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Jugada Maliciosa

El jueves 28 de enero entró en vigencia una resolución del Banco Central de Venezuela, donde se le fija a los bancos las nuevas reglas para contabilizar los activos y pasivos que éstos mantienen en moneda extranjera.

Según la resolución publicada en Gaceta Oficial N°39.356, la valorización y registro contable de los títulos emitidos por el sector público denominados en divisas extranjeras y pagaderos en bolívares (los TICs), se efectuarán al tipo de cambio oficial de Bs.F.2.60:$. Mientras que los demás títulos públicos valorados en moneda extranjera serán contabilizados a Bs.F.4.30:$.

La resolución indica que la valorización y registro contable de los activos y pasivos de los bancos, casas de cambio y demás instituciones financieras públicas y privadas, mantenidos en dólares se realizarán al tipo de cambio de Bs.F.2,60:$.

Desde hace varios años el Gobierno ha venido emitiendo títulos del sector público (TICs) denominados en dólares y pagaderos en bolívares, cuyo objetivo principal era disminuir la presión sobre el mercado permuta y estrechar la brecha entre el tipo de cambio oficial y el permuta. Estos TICs venían teniendo bastante receptividad del público debido a que, de cierta manera protegía, a sus tenedores de una eventual devaluación.

Por otro lado, y no menos relevante, el Gobierno se beneficiaba de estas emisiones debido a que obtenía recursos para mantener su ingente gasto público.

Ahora, con el cambio intempestivo de las reglas de juego, se introducen algunos bemoles que al final perjudicarán a todos los actores.

Uno de ellos es que la resolución puso una trampa económica a los tenedores: Al quedar los TICs valorados a Bs.F2,60:$, los intereses se pagarán sobre un capital menor al que se pagarían si estuvieran valorados a Bs.F4,30:$. Todo ello afectará de manera negativa la valoración final que el mercado haga del título.

Ésta es, por decir lo menos, una jugada maliciosa del ente emisor que podría ocasionar pérdidas al inversionista, por el costo de oportunidad que representa el haber invertido en los TICs en vez de haber invertido en otras alternativas con mayores garantías para protegerse de la devaluación. Además, este cambio de reglas y la inclusión de normas nada transparentes, introduce un fuerte elemento de desconfianza en el inversor, que podría desmotivar su interés sobre futuras emisiones del Gobierno.

Otro bemol sería que, a consecuencia de la pérdida de confianza del mercado en estas emisiones, el Gobierno podría ver afectadas eventuales colocaciones de este tipo de instrumentos. Esta opaca maquinación podrá haberse hecho una vez a beneficio del Gobierno, pero es muy difícil que pueda repetirse con igual éxito.

En definitiva, la falta de transparencia del Gobierno y sus actores económicos jugaron de nuevo a perder-perder. Hoy pierden quienes invirtieron en los TICs, pero mañana perderá el Gobierno cuando emita sus títulos del sector público y deba venderlos con mayores costos para la República so pena de no encontrar quien se los compre.

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Matando la mosca con una escopeta

El viernes 29 de enero, la Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó en la Gaceta Oficial N°39.357 una resolución que reformó varias de las normas que regían para las casas de bolsa y sociedades de corretaje.

Entre las modificaciones, la CNV ordenó la liquidación de las operaciones de mutuos en un plazo no mayor a 90 días. Y para los casos donde el mutuo hubiese sido pactado por un plazo mayor, dispuso que no se generara ninguna penalidad por su liquidación anticipada.

La CNV también limitó el endeudamiento de las casas de bolsa y de corretaje a dos veces su patrimonio, (antes era ocho veces) y dio un plazo de seis meses para ajustarse.

Los mutuos son instrumentos que permiten invertir en títulos valores, los cuales quedan bajo custodia de la casa de bolsa. Este instrumento, bien utilizado, permitía a los pequeños y medianos inversionistas salvaguardar su patrimonio de la inflación al obtener una mayor rentabilidad que la que eventualmente le daría una institución bancaria. Paralelamente, para algunas casas de bolsa representaba una oportunidad de negocio que, en algunos casos, les permitía sobrevivir, debido a la poca profundidad y diversidad del mercado accionario venezolano.

Sin embargo, como secuela de la intervención de once entidades bancarias, desde mediados de noviembre de 2009 quedó al descubierto que estos instrumentos venían siendo utilizados por banqueros boliburgueses para financiarse y hacerse de las acciones de algunas entidades bancarias. Muchos de estos "banqueros" aprovecharon sus relaciones con casas de bolsa para comprar con dinero de los ahorristas acciones o participaciones en bancos, que luego formaban parte de sus carteras de mutuos. Cabe acotar aquí que el dinero invertido a través de una casa de bolsa no cuenta con ningún respaldo o garantía como la que Fogade otorga a los depositantes bancarios.

Lamentablemente, estas operaciones no fueron reguladas ni supervisadas con la suficiente diligencia por Sudeban y la CNV. Ahora, con esta resolución, el Gobierno intenta corregir las distorsiones que con su negligencia contribuyó a crear. Y de nuevo, decidió matar la mosca con un tiro de escopeta: En lugar tratar de salvar aquellas operaciones correctamente efectuadas, que según expertos son una mayoría, manda a eliminar, todos los mutuos de un plumazo.

Con esta resolución no sólo se destruye una posibilidad de hacer negocios en el sector, sino que además se crea otro problema: Dependiendo de la composición de las carteras y de la cantidad de títulos que se posean en bolívares, al acudir todas las casas de bolsa en masa a liquidar sus posiciones, estos títulos tenderán a bajar de precio. En consecuencia, algunas de esas instituciones podrían enfrentarse a pérdidas que al final terminarán descansando en el inversionista final.

En suma, otra vez la incapacidad del Gobierno puede terminar generando importantes pérdidas patrimoniales para sectores vitales de la población.

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Sin derecho a la propiedad

Este lunes 1° de febrero, con la publicación en Gaceta Oficial de la reforma de Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Ley de Depabis), quedó oficialmente suprimido, lo que ya no existía de hecho: El derecho de propiedad y de libertad de empresa en Venezuela.

El Gobierno reformó la Ley de Depabis bajo la premisa de que le sirviese como instrumento para controlar la inflación, bajo el supuesto de que ésta se origina del acaparamiento y la especulación de los empresarios, y no de la errada concepción de su proyecto comunista.

El reformado artículo 6 establece explícitamente el exterminio de toda actividad empresarial cuando:
1) Declara que son de utilidad pública e interés social "todos los bienes necesarios para desarrollar actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicios".

2) Establece que el Ejecutivo Nacional podrá iniciar la expropiación de los bienes sujetos a esta Ley, sin que la Asamblea Nacional haga la declaratoria previa de utilidad pública e interés social del mismo.

3) Implanta "la medida de ocupación, operatividad temporal e incautación mientras dure el procedimiento expropiatorio".

4) Le otorga total discrecionalidad a cualquier órgano o ente "competente" del Ejecutivo Nacional para materializar la expropiación mediante posesión y puesta en operatividad inmediata del bien o servicio sujeto a la Ley. Ese órgano o ente "competente" también asumirá la administración y aprovechamiento del establecimiento, local, bienes, instalaciones, transporte, distribución y servicios del bien expropiado.

Esta reforma de Ley es un traje hecho a la medida por la Asamblea Nacional, para cubrir de "legalidad" la arbitrariedad y el robo continuado de empresas y propiedades que viene haciendo el Gobierno de Hugo Chávez desde hace años. En el nuevo texto de la Ley de Depabis, quedan excluidos el Debido Proceso, el Derecho a la Defensa y el Estado de Justicia en lo que respecta a toda la actividad productiva privada.

En adelante se perpetuará la "Teoría de la Bóveda del Miedo" que planteó el analista Luis Vicente León, según la cual los gobiernos totalitarios modernos tratan de controlar a las sociedades "sin necesidad de matar, expropiar y apresar a todo el mundo porque no pueden", dado que estas tácticas no le son rentables políticamente. Por eso intentan "congelar a las sociedades que controlan a través del miedo que genera el ataque a los símbolos que la representan".

