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Aniquilando a sus enemigos

La caza que el Gobierno Nacional ha emprendido en contra de las gobernaciones y alcaldías que ganó la alianza democrática en los comicios de 2008, se ha convertido en una cruenta cruzada para aniquilar económica, administrativa y políticamente a sus "enemigos".
Aunque ninguno de estos gobernadores y burgomaestres se salva del cerco y del acecho de Hugo Chávez y sus secuaces, es a Antonio Ledezma, el Alcalde Mayor, a quien le han afincado con más ahínco los colmillos.
Son patéticas todas las tretas, arbitrariedades e ilegalidades a las que han recurrido para impedir que el alcalde Ledezma ejerza las funciones que le encomendó la voluntad de unos 800.000 venezolanos.
Por ejemplo, en abril de este año Chávez, con el peor descaro, se saltó toda norma constitucional para inventar una Ley que le dio rango de Distrito Capital, al Municipio Libertador (el único del Área Metropolitana donde ganó un candidato chavista) para deslindarlo de los otros cuatro municipios en manos de alcaldes de la alianza democrática. Como Jefa de ese nuevo "gobierno", designó a dedo a una de sus incondicionales, Jacqueline Farías.
El objetivo real para crear esta nueva entidad fue quitarle gran parte de las competencias que le correspondía a la Alcaldía Mayor y, de ñapa, se puso a disposición de la Sra. Farías la mayor parte de los recursos financieros del presupuesto nacional destinados a esa entidad y cuya administración correspondía al Alcalde Mayor, incluyendo el subsidio de capitalidad y la Ley de Asignaciones Especiales.
Para completar y blindar esa ilegal faena, ahora la Asamblea Nacional promulgó la Ley Especial del Régimen Municipal a Dos Niveles del Área Metropolitana de Caracas, que deroga la Ley sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas del 2000.
Con esta nueva Ley, se le terminó de quitar a la Alcaldía Mayor las competencias que tenía en materia de servicios públicos (agua, electricidad, gas, salud, residuos sólidos, y otros), así como las referidas a vialidad urbana, circulación, ordenación de tránsito y de transporte intermunicipal de pasajeros. También se le quitaron las competencias en materia de servicios de policía de orden público y las de policías de vigilancia y fiscalización. Además se le eliminó la competencia en el área de protección civil y servicios del Cuerpo de Bomberos, con lo cual no queda claro cual entidad asumirá la coordinación en casos de siniestros naturales o ambientales que pudieran ocurrir en una zona tan amplia y compleja como el área capital.
Las competencias de la Alcaldía Mayor quedaron reducidas a la planificación y coordinación en toda el Área Metropolitana, en materia de ordenación urbana y urbanística así como a la de protección del ambiente y el saneamiento ambiental, entre otras pocas más.
A la par, con la Ley se ratifica el recorte de recursos a la Alcaldía Mayor, con lo cual se pone contra la espada y la pared al Alcalde en lo que respecta a la capacidad de mantener las plazas a unos 8.000 trabajadores de esa entidad. Cabe recordar que 11 trabajadores de la Alcaldía llevan más de un mes encarcelados en el retén de alto peligro de La Planta, sólo por protestar la ley y reclamar su derecho al trabajo.
El colmo de esta persecución a toda iniciativa creativa emprendida por el alcalde Ledezma, fue el hecho de que PoliCaracas detuviera por varias horas al personal de la empresa que ejecutaba la obra de modernización de la Red de Semáforos Inteligentes Metropolitanos que adelanta la Alcaldía Mayor, y que aún le mantenga retenidos sus equipos y transporte. Así como que se despidiera a por lo menos tres directivos de dos escuelas de barriadas caraqueñas, sólo por aceptar libros donados por el alcalde Ledezma.
Tal parece que la revolución de Chávez ni lava ni presta la batea.

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Para atrás, como el cangrejo

El Gobierno se ha empeñado en llevar al país en marcha acelerada hacia atrás. Esto es especialmente preocupante cuando la Asamblea Nacional promulga (casi de incógnito) una Ley del Sistema de Justicia que retrotrae la administración de justicia y la torna a un estado de opacidad y subyugación pocas veces visto en tiempos de democracia.
Es cierto que uno de los mayores puntos débiles del período democrático del siglo XX en Venezuela fue el Sistema de Justicia, con la secuela de arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos que esto conlleva. El Sistema de Justicia se caracterizaba por la injerencia de los otros poderes públicos y de la política. Pero, aún entonces se mantenían las apariencias al no designar a funcionarios públicos como jueces, seleccionándolos entre profesores, ex jueces y expertos en temas judiciales.
Pero, también es cierto que en los últimos años de la década de los 90 se realizó un serio y profundo esfuerzo en reformar el Sistema de Justicia con el apoyo y monitoreo del Banco Mundial. Así comenzó toda una reestructuración del Consejo de la Judicatura, en donde participaron expertos como la ex magistrada Gisela Parra (hoy en obligado exilio) y el abogado Alberto Arteaga. En esos pocos años se alcanzaron importantes avances para hacer más transparente el tinglado en el que se había convertido la justicia venezolana. Entre otros, se modernizó el acceso a la información, mediante una dinámica página web; se estableció todo un programa de capacitaron para los jueces; y se promulgó el Código Orgánico Procesal Penal, que entre otros cambios radicales, instituyó procesos penales abiertos, invirtió la carga de la prueba y estableció la presunción de inocencia.
Sin embargo, este paso adelante se echó para atrás luego de la promulgación de la Constitución de 1999. Desde entonces el retroceso ha sido persistentemente sostenido.
Ahora, la nueva Ley del Sistema de Justicia, publicada en Gaceta Oficial el 1° de octubre, viene a agravar la situación, a pesar de que en su postulado de principios se enumeren garantías como: la gratuidad, la accesibilidad, imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía, independencia, equidad y otros bla, bla.
El caso es que en la vida real, esta declaración de principios quedará en letra muerta con la creación de la Comisión Nacional del Sistema de Justicia, como el órgano de carácter permanente, para generar y coordinar las políticas de Estado con respecto al Sistema de Justicia. Esta Comisión nació con un peso en las alas al prescindir de manera olímpica del principio de la separación de los Poderes Públicos, vital en un sistema de justicia y de derecho.
El artículo 9 de la Ley estipula que la nueva Comisión de Justicia estará integrada por: dos diputados de la Asamblea Nacional; el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia; el Ministro con competencia en materia de Justicia, Seguridad Ciudadana y Penitenciaria; y una representación del Poder Ciudadano, que incluye no sólo al Defensor del Pueblo, al Defensor Público General y al Procurador General, sino también al Fiscal General, lo que constituye un claro conflicto de intereses al convertir a este último funcionario en juez y parte de cualquier proceso penal que se lleve a cabo en el país.
Además, la Ley le da participación en la Contraloría Social, en los Consejos Consultivos y en la postulación y selección de los funcionarios que integrarán el Sistema de Justicia, al Poder Popular, integrado por los consejos comunales y cualquier otro grupo organizado.
En adelante, la menguada autonomía de los jueces se verá aún más resquebrajada, y en consecuencia los ciudadanos sufrirán aún más de la injusticia y verán cada vez más vulnerados sus derechos.

