son 96 los "grandes" consumidores de la Gran Caracas que no cumplieron con la meta impuesta de reducir 20% de su consumo eléctrico en las tres últimas semanas. Éstos ahora serán cerrados por 24 horas, y sobre esos "grandes" consumidores penderá en adelante la amenaza de cierres por lapsos más largos e indeterminados si no cumplen las metas oficiales de reducción de electricidad.
Este corte del suministro de electricidad es violatorio de la Constitución de la República, la cual establece la obligatoriedad del Estado de suministrar "bienes y servicios de calidad" a todos los ciudadanos. Además de que la política de penalizaciones aplicada de forma generalizada e indiscriminada es totalmente injusta. El ente regulador debería haber tomado en consideración que muchas empresas venían aplicando con antelación medidas para reducir su consumo eléctrico y, por tanto, les era imposible cumplir con la cuota oficial de 20%, so riesgo de entrar en pérdidas de producción, en la parálisis de sus operaciones o ir a la quiebra.
En la política de racionamiento también se debería haber tomado en consideración que existen empresas que por su naturaleza no podían reducir la cuota asignada, como es el caso de las industrias con procesos de producción continua.
Otro aspecto cuestionable de esta política de racionamiento eléctrico es que su aplicación es discriminatoria contra amplios sectores de la población, lo cual también contraviene la Constitución. Por ejemplo, mientras a la zona Capital se le aplican cuotas de reducción del consumo, a las regiones se les corta arbitrariamente el suministro por intervalos de 1 a 24 horas diarias sin ningún tipo de racionalidad aparente.
Para VenEconomía, un trato equitativo podría haber sido la aplicación en todo el país de la asignación de cuotas de consumo y porcentajes de reducción de manera consensuada y concertada con los sectores de producción y con los consumidores residenciales. De esta manera se habría minimizado el impacto negativo en el sistema productivo y el deterioro de la calidad de vida del venezolano. Lo que no es aceptable es aplicar medidas de manera inconsulta, unidireccional y midiendo a todos los consumidores con un mismo rasero.
Lamentablemente, en el manejo de la crisis del sistema eléctrico el Gobierno está mostrando tener la misma carencia de planificación y el mismo escaso sentido común que ha demostrado no sólo para prevenir el colapso del sistema eléctrico, sino para el manejo del país.
En el saldo en negativo, el Gobierno cuenta en su haber: Expropiar tierras y propiedades para mermar la producción nacional. Confiscar industrias para seguir mermando la producción y para aniquilar puestos de trabajo. Tomar las empresas de servicios para dejar a PDVSA a la deriva. Asumir las empresas de electricidad para dejar a la población en la oscuridad.
Al final siempres son los ciudadanos los pagadores de su incapacidad para gobernar.

¿Baja el telón?

Este lunes la dictadura que se cierne sobre Venezuela tuvo dos actos:
Sube el telón: Se recibe el Informe Final de la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa que llegó desde Aruba, condenando al Gobierno del presidente Hugo Chávez por sus acciones en contra de la libertad de expresión y a favor de la "eliminación" de los medios de comunicación social en Venezuela. La SIP, además, le solicitó a la OEA que permitiera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión visiten a Venezuela a fin de constatar la situación de los derechos humanos en el país, entre ellos el de la libertad de información y de expresión.
Salen voceros del Gobierno y niegan una vez más que en Venezuela se vulnera este derecho universal, garantizado en la Constitución de 1999. El Gobierno remarca que la revolución está democratizando la comunicación y que ahora el derecho de la libertad de expresión pertenece al pueblo y no a "un grupito" de dueños de medios. Baja el telón.
Sube el telón: en horas de la noche del mismo lunes, aparecen el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), antigua DISIP y el brazo policial político del Gobierno, y se lleva preso al dirigente político de oposición Oswaldo Álvarez Paz y lo encarcela en El Helicoide. Álvarez Paz está imputado de tres delitos contemplados en el Código Penal: Conspiración (artículo 132), instigación al odio (artículo 285), y generación de zozobra e inquietud (296-A). Baja el Telón.
Cabe recordar que el ex fiscal de la República Isaías Rodríguez había solicitado al TSJ que declarara la inconstitucionalidad de los últimos dos delitos.
En la realidad, todo indica que Álvarez Paz es un nuevo preso político del Gobierno por el "delito de opinión". La importación es similar a la que mantuvo en prisión por cinco años al general Francisco Usón, y a la que tiene en el exilio al periodista Rafael Poleo. El delito de Álvarez Paz fue expresar en el programa Aló Ciudadano su opinión sobre el tema que ocupó por días titulares en la prensa nacional e internacional: el Auto de Procedimiento dictado por el juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, donde se menciona la presunta colaboración del Gobierno venezolano con la ETA y las FARC para actuar contra altos funcionarios colombianos.
Dos preguntas obligadas: ¿Por qué Oswaldo Álvarez Paz? ¿Por qué a pocos meses de los comicios de la Asamblea Nacional?
Álvarez Paz tiene un alto perfil político, y es reconocido nacional e internacionalmente como un demócrata: Fue el primer gobernador electo del Zulia, luego del proceso de descentralización en 1989. Hecho preso en sede de la Gobernación del Zulia durante el Golpe militar de 1992. Y fue el primer candidato electo por primarias abiertas en Copei, y candidato presidencial en 1993.
Dado su alto perfil, la prisión de OAP serviría de ejemplo para inhibir a otros políticos menos conocidos. Y la inyección de esta fuerte dosis de miedo obligaría a los medios y a los mismos analistas y políticos a pensarlo dos veces antes de emitir opiniones contrarias al Gobierno.
De lograr este onjetivo el destino de la libertad y democracia estará sellado. ¿Se baja el telón?