Ahora con el péndulo de esta draconiana Ley de Depabis sobre sus cabezas, la mayoría de los empresarios y comerciantes tragarán fuerte y acatarán la exigencia del Gobierno de no tocar los precios de los bienes y servicios en inventario a pesar de la devaluación y la inflación. Peor aún, es posible que también prolonguen el congelamiento de precios cuando repongan sus inventarios, por el temor de ser penalizados no sólo con la expropiación de sus bienes sino con multimillonarias multas e incluso con prisión.

De imponerse esta perniciosa práctica, las consecuencias serán la quiebra a granel de empresas y la parálisis de la economía de un país que se sumirá en la escasez y la miseria.

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Hombre clave para la embestida final

Tal parece que Hugo Chávez está moviendo sus fichas para hacer una embestida frontal y terminar de instaurar el despotismo comunista en Venezuela.

Este martes dos de febrero, en el marco del acto conmemorativo de los 11 años del mandato de Hugo Chávez, anunció que había arribado al país Ramiro Valdés, el ministro de Informática y las Comunicaciones, y presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros de Cuba. Supuestamente Valdés viene dirigiendo una Comisión Técnica cubana que viene a enfrentar la crisis eléctrica que afecta a Venezuela.

Impresiona a muchos analistas el descaro y el cinismo de este anuncio presidencial, por las graves secuelas que originará la traída del tercer hombre fuerte de Cuba a territorio venezolano.

En su currículo se observa que Valdés poco, o nada, sabe sobre otra materia que no sea la materia represiva, la de persecución y la de espionaje de cualquier tipo, a la que ha sometido a la disidencia política en la oprimida isla de Cuba. Valdés ha ocupado varias veces el Ministerio del Interior, especialmente en las épocas cuando las cárceles cubanas estaban repletas de presos políticos. Además, ha ejercido en diversas ocasiones como Jefe de las tres secciones del Ejército cubano. Y, según estudiosos de la dictadura de Fidel Castro, es la ficha usada por el dictador para las purgas del aparato revolucionario.

Desde 2006, es Ministro de la Informática y las Comunicaciones, donde ha aplicado sus conocimientos sobre represión, considerándosele hoy el principal artífice de la censura de Internet en Cuba.

Cabe la pregunta ¿Qué tarea le han asignado Fidel Castro y Hugo Chávez a Ramiro Valdés en Venezuela?
Algunos analistas sostienen que con esta jugada el binomio Castro/Chávez elevan los decibeles de la represión y persecución política en Venezuela, a niveles impensables por los demócratas venezolanos.

¿Por qué está acelerando Chávez en estos momentos el aparato represor? Hay dos hipótesis.

Una dice que es porque se siente amenazado, débil, frente al hambre, el desempleo, la inflación galopante, la delincuencia, la ingente corrupción y la grave crisis de electricidad que el mismo ha propiciado y que amenaza con el naufragio al proceso revolucionario. Su estrategia sería doblegar a fuerza de terror las protestas de la población. Esta arma se aplicaría a la disidencia como no se ha hecho nunca en el país, ni siquiera en tiempos de las dictaduras de Juan Vicente Gómez o Pérez Jiménez.

Otra hipótesis sería: Que percibe a la oposición débil y dividida, y además se siente tan fuerte que considera que es ahora o nunca el momento propicio para instaurar de una vez por todas la dictadura comunista. Quienes plantean esta hipótesis, argumentan que la débil respuesta de las fuerzas vivas y de la opinión pública para rechazar la presencia de Valdés en Venezuela, le estaría dando la razón al mandatario.

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Se consolida la entrega

Rodrigo Valdés, el tercer hombre fuerte del régimen castrista, traído por Chávez a Venezuela sería la mano opresora que sustentará la consolidación de la dictadura comunista castro-chavista.

Con la permanencia de Valdés en Venezuela, se amalgamaría la cesión que ha hecho Chávez a Cuba de áreas estratégicas básicas para la seguridad nacional.

La presencia cubana en Venezuela es una de las entregas más ignominiosas de un país a un gobierno extranjero que se haya conocido. Y es, por decir lo menos, un sarcasmo el que sea Hugo Chávez, el supuesto paladín de la soberanía venezolana, el que haya postrado a la patria a los pies del régimen castro-comunista.

Desde el anuncio aquél donde Chávez afirmó que su meta era llevar a Venezuela a ser un símil de Cuba "la isla de la felicidad", han sido muy pocos los Aló Presidente, en los que el mandatario no se haya jactado del "invalorable aporte" que da la dictadura de Fidel Castro a los venezolanos. "Aporte" que recompensa ampliamente el Gobierno de Chávez, con casi 100.000 b/d de petróleo que da a Cuba prácticamente gratis.

Y por si esto fuera poco, no existe área o sector del país donde no haya impuesto la presencia de los agentes del régimen cubano.

Uno de los primeros sectores invadidos por la gesta dictatorial cubana fue el de salud, a través de la Misión Barrio Adentro. Miles de "médicos" cubanos irrumpieron en barriadas y pueblos venezolanos a través de los módulos de la misión, donde a la par de prestar atención primaria de salud hacen labor "concientizadora" de las virtudes del comunismo. Según cifras oficiales estos "galenos" llegan hoy a más de 30.000, sin contar con más de 6.000 especialistas dedicados a "la formación" de médicos integrales y tecnólogos de la salud en Venezuela.

Otros dos sectores sujetos a la penetración cubana son el de educación con más de 300 "colaboradores" y el de deportes donde unos 4.544 técnicos deportivos estarían ayudando a "masificar la práctica del deporte y la educación física".

Cuba también tiene el control de puertos y aeropuertos; transporte; en el sistema productivo agroindustrial; en el alimenticio; construcción y turismo, entre otras. A lo que se suma ahora el eléctrico.
Sin embargo, lo que más debería alarmar a la población es la entrega a Cuba del Sistema de Identificación Nacional, y la de los registros públicos y notarias, porque con ellas se controla al ciudadano, su identidad, sus documentos y sus propiedades.

Chávez también firmó un acuerdo bilateral con La Habana que permite a personal policial y de seguridad estatal cubano realizar en Venezuela tareas de inteligencia y policiales que constitucionalmente sólo deberían estar a cargo de funcionarios venezolanos. El Presidente venezolano incluso ha adoptado las doctrinas militares cubanas de defensa y seguridad nacional.

Para vergüenza de todos los demócratas, hoy Castro se ha adueñado del país no con una invasión sangrienta como pretendió en los años 60, sino entregada en una servil bandeja por Hugo Chávez.

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Lo que se llevó la desidia y la barbarie

Las políticas económicas (o la falta de ellas) tienen efectos a mediano y largo plazo. Uno de los graves defectos del Gobierno de Hugo Chávez es que no mide, ni se detiene a pensar, el impacto que su afán controlador de todo sector productivo tendrá para el país.

Los analistas no están descubriendo el agua tibia, cuando afirman que la crisis actual que atraviesa el Sistema Eléctrico Nacional, no se limita al fenómeno de El Niño y a la sequía de la represa del Guri. Pues, como ya es bien sabido, la actual crisis se debe a la falta de una política seria y coordinada del sector con respecto a los planes de inversión y mantenimiento durante estos once años, sumado a la incapacidad gerencial y a la pérdida de recursos técnicos.

Es tan grave la crisis del sector eléctrico en Venezuela que no escapa de sus efectos ninguna área o actividad del país, lo que hace que sea casi imposible medir el costo económico que tendrá a mediano y largo plazo.

No obstante, VenEconomía quiere hacer una primera aproximación del costo real de esta crisis eléctrica, tomando como punto de partida una propuesta realizada por algunos analistas, incluyendo a expertos de la Universidad Simón Bolívar, que plantea una reprogramación de "las actividades comerciales e industriales a cuatro días por semana, añadiendo el día viernes al fin de semana y limitando al mínimo las actividades durante los días domingo".

Los técnicos sugieren que esta reprogramación se mantenga mientras dure "el riesgo de colapso eléctrico, se recuperen los niveles del embalse y entren en operación comercial las plantas previstas de generación térmica". En su opinión esta solución "evitaría el racionamiento y sus inconvenientes sociales, permitiendo el ahorro de hasta un 20% de la energía". Aparentemente estos expertos, parten de la premisa de que la medida de emergencia sólo duraría hasta la llegada de las lluvias.

