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El "socialismo" de Chávez apaga a Venezuela

El Gobierno de Hugo Chávez queda, como el emperador del cuento, cada vez más al desnudo. Cada día se le hace más difícil encubrir el desastre que ha provocado en Venezuela con su mal llamado Socialismo del Siglo XXI.

En estos primeros 12 días de 2010, ha tenido que recurrir a una violenta devaluación de la moneda, anunciada el viernes 8 de enero, a pesar de haber estado renuente a hacerlo por más de cuatro años. Y ahora, este martes 12 de enero, a la oficialización de la debacle eléctrica a la que se enfrenta al venezolano con el anuncio que hiciera el Ministerio de Energía Eléctrica, conjuntamente con las empresas filiales de la estatal Corporación Eléctrica Nacional, de "un plan especial de racionamiento eléctrico que abarcará todo el territorio nacional, y contendrá suspensiones del servicio por un máximo de cuatro horas" cada región.

Las argumentaciones de las autoridades del sector eléctrico son, por decir lo menos insólitas, en un país que viene de un período prolongado de altos ingresos petroleros. Aduce el Ministro de Energía Eléctrica que con el anunciado apagón al que someterán a discreción a todas las regiones de Venezuela "buscan generar un proceso de ahorro y racionamiento que permita mantener al país activo, pues de no hacerlo el descenso en los niveles del Guri podría llevar al país a una situación muy grave a finales del mes de febrero". Y explica, descaradamente que, están "tratando de evitar" que el embalse de El Guri, del cual depende 70% de la generación eléctrica del país, llegue a niveles críticos y genere "un apagado general del país".

Lo más grave y trascendente es que esta crítica situación del suministro de electricidad, no es sólo producto de más de 10 años de desinversión, de falta de planificación y de un total abandono de un programa coherente y sostenido de mantenimiento, sino el hecho de que el Gobierno siga dando patadas de ahogado negándose a rectificar en la perniciosa manera cómo viene manejando al país.

El Gobierno de Chávez es responsable de no haber hecho, en estos dos largos períodos que tiene controlando todo el aparato estatal, inversiones para el desarrollo (o al menos para haber mantenido los niveles de 1999) de la capacidad de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

Al respecto, vale traer a colación las declaraciones que diera este lunes a El Nacional, el doctor en ingeniería eléctrica y profesor de la Universidad Simón Bolívar, José Manuel Aller, donde éste asegura que "en los últimos 10 años el sistema energético nacional acumula una desinversión" de $20 millardos, aproximadamente y de unos 20.000 megavatios.

Peor aún es que, en vez de asumir su responsabilidad en la debacle a la que ha sumido al sector, el Gobierno insiste en escabullir el bulto y decir que la misma se debe al fenómeno atmosférico de El Niño, o al irresponsable consumo de electricidad de la población, argumentos ridículos que se vienen abajo con una sola foto de las colapsadas turbinas en el Guri o Planta Centro, o con los informes de alerta de la grave situación que diferentes especialistas vienen haciendo desde hace años. Hoy la población paga las consecuencias la ser castigada con la oscuridad y con la merma de la calidad de vida.

La realidad, ya en evidencia e inocultable es que el proyecto de gobierno que Chávez ha querido implantar a la fuerza y contra una gran mayoría de venezolanos sólo ha acumulado fracaso tras fracaso en todas las áreas de desarrollo vitales para la población.

. Disponible en inglés en: http://www.veneconomy.com a partir de las 4:00 p.m.

Metidos en el tremedal

Enfrentado a la cruda realidad del deterioro del sistema eléctrico nacional, generado por casi una decena de años de irresponsable falta de gerencia y ceguera política, al Gobierno no le quedó más remedio que anunciar un dantesco plan de racionamiento de electricidad que postrará en la oscuridad a todo el país.

Así de golpe y porrazo los venezolanos se enteraron oficialmente este martes 12 de enero, que todo el país se va a ver afectado por una ruda medida de racionamiento de electricidad que degradará la calidad de vida de los ciudadanos y destruirá, aún más si cabe, la red industrial y productiva de Venezuela.

Pero, ya es llover sobre mojado seguir explicando que ha sido Hugo Chávez y su visión de socialismo a la cubana lo que ha hundido a Venezuela en un tremedal de miseria e infortunios.

Sin embargo, cualquier análisis de la situación debe pasar por fijar las responsabilidades gerenciales y personales de todos los que permitieron que un país rico en recursos hídricos, energéticos y luego de una prolongada etapa de altos ingresos fiscales llegara a estos extremos de crisis eléctrica.

Tampoco se puede dejar de mencionar que, una vez más, las medidas de solución que propone el Gobierno han sido tomadas: 1) de manera inconsulta, a espaldas de los intereses del país; 2) de forma desarticulada con los diferentes sectores de la población; 3) sin coordinación incluso con los gobiernos regionales y municipales; 4) con todos los indicios de improvisación y por tanto, de ser inviable; y 5) sin instrumentar eficientemente los canales de información masiva para alertar con tiempo a la ciudadanía a fin de que ésta tomara las previsiones necesarias para afrontar las medidas con el mínimo costo posible.

Montados en esta carreta de adversidad e indigencia tocará a los venezolanos arrearla con firmeza, creatividad, buscando opciones y soluciones que hagan menos traumática la situación para todos.
Aún a riesgo de que el Gobierno de nuevo haga oídos sordos a las sugerencias de quienes no están subordinados a su proyecto político, VenEconomía quiere dejar planteada algunas sencillas propuestas que podrían ayudar a paliar el trauma de estas medidas:

Es indispensable e inaplazable una concertación y articulación en la práctica de las acciones del Gobierno Central(o Ejecutivo) con los gobiernos regionales, municipales y parroquiales y el sector privado de la economía. Cada uno con su experiencia y sabedores de las necesidades de la población puede aportar ideas que mitiguen el impacto negativo y ayudar a la normalización de las actividades diarias.

También sería preciso volver al huso horario anterior, y sincronizar las actividades cotidianas con la luz solar y así minimizar el uso de la luz eléctrica.