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Con los crespos hechos.

Este jueves 8 de octubre, dos ministros de la economía y el Presidente del Banco Central ofrecieron una rueda de prensa. Se esperaba que al fin, se develarían al menos algunas de las 54 medidas económicas que se vienen anunciando desde hace semanas y semanas.
Pero, una vez más, los venezolanos se quedaron con los crespos hechos.
Los titulares de Planificación y Desarrollo, Jorge Giordani; de Finanzas, Alí Rodríguez Araque; y del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, prometieron entre otras cosas frenar la inflación, generar nuevos empleos y en general, reactivar la economía. Pero no anunciaron ninguna de las medidas con las cuales esperaban alcanzar alguna de estas metas.
Esta rueda de prensa tri-ministerial se podría dividir en tres actos: Lo descartado, lo fatuo y lo utópico.
En el acto de lo descartado, se informó que no se tomarían dos medidas: la devaluación, es decir, la fijación de una tasa de cambio competitiva y el aumento del precio de la gasolina, a pesar de que, según los expertos, son las más urgentes y fundamentales para reactivar la economía y derrotar la inflación.
En el acto de lo fatuo, se presentaron los supuestos logros de esta revolución de Chávez. Entre otros se enorgullecieron de los resultados del Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) donde se afirma que el Índice de Desarrollo Humano de Venezuela subió cuatro puestos a nivel mundial, afirmando que el Gobierno de Chávez impulsa "la economía al servicio del ser humano y ahí están los resultados".
Aunque VenEconomía no quiere aguar la fiesta de los ministros, el pretendido pase de "mediocre" a "menos mediocre" en ese Índice, difícilmente se puede calificar de "éxito", sobre todo si se toma en cuenta que la medición del PNUD está basada en la información y las estadísticas nada confiables que le suministra el Ministerio de Salud. Ese supuesto "éxito" en materia de desarrollo humano, no se ha traducido en mejoras en los programas de salud, tal como lo reconoció el propio presidente Chávez el pasado 19 de septiembre, cuando declaró al área de la salud en emergencia y admitió que existen en el país 2.000 módulos abandonados de Barrio Adentro. por un "descuido". Tampoco se hace tangible ese avance en el área de educación, cuando se observa el grave deterioro de la infraestructura de los planteles públicos.
También es fatuo calificar de "éxito" la venta de bonos soberanos internacionales. Allí no hay nada de que ufanarse, ya que se ofrecieron los bonos a un precio sustancialmente por debajo de lo hubiese sido un precio de mercado equilibrado. Más fatuo aún es anunciar nuevos endeudamientos como un objetivo a cumplir, a sabiendas que el endeudamiento excesivo es pan para hoy y hambre para mañana.
El último acto es el utópico, donde enunciaron una seguidilla de buenas intenciones, entre las cuales se cuentan: Frenar la inflación; hacer crecer el PIB; aumentar el empleo; y resolver dos requerimientos estratégicos: el problema alimentario para lograr el autoabastecimiento en lo fundamental, y el problema de la vivienda.
El detalle fue que no indicaron cómo lo lograrían. Tal parece que los encargados de la economía venezolana piensan que cumplir con estas metas es soplar y hacer botellas.
En definitiva o no saben lo que hacen, o piensan que la ilusión de prosperidad basada en un ingente gasto fiscal se puede mantener en tiempos de una PDVSA cada vez más ineficiente y corrupta.

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Los custodios de la revolución

Bastaron seis días para que la AsambleaNacional iniciara y diera el finiquito a las dos discusionesreglamentarias para aprobar una Reforma parcial de la Ley Orgánica dela Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la tercera en lo que va delGobierno de Hugo Chávez. Los meteóricos "debates" sólo cubrieron laapariencia legal, pero no cumplieron con la esencia de la Constituciónpara la aprobación de leyes, tal como lo es la consulta abierta ypública con la población venezolana. Ni siquiera la Fuerza ArmadaNacional conocía en su totalidad el texto de la reforma propuesta. Sinembargo, ahora sólo falta el Ejecútese presidencial para que la Leyreformada entre en vigor.Para comenzar cabe acotar que según losanalistas, la premura que tuvo la Asamblea Nacional para aprobar estaúltima reforma en materia de defensa militar se habría debido, entreotras causas, a satisfacer los requerimientos de custodia del procesorevolucionario durante los próximos comicios legislativos de 2010.Según afirma la representante de la ONGControl Ciudadano, Rocío San Miguel, el Gobierno tenía urgencia en"tomar las previsiones presupuestarias" para el adecuadofuncionamiento de los "cuerpos combatientes", que se crean en laReforma de Ley, durante el próximo año electoral, a fin de garantizarque les llegara a éstos directa y rápidamente un ingente flujo derecursos.Pero, los cambios que introduce esta reformade Ley en materia de defensa militar trascienden lo electoral, paraintroducir cambios sustanciales en esa área en prejuicio de todos losvenezolanos.El caso es que con esta reforma se incorporaun quinto componente militar: la Milicia Territorial Bolivariana. LaLey otorga a esta nueva Milicia, violando la Constitución, el mismoestatus legal que a los cuatro componentes militares que hasta hoyexisten: La Aviación, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.Además se crean los nuevos "cuerpos combatientes" civiles, "paraejecutar las operaciones de defensa integral" que dependerán de laMilicia Bolivariana en cuanto registro, organización y adiestramientose refiere.Y por si eso fuera poco, la reforma estableceque sobre este quinto componente sólo tendrá potestad el PrimerMandatario Nacional. Con esto se "raspan" de una sola vez la autoridadque sobre este componente militar debe tener el Ministro de laDefensa.Lo cierto es que en la vida real esta Miliciano será otra cosa que un órgano paramilitar al que por ley se leotorgará el derecho de participar en el monopolio de las armas, elcual hasta ahora estaba estrictamente circunscrito a la FAN y suscuatro componentes.Con esta reforma de la reforma de Ley de laFANB, Chávez alcanza una de sus metas primigenias: tener "su" propiopueblo en armas.Otra característica de estos nuevos cuerpos decombate es que estarán integrados por los ciudadanos que laboran eninstituciones públicas y privadas, para coadyuvar a las FANB "en ladefensa integral de la nación".Para los expertos en materia militar, como elgeneral retirado Gonzalo García Ordóñez, con esta nueva milicia ademásse busca militarizar la administración pública. Con ella se aplicaríauna suerte de Lista de Tascón al revés, ya que se pudiera llegar alextremo de establecer como requisito sine qua non ser miliciano paraacceder a puestos de trabajo en la administración pública y en todaslas empresas e instituciones del Estado.Con esta reforma el Gobierno de Chávez cierrael círculo militar donde convivirán una Fuerza Armada Profesional, queha sido seducida por el "Patria Socialismo o Muerte" encargada de losasuntos estratégicos de la defensa territorial de la nación y unaMilicia pretoriana conducida por Chávez para defender su revolucióndel enemigo interno: Los ciudadanos que no comulgan con el proceso yquienes defienden derechos de libertad y democracia, es decir más dela mitad de la población de Venezuela. . Disponible en inglés en: www.veneconomy.coma partir de las 4:00 p.m.