VenEconomía discrepa de esta propuesta. Primero, porque la crisis de electricidad es tan grave y estructural que lo más probable es que los efectos de estos largos años de barbarie y negligencia durarían mucho más allá de 2012, cuando Hugo Chávez salga de la Presidencia por mandato popular.

Segundo porque, haciendo un cálculo crudo, si se trabajara un día menos a la semana el PIB caería 20%. Tal vez pueda aducirse que si se trabaja con más ahínco esos cuatro días laborales se podría compensar en parte esa pérdida de producción. Sin embargo, en el mejor de los casos la proyección de la caída del PIB estaría en 5%, a lo cual habría que sumar al menos 3% por el cierre total o parcial de las empresas de Guayana.

Según cálculos de VenEconomía el costo en el PIB de los bienes y servicios no producidos sería de 8% en 2010; 6% en 2011; y 4% en 2012. Cada hombre, mujer y niño del país perdería unos Bs.F.2.900 por año.
VenEconomía invita a los analistas a hacer sus cálculos, pues tal vez los suyos podrían quedarse cortos.

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De garrotazo en garrotazo

La "gerencia" que mejor parece entender el presidente Hugo Chávez es la de la cachiporra: No se cansa de dar garrotazos a diario a los ciudadanos. Lo grave es que cada uno solapa los estragos que dejó el anterior, y que con ninguno se solucionan los múltiples problemas que le ha traído su Gobierno al país.

El antepenúltimo garrotazo fueron los "Exprópiese" que largó autoritariamente el domingo 7 de febrero en plena Plaza Bolívar, para confiscar varios edificios y decenas de comercios aledaños a ésta.

La lógica de un buen gobernante debería estar sustentada en proyectos que aportaran beneficios sociales o económicos a la población. Pero, de lo que se conoce de esta expropiación arbitraria y dictatorial, es que no tiene ni un esbozo de proyecto de utilidad pública y, menos aún, objetivo social alguno.

Lo que sí se sabe es que con estas nuevas "expropiaciones" cerrarán otras decenas de negocios y se perderán más fuentes de empleo. Y en el caso particular del emblemático Edificio La Francia con el "Exprópiese" se elimina además un atractivo turístico con 65 años de tradición, así como una fuente de ingresos de la Universidad de Oriente, propietaria del edificio.

El penúltimo garrotazo lo dio entre gallos y medianoche este lunes 8 de febrero, con el decreto de "emergencia eléctrica" en todo el territorio nacional. Esta medida también está viciada de improvisación y carece de objetivos claros, pues en ninguno de sus apartes se vislumbran planes o medidas constructivas para enfrentar el grave deterioro de la capacidad de generación, transmisión y distribución en el que está sumido el país.

Lo único que se observa con total claridad en los nuevos anuncios del mandatario son más medidas punitivas y dictatoriales para seguir agobiando a la población.

Si bien el mandatario afirma que se "premiará" con 20% ó 50% de descuento en la facturación a quienes reduzcan entre 10% y 20% su consumo de luz, también aseveró que se castigará severamente tanto a los consumidores residenciales como a los empresariales que no lo hagan, o que incrementen los consumos.

Además, en el decreto de emergencia que se publicó en Gaceta Oficial de este lunes 8 de febrero, se autoriza al ministro de Energía Eléctrica, Alí Rodríguez Araque, a dictar por vía de excepción "medidas especialísimas" que éste "considere pertinentes" para garantizar el suministro de energía eléctrica. Sin embargo, a pesar de la discrecional autoridad que se le dio al ministro Rodríguez Araque, en horas de la tarde de ese mismo lunes Chávez había anunciado la creación de un "Estado Mayor", el cual coordinará el vicepresidente de la República, Elías Jaua, el hombre fuerte de las confiscaciones de tierras. Así Rodríguez Araque queda supeditado a Jaua, quien parece tendrá la voz cantante para revisar las propuestas que vengan de países tan dispares como Argentina, Brasil, Cuba, China y Rusia.

Lo que brilla por su ausencia en todo este enjambre de medidas contra la crisis eléctrica es la participación de los expertos y técnicos venezolanos que vienen analizando la situación del sector desde hace años y que tienen propuestas serias y coherentes para una salida de la crisis.

Ahora, ¿quién sabe cuál será el próximo garrotazo que Chávez propinará a los venezolanos?

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Inseguridad ¿política de Estado?

Pareciera que la inseguridad se ha convertido en una política de Estado en estos once años de mandato de Hugo Chávez.

Desde el día aquél cuando el mandatario afirmó ante el Tribunal Supremo de Justicia que no se podía condenar a quien robaba para dar de comer a sus hijos, el desborde de la delincuencia en Venezuela ha llegado a límites inimaginables.

El Gobierno parece estar enfocado hacia la coerción y la sujeción de los ciudadanos a un proyecto político, y no a garantizar su seguridad y bienestar.

La conculcación de los derechos más elementales de los ciudadanos, que hoy se han convertido en una utopía y apenas son concesiones que da el gobernante a su libre discrecionalidad, sumado a la impunidad, ha masificado la delincuencia y potenciado la inseguridad.

Por un lado, el ciudadano está indefenso frente al continuado irrespeto de la élite gobernante a la letra constitucional y ante la libre interpretación y aplicación de las leyes. Su derecho a la defensa es nulo, puede ser imputado a discreción y sin protesto; sus bienes están sujetos a ser expropiados, confiscados, arrebatados o invadidos en cualquier momento y sin ninguna razón legal que lo justifique. Por otro lado, los venezolanos también están a merced del hampa organizada y del hampa común. O lo subyuga el Gobierno o lo acoquina el delincuente.

La población además está en total desamparo para denunciar los atropellos y los delitos que cometen contra su persona o sus bienes, bien sean funcionarios del Presidente, o los malandros. La sensación generalizada en la población, sin distingo de condición socio-económica, es que no hay dónde esconderse del hampa oficial ni de la delincuencia común.

Junto a los desmanes del Gobierno, la prensa también reporta cotidianamente de bandas armadas de 10 ó más vándalos, que como langostas atracan en edificios completos; en vagones del metro; en cines; centros comerciales; y en las iglesias. O incluso, tal como sucedió hace pocos días, una veintena de automóviles fueron emboscados en la autopista Francisco Fajardo, cuando quedaron atrapados en medio de una caravana fúnebre que portaba al parecer a un integrante de una banda. En los barrios, ese problema de la inseguridad se agrava por razones multifactoriales, entre los que se cuenta el tráfico de drogas, peleas entre bandas o, incluso, por el acoso de enclaves de ataque propiciados desde el mismo Gobierno.

Peor aún es que los entes de justicia competentes para recibir las denuncias de los hechos delictivos de los que han sido objeto, o bien están subordinados a un proyecto político de espaldas del ciudadano o, muchos de sus funcionarios forman parte de la red de delincuentes.

No está claro cuál es el propósito de la indiferencia, de la indolencia o de la tolerancia del Ejecutivo Nacional frente a este grave problema social.

Muchos piensan que el Gobierno pudiera estar usándola como método para-oficial para ejercer el control sociopolítico; para forzar el éxodo de un gran contingente de ciudadanos, especialmente de la clase media, que disienten del proyecto comunista de Chávez; o como amedrentamiento de las masas populares.

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Un paso para atrás en creación e innovación

La Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, mejor conocida como la LOCTI, destaca casi como la única excepción entre el canibalismo y las leyes retrógradas promulgadas en esta mal llamada "revolución del siglo XXI". Cuando la LOCTI entró en vigencia, el 3 de agosto de 2005, comenzó a tejerse un sistema interinstitucional que ha venido fomentando los vínculos y la interacción entre las universidades y las empresas (usuarios de esos conocimientos), en sincronía con Gobierno y empleados. El objetivo central de esta Ley venía siendo el de integrar a los generadores de conocimiento con los usuarios y beneficiarios directos de ese conocimiento, a fin de ponerlos al servicio del desarrollo tecnológico y la producción industrial del país.