Emprender una campaña de concientización de uso racional de la electricidad por parte de los ciudadanos.
Pero tal vez la más trascendente sería que el país retome la vía de la producción, la inversión productiva, el mantenimiento sostenido y la capacitación del capital humano.

Recordamos que Martin Luther King sostenía que sólo hay dos maneras de afrontar una situación adversa: reaccionar con amargura o transformarla en una fuerza creativa. Luther King escogió la última.

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Rojo y Negro

Parece que sin habérselo propuesto, el Gobierno hoy se encuentra aplicando un esquema muy similar al empleado durante el Gobierno de Luis Herrera Campins. El 18 de febrero de 1983 (el "viernes negro") se instauró un sistema de cambios múltiples para la venta de divisas, Bs.4,30:$ para importaciones esenciales y deuda externa y Bs.6;00:$ para las no esenciales. Además, en aquel entonces se permitió la existencia de un mercado libre.

Durante ese período, el BCV intervino en el mercado cambiario a través de diversos mecanismos: 1) Adjudicación directa a bancos comerciales y casas de cambio. 2) A través de la Bolsa de Valores de Caracas (BVC). 3) Bajo operaciones secretas a través de instituciones externas (BIV, sucursal NY, FED). y 4) De la Mesa de Cambio.

Hoy, el Convenio Cambiario N°14, legaliza la existencia de, al menos, cuatro tipos de cambio: 1) Bs.F.2,60:$ para importaciones de alimentos y del sector público esencialmente. 2) Bs.F.4,30:$ para todas las demás operaciones. 3) Un mercado libre.

Pero, existe una pieza a la que se le ha prestado poca atención: El verdadero dólar petrolero, que estaría valorado a Bs.F:3,80:$ como consecuencia de la aplicación del artículo 5 del mencionado Convenio, donde se establece que el tipo de cambio de Bs.F.2,60:$, será aplicable para "al menos" la compra del 30% de las divisas petroleras por parte del BCV, con lo que el promedio válido para el sector petrolero pasa a ser Bs.F:3,80:$

En este nuevo sistema de tipos de cambio múltiples planteado, la única diferencia contra el de Luis Herrera, es que aquél fue motivado por una aguda crisis de Balanza de Pagos y en este caso las medidas las motivan las rojas cifras fiscales de un Gobierno que consume vorazmente los ingresos públicos... Y que (hasta ahora) falta el chinito.

La mesa está servida para el nuevo Recadi (hoy se denominaría Re-Cadivi).

En opinión de VenEconomía este esquema parece bastante estable para lo que resta del año y conseguirá llenar las arcas del Gobierno de los ansiados bolívares que requiere en esta etapa electoral.

El miércoles, el BCV hizo la primera subasta de bonos ofertando $50.000 a una tasa de cambio de Bs.F.5:$, la cual dejó una demanda insatisfecha diez veces mayor.

Sin embargo, no parece viable que esta intervención permita cerrar de manera efectiva el diferencial que existe entre la tasa de cambio del mercado paralelo y el mercado oficial, pues ello podría estimular una mayor utilización del mercado paralelo. La lógica dicta que si el diferencial entre ambos mercados es suficientemente pequeño (por ejemplo Bs.F.0,70:$), el importador se vería desestimulado a solicitar divisas a Cadivi, debido al tiempo y a los tramites que esto implica, además de la inseguridad acerca de cuándo y cuánto obtendría.

Además, existe un hecho crucial: Para un Gobierno ávido de control tanta libertad no es muy deseable.


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Derechos fundamentales en minusvalía

Esta semana que finaliza ha dejado aún más al descubierto la extrema minusvalía de los derechos humanos que sufren los venezolanos.

El drama del biólogo y productor agropecuario, Franklin Brito, lamentablemente sigue profundizándose luego de ocho años de penurias. En 2002, Brito se "atrevió" a diseñar un proyecto para unos sembradíos de ñame con una visión diferente a la del Alcalde de Sucre en el Estado Bolívar, del partido oficialista MVR, Juan Carlos Figarrella. La respuesta del aparato de Gobierno de Hugo Chávez a la propuesta de Brito, fue negarle a él y a su esposa el derecho a trabajar, arrebatarles sus tierras, su paz familiar, su derecho a protestar.

A Brito no le ha valido de nada emprender cinco huelgas de hambre ni el auto amputarse un dedo de su mano para que se le restituyan sus derechos. En estos ocho años con lo único que se ha tropezado recurrentemente es con promesas incumplidas por parte de los diferentes estamentos gubernamentales.

Hoy Brito está preso en el hospital militar por insistir en que se le respeten sus derechos. Ahora, el Gobierno pretende tirarlo al subterráneo mundo de la incapacidad mental. Lo más temible de este caso es el abuso de los poderes del Estado para tratar de subordinar a este ciudadano.

Son aberrantes, por ejemplo, las declaraciones que dio a la prensa la Fiscal General de la República al anunciar que no acataría una medida cautelar a favor de Brito que dictó hace pocos días la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz afirmó que Brito "está inhabilitado, tiene una disminución de su capacidad, es una persona con conductas no ajustadas a la normalidad a lo que clínicamente se considera una persona normal, es decir que mentalmente puede tener unas desviaciones". Según Ortega Díaz "la CIDH indudablemente no está en conocimiento de esto porque él no puede tomar ninguna decisión con la minusvalía que tiene; el tribunal decidió inhabilitarlo desde el punto de vista médico". Un manejo de la disidencia muy propio de la extinta Unión Soviética y de las peores dictaduras del mundo.
Ni sus familiares ni los médicos que venían tratando a Brito se explican este diagnóstico clínico de la Fiscal, Es más, lo rechazan por falso y porque no está fundamentado en exámenes clínicos.