El que la debe, la teme

Hoy en Venezuela la censura y la represión son cosa del día a día.
Hoy un político como Oswaldo Álvarez Paz enfrenta un juicio y es sometido a prisión por delitos de opinión. Hoy también, la férrea mano del Gobierno censor ha impedido que Venezuela presente un informe alterno al del Ejecutivo para rendir cómo avanza en el combate de la corrupción en la II Ronda de Evaluación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Así, a pedido del Gobierno, Venezuela será el único país miembro de la Convención que no expondrá en esta II Ronda la visión independiente de su sociedad civil sobre el estado actual de la corrupción en el país.
Venezuela como miembro de la OEA es signataria desde mayo de 2001, del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic), el cual exige a los países miembros y a sus instituciones la toma de decisiones para combatir la corrupción. Entre éstos, los procesos legislativos, inversión de recursos, el viraje en las políticas públicas y la efectividad de la gerencia pública para la aplicación de las mismas. Y los estados están obligados a someterse a evaluación periódica para medir el avance de las medidas y la efectividad de la puesta en práctica de las recomendaciones de la Mesicic.
Desde 2001, los países miembros han sido evaluados en tres oportunidades (julio 2004, junio 2007 y ahora en marzo de 2010). Al contrario del avance mostrado en la materia por la mayoría de los países, Venezuela no ha atendido las 85 recomendaciones que le ha presentado en dos oportunidades el comité de expertos del Mesicic. El Gobierno además se ha negado a colaborar con Transparencia Venezuela, una ONG de la sociedad civil dedicada a ayudar a las instituciones y organismos del Estado para generar procedimientos, proyectos y políticas que combatan la corrupción.
Y eso no lo es todo. El Gobierno venezolano no sólo pretende seguir llevando a las rondas de la Convención informes con autoevaluaciones elaboradas por entes oficialistas, sino que insiste en impedir que Transparencia Venezuela presente sus informes elaborados tras largos meses de evaluación sistémica en situ.
Tal parece que el Gobierno teme que se ventile en los foros internacionales la realidad de Venezuela. Por ejemplo, como revela el informe documentado por Transparencia, que en el país los sistemas de peso y contrapeso entre los poderes públicos son débiles o nulos. Que la impunidad y la inseguridad jurídica se han enquistado en el país. Que no existen normas para controlar las colocaciones de dinero en la banca pública. Que existe un presupuesto paralelo en manos del Ejecutivo que no tiene controles formales. O que los recursos públicos se estarían utilizando para fines partidistas.
Pero, si estos resultados no son ciertos ¿por qué el Gobierno no los refuta con hechos, sin censura ni represión?

Al son de su voluntad

Es inconcebible que un país marche de improvisación en improvisación, sometido al son que le toca la voluntad de su gobernante. Éste es el caso de Venezuela.
Este miércoles 24 de marzo, en horas de la tarde el país fue tomado de sorpresa con el anuncio del Presidente de que había decretado como días no laborables el lunes, martes y miércoles de la próxima semana.
Con este decreto, el mandatario le anexa tres días feriados a la Semana Mayor, y construye un puente vacacional de nueve días que deja paralizado a gran parte del país productivo. Horas después de darse a conocer la decisión, el vicepresidente Elías Jaua medio arregló el exabrupto al anunciar que quedan exceptuados de su cumplimiento las empresas de: telecomunicaciones, los comercios de alimentos y combustible, los hoteles, los centros de esparcimiento, servicios públicos, transporte público, las de comunicación social, los bancos, las clínicas y hospitales, las farmacias, y, por supuesto, las oficinas de recaudación de impuestos.
La razón del Ejecutivo para justificar la medida fue la necesidad de "disminuir el consumo eléctrico y de esta forma contribuir al ahorro de energía". La gravedad de este argumento es que evidenciaría que la magnitud de la crisis en ciernes del sistema eléctrico es muy seria y está más cercana de lo que la mayoría de la población piensa, y de lo que el mismo Gobierno se ha atrevido a reconocer.
Lo preocupante, es que pareciera que el asueto obligado realmente no contribuirá mayormente a mitigar el impacto de la crisis. Según cálculos del ingeniero Nelson Hernández, si se toma el ahorro de energía que se tuvo en los dos días del asueto de carnaval, el impacto del largo feriado de la Semana Mayor tan sólo ahorrará 17 cm de la cota del Guri, lo cual es como si el Guri no generara electricidad por un día.
Otro punto importante a destacar es que de nuevo el Gobierno toma una medida que afecta al colectivo e impacta a la productividad del país, de forma intempestiva, sin planificación alguna, sin ninguna consulta con los sectores involucrados. Ésta es, por decir lo menos, una parálisis incomprensible en un país donde la producción viene de capa caída, con un PIB en descenso desde 2009, cuando cayó en 3,3% con respecto a 2008. Según cálculos gruesos de VenEconomía estos días no trabajados le restarán entre 1,0% y 0,5% al PIB.
Si privara la sensatez y el Gobierno realmente quisiera buscar soluciones viables a la crisis de energía, el camino a seguir debería ser la consulta, la negociación y la planificación entre todos los sectores de la vida nacional.