Como cosa rara en el actual "proceso", la Ley ha venido permitiendo que en esta integración se consolidara de manera sustentable la inversión para estimular talento, la creación, la invención y la innovación, con un sistema equilibrado de estímulos y penalizaciones. También de manera excepcional, la LOCTI ha permitido la autonomía y la libertad de las grandes empresas para utilizar los aportes y las inversiones que ellas mismas generan, en los proyectos que se definieran de manera consensuada entre los factores.

Pero, tal parece que este oasis de bondades también llegará a su fin.

El 13 de enero, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión, una reforma parcial de la LOCTI que de promulgarse como está planteada echaría por tierra todo lo que hasta ahora se ha venido construyendo.

Para comenzar con esta reforma de Ley se eliminaría la relación academia-empresa, y la vinculación sería academia-intermediario-empresa; siendo el intermediario un Fondo Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología (Fonacit). Este nuevo ente fiscalizador, que estaría adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, tendría competencias, facultades y atribuciones para la Administración Tributaria, una suerte de Seniat paralelo.

Los "aportes e inversiones" que dan las empresas para los proyectos pasarían a denominarse "contribuciones especiales", las cuales ahora serían recaudadas y administradas discrecionalmente por el Fonacit, y serían depositadas o pagadas a quién decida el fondo. Es decir, de nuevo un Gobierno que no se caracteriza por la transparencia en el manejo de los recursos del erario público, se apropia de los dineros de las empresas privadas para echarlos en un saco que de seguro tampoco tendrá fondo. Lo cual se traducirá en más dinero para un Gobierno depredador que anda en caza de dineros de otros para satisfacer su avidez de gasto improductivo.

Lo peor, es que esta reforma atenta contra el espíritu de la Ley y, como dijo el abogado Fernando Fernández en un artículo sobre el tema publicado en El Universal el 5 de febrero, "echará por tierra el mejor de los cometidos de la LOCTI: que la empresa gaste en su gente, en nueva tecnología, en innovar los inventos, en transferir tecnología, en el desarrollo de las empresa y del propio país, de paso".

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Acaban los últimos reductos de libertad

El plato informativo fuerte del día es la salida del periodista opositor, Alberto Federico Ravell, de la dirección Ejecutiva de Globovisión. Y no importa si fue despedido o si renunció, el impacto en la opinión pública es igual de contundente y abrumador.

Tampoco es determinante si es verídica la teoría de que la decisión de la salida de Ravell del canal informativo la tomaron los socios mayoritarios por las múltiples presiones que venían recibiendo del Gobierno de Chávez, al mejor estilo de El Padrino. O si realmente, la decisión se debió a las profundas diferencias de opinión entre los accionistas mayoritarios por la radical forma de gerenciar la estación de Ravell. Tal vez, incluso, hay de todo un poco.

Ya los hechos se encargarán de confirmar cuáles fueron las verdaderas causas del cambio de gerencia. "Por ahora", los programas anclas de productores independientes han mantenido su tradicional línea editorial crítica. Una prueba de ello fueron las fuertes críticas que se le hicieron al Presidente por haber prendido las luces del estadio de Fuerte Tiuna para jugar una caimanera, y la transmisión repetida de las declaraciones de Ismael García denunciando que el Gobierno le instaló una planta termoeléctrica a Cuba para generar 175 megavatios, que costó ?99 millones, sin autorización de la Asamblea Nacional. Todo ello, en momentos cuando se le está exigiendo a la población fuertes sacrificios para ahorrar electricidad, incluso imponiendo severas penalizaciones para quienes no lo hagan.

Sea cual sea la triste historia de lo que actualmente acontece en Globovisión, lo cierto es que la situación planteada es una muestra más de que la libertad de expresión es en extremo exigua en Venezuela. Es por esto que una mayoría importante del país ve con seria preocupación que Globovisión, uno de los contados medios con línea editorial independiente que quedan en el país, pueda sucumbir a las garras del Gobierno, como anteriormente lo han hecho otros medios de comunicación.

En Venezuela la mayoría de los canales de televisión están plegados a las líneas que dicta el Gobierno, o son canales del Estado al servicio del proceso revolucionario. Recientemente RCTV Internacional fue cerrada ilegal y arbitrariamente por segunda vez en tres años, utilizando todo tipo de artimañas dictatoriales.

La mayoría de las radioemisoras, luego del cierre de 34 estaciones y la amenaza que pende sobre otras 200 "investigadas", están aplicando una autocensura feroz, incluso sacando a analistas y comentaristas anclas de los espacios con mayor audiencia.

Por su parte, los medios impresos se autocensuran cada vez más. Por un lado, están presionados porque, muchas empresas privadas limitan sus pautas de publicidad en los medios muy críticos; mientras que las pautas de los entes oficiales privilegian a los medios pro-revolución. Además, porque se ha duplicado el costo del papel, luego de la devaluación del bolívar de Bs.F.2,15:$ a Bs.F.4,30:$.

Sólo quedan las redes sociales como Twitter y Facebook, por ahora, pues también pesa sobre ellas la amenaza de ser sacadas de juego.

Ante toda esta dramática situación, vale recordar a Ghandi cuando dijo que "más que los actos de los malos, me atemoriza la indiferencia de los buenos".

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Grietas en el blindaje

El Banco Central publicó sus cifras para el cuarto trimestre y todo 2009. En esencia el informe muestra que la economía registró su más fuerte caída desde 1994 (sin contar 2002 y 2003, los años del paro cívico petrolero).
Pero, la sorpresa no fue que la economía haya caído. La sorpresa fue cuánto cayó.
Para el cuarto trimestre de 2009 el PIB se contrajo en 5,8%, para registrar un descenso total de 3,3% para el año versus el estimado de 2,9% anunciado por el BCV a finales de 2009.
Esta diferencia de 0,4 puntos se debe mayormente a la revisión del PIB petrolero que cayó 10,2% en el cuarto trimestre, para un total de -7,2% en todo 2009, comparado con la caída de 6,1% que estimó el ente emisor a fines del año pasado.
Aparte de esta sustancial diferencia en el PIB petrolero, las cifras del Informe Final fueron bastante aproximadas a las estimadas a fines de 2009 por el BCV. Por ejemplo, el ente casi la pega con la caída de 2,0% del PIB, pues en diciembre preanunció que la misma sería de 1,9% para todo 2009.
Sin embargo, el Informe sí trae algunas sorpresas, particularmente cuando se analizan las cifras sector por sector.
Uno de los resultados que extraña (por decir lo menos) es que se diga que el PIB de electricidad y agua aumentó 5,5% en el trimestre y 4,2% en todo el año. Si en 2009 la industria ya estaba colapsada y constantemente se registraron apagones por todo el territorio nacional, cabe preguntar ¿de dónde proviene ese incremento?
Otra sorpresa es la caída del Sector Minería en 11,2%. Éste es el sector que más cayó en el año en términos porcentuales, algo que llama la atención pues la Minería está íntimamente ligada al sector Construcción que terminó ras con ras. Los analistas explican esta caída por el fuerte deterioro que registran las estatales Ferrominera y Bauxilum, así como por la parálisis que muestran las cementeras expropiadas.
El BCV da una razón más palmaria, cuando explica que la fuerte contracción del Sector Metales (-45%) y de Minerales no metálicos (-26,8%) obedece "al proceso de nacionalización adelantado por el Ejecutivo con miras a impulsar el nuevo modelo socioproductivo" (sic) .
También sorprende que se reporte un crecimiento de 2,8% del Sector Servicios del Gobierno, cuando el gasto del Gobierno Central registró una disminución en términos reales de 17,6%.
Pero, lo peor de estos resultados no es la contracción de la economía en sí. Más trascendentes son: 1) La disminución de 6,7% del consumo privado que refleja el empobrecimiento de la población; y 2) la importante caída de 19,6% de la Inversión Bruta Fija. Una regla clásica de economía dicta que "si no se invierte hoy, no se producirá mañana". Lamentablemente, la fuerte contracción de la Inversión Bruta Fija registrada en 2009, garantiza que el resultado de la economía para 2010 será la peor de los últimos 16 años.