Pero, el caso de Franklin Brito, es apenas uno entre cientos de casos de violaciones de los derechos humanos que se registran en la Venezuela actual, contra ciudadanos que han cruzado la frontera de lo permisible por el régimen de Chávez, para hacer crítica, disentir de sus decisiones, o incluso de la independencia en hacer cumplir la ley: El periodista Gustavo Azócar; los comisarios Vivas, Forero y Simonovis, y la juez María Lourdes Afiuni, también se cuentan entre ellos.

El caso Brito además demuestra la discrecionalidad del Gobierno, para responder según la conveniencia de sus intereses ante la protesta ciudadana. Mientras que a Brito, por ser un caso individual lo han "ruleteado" por años, el Gobierno echó para atrás el racionamiento eléctrico en Caracas debido a las protestas generalizadas de la población. ¿Fue el temor de que el descontento popular se le escapara de control?

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Sin EXITO no hay revolución

Las últimas medidas tomadas por el Presidente Chávez muestran claramente que el país está ya sumido en una dictadura, faltando poco para que sea dictadura comunista.

A inicios de su Gobierno, Hugo Chávez cuidaba con algún celo el que sus políticas "revolucionarias" guardaran la apariencia de legalidad y estuvieran más o menos en línea con la Constitución de 1999, que él mismo había impulsado.

Incluso, cuando dio comienzo a lo que se ha convertido en una sistemática destrucción de la propiedad privada, se hacía la pantomima de decretar la utilidad pública antes de expropiar un bien. Muchas veces usaba por mampuesto a supuestos grupos de trabajadores "revolucionarios", o se propiciaba desde instituciones del Estado a "invasores" oficiosos que servían la mesa al Gobierno para arrebatar propiedades a sus legítimos dueños.

Luego, con el paso de los años, al copar el chavismo los poderes del Estado y con la seguridad de impunidad que ello les brindaba a los funcionarios del Gobierno, se profundizó el quebrantamiento del Sistema de Justicia. Se comenzó así a diseñar "leyes" para darle el marco supuestamente legal a las expropiaciones, confiscaciones y rescates de empresas y tierras que, a discreción, decretaba el Gobierno. Son emblemáticos, y de triste recuerdo, los decretos zamoranos, las legislaciones como la Ley de Tierras y la Ley Contra el Acaparamiento y la Especulación, entre otras.

Hoy, la situación va de mal a peor. Los derechos de la ciudadanía valen menos que un cero a la izquierda. La constante en las actuaciones del Gobierno, es la violación de casi todos los preceptos constitucionales y las leyes, incluso las bolivarianas, o son ignoradas o son discrecionalmente interpretadas en pro de los intereses del proyecto del gobernante.

El principio de proporcionalidad de la pena quedó en el olvido. Empezando con eso de cerrar un negocio de 24-72 horas por supuestos delitos formales y sin respetarle al afectado sus derechos a la defensa y el debido proceso, ahora se decreta la "expropiación" a capricho de Chávez, sin existir justificación legal o económica alguna.

La última víctima de estos desmanes dictatoriales es la franco-colombiana Cadena de Hipermercados Éxito, empresa con más de 10 años en el país.

La orden de expropiar a Éxito, la dio Chávez en cadena nacional, debido a que ésta habría supuestamente remarcado algunos precios después de que el Gobierno decretara la devaluación del bolívar fuerte. De llevar a efecto la anunciada expropiación, los hipermercados Éxito pasarán a formar parte de la estatal Corporación de Mercados Socialistas (Comerso). Y en el mismo orden de ideas, el Presidente decretó la expropiación del Centro Comercial Sambil La Candelaria, cuyo único delito fue ser cien por ciento permisado por las autoridades locales.

Con esta forma de actuar, del Presidente se está garantizando que la economía no se recuperará en el 2010: habrá menos inversión, menos producción de bienes y servicios, menos empleo, más inflación y mayor pobreza, que son precisamente las consecuencias que cualquiera podría esperar de una dictadura comunista.

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Removiendo tumores


Esta semana, el Gobierno dio un nuevo paso en el proceso de limpieza del sistema bancario. Así, a última hora del lunes, la Superintendencia de Bancos (Sudeban) anunció la intervención a puerta cerrada, y la eventual liquidación, de tres pequeñas instituciones financieras: InverUnión, Banco Comercial; Banco Del Sol, Banco de Desarrollo y Mi Casa, Entidad de Ahorro y Préstamo, los cuales se dice que son propiedad de un grupo encabezado por Gonzalo Tirado.

Se considera que es positivo para el país la intervención de estas tres pequeños instituciones, porque apunta al saneamiento del sistema financiero. Esta medida viene a extirpar el tumor que se estaba enquistando en el sistema financiero venezolano al amparo de personajes del mismo Gobierno. Lo censurable de la medida es la tardanza del Gobierno en aplicarla.

Estas tres nuevas entidades financieras se suman a las siete instituciones bancarias de los grupos pro Gobierno de Ricardo Fernández Barrueco y Pedro Torres Ciliberto, intervenidas a finales de 2009. Al igual que las anteriores, estas tres entidades estaban sobredimensionadas y se soportaban con los depósitos del sector público; así cuando el Gobierno les retiró su apoyo, quedaron al desnudo con serios problemas de iliquidez.

Sudaban anunció que se encuentran garantizados mas del 95% de los depósitos de las tres entidades intervenidas. En parte, esto es consecuencia de la reforma de la Ley de Bancos realizada en diciembre de 2009, que incrementó las garantías de los depósitos de Bs.F.10.000 a Bs.F.30.000.

Sin embargo, no todo es color de rosas. En varios aspectos esta política tiende a tomar color de hormiga.

Por un lado, la reforma de la Ley de Bancos de diciembre aumentó exorbitantemente la prima que tienen que pagar los bancos por las garantías de los depósitos, de 0,5% a 3,0%, del total de los depósitos. A manera de comparación, en EE.UU. la garantía de los depósitos es de $250.000 y la prima es de escasamente 0,05% hasta 0,17%, según el ramo de actividad de la institución. Esta carga de 3,0% es onerosa para los bancos y perjudicial para los depositantes y para el sistema bancario. Sus efectos se reflejan en tasas de interés activas más altas, lo que hace más costoso el crédito; y tasas pasivas menores, que desalientan al ahorro.