Redobles de la revolución

La revolución ha redoblado la velocidad de su avance y le está dando a diestra y siniestra patadas a la institucionalidad democrática y al Estado de Derecho.
En Venezuela la velocidad de los acontecimientos es tan alta y lo embates revolucionarios son tantos y tan disímiles que es casi imposible hacerle seguimiento. Mucho menos es posible medir en su justa dimensión los estragos que están causando a la sociedad, a la economía y a la democracia.
1) Desde todas las instancias y poderes del Gobierno se cerca y se reduce casi a la nada el derecho a expresarse libremente y sin miedo, y se pretende amordazar a la opinión y a la información. Los hechos de esta semana hablan por sí solos: Se imputa y encarcela al conocido dirigente político Oswaldo Álvarez Paz, por "delito" de opinión; se imputa, se le abre un procedimiento judicial y se le prohíbe la salida del país al presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, por el "delito" de informar hechos que hicieron historia en Venezuela en 2002. Por último, se detiene al diputado de Podemos Wilmer Azuaje por un supuesto delito de agresión a un funcionario policial, en hechos aún no esclarecidos, violándole su inmunidad parlamentaria, en lo que pareciera ser un pase de factura por sus denuncias de presunta corrupción en el Estado Barinas. Luego de años de demora se apresuran los juicios pendientes a los presos políticos entre ellos el periodista Gustavo Azocar para torpedearles la candidatura a la Asamblea Nacional.
2) Se destruye apresuradamente al sistema financiero privado con un paquete de leyes y medidas, entre las que se cuenta la Ley del Sistema Financiero que desmonta los grupos financieros, prohibiendo a un banco ser accionista de una compañía de seguros o casa de bolsa, y viceversa, tanto a nivel nacional como internacional; centraliza en un Órgano Superior Financiero Nacional (OSFIN) la supervisión y control del sistema financiero y obliga a la banca a financiar al "nuevo poder popular" y a las comunas. Y la Ley del Banco Central de Venezuela, aprobada en 1ra. discusión a mano alzada por la Asamblea Nacional, que le otorga el rol de financista de proyectos "productivos" y de "desarrollo", adicional al de financista del déficit presupuestario que se le ha impuesto en los últimos años y que está prohibido por la Constitución.
3) Con la falsa promesa de darle más participación al poder popular, se están dando supuestos poderes a los consejos comunales (calcos de los soviets en la URSS comunista). Éstos, gracias a Ley de Consejo Federal de Gobierno y otras legislaciones que estarán al servicio del Ejecutivo, a expensas de la comunidad organizada y de las instituciones democráticas.
Para completar, la Asamblea Nacional está barajando una ley de asentamientos urbanos, que le arrancará otro tajo al derecho a la propiedad privada.

Arde el país

Cuando el Gobierno de Hugo Chávez no pudo ocultar más la crisis del Sistema Eléctrico Nacional, evadió sus responsabilidades y culpó a la naturaleza por la falta de energía. Hoy ya es evidente que la crisis energética de Venezuela se debe principalmente a la impericia gerencial, la falta de mantenimiento y de inversión para incrementar la generación, transmisión y distribución de energía.
Ahora, cuando Caracas y por lo menos otros cuatro estados del país están envueltos por los incendios de varios parques nacionales y pulmones vegetales de zonas urbanas, de nuevo el Gobierno se autoexculpa y continúa achacando a la naturaleza la responsabilidad de que buena parte del país esté ardiendo.
Si bien es cierto que en cualquier país del mundo, en una época de larga sequía la vegetación y la maleza seca pueden arder accidentalmente por cualquier descuido o imprudencia de una persona, es la capacidad de respuesta de las autoridades para controlar y apagar los incendios antes de que se extiendan y causen devastación lo que marca la diferencia de un Estado previsor y uno negligente.
Según Imparques, desde diciembre de 2009, unos 550 incendios han arrasado con 24.500 hectáreas de vegetación en diferentes parques nacionales, incluyendo los de El Ávila, La Gran Sabana, el Parque Henry Pittier y la Reserva Forestal de Uverito (entre Anzoátegui y Monagas).
Sólo en el Cerro El Ávila, rebautizado por la "revolución" como Guarairarepano, desde diciembre se han registrado 75 incendios y se han quemado 1.379 hectáreas. Uno de los peores está en pleno desarrollo desde el domingo 21 de marzo, el cual ha causado una devastación, según Imparques, de unas 200 hectáreas de vegetación.
Cabe recordar que El Ávila no ardía con esta virulencia desde hace 51 años, gracias al trabajo mancomunado que hicieron los diferentes gobiernos del siglo pasado y dos empresas privadas de entonces (Electricidad de Caracas y el Banco Venezuela) para el desmonte de maleza seca, el mantenimiento de cortafuegos, la dotación de equipos contra incendio y la capacitación de personal técnico y operacional.
Lamentablemente, este incendio del Ávila ha sacado a la luz pública que no sólo el Gobierno ha descuidado el mantenimiento y la vigilancia del Ávila sino que además los bomberos forestales tienen una precaria dotación de uniformes de campaña, de equipos protectores y vehicular. Según informes de prensa en Caracas sólo se cuenta con dos helicópteros, uno para el transporte de personal y otro para el del helibalde donde se cargan unos 3.200 litros de agua, los cuales habrían presentado desperfectos durante esta última emergencia.
Es de difícil comprensión que el Estado haya invertido ingentes sumas para prepararse a una hipotética guerra con el Imperio, en vez de dotar al país para enfrentar las más probables contingencias naturales o accidentes humanos, como los que han hecho arder a los parques nacionales en todo el país.
Para muchos, lo que está sucediendo con los parques nacionales es un símil de lo que sucede en otras áreas, donde la negligencia, la falta de probidad en el manejo de la cosa pública, la mala gerencia y la falta de inversión han hecho también graves estragos.