Falacia de la ventana rota

Hace casi un mes el mandatario nacional se "encaprichó" con unos terrenos de la zona industrial de Barquisimeto y ordenó su inmediata expropiación y desalojo.
Para "facilitar" el mandado presidencial, esta semana el Concejo Municipal de Iribarren (Barquisimeto), dominado por el oficialismo, aprobó un cambio de zonificación de unos 213.000 M² de terrenos donde funcionan los depósitos y el parque recreacional de Empresas Polar, además de varias industrias manufactureras, oficinas y depósitos de otras empresas.
No es un secreto que ese "capricho" presidencial esconde una especie de guerra de guerrillas de Hugo Chávez en contra del sector productivo del país y, en este caso particular, en contra de Empresas Polar por los "pecados" de generar empleos productivos y por satisfacer a cabalidad la demanda de los venezolanos con productos de primera calidad.
Además por satisfacer este "capricho" de Chávez el Estado Lara perderá unos 3.000 puestos de trabajo, y más de una decena de industrias quedarán a la deriva, enfrentadas a un cierre técnico o a buscar a dónde mudarse.
Esta situación recuerda la "Parábola del Cristal Roto" descrita en 1850 por el economista francés, Claude Frédéric Bastiat, en su ensayo "Lo que vemos, y lo que no vemos".
Bastiat narra que luego de que un niño rompió el cristal de una ventana de un comercio, los presentes en vez de repudiar la acción del muchacho, consideraron que ésta beneficiaría a la comunidad. Afirmaban que cuando el comerciante cambiase el vidrio roto, se beneficiaria al cristalero, así como también se beneficiaría al panadero, porque el cristalero tendría plata para comprar pan; y que además se beneficiaría el zapatero, pues aquéllos tendrían plata para comprar zapatos. ¡Un cristal roto beneficiaría a toda la sociedad!
Sin embargo, Bastiat desmonta esos supuestos beneficios. Explica que el cristal roto tiene un costo escondido y que la falacia se origina en que se consideran sólo los beneficios de comprar una nueva ventana, pero se ignora el costo para el comerciante. Sostiene Bastiat que olvidan que si el comerciante no se hubiera visto obligado a gastar su dinero en una ventana nueva, podría haber comprado pan, zapatos e incluso un libro nuevo. Es decir, habrían salido igualmente beneficiados no sólo el panadero y el zapatero, sino otros de la comunidad. En resumen: La ventana rota no produjo ningún beneficio neto para la comunidad.
Algo similar sucederá en Lara, los empresarios tendrán que invertir para poder levantar sus industrias en otras zonas donde no hay servicios ni infraestructura, en vez de invertir en producir más, crear nuevos productos y generar más empleos.
Además, el Gobierno al no aceptar la oferta de Polar de venderle un terreno de superior magnitud en una zona residencial de Barquisimeto, no sólo atrasó el supuesto proyecto de construir nuevas viviendas, sino que deberá invertir en servicios e infraestructura para hacer habitable la zona expropiada.
Al final de nuevo privó el capricho de uno, sin darle beneficio neto a nadie.

De-tín marín de-dó pin-güé

El BCV reveló el martes 2 de marzo que la Balanza de Pagos registró en 2009 un déficit de $7,3 millardos. Un contraste dramático con el superávit de $9,0 millardos de 2008.
Este resultado de la Balanza de Pagos no sorprende a nadie dado que en 2009 el precio promedio del barril de petróleo fue 34,07% menos (-$29,47) que el promedio de 2008. Además, los recortes en la producción de la OPEP en 2008 contribuyeron a la caída de 39,2% en las exportaciones petroleras de 2009.
Con las cifras de la Balanza de Pagos pasa algo similar a lo ocurrido con las del desempeño de la economía: Muchos aspectos sorprenden, unos son inadmisibles, otros son mentiras y otros más son irracionalidades.
Por ejemplo, llama poderosamente la atención que las cifras finales que reporta el BCV para las exportaciones petroleras hayan sido $4,3 millardos, 5,9% menos que sus estimados de diciembre de 2009. Esta diferencia de $3,4 millardos entre los ingresos estimados y los reales es inadmisible, pues ésta es una cifra vital para PDVSA, para el Gobierno y para todo el país. Lo peor es que estas discrepancias numéricas se deben a la incompetencia y a la mala gerencia en PDVSA.
Igual de grave es que la mentira se ha convertido en una política de Estado.
Para muestra este botón: Durante el paro cívico de 2002-2003 la producción cayó hasta 500.000 b/d. En ese entonces el Gobierno despidió a más de 20.000 profesionales y técnicos de alta capacitación de la estatal por motivaciones meramente políticas. Este deslave profesional ha incidido en que la "nueva" PDVSA aún no haya recuperado su producción a los niveles pre-paro de 3,3 millones b/d. Sin embargo, el Gobierno se ha negado a admitir que la estatal no ha tenido la capacidad técnica ni gerencial para recuperarse. Y, por el contrario, ha estado mintiendo descaradamente sobre los niveles de producción y de exportación petrolera.
Según la OPEP, Venezuela produjo 2,4 millones de b/d en 2008 y 2009. Si a éstos barriles se le restan los 600 mil b/d estimados de consumo interno, se estima que en 2008 y 2009 las exportaciones petroleras de Venezuela estaban en el orden 1,8 millones de b/d, y no los casi 2,5 millones de b/d que afirma PDVSA.
De ser cierto esto, PDVSA habría sobreestimado las exportaciones de 2008 en $30 millardos, y las de 2009 en $15 millardos.
Y las mentiras no paran allí. Se presume que estos ingresos ficticios se han venido compensando en la salida también forzada de la Cuenta de Capital y Financiera, que para 2009 registró $11 millardos.
No obstante, más importante que el déficit de la Balanza de Pagos, es que las mentiras han hecho que se pierda la confianza en las cifras del Banco Central, y con ello sólo le queda a los venezolanos jugar De tín marín de-dó pin-güé para decidir en cuál creer y en cuál no.

Estado de indefensión

La avanzada del Gobierno de Hugo Chávez en contra de la propiedad privada sigue su curso contra viento y marea, sin respeto a ley alguna.
En esta oportunidad las víctimas del arrebatón chavista son los padres de la periodista, Valentina Quintero, muy conocida por su loable promoción al turismo endógeno y al de aventura.
Según denunció a la prensa Valentina Quintero, este sábado 6 de marzo se concretó la villanía en contra de la propiedad rural de sus padres en el poblado de Caruao, en el Estado Vargas, la cual fue invadida y quemada por un grupo de violentos invasores.
El acoso contra la propiedad de la familia Quintero comenzó el 28 de febrero, cuando un grupo, enviado supuestamente por el consejo comunal de la zona, reclamó esas tierras aduciendo que construirían en ellas unas 60 viviendas.
A la familia Quintero no le valió de nada presentar la titularidad que demostraba que los terrenos los habían comprado al Estado hace 15 años. No le valió de nada que el Consejo Comunal negara su apoyo a los invasores. Tampoco tuvo ningún valor para parar el vandalismo que el procurador del Estado Vargas tratara de intermediar con los invasores, ni que les señalara a éstos que al haber destruido las plantaciones frutales, los sembradíos de hierbas y otras vegetaciones, habían cometido un delito ambiental. La violencia y la barbarie tampoco la detuvo la Guardia Nacional.
Este sábado quedó consumado el despojo de una más, de las miles de propiedades privadas que se ha concretado en estos once años de anarquía planificada desde los mandos gubernamentales. Ante la ausencia de instituciones a las cuales recurrir para hacer respetar sus derechos, a la familia Quintero no le queda más salida que abandonar su propiedad so riesgo de perder incluso su vida.
Los Quintero son uno más de los miles de venezolanos que están en completa indefensión de sus derechos. Cientos de casos similares se registran en todo el territorio nacional, desde Santa Elena de Uairén hasta Machiques de Perijà y Paraguaipoa. Son casos que repercuten muy poco en la opinión pública, tal vez por miedo a mayores represalias o porque no tienen el acceso a los medios de comunicación.
Para colmo, igual que otras zonas, ahora Caruao pasará a ser una comuna, que según los invasores, llegará hasta las cercanías de la costera población de Chuspa. De ser cierta esta información, se le asestaría otro duro golpe al ya deprimido y anarquizado Estado Vargas, en especial al turismo en la zona.
En fin, la ausencia de un Estado de Derecho y de un sistema de justicia imparcial está reduciendo a nada los derechos de los venezolanos, sumiendo al país en el caos y la anarquía.