Por otro lado, el Gobierno en vez de propiciar que estos bancos en crisis sean absorbidos porbancos privados más grandes, sólidos y eficientes, los está fusionando y pasando a manos de instituciones estadales, las cuales sencillamente adolecen de capacidad gerencial y técnica para su administración efectiva.

Sobran ejemplos de los malos (malísimos) desempeños y resultados que han tenido los bancos del Gobierno.

Para muestra basta con recordar al Banco Industrial de Venezuela, Banfoandes o el Banco del Pueblo.

No hay nada que indique que ahora, el recién creado Banco Bicentenario, donde se aglutinarían la mayoría de los bancos intervenidos, vaya a tener mejor destino.

En definitiva, quien pagará por estas malas decisiones y peores políticas serán los venezolanos, por los profundos daños que éstas ocasionarán a la economía del país.

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Avanza el abuso de la fuerza


El Gobierno de Hugo Chávez está pasando los límites de lo permisible en el abuso de la fuerza oficial en contra de toda disidencia.

Como en muchas otras áreas, en los inicios de su Gobierno, Chávez se esforzaba por mantener la apariencia de legalidad cuando lanzaba sus huestes oficiales y para-oficiales para reprimir las protestas.

Ahora tal parece que se ha quitado la careta que encubría su talante dictatorial, y está lanzado con mayor ímpetu al uso de la fuerza para someter a los ciudadanos que protestan por sus políticas comunistas.

Además, lo está haciendo de manera descarada y sin disimulo alguno, con la impunidad que le garantizan los funcionarios que tiene bajo su mando en todos los poderes públicos.

Solamente esta semana, se han registrado docenas de agresiones, entre las cuales se destacan tres por lo descarado y cínico.

La primera fue la agresión en contra de más de 60 estudiantes carabobeños, que habían desplegado cuatro pancartas durante el 5to. inning del juego Caracas-Magallanes con la leyenda: "3 strikes: luz, agua, inseguridad. Presidente, 'tas ponchao". La original protesta les costó a los estudiantes su expulsión del estadio y que salieran lesionados unos ocho de estos jóvenes, por el maltrato por parte de efectivos de la Guardia Nacional, de la Policía Militar y de miembros del Ejército de la Fuerza Armada Bolivariana (FAV).

En contraste, ninguna de estas fuerzas de seguridad del Estado estarán presentes esta semana para vigilar el orden público en la tradicional Feria de San Sebastián, que se celebra en San Cristóbal y que convoca a miles de turistas venezolanos y extranjeros. Sin justificación lógica alguna, el jefe de la Guarnición Militar de San Cristóbal, general Eusebio Agüero, dejó a la Fuerza Armada Bolivariana fuera del Operativo de Seguridad de la Feria 2010, a sabiendas que el Gobierno Nacional había desarmado a la Policía del Estado Táchira hace pocos meses, como parte de una política de presión contra el gobernador de oposición César Pérez Vivas. Esta es una clara muestra de la servidumbre de sus cuerpos armados al proyecto del Gobierno.

El segundo ataque fue impulsado en contra de los trabajadores de la Cadena de Hipermercados Éxito, cuando estos protestaban por la medida de expropiación que ordenara Hugo Chávez en contra de la Cadena.

A pesar de no tener ningún basamento legal para ejecutarla, este martes 19, el Gobierno tomó violentamente con la Guardia Nacional las instalaciones de todas las tiendas Éxito en el país, desalojando a empujones y con su acostumbrada agresividad a los trabajadores que intentaron protestar.

Y el tercer ataque del Gobierno contra un grupo de venezolanos, se registró en el Zulia, en las instalaciones del Mercado de Mayoristas MercaMara, cuando trabajadores del mercado protestaban la orden de desalojo y expropiación dictada a espaldas de la legislación vigente. En esta oportunidad, el ataque provino de grupos violentos del chavismo que actúan apoyados por el oficialismo. Y es que para el Gobierno maquiavélico, el fin justifica los medios, así estos sean la perversidad de enfrentar al pueblo contra el pueblo.

El uso en alza de la fuerza indebida y de la violencia contra los ciudadanos inermes está demostrando que es el Gobierno el que no tiene la razón.

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Reiterado y teledirigido

"Estimular y proteger a la producción nacional independiente" fue una de los tantos"objetivos" esgrimidos por el gobierno para "justificar" la promulgación, hace cinco años, de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte). Pero es ampliamente conocido que el propósito real del gobierno era el de limitar, o eliminar, la libre expresión, sobre todo cuando se trataba de las críticas a la actuación del gobierno. De allí que esta Ley es mejor conocida como la "Ley Mordaza".

Hace apenas un mes, se emitió una nueva regulación que confirma, y profundiza, las limitaciones a la libre expresión. Esa nueva regulación sub-dividió al grupo de canales de televisión de suscripción por cable, en dos grupos - los que son de producción extranjera y los que son de "producción nacional", siendo los últimos aquellos cuya programación incluye 30%, o más, de programas (y comerciales) producidos en Venezuela.

De allí, se procedió a dictaminar que los canales de cable clasificados como de producción extranjera siguen estando exentos de las restricciones de la Ley Mordaza mientras que los "de producción nacional" estarían sujetos a todos lo requerimientos de la Ley Mordaza, incluyendo la obligación de retransmitir las "cadenas" del Presidente Chávez. Y, para colmo, no podrán transmitir publicidad dentro de sus respectivos programas, sólo al principio o final de los mismos, lo que constituye otra desventaja adicional frente a los canales de señal abierta.

En todo caso, la medida tiene nombre y apellido: RCTV International; la heredera de la RCTV de señal abierta, cuya concesión fue retirada el 27 de mayo de 2007 por el Gobierno Venezolano, bajo la excusa de su supuesto vencimiento.