Dictadura express

Cada día se hace más evidente que al presidente Hugo Chávez se le está haciendo muy cómoda su decisión de hacer lo que le dé su real gana con el país y con sus pobladores. Ya ni siquiera se molesta en guardar las apariencias o inventar excusas medianamente creíbles para quitarle al venezolano lo que es suyo, como son los derechos a la libertad y a la propiedad. Menos aún le importan las consecuencias nefastas que sus acciones y políticas puedan acarrear a los venezolanos.
Esta dramática realidad quedó plasmada para la posteridad en su alocución de este miércoles cuando "razonó" la medida de expropiación forzosa decretada, sin aviso ni protesto, en contra del Complejo Hotelero Margarita Hilton & Suites y la Marina.
Ante las cámaras de televisión el gran mandatario, en un arranque de "suprema manifestación de sinceridad", aseveró que la orden de expropiación la había dado porque, a pesar de que el Estado era accionista minoritario del Complejo Margarita Hilton & Suites, el Gobierno había tenido que "pedir permiso" para realizar en ese lugar la Cumbre de África-Sudamérica, donde Chávez compartió experiencias con los más selectos dictadores del mundo.
Es necesario aclarar que entre "las trabas" que no mencionó el mandatario se contarían decenas de reservaciones que habían realizado turistas de diferentes países y propietarios de tiempo compartido desde hace mucho tiempo. Es decir, la administración del Complejo tenía compromisos difíciles de romper con cientos de personas, so pena de tener que pagarles importantes compensaciones, además del hecho de que esto constituye un grave precedente para una Isla como Margarita que vive del turismo.
Sin embargo, las expropiaciones, confiscaciones y apropiaciones de bienes privados por parte del Gobierno, por capricho presidencial o de alguno de sus acólitos, no son cosas nuevas en estos tiempos de revolución comunista. Sólo por enumerar algunas de las que antecedieron a la expropiación del Margarita Hilton & Suites y su Marina, basta recordar: El Banco Venezuela, cuya venta al Banco Occidental de Descuento fue saboteada por el Gobierno, para luego someterlo a una compra forzosa por parte del Estado. La Marqueseña, a cuyo dueño no le valió de nada acogerse a la Constitución ni tratar de negociar con el "método Chaaz". O las empresas petroleras de la Costa Oriental del Lago, a pesar de que muchos de sus propietarios fueron de apoyo incondicional al mandatario durante el paro cívico petrolero de 2002-2003.
Lo único nuevo en este tipo de proceder en tiempos de revolución comunista, es que la "justificación" dada por el mandatario "sencillamente" significa que él (Chávez) es quien manda en el país y por tanto aquí se hace lo que a él (Chávez) le de la gana. Y quien aún crea que es sólo en materia de propiedades está bien, pero bien equivocado.
En la Venezuela de hoy, Chávez es, incluso, el hacedor de leyes acomodaticias, que ordena promulgar a su antojo y ya sin siquiera guardar las apariencias para hacer creer que cumplía con los preceptos constitucionales. De hecho ya la Asamblea Nacional ni se molesta en montar el parapeto del "parlamentarismo de calle" inventado por este des-Gobierno para dar la sensación de participación y de esfuerzo por informar a la ciudadanía, tal como quedó evidenciado con la promulgación de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y con las últimas modificaciones que se hicieron clandestinamente a la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
Lo lamentable en esta dictadura que se gesta en el país es la ausencia de instituciones que la enfrenten o la frenen. Y lo dramático es que tampoco se ve en la población, en sus dirigentes políticos ni en los representantes de la sociedad civil arrojo alguno para impedir el secuestro express que se le hace a la democracia en Venezuela.
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Sabiduría democrática popular

Es un hecho inocultable el cercenamiento de la libertad de expresión que se ha impuesto en la ruta comunista por donde Chávez conduce a Venezuela.

Las vías para concretar la tala a este derecho humano son variadas: Leyes y más leyes; decretos; providencias; o mediante las cazas vía Ministerio Público o del Seniat. Cualquier medida punitiva puede serle útil al Gobierno para acallar, cerrar medios de comunicación; censurar, obligar a la autocensura, incluso abrirle juicios, casi en su totalidad espurios, a medios, a sus directivos, a periodistas y a los analistas independientes.

En este tema de represión y coerción ya nada es nuevo ni causa extrañeza. Ni siquiera la noticia de una aberración legal como lo es la doble vara "justiciera" que se usó esta semana para mantener preso al periodista Gustavo Azócar por una acusación administrativa, mientras se deja en régimen de presentación para ser juzgada en libertad a la oficialista Lina Ron, a pesar de haber pruebas grabadas irrefutables de su incursión armada en Globovisión.

Un ejemplo del dramático del acostumbramiento de la población a la arbitrariedad y a la coerción que impone el Gobierno es la diferencia abismal que hubo en la reacción contundente de los ciudadanos cuando se cerró en 2007 a Radio Caracas TV, y la casi pasividad que se registró con el cierre de 32 emisoras de radio y dos de TV en julio pasado.

Más dramático, si ello es posible, es el giro "conveniente" que ha traído la represión del Gobierno en la programación de las emisoras radiales.
Hoy la fuerza de la amenaza y la coerción ha llevado a que la desinformación se haya enseñoreado del dial. El espectro radioeléctrico, salvo contadísimas excepciones, sólo transmite propaganda oficial forzada a ser noticia de interés comunicacional o programación proclive al Gobierno.