Tanta unidad como sea necesaria

El 31 de octubre de 1958, cuando el país apenas superaba los aciagos años de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, los líderes de los tres principales partidos políticos de entonces (AD, Copei y URD) firmaron un acuerdo para darle sustentabilidad al incipiente, y aún inestable, sistema democrático que se buscaba instaurar en el país. Este pacto, llamado de Punto Fijo, con su defensa a la constitucionalidad y al derecho a gobernar conforme al resultado electoral, su declaración de principios y un programa mínimo de Gobierno, detuvo por casi 34 años las ambiciones militaristas que querían imponer otra bota dictatorial en Venezuela.
Hoy el país vive una disyuntiva similar a la de los años 50: permitir el avance de la dictadura o retomar el rumbo democrático.
El 26 de septiembre, fecha de los comicios parlamentarios, es clave para definir el rumbo que seguirá Venezuela, no sólo en lo político, sino en el orden socio económico e incluso en la sobrevivencia o no de las más elementales libertades ciudadanas.
Este escenario obliga que la dirigencia política, tanto la que se aglutina en la mesa de la unidad democrática como la que sigue insistiendo en mantener su independencia, logre acuerdos lo suficientemente realistas, dinámicos y amplios para copar los espacios parlamentarios que hoy están en manos de Hugo Chávez.
El problema es que hoy un importante sector de esos políticos aún sobreestiman su capacidad de captar con votos la voluntad popular. Y, peor aún, estos dirigentes sobreestiman a un habilidoso contendiente, que con un pico de oro y unas arcas llenas, sumados a una ley hecha a la medida y a un CNE sumiso, podría modelar a su antojo los resultados de los comicios de septiembre.
Se sabe que la tarea no es fácil, pero más difícil se torna si a esto se le aúna el que priven sobre los intereses del colectivo nacional, intereses grupales y personalistas de todo tipo.
Por ejemplo, no ayudan en nada al interés colectivo que busca la democracia las escenas violentas de este fin de semana en Valencia entre los grupos opositores, además de que no resuelven las naturales diferencias que puedan existir. Tampoco suma a la unidad democrática la "viveza" de Primero Justicia de inscribir un partido en el CNE con el mismo nombre del que viene promoviendo el dirigente Leopoldo López. Ni aporta beneficio alguno que los dirigentes tradicionales estén autopostulándose como candidatos por listas, a sabiendas que, según la nueva Ley Electoral, éstos son los que tienen asegurado salir como diputados.
Es lamentable que todavía muchos "líderes" de la oposición política demuestren con su actitud divisionista e individualista que no han entendido cuán grave es la situación del país.

¿Justicia selectiva?

En Venezuela la justicia parece que se está aplicando de manera selectiva en contra de objetivos clave y con toda discrecionalidad.
El 24 de febrero la Sala Político Administrativa del TSJ, presidida por la magistrada Evelyn Marrero Ortiz, publicó una sentencia que revive la crisis bancaria de 1994-1995. Cabe recordar que la magistrada Marrero fue quien avaló en 2007 el decomiso ilegal de los equipos de RCTV, que le dieron en "préstamo indefinido" a la oficialista TVES, el canal que ocupó ilegalmente el espacio radioeléctrico del canal de Bárcenas.
La ponencia del magistrado Emiro García Rosas habla que en enero de 2006 el Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade) intentó una demanda por "conducta negligente" en contra de la Junta Directiva del Banco Latino, de los miembros de la Junta Interventora del Banco Latino y de la sociedad mercantil Inversiones Banhoc C.A.
En esencia, el dictamen del TSJ declara que en la acción que inició Fogade en 2006, once años después de la crisis bancaria, "no discurre la prescripción extintiva".
En consecuencia, el Tribunal declaró, procedentes las medidas cautelares solicitadas por Fogade en contra de los miembros de la Junta Interventora del Banco Latino C.A., Gustavo Roosen, Jacques Vera, Celso Domínguez, Edgar Dao y Germán García Velutini, y en contra de la sociedad mercantil Inversiones Banhoc C.A. El dictamen trae una medida de embargo preventiva de bienes muebles por Bs.F.580,6 millones, así como la prohibición de enajenar y gravar sus bienes inmuebles. Cabe aclarar que en la sentencia publicada no se hace referencia a medida alguna en contra de los ex miembros de la Junta Directiva del Banco Latino.
En 1994-1995, cuando aconteció la crisis bancaria, estaba vigente la Constitución de 1961. Y según esta Carta Magna y las leyes vigentes en ese entonces, la acción del demandante ya estaba prescrita, aún cuando la ponencia del TSJ recurra desenfadadamente a rebuscadas argumentaciones para aceptar la demanda de Fogade.
Adicionalmente, cabe recordar que aunque la Constitución de 1999 establece la no prescripción de los presuntos delitos que atenten en contra de la cosa pública, también ratifica que en ningún caso las leyes pueden aplicarse con retroactividad. En este caso todo indica que se está aplicando de forma retroactiva una de las reformas de la norma constitucional.
Hay quien opina que decisiones de este tipo traerían la intencionalidad de seguir desprestigiando selectivamente a ciudadanos honestos en una especie de purga quirúrgica del sector privado.

El fiel de la balanza

El 26 de septiembre se elegirán los 165 integrantes de la Asamblea Nacional y sus respectivos suplentes, dos diputados menos que los electos en 2005.
Esta elección se desarrollará bajo la nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales, LOPE promulgada el 12 de agosto del 2009, que entre otras modificaciones, rompió con una regla de oro democrática: Que la conformación de los circuitos electorales debía tener un peso electoral similar, para que cada candidato a ser electo tuviera parecidas bases de electores, así como igualdad de oportunidades.
La LOPE, además, definió que los circuitos electorales se pueden integrar no sólo con municipios, distritos y parroquias continuos a discreción, sino que también incorporó a las comunas o comunidades en ellos. Peor aún es que le dio amplias facultades al CNE para mover, conformar y rediseñar a su antojo los circuitos electorales. Cabe acotar que una de las variables clave en las elecciones de cuerpos colegiados como la Asamblea Nacional es la magnitud del circuito, donde lo importante no es cuántos electores viven en el circuito, sino cuántos representantes se eligen en él.
En enero, la aplastante mayoría chavista del ente electoral anunció la conformación de los nuevos circuitos electorales que regirán en las parlamentarias de septiembre. Y como era de esperar, dada la vocación de Chàvez y sus acólitos de eternizarse en el poder, el nuevo mapa de los circuitos electorales le colocó otro obstáculo más al sector democrático para reconquistar los espacios legislativos.
Para ilustrar: Si se aplica el promedio histórico del peso electoral de las últimas cuatro elecciones y se usa la configuración de la Asamblea Nacional de 2005, el chavismo obtendría 110 escaños. Usando el mismo promedio histórico y sólo con la restructuración que hizo el CNE en algunos circuitos electorales en los estados Barinas, Dtto. Capital; Aragua; Carabobo; Lara y Miranda, el chavismo obtendría 10 escaños más.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que ésta es sólo una de las variables que impactarán el resultado electoral de septiembre y que también parece ser cierto, que existe un número importante de circuitos donde aplicando el promedio histórico el chavismo ganaría con menos del 55%. Se piensa que si en esos circuitos, la oposición fuera con candidatos unitarios, con un mensaje creíble y una buena campaña, el fiel de la balanza se inclinaría a favor de la democracia.