Ahora su señal por cable, cuya penetración en los sectores populares aumentó fuertemente luego de su inclusión en el mismo, también ve amenazada su existencia. Al no serle reconocida su condición de televisora internacional, a pesar de haber presentado una parilla de programación conformada por tan solo 29% de producción nacional y 71% internacional, se verá sometida a un "cierre técnico".

Pero aunque la medida fue expresamente diseñada para sacar del medio a RCTV International, ésta no es la única afectada. La reforma asesta un duro golpe a la producción nacional independiente. Muchos de los canales internacionales (Sun Channel: HBO, Sport Plus, Casa Club, Nickelodeon, etc.) habían establecido empresas de preproducción, producción y postproducción en el país. Ahora, bajo la amenaza de esta reforma se están mudando a otros países, como Colombia o Argentina.

Pero la "reforma" no se queda allí y también establece que el Gobierno se reservaría ocho canales del total ofrecido por cada servicio por suscripción, para garantizar la difusión de las señales oficiales.

Menos fuentes de ingreso para el mermado mercado de trabajo laboral venezolano que en el ámbito de los medios de comunicación ha sufrido duros golpes, entre los más recientes el cierre de unas 40 emisoras de radio y la confiscación de sus equipos a algunas de ellas. Además de las multas, juicios y restricciones que merman fuertemente su producción y mantienen al borde de la quiebra a algunos de ellos.

Pero lo más relevante de esta medida es que los venezolanos han sido privados una vez más de su derecho a estar informados.

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Reiterado y teledirigido

"Estimular y proteger a la producción nacional independiente" fue una de los tantos"objetivos" esgrimidos por el gobierno para "justificar" la promulgación, hace cinco años, de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte). Pero es ampliamente conocido que el propósito real del gobierno era el de limitar, o eliminar, la libre expresión, sobre todo cuando se trataba de las críticas a la actuación del gobierno. De allí que esta Ley es mejor conocida como la "Ley Mordaza".

Hace apenas un mes, se emitió una nueva regulación que confirma, y profundiza, las limitaciones a la libre expresión. Esa nueva regulación sub-dividió al grupo de canales de televisión de suscripción por cable, en dos grupos - los que son de producción extranjera y los que son de "producción nacional", siendo los últimos aquellos cuya programación incluye 30%, o más, de programas (y comerciales) producidos en Venezuela.

De allí, se procedió a dictaminar que los canales de cable clasificados como de producción extranjera siguen estando exentos de las restricciones de la Ley Mordaza mientras que los "de producción nacional" estarían sujetos a todos lo requerimientos de la Ley Mordaza, incluyendo la obligación de retransmitir las "cadenas" del Presidente Chávez. Y, para colmo, no podrán transmitir publicidad dentro de sus respectivos programas, sólo al principio o final de los mismos, lo que constituye otra desventaja adicional frente a los canales de señal abierta.

En todo caso, la medida tiene nombre y apellido: RCTV International; la heredera de la RCTV de señal abierta, cuya concesión fue retirada el 27 de mayo de 2007 por el Gobierno Venezolano, bajo la excusa de su supuesto vencimiento.

Ahora su señal por cable, cuya penetración en los sectores populares aumentó fuertemente luego de su inclusión en el mismo, también ve amenazada su existencia. Al no serle reconocida su condición de televisora internacional, a pesar de haber presentado una parilla de programación conformada por tan solo 29% de producción nacional y 71% internacional, se verá sometida a un "cierre técnico".

Pero aunque la medida fue expresamente diseñada para sacar del medio a RCTV International, ésta no es la única afectada. La reforma asesta un duro golpe a la producción nacional independiente. Muchos de los canales internacionales (Sun Channel: HBO, Sport Plus, Casa Club, Nickelodeon, etc.) habían establecido empresas de preproducción, producción y postproducción en el país. Ahora, bajo la amenaza de esta reforma se están mudando a otros países, como Colombia o Argentina.

Pero la "reforma" no se queda allí y también establece que el Gobierno se reservaría ocho canales del total ofrecido por cada servicio por suscripción, para garantizar la difusión de las señales oficiales.

Menos fuentes de ingreso para el mermado mercado de trabajo laboral venezolano que en el ámbito de los medios de comunicación ha sufrido duros golpes, entre los más recientes el cierre de unas 40 emisoras de radio y la confiscación de sus equipos a algunas de ellas. Además de las multas, juicios y restricciones que merman fuertemente su producción y mantienen al borde de la quiebra a algunos de ellos.

Pero lo más relevante de esta medida es que los venezolanos han sido privados una vez más de su derecho a estar informados.

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El gran reto de la democracia

Hugo Chávez tiene un objetivo muy claro: perpetuar su hegemonía en el poder e instaurar su dictadura comunista en Venezuela. Y si es por la vía "electoral", mucho mejor, así conservaría la apariencia de legitimidad democrática.

Uno de los pasos para el logro de ese objetivo fue imponer, vía Consejo Nacional Electoral, una reforma de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) que instauró en el país un nuevo sistema electoral. Violando la Constitución, éste pasó de ser una representación proporcional a una de representación mayoritaria, en donde no existe la correlación de "tantos votos, tantos escaños".

Además, con la inconstitucional LOPE, el Gobierno amplió las facultades del CNE para que movilizara de forma arbitraria y opaca la conformación y rediseño de los circuitos electorales.

Hasta ahora, estos circuitos venían siendo integrados, por municipios colindantes, para las elecciones de la Asamblea Nacional y consejos legislativos estadales. Y por parroquias colindantes para los comicios de los concejos municipales. Igual de importante es que estos circuitos, venían siendo definidos por el CNE en consenso con los organismos del Estado, los actores políticos y la sociedad civil, a fin de garantizar la transparencia y evitar la manipulación que eventualmente favoreciese a determinada parcialidad política.

Pero eso ya cambió.

Esta semana, luego de una larga espera, el CNE dio a conocer los cambios discrecionales que realizó inconsulta y unilateralmente en la mayoría de los circuitos electorales.