Sin pies ni cabeza

Son pocos los venezolanos que aún ponen en duda que la crisis energética sea cosa de juego. De una u otra forma casi todos los ciudadanos están sufriendo en carne propia el precario servicio eléctrico y los estragos del fuerte racionamiento.
Es evidente que el deterioro en generación, distribución y suministro de electricidad es consecuencia directa de una gerencia ineficiente, de falta de planificación y de una nula inversión.
Ahora, el gobierno decretó los días 29, 30 y 31 de marzo como "días no laborables", otorgándoles el "carácter de feriados a efectos de la LOT". Ante esta medida sobrevenida, no cabe analizar si era o no necesario, o si tendrá los efectos buscados para elevar la cota del Guri.
El punto de análisis es que una crisis nacional en materia energética, provocada por el mismo Gobierno, lo ha llevado a tomar una medida de emergencia inconsulta, confusa, incompleta y totalmente discrecional, la cual está siendo peor implementada y, peor aún, agraviando y agrediendo a los ciudadanos.
Es cierto que la Ley del Trabajo es clara en cuanto a la potestad del Gobierno de decretar como no laborables un máximo de tres días al año, adicionales a los establecidos por Ley. La norma también es clara en la obligatoriedad de su cumplimiento, salvo las excepciones prefijadas. Pero también es cierto que la ley contempla que el sector o empresa que decida laborar esos días puede hacerlo bajo condiciones especiales de pago de salario extra y una solicitud de permiso previo. Sin embargo, argumentando la magnitud de la crisis, el Ejecutivo cercenó este derecho.
Y más grave aún es que está usando todo el poder coercitivo y represivo que puede tener un gobierno de amplia base militar, para agredir y perseguir a aquellos comerciantes que abrieron en los centros comerciales, tal vez por desconocimiento del alcance imperativo de la medida, o quizá presionados por la aguda crisis económica que también azota a los venezolanos.
No es justificable de modo alguno, que militares o guardias nacionales, vestidos de civil, obligaran a los comercios a bajar las santamarías bajo amenazas de fuerza y tomando fotos como medida de coacción.
El punto es que el Gobierno no puede seguir insistiendo en manejar el país como se maneja a un ejército. Debe entender que la gobernabilidad de una nación pasa por el consenso, el diálogo y la participación democrática de todos los sectores.

Cadena de injusticias

Hace un año, un 3 de abril, el sistema de justicia de Venezuela dio uno de los pasos más ignominiosos de su historia, cuando la juez Marjorie Calderón condenó, por los hechos del 11 abril de 2002, a 30 años de prisión a los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero, e Iván Simonovis y al PM Erasmo Bolívar y, a 17 años, a los PM Marco Hurtado, Héctor Rovaín, Luis Molina, Julio Rodríguez y Arube José Pérez.

Nunca antes, ni siquiera en las dos dictaduras del siglo XX, se amañó la justicia venezolana para ponerla al servicio de un mandatario como se hizo en este caso. El juicio de los comisarios y los PM fue injusto, espurio y arbitrariamente alargado según el ritmo que marcaba el Ejecutivo. Este juicio sentó uno de los más graves precedentes para el sistema de justicia y el Estado de Derecho y la condena fue dictada sin pruebas fehacientes que comprobarán la participación de estos venezolanos en los hechos que se le acusaban, a pesar de que se manipularon los testimonios y se crearon falsos testigos, en su mayoría promovidos desde instancias del Gobierno.

Con esa sentencia de los comisarios y de los PM, el Gobierno le puso el broche de oro a su historia de ciencia ficción, que transformó una marcha de protesta cívica, que habrían teñido de sangre las mismas fuerzas de choque y militares del Gobierno, en todo un tinglado de conspiraciones, incluyendo un Golpe de Estado.

Hoy 5 de abril, se está escribiendo un nuevo episodio de esta injusticia saga. Los comisarios y los seis PM este lunes en la mañana fueron trasladados intempestivamente y sin notificar a sus abogados a los Tribunales de Aragua. Lo peor es que con la rapidez de un rayo, antes de mediodía de este lunes, la Sala de Apelación del Tribunal de Aragua, ratificó las 'monstruosas' sentencias de 30 y 17 años que les dictó la jueza Marjorie Calderón hace un año.

Con la ratificación de esa sentencia se da un conveniente paso "legal" para lograr una condena firme antes del 26 de septiembre. Con esto se persigue inhabilitar políticamente a los comisarios que han logrado ser postulados por consenso como candidatos a diputados de la Asamblea Nacional. Si éstos tienen una condena firme, se les alejaría la posibilidad de salir eventualmente en libertad al ser electos diputados. Este juego de justicia manipulada ya se concretó hace unas semanas, en contra del periodista Gustavo Azócar, a quien se le dictó sentencia para también alejarlo de su curul de legislador.

Al igual que los juristas del horror durante la época de Adolfo Hitler que describe Ingo Müller, pareciera que el sistema de justicia en Venezuela se acopla cada vez más a los designios del mandato que viene de Miraflores.

Acuerdos no tan santos

Menos de 24 horas bastaron para que este Jueves Santo el primer ministro ruso, Vladimir Putin, llenara su botija de 31 acuerdos y convenios de todo tipo, incluyendo un fantasioso proyecto para el desarrollo de una primera central nuclear en Venezuela "con fines pacíficos".

Según la mayoría de los analistas, de todo lo acordado entre Chávez y Putin, poco o nada arrimará a favor de la población venezolana. Los únicos beneficiaros serían el Gobierno ruso y las ambiciones de poder del Gobierno de Hugo Chávez.

Quizás el acuerdo de más valor que llevó Putin a Rusia fue la firma de varios convenios entre PDVSA y el Consorcio Ruso, formado por Lukoil, OAO Gazprom, Rosneft, TNK-BP y Surgutneftegaz, para crear por lo menos cuatro compañías mixtas para el desarrollo de una capacidad de producción de hasta 950.000 b/d de crudo extrapesado en la Faja Petrolífera del Orinoco. Entre los cuales se cuenta la iniciativa de PetroMiranda, donde PDVSA tendría el 60% de participación y el Consorcio ruso 40%, la cual con una inversión de unos $20 millardos llegaría a producir 450.000 b/d de crudo extra pesado. Además de la firma de las cartas de intención para desarrollar tres empresas más en los bloques Ayacucho 2 y 3, y en Junín 3 de la Faja del Orinoco donde, según PDVSA, se producirían más de 500.000 b/d de petróleo crudo extra-pesado, sin que se haya especificado hasta ahora el monto de la inversión ni los plazos para su ejecución.