Sin embargo, como en todo tiempo de dictadura, la sabiduría popular busca caminos para sortear la censura y la represión. Eso no es nada nuevo. De esto existen ejemplos desde la dictadura de Franco en España, hasta la de Fidel en Cuba, donde la bloguera Yoani Sánchez y otros dejan colar al mundo la cruda realidad que quiere esconder el régimen cincuentón.

En la Venezuela secuestrada por Chávez, las vías para satisfacer la necesidad de información se han abierto gracias a la tecnología que aportan los medios alternativos de comunicación y al ingenio popular. Según cálculos la penetración de la telefonía celular en Venezuela llega a más de 90%, y la televisión por cable, la cual tuvo un importante impulso después del cierre de RCTV, llega a más de 60%.

Todos estos medios alternativos de información han trascendido a las clases sociales y a las limitaciones económicas. Su penetración llega desde las ciudades a los pueblos, desde las urbanizaciones hasta han subido a los cerros.
Cada vez son de más uso, las redes de Facebook, las mensajerías de texto y Twitter, tan usadas por el movimiento estudiantil en sus convocatorias y novedosas formas de protesta. Incluso se hace cada día más popular la llamada Radio Bemba entre la población de los barrios para denunciar los agobios del hampa y la recurrente falla de los servicios públicos.

Tal parece que Chávez y su combo no han entendido que en tiempos de globalización y modernización no hay dictadura que pueda impedir el flujo de la información ni suprimir la necesidad de la población de saciar su derecho a estar informado.

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Gas ilusorio

El Gobierno venezolano, apoyado por Repsol, sigue generando expectativas exageradas con respecto al yacimiento de gas natural libre, Perla 1X, recién descubierto en el este del Golfo de Venezuela, frente a la Península de Paraguaná. Tanto el presidente Hugo Chávez como Repsol insisten en afirmar que se trata del "hallazgo de gas más importante de la historia de Venezuela", con unos 8 billones de pies³ (TCF) de hidrocarburos supuestamente certificados.
Basado en esta ilusoria premisa, el Primer Mandatario ha fantaseado con una Venezuela convertida en una potencia gasífera gracias a un ambicioso Proyecto Gasífero Nacional. En sus Líneas de esta semana, Chávez afirma que en el país está en marcha "Una real y verdadera revolución energética", y prometió que "no desmayaré hasta que no veamos hechas realidad las grandes transformaciones que promete".
También asegura en sus Líneas que "PDVSA se encuentra preparada no sólo para proveer de gas doméstico a 14 mil viviendas de Caracas en una primera etapa, sino para que, a la brevedad posible, el 50% del parque automotor de nuestro país utilice gas".
Ojalá que estas proyecciones del mandatario pudieran convertirse en realidad. Pero, según la opinión de expertos petroleros de Venezuela y España, éstas sólo serían vanas ilusiones de magnificencia de las tantas que se han creado en este decenio.
Por ejemplo, Diego González, en sus Barriles de Papel N° 41 del 17 de octubre, recurre a argumentos técnicos para traer a tierra esa vana ilusión gasífera.
De su escrito se deduce que el Gobierno se habría apresurado al hacer el anuncio desde Madrid a mediados de septiembre y que además habría magnificado al cuantificar que las reservas recuperables de gas en el yacimiento gasífero Perla 1X estarían "entre 1.000 a 1.400 millones de barriles equivalentes de petróleo". Según las investigaciones de González, el caudal del yacimiento estaría en 20,1 millones de pies³ diarios (Mpcd), a su entender una cifra bien "modesta en materia de pozos de gas natural libre y "en 620 barriles de crudo al día", lo cual tampoco es "nada del otro mundo". González también indica que es mentira que Perla 1X sea el "hallazgo más importante de la historia de Venezuela", pues el mismo Ministerio de Energía y Petróleo ha hablado de "descubrimientos mucho mayores en la Plataforma Deltana y en el Proyecto Mariscal Sucre". Más importante aún es que González indica que con un solo pozo petrolero no se puede probar, y mucho menos certificar, un volumen de reservas de 8 billones de pies³, como pregona el Gobierno.
Al respecto, otro experto petrolero, Gustavo Coronel, ya había indicado que se requiere de mucha actividad posterior para ir definiendo el tamaño de un yacimiento, ya que un solo pozo apenas prueba el área inmediatamente a su alrededor.
Otros expertos, abonan más a estos argumentos, al recordar que Gazpron y Chevron perforaron pozos exploratorios cercanos al pozo Perla 1X de Repsol, que resultaron secos.
La realidad es que en Venezuela el déficit de gas ha crecido de 1.200 Mpcd en 2006 hasta 1.500 Mpcd en 2009.
La realidad también indica que en Venezuela no hay suficiente gas para emprender los proyectos petroquímicos y termoeléctricos anunciados; que la demanda de consumo familiar no podrá ser cubierta, como tampoco podrán ser cubiertos los requerimientos para el Programa de Gas Natural para Vehículos. Menos aún el país tendrá gas para exportar a Colombia para cumplir con obligaciones contractuales.
Lamentablemente, al igual que en el caso de la hoy destruida PDVSA, el Gobierno está viviendo de ilusiones, con lo cual matará de desengaños a los venezolanos.