Y ¡Oh sorpresa!, La alternativa democrática se topó con que el CNE modificó "muy particular y cuidadosamente" los circuitos electorales de seis estados (Carabobo, Distrito Capital, Lara, Miranda, Táchira y Zulia), precisamente donde se concentra 50,53% de la población electoral, donde se eligen 63 diputados, y donde "casualmente"el Gobierno ha registrado un fuerte declive de votos en los últimos comicios electorales.

Para ejemplarizar los efectos adversos de estos cambios en muchos de los circuitos, Súmate señala la eliminación de la circunscripción que conformaban las parroquias El Paraíso y La Vega, (Distrito Capital) cuyos electores antes tenían el derecho de elegir un diputado, para sumarlas ahora a las parroquias Macarao, Antímano y Caricuao, que en el pasado también conformaban un circuito con un diputado. Ahora la convierten en uno solo circuito con derecho a dos diputados. De acuerdo con esta organización, la opción partidista que obtenga la mayoría simple de los votos obtendrá estos dos curules en la Asamblea Nacional, en detrimento de las minorías.

También a manera de ejemplo, si al Distrito Capital se le aplicara la votación promedio de los últimos cuatro comicios se tendría que, para los seis circuitos vigentes en 2005, el resultado probable sería cinco diputados para el chavismo y cinco para la oposición. Con el nuevo "arreglo" de las parroquias y al reducirlas a cinco circuitos, los resultados serían ocho diputados para el chavismo y dos para la oposición.
Hasta ahora la tendencia del liderazgo opositor ha sido no hablar de estas ilegalidades, por temor a alejar a los votantes de las urnas electorales.

Esto ha sido y sigue siendo, un grave error táctico y estratégico. Las circunstancias del país obligan a que un liderazgo fuerte y firme, explique los obstáculos y las ilegalidades electorales que tienen los ciudadanos en el camino. Y también imponen que se convenza a la ciudadanía de que es sólo con una contundente votación y con una activa participación como se pueden vencer esas trampas del CNE y del Gobierno. Y que el reto es vencer en el terreno electoral a la dictadura que galopa en Venezuela.

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Mayor Silencio=Más Dictadura


El 23 de enero a la medianoche, cumpliendo órdenes del Presidente de la República y forzadas por el Presidente de Conatel, las empresas de televisión por suscripción sacaron a Radio Caracas TV Internacional de su programación. Con ello, el Gobierno dio un nuevo paso para acallar las voces de los medios de comunicación críticos a su proyecto comunista.

Ésta es la segunda vez en menos de tres años que el Gobierno de Hugo Chávez se ensaña en contra de este canal de televisión.

La primera fue en mayo de 2007, cuando el Gobierno le arrebató a RCTV la señal abierta por donde venía transmitiendo desde 1953. Éste es el canal más antiguo del país y para el momento del cierre, estaba posicionado como la televisora con mayor cobertura nacional en Venezuela. Para esa primera medida de cierre el Gobierno se valió del falso argumento de que a la emisora se le había acabado la concesión.

En esa oportunidad la gerencia de RCTV no se rindió y sacó su señal vía cable, bajo la identidad de RCTV Internacional. Para sorpresa de muchos, principalmente del Gobierno, esta decisión de RCTV repotenció el negocio de las empresas de cable, al lograr en tiempo récord un ingente incremento de la suscripción a las mismas, en especial en las zonas más populares del país.

Por segunda vez, este 23 de enero, el Gobierno, utilizando de nuevo artificios legales, volvió a sacar del aire a RCTV (ahora Internacional).

La medida contra RCTV Internacional se sustenta en una Ley Mordaza, (la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión) viciada de inconstitucionalidad y hecha a la imagen y semejanza de un Gobierno hegemónico. Esta Ley le otorga al Gobierno, entre otras ilegalidades, potestades discrecionales para dictar y aplicar arbitrariamente procedimientos administrativos y todo tipo de penalidades. De esas amplias potestades dadas a Conatel nace una Resolución, publicada el 22 de diciembre en Gaceta Oficial, que reglamenta a los productores nacionales independientes y obliga a las televisoras y radioemisoras a demostrar que por lo menos el 70% de su producción es extranjera. De lo contrario, éstas quedan sometidas a obligaciones legales de la Ley Mordaza, entre ellas la transmisión de las frecuentísimas cadenas presidenciales.

Se debe aclarar que la TV por cable NO UTILIZA el espacio radioeléctrico. La TV por cable se basa en una negociación privada entre las empresas prestadoras de servicio y el cliente, por tanto, las prestatarias NO deberían estar sujetas a las legislaciones y normativas que se les están aplicando.

RCTV Internacional, a pesar de considerar que esta normativa es ilegal y arbitraria, modificó su parrilla para adecuarla a las nuevas y acomodaticias exigencias de Conatel. Pero, Conatel no quedó conforme, el dictador quería más silencio y Conatel fue más allá en sus exigencias. Así, violando el principio de no retroactividad de las leyes, apenas entró en vigencia la Resolución, el ente controlador obligó a las televisoras y radioemisoras a que comprobaran que su producción había sido 70% extranjera por cuatro meses consecutivos.

Es obvio que éste es un nuevo zarpazo que le da el Gobierno de Chávez a la libertad de expresión, a la libertad de empresa, y a la libertad de elegir de los venezolanos. ¿Cuánto más silencio será necesario para saciar al despotismo?

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Competencia desleal o aniquilación dictatorial


Este martes, luego de instalar la Junta de Transición que traspasará la expropiada Cadena de Hipermercados Éxito al Gobierno, Hugo Chávez pone en marcha su nueva Corporación de Mercados Socialistas (Comerso).

Esta nueva Corporación estatal inserta al Gobierno de manera frontal en la actividad comercial, en desmedro de la actividad comercial privada. El supuesto objetivo de Comerso es empujar los precios de bienes y productos de consumo masivo hacia abajo. Para ello, comercializará "con precios incomparables con los mercados capitalistas" todo tipo de bienes: Desde vehículos, cauchos, ropa, calzado, alimentos, medicamentos y productos farmacéuticos y, tal vez, equipos de telecomunicaciones, informáticos, y pare de contar, pues tal como van las cosas Comerso podría "dar para todo".