Radiografía de la agonía de un país

La comunidad internacional le pone cada vez más cerca la lupa al Gobierno de Hugo Chávez.
Pero, el Gobierno de Chávez sigue impertérrito en su escalada de violaciones de las garantías constitucionales, sin importarle que el Estado de Derecho y el Sistema de Justicia sean en Venezuela una triste pantomima.
Un repaso de algunos de los hechos más notorios de los últimos días revela la triste radiografía de un país en agonía.
La declaratoria de utilidad pública de la zona industrial 1 de Barquisimeto, para intentar darle un piso legal a la expropiación de los terrenos de empresas Polar, es un claro ejemplo del uso hegemónico del poder para echar al basurero los derechos a la propiedad, a la libre determinación de la actividad económica y al trabajo. Al igual que lo fue la orden "exprópiese" emitida por el mandatario a viva voz en la Plaza Bolívar, que afectó comercios y propiedades emblemáticas como el Edificio la Francia.
La violación del derecho a la información y a la libertad de expresión se evidencian fehacientemente en: 1) La vendetta del Gobierno contra Radio Caracas, al negarle a este grupo empresarial el permiso para incorporar a la televisión por cable a RCTV Internacional como Productor Nacional Independiente, y a RCTV Mundo como canal de producción internacional. 2) Las medidas de coerción que se ejercen en contra de las emisoras de radio, entre ellas, la orden de Conatel para que Victoria 103.9 FM reduzca 90% su potencia, privándola así de prestar un servicio público de información vial a varias comunidades. 3) La apertura de una investigación por supuesta incitación al odio, en contra del dirigente opositor Oswaldo Álvarez Paz, por unas declaraciones emitidas en Aló Ciudadano (Globovisión), y la consecuente citación a todo el equipo de Aló Ciudadano, para comparecer ante el Ministerio Público el lunes 15 de marzo.
A esto se le suma la violación al derecho al estudio plasmado en el caso de David Pernía, el estudiante de la Universidad Pública, UNEFA-Táchira, a quien se le estaría impidiendo culminar sus estudios de ingeniería por retaliaciones políticas. Pernía, fue agredido físicamente por las máximas autoridades de la UNEFA, mientras estaba encadenado y en huelga de hambre.
Mientras esto acontece, el país oye con estupor como concejales oficialistas del Municipio Iribarren de Barquisimeto proclaman a viva voz que si tienen que convertirse en delincuentes para defender su "revolución", se convertirán. Y observa estupefacto como los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, realizan una hábil maniobra para autootorgarse una jugosa jubilación temprana, mientras le garantizarían a Hugo Chávez el control del Poder Judicial hasta 2022.

Censura casual

En Venezuela desde hace un tiempo suenan las amenazas contra Internet, uno de los últimos reductos de expresión libre que le quedan al país.
Este fin de semana, el mandatario arremetió frontalmente en contra de Internet y espetó desde un acto del PSUV que "Internet no puede ser una cosa libre donde se haga y se diga lo que sea, cada país tiene que poner sus reglas, sus normas". Aseguró que las páginas web "no pueden ser libres para decir lo que te dé la gana", obviamente haciendo referencia a las páginas que disienten o son críticas a su política dictatorial. Es bien sabido que en los portales oficialistas, al igual que sucede con otros medios de comunicación supeditados a Miraflores, no existen cortapisas para agredir a los ciudadanos, especialmente a cualquier oponente a Chávez.
La excusa para esta embestida, habría sido una información falsa publicada en Noticiero Digital por dos foristas recién inscritos en el portal unos minutos antes y que posteaban por vez primera en él. ¡Qué casualidad!
También pareciera que fue una casualidad que el mandatario fuese informado de estos escritos falsos estando en el acto del PSUV. Y que ni corto ni perezoso no sólo lanzara su sentencia a muerte a la Internet libre, sino que ordenara a la Fiscalía General de la República de abrirle averiguación a Noticiero Digital. Lo lógico y ajustado a derecho hubiera sido abrir una averiguación a los foristas que escribieron la falsa noticia y no al medio.
Pero ésta es la crónica de una muerte anunciada, y por las últimas declaraciones del mandatario, pareciera que la censura a Internet ya pasó de amenaza a ser una estrategia del Estado socialista en consolidación.
Desde 2009 ya se venían viendo las intenciones del Gobierno con este medio de expresión en línea, cuando se echaron las primeras bases para una posible intervención de Internet con la reforma de la Ley de Telecomunicaciones.
Más recientemente, a principios de febrero, el mandatario llamó desde el canal del Estado VTV a armar una "contraofensiva en la red", para contrarrestar los nocivos efectos de las redes sociales Tiwtter y Facebook. Medios que utilizan los agobiados venezolanos para sortear la destrucción de espacios radiales y televisivos independientes y el bombardeo de las largas horas de cadenas nacionales del Presidente.
Otra aparente "casualidad" fue que el viernes 12 de marzo, el presidente de CANTV, Franco Silva, anunciara que se estaba estudiando la posibilidad de poner un "punto único de acceso a Internet" que le da todo el control al Gobierno, de manera similar al que se tiene en Cuba, China, Corea del Norte, Irán o Belarús.
A esas "casualidades" se le suma el que esta embestida en contra de Internet libre se da a pocas horas de la llegada al país de uno de los dictadores modernos más agresivos del mundo, el presidente de Bielorusia, Alexander Lukashenko, con quien Chávez viene estrechando relaciones. Tal vez, para el 4 de abril, cuando llegue el primer ministro ruso, Vladimir Putin, en Venezuela, casualmente ya todo esté consumado y el Internet libre comience a ser otro derecho en pasado para los venezolanos.

¿Dime con quién andas?

Este martes 16 de marzo llegó al país el último dictador de Europa, Alexander Lukashenko, el mandatario de Bielorrusia.
Fue recibido muy calurosamente por su homólogo venezolano, Hugo Chávez, fue declarado huésped ilustre y recibió las llaves de la ciudad de Caracas de manos del alcalde del Municipio Libertador, Jorge Rodríguez.
La trayectoria de Lukashenko en el poder arranca en 1994 cuando es electo presidente de Bielorrusia, con la promesa (hoy incumplida) de combatir la corrupción y de lograr reformas laborales.
Su primer mandato, de cuatro años, fue extendido a seis luego de un referendo. Al término de esta extensión, en 2001 se lanza de nuevo a la reelección y gana las elecciones, en medio de severos cuestionamientos por ventajismo descarado. En 2004, llama a un nuevo referendo, reforma la Constitución y se aprueba la reelección indefinida. En 2006 de nuevo va a elecciones, y no permite la observación internacional. Las acusaciones de fraude por parte de la oposición y de organismos internacionales no se hacen esperar. En abril de ese mismo año, la Unión Europea le prohibió la entrada a la comunidad por "las violaciones de los estándares electorales internacionales".
Con plenos poderes presidenciales, Lukashenko disolvió el Parlamento, para luego controlarlo en su totalidad. Con una brutal fuerza represora ha perseguido a los disidentes, lo cual ha debilitado y ha atomizado a la oposición. Hoy se cuentan por decenas los presos políticos.
El Gobierno de Bielorrusia está acusado por violar los derechos humanos. En el país no se permite la libertad de expresión y los medios de comunicación están controlados por el Estado. A mediados de este año entrará en vigencia un decreto que contiene importantes restricciones de Internet porque, a entender de su mandatario, la red está llena de páginas hostiles hacia el país, y se requiere frenar la anarquía en Internet.
Hoy Bielorrusia es uno de los seis "bastiones de la tierra" y es el único país de Europa donde existe la pena de muerte. Y su economía está controlada al estilo de la extinta unión Soviética.
Para Lukashenko, Estados Unidos y la Unión Europea son potencias que se encuentran en estado de histeria y apoyan a sus opositores.
Cabe recordar que ésta no es la única relación de Chávez con adalides del despotismo y la barbarie. Chávez también ha manifestado su afecto hacia Vladimir Putín de Rusia, quien visitará al país el 4 de abril. Y ha abrazado al dictador de Zimbabwe, Robert Mubage, así como al de Irán, Mahmoud Ahmadinejad (hoy en la mira de la comunidad internacional por ser considerado una amenaza para la paz mundial). Esto sin mencionar su entrega incondicional a Fidel Castro, el longevo dictador de Cuba.
Es público el apoyo de Chávez a las FARC, el grupo narcoterrorista colombiano para quien pidió reconocimiento internacional hace varios años. Y según la Audiencia Española esta simpatía del mandatario hacia fuerzas terroristas extranjeras se extendería hasta la temida organización vasca, ETA.
Dime con quién andas y te diré quién eres.