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Otro engaño más

El martes, con cinco días de atraso, el Ministro de Finanzas Alí RodríguezAraque presentó el Presupuesto Fiscal 2010, lo que sorprendió, ya que el Ministro de Planificación Jorge Giordani había anunciado una reconducción del mismo la semana pasada. Sin embargo, ambos tuvieron la razón, el nuevo presupuesto, en líneas generales no dista mucho de una reconducción formal.
Para el 2010 se le asignará a cada Ministerio la misma cuota correspondiente al ejercicio fiscal 2009. El monto total se estableció en Bs.F.159 millardos. El mismo monto en términos nominales del Presupuesto 2009, pero que con la realidad inflacionaria representa un presupuesto 30% menor. Esto incluye un endeudamiento de Bs.F.35 millardos y el barril de petróleo a $40. Y mientras el petróleo financiará el 24,7% del gasto el endeudamiento (que ya es excesivo este año) financiará el 22,1%.
Se repite la fórmula de subestimar los ingresos petroleros. Y aunque ésta ha sido utilizada por casi todos los gobiernos anteriores, ninguno la había llevado a tales extremos. Esto ha derivado en una creciente discrecionalidad y falta de transparencia en la asignación y seguimiento del gasto. Esto ha llevado a que una gran parte del mismo se haya venido ejecutando a través de créditos adicionales que no son objeto de ninguna discusión o análisis crítico en la Asamblea Nacional y que muchas veces parecen asignados a capricho presidencial en su programa dominical.
Sólo en 2006 la suma de los créditos adicionales llegó a ser casi la mitad del presupuesto inicial. De 2004 a 2008 los incrementos por concepto de créditos adicionales fueron en promedio 31,2%.
El principal objetivo de todo lo anterior, ya no es un secreto para nadie. La subestimación del precio del petróleo busca crear recursos "excedentarios" que puedan ser manejados de forma discrecional a lo largo del año. Objetivo primordial tomando en cuenta que es año electoral. Manteniendo los recursos del Situado Constitucional sobre la falsa premisa de $40/bbl, las transferencias a los estados serán menores. Pero esto no afectará de igual manera a todos los gobiernos regionales, pues es aquí donde entra a jugar la figura del crédito adicional absolutamente discrecional.
Ya empezará la hemorragia de créditos con cualquier excusa: Misiones de diversos tipos, nuevos proyectos, etc., dirigidos estratégicamente a influir en la percepción de bienestar necesaria para asegurar mejores resultados en la contienda electoral. Este juego ha sido ensayado y probado con éxito en las innumerables y casi anuales contiendas electorales que se ha inventado el gobierno cada año.
En el caso de un Gobierno trasparente y ajustado a derecho, el ser conservador en la estimación de los ingresos hubiera sido una razón para aplaudir. Pero en este caso, se sabe que la diferencia entre los ingresos estimados y los reales tardará tiempo en ser reconocida y transferida a las regiones autónomas. Hay vías legales para reclamar esto, pero lamentablemente no hay instituciones independientes que decidan sobre esos casos. Tampoco parece haber instituciones que le rindan cuenta pública a los ciudadanos de la inversión de los recursos inicialmente estipulados en el presupuesto y mucho menos de la gran cantidad de créditos adicionales que se generan cada año. En fin, el Presupuesto Fiscal 2010 no pasa de ser un nuevo saludo a la bandera.

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¿Interés cultural o interventor?

La protección del patrimonio cultural es una prioridad para todo el mundo.
Corresponde a los gobiernos generar los marcos regulatorios, resoluciones y providencias donde se comprometa a coadyuvar a instituciones públicas y privadas así como a los ciudadanos en la conservación, salvaguarda, restauración, preservación o mantenimiento de los bienes y propiedades con valor histórico o cultural.
El problema sobre la actuación estatal en esta área se suscita cuando las decisiones regulatorias adolecen de transparencia y asignan poderes discriminatorios a los funcionarios públicos.
Este comentario viene al caso, ante la nueva providencia 019/09 publicada en Gaceta Oficial del 25 de septiembre, donde se declaran 1.216 propiedades y bienes del Municipio Libertador como "manifestaciones culturales tangibles" como "bien de interés cultural" y, por tanto, sujetos a obtener autorización del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), para enajenar, gravar, someter a servidumbre o limitación, dichas propiedades.
El abogado Orlando Viera-Blanco explica de manera detallada en su columna del 21 de octubre publicada en Noticias 24, los riesgos que entraña esta providencia, la cual cataloga como un instrumento habilidoso que "podría hacerse del valor de la cultura, como herramienta para impedir la plena disposición de la propiedad privada".
Viera-Blanco acota que esta providencia se "fundamenta" en la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural de 1993, que norma la disponibilidad de los "bienes de propiedad particular declaradas monumentos nacionales", pero con un agregado no mencionado en dicha ley, el dé los "bienes de interés cultural". Ahora, a esos 1.216 bienes afectados en el Municipio Libertador se les está aplicando, por obra y gracia de la providencia 019/09, las normas aplicables a los "Monumentos Nacionales", sujetos a reserva de registro y a solicitud de autorización para su plena disposición por parte de sus legítimos propietarios.
Además, aclara Viera- Blanco, aún cuando en la providencia se manifiesta que la intención es que el ente administrativo le dé curso a las operaciones de enajenación que sean solicitadas por particulares, esto podría no ser acatable si se cumple con la letra del artículo 99 de la Constitución de 1999 que establece que "Los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la Nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables".
También indica que el IPC no tiene competencias para crear por "vía administrativa, prohibiciones o reservas facultativas", para autorizar la venta de inmuebles de interés cultural.
Para Viera-Blanco esta disposición está "viciada de nulidad por falso supuesto, inmotivación, trasgresión expresa de la Ley que lo faculta y falta de competencia normativa (para promulgar el dispositivo) y ejecutiva (para crear discrecionalidades no establecidas por la Ley)".
De esta providencia también le llama la atención que incluye un "coctel de bienes sin correlación real en términos de jerarquía histórica, arraigo cultural o artístico) para ser equiparados a Monumentos Nacionales.", que van desde ríos, árboles, avenidas, parques, iglesias, universidades, campos de golf, e incluso edificios y casas propiedad de particulares.
En definitiva, el aroma que despide esta providencia es que esconde una nueva modalidad para restringir el menoscabado derecho de propiedad privada en Venezuela, a ser usado a discreción cuando el magno "interés de la revolución", o de algún "revolucionario así lo exija.