Por los momentos, Comerso, sin esfuerzo e inversión alguna, cuenta de entrada con toda la infraestructura de la Cadena Éxito y de un surtido inventario.

Lo cierto es que con la creación de este nuevo parapeto estatal, el sector comercial será atacado con una brutal "competencia" desleal, que más parece una aniquilación dictatorial. Según anunció el Gobierno, Comerso podrá importar todo lo que le venga en gana a Bs.F.2,60.$; mientras que el sector comercial privado tendrá que importar a Bs.F.4,30:$, y en muchos casos, deberá recurrir al mercado permuta. A esto se suma el trato preferencial que tendrá Comerso en aspectos legales, impositivos y laborales. Por ejemplo, podrá compensar deuda por servicio, entre otros privilegios desleales.

En su carrera hacia el comunismo Chávez ha venido cercando y asfixiando a todo el sector productivo privado con leyes, reglamentos y normativas que penalizan de manera compulsiva toda la actividad empresarial.

Los instrumentos han sido variados, desde las leyes laborales como la Lopcymat; las legislaciones en contra de la propiedad privada, las normativas que atacan la especulación y el acaparamiento, así como las que limitan la libre movilización y distribución de los productos. Amén del acoso persistente del Seniat, Cadivi, Ministerio del Trabajo, Indepabis, INCES y de otros entes estatales regulatorios. Y para colmo, ahora entra en vigencia la nueva reforma de la Ley de Indepabis que le da al Ejecutivo el arma legal para expropiar a diestra y siniestra, sin pasar por la Asamblea Nacional ni hacer la declaración de utilidad pública e interés social que dicta la Constitución.

Basados en los precedentes de la Red Mercal y PDVAL es fácil predecir que el destino de Comerso será convertirse en un cascarón vacío, sin inventarios y con los anaqueles vacíos o llenos de bienes y productos de baja calidad; con una descomunal nómina de "trabajadores" improductivos a quienes obligarán a uniformarse con la consabida franela roja; y con una corrupta gerencia con cuentas bancarias repletas. Mientras, la población se topará con escasez y desabastecimiento de productos básicos, con menos variedad de oferta y con precios más altos.

Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, aún faltan más amenazas comunistas por venir: La Asamblea Nacional tiene en cocción nuevas leyes contra la propiedad privada y la iniciativa empresarial; entre ellas, la Ley que regulara la ganancia excesiva, la reforma del Código de Comercio y la nueva Ley de Propiedad Social.

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El eco de los rumores.


En las últimas semanas, y particularmente este martes 26 de enero, el país se ha visto envuelto en una intensa ola de rumores que ha generado zozobra en la población.

En todo tiempo y lugar ha existido el rumor como forma de interacción de los seres humanos. Muchos analistas lo consideran el mercado negro de la información, pues ésta se trasmite de boca a boca, y sin corroboración alguna se difunde a gran velocidad. El rumor puede o no estar basado en un hecho real, y generalmente lleva un fuerte ingrediente de subjetividad de quienes lo transmiten.

La teoría del rumor es utilizada con frecuencia por empresas, organizaciones de toda índole y gobiernos como termómetro para medir (o para generar y manipular) tendencias de conductas, desempeños y opiniones. La historia habla de que el rumor espontáneo tiende a ser mayor cuando falla la objetividad, credibilidad y confiabilidad de los medios y mecanismos de información. El rumor es utilizado como vía para sortear los diferentes tipos de censura que imponen los gobiernos.

La política de censura, acoso y persecución que el Gobierno de Hugo Chávez ha aplicado en estos años en contra de los medios de comunicación privados ha mermado dramáticamente las fuentes informativas independientes. Hoy en el país sólo existe un canal de noticias de televisión crítico al Gobierno, Globovisión, sobre el que penden varios juicios y amenazas. Los programas informativos y de opinión de la radio están fuertemente mediatizados por una ilegal Ley Mordaza y por las draconianas medidas de Conatel, el ente estatal regulador que ha arrasado con Radio Caracas TV en dos oportunidades, y que cerró decenas de radioemisoras que tenían línea editorial crítica a las políticas del Gobierno.

Esto se aúna a una política informativa oficial errática, contradictoria y opaca, entre cuyas principales características se cuentan que: La fuente oficial está vedada a los pocos canales críticos al Gobierno que aún subsisten; el Presidente no informa sus políticas y decisiones que afectan a la nación a través de las tradicionales ruedas de prensa, que permiten la presencia plural de los medios y la interacción con el periodista. Las alocuciones presidenciales donde se anuncian estas políticas se hacen vía cadena nacional, por el programa dominical Aló Presidente y más recientemente, por La Hojilla un programa de fiera línea oficialista, que transmite la estatal VTV.

Por ello, no debe extrañar que en esta Venezuela donde se adelanta un proceso galopante hacia una dictadura comunista, la población se haga eco de informaciones provenientes de fuentes informales no confirmadas, como lo es el rumor.

Este martes los rumores circularon por todas partes: hablaban de los supuestos problemas que estaría confrontando el Gobierno de Hugo Chávez con su Gabinete Ejecutivo, de renuncias ministeriales a granel y de nombramientos descabellados en vitales dependencias del Estado, que de ser ciertos pondrían en riesgo la soberanía de la Nación.

La racionalidad dicta que en un país, donde todo marcha al revés, la población debe tener calma y cordura, ante esa avalancha de información. No estaría mal seguir el consejo de un sabio abuelo: No creer nada de lo que le digan, y confiar sólo en la mitad de lo que usted vea.

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En espera de vientos favorables


El Gobierno venezolano, después de años de atropellar al sector privado, ahora dice estar buscando con ahínco inversiones extranjeras.

La importancia que tiene para el Gobierno este supuesto esfuerzo fue resumida por el Ministro de Energía y Petróleo (y el presidente de PDVSA), Rafael Ramírez, cuando declaró que "2010 es el año de la concreción de proyectos y de inversiones". Lamentablemente, esta supuesta búsqueda de socios ha quedado hasta ahora en puro bla, bla.