Pero, según los analistas uno de los avances de Rusia en este viaje habría sido el ablandamiento de la posición del Gobierno para lograr acuerdos Estado-Estado, y no como hasta ahora empresa-Estado. De concretarse este tipo de acuerdos Rusia se protegería de eventuales expropiaciones de sus empresas, tanto por el actual Gobierno venezolano como por los venideros.

Sin embargo, lo que ha despertado mayor inquietud tanto a nivel nacional como internacional es la intención de Chávez de seguir invirtiendo ingentes recursos en la compra de armas rusas, incluyendo aviones de transporte militar, tanques de combate y helicópteros de ataque. Lo peor es que en esta materia todo está muy opaco, lo poco que se conoce de su alcance viene de lo revelado por el propio Putin a la prensa rusa. Según éste las compras de armamento y material bélico rusos por parte de Venezuela podrían ascender a más de $5.000 millones. Lo que parece que no queda claro a los analistas venezolanos es si esto es en adición a los $4.400 millones que Venezuela ha gastado en armas rusas desde 2005.

Lo que sí es obvio para cualquier venezolano es que las necesidades cotidianas en materia de alimentación, salud, seguridad y educación no se mitigarán a fuerza de armas ni de plantas nucleares.

Los estragos de los controles

A pesar de las opiniones y recomendaciones de los expertos en la materia, y en contrario a lo que dicta la lógica económica y los graves precedentes de otras administraciones del país, el Gobierno Nacional ha insistido en imponer una política de control de precios, que ha colocado al país al filo del colapso.

Pareciera que en los responsables de las políticas económicas del Gobierno "revolucionario" ha privado un alto grado de ignorancia histórica y una fuerte dosis de irresponsabilidad.

Se ha obviado que los años que han registrado en promedio los mayores índices de inflación, son aquéllos que han sido precedidos por estrictas políticas de control de precios. Cabe recordar que los venezolanos sufrieron en carne propia las nefastas consecuencias de una irresponsable política de controles aplicada durante el mandato de Jaime Lusinchi, que terminó tempranamente con la segunda Presidencia de Carlos Andrés Pérez, cuando éste se vio obligado a hacer los ajustes necesarios para sincerar la economía.

Pareciera que los economistas de la "revolución" ni siquiera se han paseado por el hecho de que en estos 11 años de Gobierno de Hugo Chávez, los años que registraron menor inflación fueron 2000 y 2001, cuando aún no se había instaurado la política de control de precios.

También se ha dejado de lado de manera supina que una política de controles propicia la desinversión, merma la producción, incrementa las presiones inflacionarias, impulsa al desabastecimiento de un ingente número de bienes y productos, y genera que se enquiste un círculo vicioso difícil de romper sin causar traumas en la población.

En estos momentos el país está al filo de un nuevo colapso económico que sólo podría evitarse si el Gobierno desistiera de sus políticas de corte comunista, diera un giro de 180º y abriera la puerta del diálogo y la participación al sector productivo privado del país, y aplicara políticas que incentivaran la inversión y la producción nacional.

La situación es tan grave que ya no bastan para salir del atolladero los espasmódicos, extemporáneos, exiguos y rezagados aumentos de precios que viene decretando el Ejecutivo Nacional desde mediados de 2009 en algunos rubros de la cesta básica, como por ejemplo, el 30% de incremento promedio fijado este 26 de marzo para los precios de la leche y otros productos lácteos.

Aunque este aumento era necesario y lo exigía el sector, el rezago que arrastra el precio de estos rubros es tal, que el incremento de hoy apenas lo pone al nivel del que tenían éstos para 2008. Y lo peor es que ni siquiera llega a compensar los costos de producción, fuertemente impactados por el 21% de la devaluación de enero de 2010, el 33,1% de incremento salarial decretados desde 2009, el 100% de aumento de los costes portuarios y las alzas de las tarifas de transporte.

Esta camisa de fuerza del control de precios que aprisiona al sector productivo, se comprime aún más con la Ley de Depabis. Esta Ley ha puesto una Espada de Damocles sobre a los empresarios, quienes viven bajo amenazas de fuertes multas, cierres e incluso expropiación.

La rueda de la emergencia

Este viernes 9 de abril se inicia una prórroga de 60 días del decreto presidencial de emergencia eléctrica. Esto a pesar de que según declaraciones a la prensa del ministro de Energía Eléctrica, Alí Rodríguez Araque, se habría logrado "conjurar cualquier asomo de peligro de colapso eléctrico", gracias al racionamiento que comenzó a aplicarse oficialmente en febrero de 2010.
La medida fue tomada en Consejo de Ministros, y según el mandatario nacional, tendría como objetivo "seguir derrotando la emergencia" que afecta al sistema eléctrico.
Sin embargo, lo que realmente se evidencia con esta prórroga de racionamiento es que la crisis del sistema eléctrico es más estructural y profunda de lo que el Gobierno ha informado. Ya es claro que a los venezolanos les falta todavía mucho racionamiento de electricidad que sufrir.

Pero más allá de la preocupación que causan las limitaciones que mellan la calidad de vida del venezolano, alarman los efectos nefastos que tendrá sobre la productividad de las empresas nacionales, públicas y privadas y en consecuencia sobre el PIB del país.