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Diferencias lapidarias

Tras una larga espera, esta semana se debate en el Senado de Brasil si Venezuela entra o no en Mercosur. De entrar, Hugo Chávez comenzaría a latirle en su propia cueva a Luiz Inàcio Lula da Silva, su más fuerte rival (amistoso) en la arena política latinoamericana.
Esta ocasión hace oportuno sintetizar un análisis del experto político Michael Rowan, publicado en VenEconomía Mensual de octubre, donde desmenuza la gestión de ambos mandatarios, donde concluye que "Lula está demoliendo a Chávez en todos los aspectos menos uno, la presencia mediática".
En opinión de Rowan, Lula y Chávez han marcado trayectorias dramáticas para sus países, pero en direcciones opuestas.
Lula, afirma, heredó un país renaciente y lo ha llevado a lo más alto. Chávez heredó un país lleno de problemas y lo ha terminado de destruir.
El desbalance en lo económico de las gestiones de ambos mandatarios es, por decir lo menos, devastador.
Según Rowan, hoy como nunca se puede afirmar que Brasil es un país del futuro, con un profundo liderazgo político y económico. El "giro económico que el presidente Cardozo, de centro derecha, inició en Brasil con la estabilización fiscal en la década de los 90 está siendo culminado con bríos por el izquierdista Lula.
En Brasil, ninguna ideología, ya sea de derecha o de izquierda, ha interferido en su marcha hacia una sociedad abierta, una robusta economía diversificada, una fuerza de trabajo educada, un dinámico libre mercado y un gobierno activista que actúa impulsado por los resultados. "Ésta ha sido la clave del éxito de Brasil", enfatiza Rowan.
Por el contrario, en lo que respecta a la gestión de Chávez, Rowan afirma que a pesar de que el país en la última década fue inundado con billones de dólares provenientes de ganancias petroleras extraordinarias, su economía sufrió un colapso brutal debido a la política. Chávez politizó a los militares y militarizó la política, y cobró en PDVSA a su primera víctima. "Se ha demonizado la globalización y se limitaron o eliminaron las libertades económicas. Una economía confiscatoria y una pesada carga fiscal sustituyeron los mercados abiertos".
En Venezuela con Chávez "el apetito del Estado por la conquista y el robo eclipsó lo peor del capitalismo salvaje de los gobiernos que le antecedieron, mientras las industrias y los servicios cayeron bajo su espada". Nada ha quedado a salvo "el petróleo, la electricidad, el cemento, acero, aluminio, tierras agrícolas, fábricas, hoteles, mercados de alimentos, diarios, radio y TV, clínicas, universidades y escuelas". Se implantó "un régimen fiscal confiscatorio" y con leyes punitivas y persecución selectiva de los ciudadanos se acabó con lo que quedaba.
Hoy, indica, Brasil tiene lo necesario para atacar sus problemas, a pesar de contar con $10.200 de PIB per cápita, 8% de desempleo, 30% de pobreza, una inmensa brecha entre ricos y pobres y un alto índice delictivo. Desde la izquierda y la derecha han acelerado el motor económico de Brasil.
En contraste, Chávez no desarrolló en Venezuela una economía libre y diversificada. Se obsesionó con asumir y mantener el poder absoluto de por vida, igual que su mentor Fidel Castro, para imponer un proyecto político que rechaza la mayoría de la población.
Perversamente hoy la economía de Venezuela es un ejemplo clásico de la dependencia insostenible de un único recurso, controlada ésta por el Estado, al igual que controla la moneda. Esto al combinarse con un alto nivel de desempleo que ronda a 8,4%, y con la peor tasa de inflación del Continente, ha convertido a los empresarios del país en prestamistas dependientes del Estado y en expertos en hacer acuerdos políticos, mientras que a los pobres los ha envuelto con misiones que no ofrecen incentivo alguno para generar "ningún tipo de destrezas".
Como ilustra Rowan, si se tratase de "un combate aéreo, Lula estaría disfrutando el paisaje en el cielo azul mientras Chávez caería sin remedio en barrena".

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¡Es su derecho!

La prensa venezolana celebró que este jueves 29 de octubre, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones haya librado orden de excarcelación a favor de 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, que estaban recluidos en la cárcel de la Planta desde el 26 de agosto.

Estos 11 venezolanos, perdieron 64 días de su libertad por ejercer su derecho a manifestar de forma pacífica para reclamar, su también legítimo, derecho a trabajar, el cual se estaba poniendo en riesgo con la aprobación de la Ley Orgánica de Régimen de Municipal de Dos Niveles. En adelante estos 11 ciudadanos serán juzgados en libertad, con régimen de presentación, acusados por delitos inexistentes.

Para consuelo de muchos, incluyendo a los acusados, abogados defensores, familiares, amigos y millones de venezolanos, al menos ahora se está respetando la norma constitucional que dicta que: todo ciudadano debe ser juzgado en libertad a menos que se presuma peligro de fuga y alta peligrosidad comprobada.

La realidad es que en esta decisión de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones no hay nada que celebrar. La Sala del TSJ sólo cumplió con su deber de restituir, parcialmente, el derecho a la libertad que nunca debió habérseles violado a estos venezolanos que no habían cometido delito alguno.

Lamentablemente en Venezuela, como en todo país con un Gobierno totalitario y hegemónico, la mayoría de los ciudadanos se están acostumbrando a que es una "gracia" del gobernante de turno el conceder el disfrute de los derechos universales y constitucionales que tiene toda persona, como lo son: la propiedad privada, a la información y la libre expresión, al Debido Proceso, a la Justicia imparcial, al trabajo digno, a la Libertad e incluso, el sagrado derecho a la vida.

En este entorno dictatorial, el ciudadano ha quedado en total estado de indefensión, sin poder reclamar que se le restituyan los derechos que nunca debieron ser violados o arrebatados.

Esta actitud de sometimiento se repite en la actualidad con pasmosa frecuencia en todo momento de la vida diaria del venezolano.

Se registra cuando a un ciudadano lo asaltan, roban o secuestran. En esos dramáticos momentos termina siempre dando las gracias a los delincuentes porque les "respetó" la vida. Mientras que las exigencias a las autoridades de seguridad se limitan a un ruego para que cumplan con su deber y apliquen la ley a sabiendas de que sólo en contadas ocasiones lo harían.

Cuando a un propietario se le arrebata arbitrariamente sus bienes legítimamente adquiridos, la impotencia ante la ausencia de organismos de justicia a donde recurrir los lleva a aceptar negociaciones en condiciones precarias, de desigualdad y con el peso del poder totalitario sobre sus cabezas donde siempre lleva las de perder. Allí están el caso de la Marqueseña con el Método Cha-az, o el más reciente, la expropiación del Sambil de la Candelaria, sólo por citar uno de los miles que a diario se registran en el territorio nacional.

O cuando cientos, o quizá ya miles, de venezolanos, acusados de delitos de toda índole no cometidos, ante la certeza de que no se les hará justicia, optan por el auto exilio, como lo han hecho periodistas, políticos, empresarios, estudiantes, médicos y profesionales de toda índole en estos últimos diez años.

¿Volverán los venezolanos a recobrar la conciencia de que la aplicación imparcial de la Ley y la Justicia son derechos, y que su pleno ejercicio no se implora sino se exige?

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A punta de armas

Muchos venezolanos aún no se han percatado de la gravedad de las leyes revolucionarias que se han aprobado a granel en estos últimos meses, especialmente cuando éstas se cruzan y se aplican en combo.

Una de esas combinaciones "legales" que traerán nefastas consecuencias al país es el binomio de la Ley de Tierras Urbanas y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, recién aprobadas por la Asamblea Nacional. Con la primera se "legaliza" que el Estado se apropie de manera masiva de los bienes privados, desde la toma de terrenos hasta el control de la cadena de producción de insumos para la construcción de viviendas. Con la segunda Ley, se crea el quinto componente militar, las Milicias Bolivarianas, que estarán bajo el mando directo del primer mandatario nacional.