Retroceso histórico

En las últimas décadas del Siglo XX, Venezuela alcanzó el logro de la descentralización. La elección popular acercó a los mandatarios regionales, municipales y parroquiales a las necesidades de sus vecinos y obligó a la rendición de cuentas.
Con la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, promulgada el 22 de febrero de este año, se le da al proceso democrático de descentralización una estocada final, y se obliga a un retroceso histórico a las regiones.
La Ley pone bajo el mando directo del Presidente de la República el destino y el manejo de los recursos de las regiones. Se pretende con esta ley invalidar a las gobernaciones, alcaldías, concejos municipales y juntas parroquiales, para sustituirlas por organizaciones del "poder popular," entre las que se contempla una gama de estructuras como las comunas, comunidades socialistas y diferentes colectivos (léase grupos caracterizados por su violencia y anarquía, como La Piedrita, los Tupamaros, o Alexis VIVE).
Gracias a esta Ley, Hugo Chávez toma el control de las regiones, a través de los nuevos "Distritos Motores de Desarrollo", es decir las nuevas unidades territoriales que decretará el Ejecutivo Nacional y que responderán a un modelo de desarrollo "sustentable, endógeno y socialista". Y aunque, entre los objetivos de estos distritos estaría el de fortalecer al poder popular, la designación de la "autoridad única distrital", la convocatoria de los consejos federales de Gobierno, la asignación presupuestaria y todo su funcionamiento quedan totalmente bajo la égida presidencial.
Si la Ley es retrógrada y perjudicial a los intereses de la población, el Reglamento de la Ley, publicado en Gaceta Oficial del 9 de marzo, es aún peor, pues en él se ponen de manifiesto en toda su magnitud las graves implicaciones que esta legislación tiene para los derechos de propiedad privada del venezolano.
El reglamento introduce una definición muy sui géneris del socialismo endógeno que Chávez aúpa. Según éste se requiere el desarrollo de la "propiedad social", donde se extingue el derecho constitucional de disposición del patrimonio de los ciudadanos. De prosperar este objetivo, ya ni su casa será su casa.
También se define la Comuna, una entelequia que no está contemplada en la Constitución, como el espacio socialista que integra comunidades vecinas y que va en concordancia con el régimen de producción social y del modelo de desarrollo endógeno.
Pero, son los artículos 4, 44 y 46 del Reglamento de Ley los que aclaran realmente la magnitud de las implicaciones legales en toda su extensión.
En dos platos, allí se establece que la función planificadora del Consejo Federal de Gobierno será desarrollar "orgánicamente todo el territorio nacional bajo criterios de desarrollo endógeno, sustentable y socialista". Es decir, un comité nombrado por Hugo Chávez, por tanto obediente a sus órdenes, podrá cambiar la estructura político-económico y geográfica del Estado, dejando como fútiles adornos las autoridades regionales electas por el pueblo.

¿Cultura en tierra arrasada?

Ya es público y notorio que el Gobierno de Hugo Chávez está tomando por asalto y está devastando a los sectores productivos, a los medios de comunicación de libre expresión y a los derechos humanos de los venezolanos. Lo que tal vez ha sido poco percibido por la opinión pública es la política de tierra arrasada que también se está aplicando en el sector cultural del país.
Entubado en su proyecto político, el Gobierno se empeña en imponer un pensamiento monolítico en torno a una ideología revolucionaria "endógena" que va en contrasentido con la diversidad cultural y multiétnica que caracteriza y revaloriza al venezolano. Al igual que lo que acontece en otros sectores, nada ha importado que ello signifique el desmembramiento del sector cultural, ni que con esto se reduzca a un nivel caricaturesco desde la institucionalidad hasta la infraestructura que soporta la expresión artística y cultural del país.
Un reflejo de este deshacer en materia de expresión cultural y artística está sintetizado en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, el cual desde que Chávez sacó a Sofía Imber de la dirección del Museo ha venido de capa caída. Hoy no es ni la sombra de ayer.
Otra institución que ha sufrido los embates revolucionarios es el Teatro Teresa Carreño, otrora uno de los más monumentales teatros de América Latina. Hoy el TTC está arruinado por la mala gerencia, con un personal altamente desmotivado y politizado, y dedicado casi con exclusividad a albergar los maratónicos actos proselitistas del mandatario. Las grandes obras teatrales, conciertos, ballets, o los eventos gerenciales de proyección internacional son apenas un recuerdo.
También es ingrato recordar la manera cómo el Ateneo de Caracas fue desalojado de su sede tradicional y echado a su suerte por razones meramente políticas.
Más recientemente, el Gobierno la emprendió en contra del Ballet Contemporáneo de Caracas, al cual no sólo desalojó de la sede que ocupaba desde hace 17 años en el Teatro Alberto Paz y Mateos sino que le negó para 2010 su aporte presupuestario. La Mesa Técnica del Gabinete Cultural de Caracas argumenta que el Ballet "no está dentro de los lineamientos de las políticas culturales", y que además, éste "no presenta un real impacto social y comunitario", con lo cual obvia que el programa social comunitario ConectArtes- en a Danzar del Ballet Contemporáneo ha beneficiado a más de 245.000 niños y maestros.
Lo cierto es que, en lo que se refiere a expresión cultural y artística, el país ha involucionado. En este sector priva la exclusión por razones políticas, la dilapidación de recursos y mediocres shows propagandísticos sin profundidad de contenido y carente de pensamiento crítico.
De este marasmo revolucionario sólo pareciera salvarse el Sistema de Orquestas y la Orquesta Infantil de Venezuela, y eso porque la excelencia de éstas le sirve de pantalla al Gobierno para mostrar "logros" a nivel internacional.

Mal pilotaje y, ahora, un mal diseño

Cuando un avión cae su caja negra siempre revela si la causa de la caída fue por defectos de diseño de la aeronave, por la falta de mantenimiento, o por errores del piloto.
De manera similar, cuando se analiza la crisis actual del sistema financiero venezolano, que ya ha cobrado la intervención de 11 entidades bancarias y más de una docena de casas de bolsa y de corretaje, se puede entender que la misma se debió a errores de los pilotos.
Es obvio que la responsabilidad no es de las leyes que regulan el sistema, pues a pesar de que éstas no son las más modernas del mundo, sí son lo suficientemente claras para cumplir su función. Además se observa que, en general, las entidades bancarias del país están bien gerenciadas y solventes.
El problema en esta crisis se debe, muy particularmente, a que Sudeban y la Comisión Nacional de Valores, las instituciones que supervisan y regulan al sistema, no cumplieron a cabalidad con sus obligaciones. Y estas omisiones se deben, en buena medida, a que el Presidente de la República y la Asamblea Nacional designaron con criterios políticos a los cargos directivos, obviando experiencia, competencias, capacidad técnica y gerencial. Y, para añadidura, estos funcionarios carecían de autonomía en la toma de decisiones, y tenían que ser obsecuentes con la línea de mando de Miraflores.
Con la nueva Ley Orgánica del Sistema Financiero, aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional, la crisis podría agravarse ya que a los defectos del pilotaje de hoy, se le sumarían los defectos de diseño de la nueva legislación que haría al sistema menos eficiente y más caótico.
Entre otros errores, la ley en discusión es más centralizadora y discrecional en la toma de decisiones. Además, la propuesta de Ley genera mayor burocracia al crear un nuevo Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN), cuyas competencias lo colocan por encima de Sudeban: "El OSFIN regulará, supervisará, controlará y coordinará todas las instituciones que conforman el sistema". Este nuevo órgano rector estaría comandado por el Ministro de Finanzas, el Presidente del Banco Central y tres directores que nombraría a dedo Hugo Chávez.
Un error más grave es que la Ley propone que se elimine a los grupos empresariales financieros. Por ejemplo, si se prohíbe que un mismo grupo tenga acciones en compañías de seguro, o en sociedades de corretaje, se atomizaría el sistema y se destruirían las fortalezas, eficiencias y sinergia que aportan estas corporaciones.
A estos errores se le agrega la propuesta de ampliar el concepto de gavetas obligatorias, para establecer la cobertura crediticia a los organismos del nuevo poder popular y a las comunas, con los cuales el Sistema Financiero Nacional tendría que crear "vínculos de carácter obligatorio" a través del OSFIN.
Este cúmulo de nuevos errores, sumado al opaco manejo supervisorio, pone bajo amenaza la estabilidad y competitividad del sistema financiero, y en riesgo la salud del bolsillo del venezolano.