Entre los sectores que se ven más afectados por estos racionamientos están el comercial, sujeto a drásticos límites de operatividad para cumplir las draconianas cuotas de consumo que impone el decreto presidencial, so riesgo de fuertes sanciones y cierres indefinidos.

Otro sector afectado es el industrial, sobre todo aquellas empresas que requieren de procesos continuos. Y, muy especialmente, el de las industrias básicas de Guayana, las cuales debido a la prórroga del racionamiento eléctrico tendrán que seguir operando a media máquina y a pérdida.

Sólo Alcasa, Sidor y Venalum, tres de las empresas del Estado con mayor consumo energético, han visto reducir su producción entre 24% y 50% desde diciembre de 2009, luego de que fueron obligadas a llevar su consumo de 1.600 MW a 1.040 MW.

El Nacional, en un trabajo de Fabiola Zerpa publicado este miércoles 7 de abril, explica que el costo de reducir 300 MW de Venalum fue "cerrar 360 celdas de producción de aluminio que producían 5.180 toneladas al mes, de un total de 14.000 que tiene de capacidad instalada". Según denuncias de los trabajadores muchas de esas celdas fueron irremediablemente dañadas y repararlas tiene un costo de $80 millones. Además, según el Presidente de Venalum a la reductora habrían dejado de ingresarle unos $34 millones mensuales debido a la caída de la producción.

En fin, la rueda de la emergencia eléctrica sigue girando para sumarse a los ya graves problemas endémicos y estructurales de las empresas del Estado, donde priva la mala gerencia, la falta de inversión, la obsolescencia tecnológica, una terrible politización, ingente corrupción y severos conflictos laborales. Males todos que requieren mucho más que un mero reciclaje ministerial o en la presidencia del Consorcio Estatal de las empresas básicas.

El dilema de los demócratas

Para las próximas elecciones de la Asamblea Nacional los demócratas están lidiando con el consabido ventajismo y abuso del poder del Gobierno que se ampara en un Consejo Nacional Electoral postrado a la voluntad de Hugo Chávez casi en su totalidad y en una Ley Electoral hecha a la medida para atornillar el Socialismo del Siglo XXI.

A la par también lidian con un conglomerado de partidos políticos, organizaciones civiles y dirigencia independiente extremamente heterogénea y divergente, donde cada uno tiene sus lógicas aspiraciones para postular candidaturas al cuerpo legislativo.

De allí que escoger a los candidatos de la unidad democrática a la Asamblea Nacional se ha tornado en un gran dilema. ¿Consenso o primarias? No existe una respuesta cierta que solucione ese dilema.

Para VenEconomía lo ideal sería realizar elecciones primarias en todo el país, pues este es el método de selección más democrático, equitativo y participativo. No obstante, no se puede pasar por alto que el secuestro dictatorial de las instituciones y el abusivo poder del Gobierno torpedean a las elecciones primarias y el recuerdo de la Lista Tascón, aun fresco, presenta un grave obstáculo: El factor miedo que inhibe a la población, no sólo en los barrios, sino en quienes tienen subsidios, trabajan o contratan con el Estado. Otro bemol es que las primarias requieren de una fuerte inversión de recursos, y los eventuales financistas también tienen miedo, no sólo de la Lista Tascón sino del Seniat, Cadivi, y otros entes represores del Gobierno.

Por otro lado, para muchos el "consenso" representa más del mismo añejo e injusto cogollismo y ventajismo partidista.

Para la Mesa de la Unidad Democrática es muy difícil satisfacer a todos los integrantes del conglomerado opositor. Es de recordar que existen mil y un candidatos potenciales que aspiran a las 165 curules parlamentarios. Ése es el juego democrático.

En diciembre de 2009 la MUD fijó unas reglas de juego consensuadas: Para los puestos nominales, se seleccionarían candidatos por acuerdos entre las partes en todas las circunscripciones electorales donde fuese ello posible. Y se irían a primarias en los circuitos donde hubiese dos o más candidatos con arraigo popular, para dirimir con votos cul tenía mayor apoyo. Y en las postulaciones por listas, la encabezaría un representante del partido más votado en las últimas elecciones.

A la fecha la MUD ha tenido un gran avance para lograr los acuerdos en la mayoría de los 115 circuitos electorales que existen. Tan sólo están por definir las candidaturas en unos 10 circuitos donde se postula para unas ocho diputaciones. lamentablemente la importancia de las entidades a las que éstos pertenecen (Miranda y Carabobo) están causando un ruido pernicioso en la opinión pública y en la credibilidad de la dirigencia.

Cabe recordarles que es hora de dejar de lado la intransigencia partidista y personalista si se quiere recuperar la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho y de Justicia en Venezuela. El compromiso es con el país.

Avance bélico

Ya no sólo es lo que dice, también es lo que decreta y concreta.

Al lenguaje bélico que caracteriza a Hugo Chávez y sus acólitos, se le han unido acciones que evidencian que sus advertencias guerreristas no son algo para tomar a broma o echar en saco roto.

No es de gratis que este 11 de abril, a ocho años de las acciones sangrientas de los pistoleros de Puente Llaguno, el mandatario nacional avisara en su Aló Presidente que "la batalla no ha terminado", ni que advirtiera que en prevención de eventuales golpes de Estado, invasiones y amenazas de guerra del Imperio, "el pueblo está en armas. Tendremos fusiles para todo el pueblo".

En apoyo a sus advertencias, tiene a la Milicia Nacional Bolivariana, una especie de símil de la SS de Aldolf Hitler, que bajo el mando directo del primer mandatario complementa (¿o usurpa?) las funciones de defensa nacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Para que no quede duda de la relevancia de este cuerpo pretoriano, se decretó el 13 de abril, como "Día de la Milicia Nacional Bolivariana, del Pueblo en Armas y de la Revolución de Abril" y, por tanto, de júbilo nacional. Se busca con ello exaltar en la memoria "la gesta histórica" de la que fue supuestamente protagonista el pueblo de Venezuela en 2002, a pesar de que esa fecha rememora días violentos, sangrientos y aciagos donde perdieron la vida decenas de venezolanos.