Para percibir los perjuicios que conlleva la mezcla de estas dos leyes, basta recordar las declaraciones del ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, durante el acto de entrega de camiones dentro del Plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, realizado en el parque del Oeste Alí Primera en Catia la semana pasada, que fueron recogidas por la prensa nacional el 30 de octubre.

El ministro Cabello anunció, entre otras "minucias", que en la Gran Caracas se instalarían 72 (setenta y dos) campamentos del Plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para impulsar la construcción y la rehabilitación de viviendas.

Explicó que el Plan es sustituir ranchos por viviendas, y que en los campamentos se recibirían los materiales requeridos para este fin. Según el ministro Cabello con la Ley de Tierras Urbanas en vigencia todo terreno urbano desocupado deberá ser del pueblo. Afirmó que "ese marco legal le da la potestad al Gobierno para ejercer acciones. No vamos a atropellar a nadie, pero no queremos que se atropelle a la gente de los barrios. Por ejemplo, en Catia hay estacionamientos y talleres, y al lado una casa que se está cayendo, eso es un atropello que no se permitirá".

Su segundo anuncio fue que no se descarta la expropiación de las unidades que transportan cemento y de las empresas que producen agregados (arena y piedra). Dictaminó que "tomaremos las que tengamos que tomar para que no se pare la producción. Existen piezas que están fallando en el engranaje y se tienen que ajustar".

La tercera proclama del ministro Cabello fue que "la milicia es fundamental para ejecutar la Ley de Tierras Urbanas, en la que se declaran de utilidad pública los terrenos urbanos debido a que los mismos se consideran que tienen una función social".

Y anunció "que en estos campamentos se constituirían milicias para la defensa de los terrenos urbanos". Explicó que la milicia estará formada por miembros de las comunidades, y "tiene que estar en todas partes para la defensa del territorio, nos ayudan, los consejos comunales llevan información".

Ante los temores que han despertado los campamentos, afirmó que sí van a "dar clases de milicia y tiro de fusil, porque eso tiene que convertirse en un centro para la defensa del pueblo, de la revolución y de los espacios", aclarando que no serán para agredir a nadie.

Lo dicho por el ministro Cabello va en línea con las declaraciones realizadas por el presidente Hugo Chávez en un Consejo de Ministros la semana pasada donde hizo énfasis en que, el pueblo de Venezuela, "es el pueblo en armas, la guerra de todo el pueblo (...) Nosotros no tenemos planes de agredir a nadie, pero vamos a convertir a Venezuela en un país capaz de defender hasta el último milímetro del territorio y para eso es importante la participación del pueblo.

¿A qué se está jugando?

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El gran berenjenal

Para quienes opinan que el Gobierno tiene la responsabilidad de ser transparente y mantener informados a sus gobernados sobre sus políticas y la planificación del Estado, el Presupuesto de 2010 representa un descomunal insulto.

La Ley de Presupuesto de 2010, recién aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional el 27 de octubre, adolece de diversos aspectos dignos de comentar por su irracionalidad, y porque está metiendo en un gran berenjenal al país. Incluso con la poca información que ha salido a la luz pública se hace evidente para los analistas que las políticas del Gobierno son contradictorias y que el Presupuesto para 2010 está basado en falsos supuestos.

Una de esas falsas premisas presupuestarias es que se calcula que la inflación en 2010 no será mayor de 22%, cuando todas las proyecciones hablan de una inflación de 30% a 40%.

Otro supuesto falso es que la economía registrará un pequeño crecimiento en 2010, a pesar de que lo que realmente se espera es que haya una contracción.

El mayor absurdo es que el gasto fiscal de 2010 será de Bs.F.159 millardos. Lo cierto es que si se ajusta este monto por la inflación esperada, el gasto para el próximo año sería 40% menor al actualmente proyectado.

O sea, el Gobierno con la cara lavada propone que va a gastar 40% menos en 2010, sin mostrar indicio alguno de que está conciente del golpe que esto significa para la economía, ni mucho menos de que está pensando aplicar políticas de ajuste para enfrentar la dramática situación que se avecina.

Esto sugiere que en 2010 el Gobierno estaría pensando en aplicar con total descaro la misma política que siguió en 2009: Fuerte endeudamiento y la maquinita de fabricar dinero inorgánico.

Tal vez los gestores en materia económica del Gobierno de Hugo Chávez piensen que los ingresos petroleros y la política de endeudamiento le serán suficientes para tapar el hueco de 40% del gasto fiscal o que, incluso, los ingresos serán mayores en términos reales. Pero, cualquier análisis objetivo demuestra que es imposible que se pueda mantener este ritmo de gasto por un año más.

Es verdad que el precio promedio del petróleo en $40/bbl está subestimado, pero también es cierto que la producción de 3.126 millones de barriles diarios está sobreestimada. Si se ajustaran precio y volumen a cifras más reales se pudiera pensar que el ingreso petrolero está subestimado en $6,5 millardos, siempre y cuando Cuba pague sus cuentas petroleras puntualmente. Estos $6,5 millardos a Bs.F.2,15:$ darían Bs.F.14 millardos de ingresos adicionales, con lo cual ni de lejos se logrará cubrir el hueco de 40% que se ha señalado.

Si a este escenario se le agrega que la última emisión de petrobonos ha tenido una pobre recepción, se observa claramente que las posibilidades de tapar el hueco fiscal con más endeudamiento se alejan irremediablemente. Para ilustrar: El petrobono más reciente se está negociando para rendir 19%, mientras que los bonos de las estatales petroleras de Brasil, Trinidad y Kazajstán rinden 6%.

Todo esto explicaría los cambios que le están haciendo a la Ley de Banco Central, con los cuales se piensa desaguar al ente emisor. Pero, ni aún con esa extraordinaria maquinita de hacer dinero en la que están convirtiendo al BCV, se podrá salvar al país del gran berenjenal de galopante inflación y contracción económica que se está gestando.

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Camino al despeñadero

La zona fronteriza con Colombia se ha convertido en leña ardiente como pocas veces se ha visto en la historia de Venezuela.

Lo grave es que ha sido el mismo Gobierno de Hugo Chávez el que persistentemente ha encendido la candela en aras de la expansión regional de su proyecto político, sin importarle las nefastas consecuencias que esto está ocasionando al país.