Hace dos años el Gobierno anunció la apertura del proceso de licitación del Bloque Carabobo de la Faja. Sin embargo, a pesar de que el Gobierno ha informado en varias oportunidades que los proyectos para desarrollar el Bloque Carabobo han tenido "buena acogida" por parte de los potenciales inversionistas, poco o nada se ha concretado. Hasta ahora, cada vez que se acerca la fecha de apertura de las licitaciones, la misma se posterga por una, otra o ninguna razón.

Igual suerte ha corrido el desarrollo gasífero costa afuera del Estado Sucre.

La pregunta de las 24.000 lochas es: Si Venezuela dice estar buscando socios para desarrollar la zona de la Faja Petrolífera, donde existen las reservas de petróleo no convencional más grandes del mundo, y para explotar las zonas donde se encuentran gigantescas reservas de gas ¿por qué no llegan los anhelados socios? La respuesta está en las condiciones draconianas que impone el Gobierno a los supuestos y eventuales socios.
Para empezar, las contribuciones, regalías e impuestos son extremadamente onerosos. Y, a pesar de que se han realizado ajustes, siguen siendo un obstáculo difícil de superar.

Mayor obstáculo para atraer la inversión es el hecho de que el Gobierno exige que en toda sociedad donde participe el Estado venezolano, éste debe tener la mayoría accionaria y todo el control administrativo y operacional.

Muchos de los potenciales e indecisos socios del Gobierno de Venezuela tendrán que afrontar el hecho de que éste es como un Rey Midas al revés: Todo lo que toca lo destruye. Para muestra basta ver como la otrora pujante PDVSA ha perdido más de 1.500.000 de b/d de producción en los últimos 10 años.

Otro aspecto álgido para el inversionista es que el Gobierno estableció que las eventuales disputas que se registren no se podrán llevar a arbitraje internacional, éstas se deberán dirimir en los "imparciales" tribunales venezolanos.

Sin embargo, el mayor handicap es que las empresas que acepten las anteriores condiciones, tendrán no sólo que pagar su cuota parte de 40%, sino también deberán aportar el 60% que le corresponde al Gobierno venezolano.

En resumen, todo inversionista extranjero que se asocie con el Estado venezolano, terminará siendo socio minoritario de una empresa en la cual habrá aportado 100% de la inversión, pero donde no tendrá poder de decisión ni posibilidades de defenderse en tribunales imparciales.

Por esto, cuando el Gobierno anunció la firma de un memorando de entendimiento con la empresa italiana ENI, donde estarían involucrados unos $18 millardos para la exploración, producción y mejoramiento de crudo pesado en el Bloque Junín 5 de la Faja, muchos observadores se preguntaron ¿a qué juega ENI en esta jungla? La respuesta parece ser, colocarse en una posición ventajosa para cuando soplen vientos más favorables.

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Cuesta abajo en la rodada

Como el tango que cantaba Carlos Gardel, el Gobierno pareciera estar decidido a que el problema habitacional del venezolano sigua cuesta abajo en la rodada.

El problema ya no radica sólo en que su política habitacional está enchumbada de fracasos y corruptelas, ni en que no haya logrado construir ni siquiera 80.000 unidades en 2009, y apenas haya sobrepasado las 300.000 en los últimos cuatro años, cuando la demanda requiere de por lo menos 200.000 unidades nuevas por año. Tampoco se limita a tener un déficit habitacional de 2.000.000 viviendas.

Ahora de lo que se trata es que el Gobierno está enfilado a eliminar a la industria privada de la construcción que esté dando pasos sostenidos en esta dirección:

Uno de los más importantes fue la Resolución 98, de noviembre de 2008, del Ministerio para la Vivienda y Hábitat que prohibió el ajuste por inflación sobre el monto inicial de los contratos de inmuebles, así como cualquier otro tipo de ajuste o interés, luego de culminado el plazo establecido en el contrato de compra-venta para la entrega de la vivienda.

Luego, el 2 de abril de 2009, el Tribunal Supremo de Justicia admitió una demanda en contra del cobro del IPC en contratos de compra-venta de inmuebles y ordenó que los constructores debían devolver las sumas recibidas por este concepto.

Ahora, este jueves 28 de enero, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Protección al Comprador de Vivienda, que le pondrá una camisa de fuerza a los inversores.

El proyecto de Ley establece fuertes límites en lo referente al precio de venta, y prohíbe el cobro de cargos y pagos adicionales. Además señala que el comprador en ningún caso "soportará el impacto económico derivado del retraso de la obra".

Otra reglamentación se refiere a los tiempos de culminación de las obras, cuyo término de construcción no debe excederse "en ningún caso" de los 24 meses cumplidos, contados a partir de la firma del contrato de compra-venta.

También establece que "en caso de interrupción de la obra contratada en preventa por incapacidad gerencial, técnica o financiera del productor de vivienda", se podrá "declarar intervenida la obra y ocupar su administración, desarrollo y culminación". ¿Quién determinará estas incapacidades y con qué vara la medirán?

Esta ley parte de la falsa premisa de que todo constructor es un especulador, que alarga los tiempos de culminación de las obras para aumentar el costo de las mismas.

Los empresarios muchas veces incrementan los precios para nivelar los efectos de la inflación; superar las demoras por la engorrosa permisología a la que están sometidos; compensar las erogaciones por las comisiones que con alta frecuencia se ven obligados a dar a funcionarios corruptos para poder obtener los permisos y cumplir con los tiempos fijados para los desarrollos habitacionales; e, incluso para cubrir los retrasos que le imponen la escasez de cabillas y cemento, cuya producción está en manos del Estado; o intentar subsanar las demoras deliberadas de Cadivi.

En vez de promulgar leyes punitivas para controlar a unos cuantos especuladores, la Asamblea Nacional debería legislar para reactivar a este sector productivo, uno de los principales generadores de fuentes de empleo y crecimiento del país.

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