Las intenciones de llevar más allá de las palabras el afán guerrerista del Comandante en Jefe se evidencian también en la creación de Comandos de Guerrilla Comunicacional, que juramentara este 12 de abril la nueva ministra de Comunicación e Información, Tania Díaz.

Estos comandos, símiles de la juventud hitleriana, forman parte del Programa de Comunicación Popular Revolucionaria del Gobierno del Distrito Capital. Y están integrados por unidades de 25 jóvenes estudiantes de secundaria que de manera "voluntaria" combatirán la "dictadura mediática imperial", utilizando lógica comunicacional, tecnología de punta y una extensa base ideológica "revolucionaria". Los "guerrilleros comunicacionales" desplegarán su movilización doctrinaria diariamente a través de cualquier medio de expresión incluyendo Internet, telefonía móvil, murales, medios alternativos de comunicación y actividades artísticas y culturales.

Para muchos analistas, todo este lenguaje agresivo y la activación de estas estructuras paralelas milicianas y guerrilleras forman parte de una estrategia para seguir inyectando el factor miedo en cada ciudadano, a fin de coartar el pensamiento, inhibir la libre expresión y castigar la opinión en disenso.
En definitiva en estos días de abril de 2010, el Gobierno vuelve a avanzar en el camino de la radicalización revolucionaria de tilde comunista que aupa el mandatario nacional.

El país real

Mientras el primer mandatario hace un ejercicio paramilitar para mostrar su fuerza e incita a un "pueblo en armas" en aras de su utópica revolución, las cifras hablan de otra realidad del país.
El costo de la vida ha subido. Eso es innegable. Lo palpa cada venezolano en su vida diaria y lo certifican, tanto las cifras del Banco Central (BCV) como las del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas).

En lo que discrepan el BCV y el Cendas es en el cuánto de la inflación. El caso es que, en los doce meses finalizados el 31 de marzo, el BCV dice que el costo de la vida aumentó 28%, mientras que el Cendas estima que el precio de su canasta básica es de 42%. ¿Por qué esta marcada diferencia?
En opinión de VenEconomía, la discrepancia de las cifras oficiales y las no oficiales está en la metodología de medición.

Si bien el BCV estaría haciendo un esfuerzo para reflejar ponderadamente el costo de la vida, sus cálculos no toman en cuenta, o lo hacen con retraso, los precios más altos que debe pagar el consumidor en el mercado informal, por algunos productos y bienes cuando no los encuentra en los anaqueles de Mercal, supermercados o abastos donde éstos se venden a precio regulado.

Además, pareciera que el BCV subestima el peso que tienen los alimentos en el presupuesto familiar. Así, se infiere que el BCV subestima el impacto de la inflación a nivel del consumidor.

Si bien la canasta del Cendas es muy básica, sus mediciones recogen mejor lo que está costando la vida, debido a que su monitoreo sí incluye los precios de los productos que venden los buhoneros.

Si se toman como más realistas los datos del Cendas, cabría preguntar cuáles son las consecuencias de ello para las empresas y los ciudadanos.

Una sería que la Unidad Tributaria estaría por debajo de su valor, lo cual supone un aumento oculto en los impuestos a las empresas.

Otra sería que el salario, los tickets alimentarios, las pensiones, e incluso, los subsidios de las misiones estarían subestimados.

Adicionalmente, si el incremento real es de 42% el impacto en la sobrevaluación del bolívar y en la competitividad de las empresas nacionales es mucho mayor del que se piensa. Es sumamente difícil para un productor nacional competir con las importaciones cuando sus costos suben a razón de 42% por año, mientras que los precios internacionales crecen a razón de 2%. El pecado original fue el imponer hace cinco años un control de cambio inamovible. De allí se derivó el que la devaluación de enero haya quedado corta en términos de la competividad de la producción nacional.

Es cierto, la solución no es fácil. El reto es lograr que el bolívar sea competitivo y a la par controlar la inflación. Pero, tampoco se trata de una meta imposible.

Verde, que lo tiene verde

El permuta ha marcado cifras récord esta semana, poniendo al Gobierno en un callejón de muy difícil salida.

Las razones para que el permuta siga su escalada tendrían varias vertientes.

La más importante es la restricción que hiciera Cadivi en los sectores que tienen acceso al tipo de cambio oficial. A esto se aúnan los atrasos del ente regulador para autorizar y entregar esas divisas a los importadores, lo cual les genera una fuerte incertidumbre y los obliga a recurrir al mercado permuta para cubrir sus requerimientos.

Otra razón del alza insistente del permuta sería la alta demanda de divisas, la cual a su vez se debe a que, ante la escasez de alternativas de ahorro y la creciente inseguridad jurídica del país, muchos ciudadanos están buscando preservar el valor de sus ahorros en otras monedas.

A esto se le suma el hecho de que al parecer, PDVSA y el Fonden no están interviniendo en el mercado y, si lo están haciendo, no lo hacen en el volumen y frecuencia con la que participaban en 2009, lo que permitía cierta estabilidad del tipo de cambio paralelo.

En estos momentos, el Banco Central (BCV) está aplicando un mecanismo ridículo basado en subastas erráticas de CDs, las cuales se ofertan en lotes de $50 millones cada uno, pagaderos en bolívares, que se redimen en dólares y cuyo precio de venta lleva implícito un descuento de más de 30%.

Los CDs, como era lógico pensar, han resultado insuficientes para cumplir el supuesto propósito de controlar el precio del permuta, más aún cuando las fórmulas de adjudicación cambian constantemente y no son reveladas con anticipación. Incluso, muchos analistas han advertido que éstos pueden ser canales de corrupción, pues quien tenga acceso previo a la fórmula de adjudicación está en posibilidad de llenar sus alforjas.

¿Qué se puede hacer ante este impulso, al parecer imparable, del permuta? Según parece poco, o nada.
Al Banco Central y a PDVSA ya se le habrían secado los recursos. Las reservas líquidas apenas llegan a $12,3 millardos, y las exportaciones de PDVSA estarían por debajo del 1,5 millones de barriles diarios.
Esa precaria situación de las arcas públicas y el deterioro de la estatal petrolera le dan muy poco espacio para maniobrar al BCV a fin de intervenir en el mercado con montos suficientes para financiar los requerimientos internos del país.

Una de las pocas salidas que restan para detener al permuta es restringir la liquidez. Sin embargo, muchos dudan, con razón, que en un año electoral como 2010 el Gobierno tome ese camino. Como se ha demostrado hasta ahora, en la "revolución" chavista el fiel de la balanza siempre se inclina a favor del interés político y personalista de unos cuantos y no hacia el bienestar de todo el país.

Sobran las palabras

El 10 de diciembre de 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, la comunidad internacional de países dio inicio a un compromiso consensuado en materia de respeto de derechos humanos.

Los 30 artículos de esta Declaración son "la piedra fundamental del derecho internacional del siglo XX", en materia de derechos humanos. Si bien quienes la suscriben no tienen una obligatoriedad jurídica, su aceptación universal tiene tal fuerza moral, que la hace de ineludible cumplimiento.

Desde la firma de esta Declaración, los países firmantes están comprometidos inalienablemente a respetar que a todo ser humano le son inherentes derechos civiles, políticos, económicos y culturales. Más aún, explícitamente se prohíbe hacer distingo de raza, edad, religión, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Dentro de los Derechos Universales del Hombre se cuentan, entre otros:

El Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

El Derecho a la igualdad ante la ley y a la protección de la ley.

El Derecho a no se rarbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

El Derecho, a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

El Derecho a ser amparado contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley.

El Derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

El Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

El Derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

El Derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

El Derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. Venezuela, es desde el 15 de noviembre de 1945 miembro originario de las Naciones Unidas, por ende, signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Este 15 de abril, la prensa nacional e internacional informa que Venezuela fue incluida por quinto año consecutivo, en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA como uno de los países donde existe evidencia de que no se respetan los derechos humanos de sus ciudadanos. Venezuela es también miembro de la OEA, e integrante de esta Comisión.

Poda histórica

El Gobierno insiste en perder esfuerzos y recursos en montar circo tras circo en la búsqueda de transfigurar la historia patria de Venezuela y distraer la atención de los problemas reales del país.

Los actos circenses comenzaron con el aniversario del 11, 12 y 13 de abril de 2002, cuando se rememoran los sucesos sangrientos ocurridos luego de que una marcha de protesta pacífica fuera masacrada por fuerzas militares y paramilitares del Gobierno. Esos hechos hoy han sido trastocados en una gesta histórica donde, "su" pueblo devolvió a Hugo Chávez al poder, luego que haber sido objeto de un supuesto golpe de Estado promovido por oligarcas apoyados por el Imperio.

En "honor" a esa gesta el Gobierno decretó al 13 de abril como "Día de la Milicia Nacional Bolivariana, del Pueblo en Armas y de la Revolución de Abril" y por tanto de júbilo nacional, siendo que en realidad este cuerpo miliciano representa la destrucción de la Fuerza Armada profesional de Venezuela. La fecha también se aprovechó para juramentar los primeros escuadrones de los "Comandos de Guerrillas Comunicacionales", donde un "voluntariado" de estudiantes de secundaria combatirá la "dictadura mediática imperial". La realidad es que el Estado es quien ejerce la dictadura comunicacional en Venezuela.

El sábado 17 de abril, siguiendo con el circo, se festejó el 7° Aniversario de la Misión Barrio Adentro. Esta misión, que nació en 2003 con el objetivo de levantar la popularidad caída de Hugo Chávez, de cara al Referendo Revocatorio de 2004, aunque sirvió para darle la mayoría al Gobierno en esos comicios, muy poco ha aportado en materia de salud. Por el contrario, Barrio Adentro es una muestra fehaciente del fracaso del Gobierno en esta área.

El broche de oro del circo del Gobierno, se puso este 19 de abril, fecha histórica que recuerda el día cuando los venezolanos asumieron por vez primera el control de su destino y rechazaron el dominio del capitán general Francisco Emparán y sus nexos napoleónicos. El acento militarista que le dio el Gobierno a este aniversario no guarda ninguna relación con aquel 19 de abril de 1810, donde la población civil dio el primer paso independentista.

Otro detalle que va en el mismo sentido de reescribir la historia, es el decreto presidencial del 13 de abril, donde se traspasa el Archivo Nacional Histórico de la Academia de la Historia, que lo ha custodiado por unos 100 años, al Archivo General de la Nación. Esta decisión no es ociosa. El historiador Germán Carrera Damas, advierte que en uno de los considerandos se rebaja al Libertador Simón Bolívar y al Generalísimo Francisco de Miranda, al nivel de "precursores de la independencia" de Venezuela. ¿Con qué objeto se estará dejando vacante el sitial de Libertador del Padre de la Patria?

El objetivo implícito de todos estos actos sería reescribir la historia a imagen y semejanza del proyecto de país de corte comunista que Chávez tiene entre ceja y ceja, donde el mandatario se erigiría como el libertador con "su" pueblo en armas.