La política confrontacional de Venezuela con Colombia ha afectado, entre otros sectores, a la agroindustria y al comercio de ambos países. En materia comercial, por ejemplo, se han registrado varias confrontaciones: Desde, el primer conflicto con el trasbordo de mercancía entre camiones en la frontera a inicios del mandato de Chávez, pasando por la decisión de éste de salirse de la Comunidad Andina de Naciones hasta llegar a inventar uno y mil obstáculos para interrumpir el libre comercio en la frontera, al punto de que hoy existe un embargo no declarado de las importaciones desde Colombia.

Si bien en estos últimos diez años Colombia y Venezuela han roto las relaciones en varias ocasiones, hasta ahora las cosas no habían pasado a mayores debido, entre otros factores, al buen uso de la vía diplomática por parte del Gobierno de Álvaro Uribe. Sin embargo, ahora parece que ésta no puede seguir siendo un dique de contención y las aguas podrían llegar al río.

Según publica El Universal en su edición de este miércoles, el ex asesor de paz de Colombia, Lázaro Vivero, opina que "las fricciones entre ambos gobiernos trascienden lo político, lo económico, y se encaminan hacia una tensión bélica". Afirma que las relaciones colombo-venezolanas "están en un punto tan neurálgico que cualquier cosa podría suceder".

En los actuales momentos la situación fronteriza se ha tornado en extremo candente, con acusaciones y denuncias de espionaje de parte y parte, y con graves eventos de violencia, que han cobrado decenas de vidas.

Siguiendo su política de apoyo a las fuerzas antidemocráticas del Continente, el Gobierno Nacional se ha mantenido proclive a la "causa" de los grupos narcoterroristas colombianos, como las FARC y el ELN. Según analistas y denuncias del Gobierno colombiano, la Venezuela de Chávez ha permitido no sólo que los integrantes de estos grupos utilicen el territorio venezolano como aliviadero, sino que les habría permitido que lo usen como base de operaciones.

A esto se le suma, el que las autoridades auparon el surgimiento del grupo guerrillero autóctono, conocido como Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL).

La trágica consecuencia de todo esto ha llevado a que en Barinas, Táchira, Zulia, e incluso los estados centro-occidentales, haya surgido el secuestro y el sicariato, dos flagelos delincuenciales que hace una década poco se conocían en el país, pero que hoy son cosa de cada día.

Lamentablemente, el Gobierno Nacional lejos de trabajar con los gobiernos regionales para atacar y poner freno a esta violenta situación, hace todo lo contrario manteniendo un estado de beligerancia y confrontación con los gobernadores del Táchira y el Zulia, dos de los estados fronterizos más importantes del país, a quienes se les sabotea y obstaculiza su gestión.

Es público el enfrentamiento de Chávez con el ex gobernador Manuel Rosales, a quien amenazó con la muerte política y sometió a un juicio espurio que lo llevó al exilio. Ahora, arremete contra el gobernador César Pérez Vivas, a quien según afirmaciones del propio mandatario esta semana, también se le impulsará a marcharse del país.

De nuevo se pone en evidencia que la hegemonía, el expansionismo, el abuso de poder, la impunidad, la represión y la discriminación política, son abono fértil para inflamar a los pueblos y llevar a los países al despeñadero.

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Prohibiciones y coacciones a granel

El destino alcanzó al Gobierno de Hugo Chávez en lo que respecta al servicio eléctrico. Ninguna de las autoridades del sector, ni salientes ni entrantes, pueden aducir que no sabían que la crisis actual del Sistema Eléctrico Nacional era una crisis anunciada, debido a la falta de mantenimiento, a la desinversión y, sobre todo, por haber privilegiado lo político sobre lo técnico y lo gerencial.

Desde 1999, en repetidas oportunidades diferentes fuentes especializadas le advirtieron al Gobierno con informes en mano que de no tomar medidas y ejecutar un plan integral y coherente de inversiones, para 2009 y 2010 colapsaría el servicio eléctrico en Venezuela. Pero, esas advertencias cayeron en los sordos oídos revolucionarios, y la historia hoy los alcanzó.

Ya el Gobierno no puede tapar la situación del sector eléctrico, a punta de mentiras y de manipulación de cifras, tal como lo hace con el deterioro de PDVSA y la merma de producción de petróleo; con el desempleo; o con la crisis del sistema de salud. Los apagones y las fallas recurrentes en todo el territorio nacional no es algo que se puede desmentir o esconder, toda la población la sufre por igual.

Sin embargo, el problema de los venezolanos ahora, si va a tener un básico suministro de electricidad o si el país retrocederá a la época de las luciérnagas o las velas.

El problema más grave de los venezolanos es que el Gobierno revolucionario, viéndose enfrentado a la contundencia de hechos consumados por su incompetencia, impericia, negligencia y corrupción, en vez de hacer propuestas serias que enderecen su entuerto, anuncia medidas erráticas, improvisadas, confusas y desesperadas que no resolverán la situación. Y peor aún, es que los anuncios del Gobierno contienen un alto grado de agresividad, coerción, acoso, prohibiciones, castigos y privaciones para la población.

Por ejemplo, entre las medidas que anuncian, está la advertencia de que no se descartará el recurrir a "la toma" de toda instalación privada de generación termoeléctrica que supere los 2 megavatios para ponerla al "servicio del colectivo nacional", si sus propietarios por la razón que sea no logran autoabastecerse 100% sus actividades industriales y comerciales, y no aportan el excedente al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Y, como ya es común, en esa advertencia no faltó la amenaza directa a los grupos o corporaciones, en especial al Sambil y a las Empresas Polar.

No se pasea el gobernante, que muchas de estas plantas no pueden ceder su energía o incorporarla al SIN, dado que son incompatibles con el mismo, y adecuarlas a éste sería altamente costoso. Amén de que estas plantas son sumamente contaminantes y potencialmente peligrosas por el uso de combustible inflamable.

Se anuncia que se "revisará el pliego tarifario", algo que es plausible dado que la congelación de las tarifas de electricidad desde 2002 es una de las razones que han llevado a la desinversión en el sector. Sin embargo, en vez de acompañar este ajuste con una campaña educativa que disuada el alto consumo y promueva el uso racional de la energía, se recurre a la amenaza y a la intimidación contra un sector de la población.

Lo que no se observa, otra vez, en los anuncios del Gobierno, es un plan creíble a mediano y largo plazo para el sector que resuelva los problemas y que no suma más en la miseria a la población. Un plan dirigido a mejorar la calidad de vida de los venezolanos, o que por lo menos le permita condiciones mínimas de subsistencia aunque sea un poco por encima del nivel de racionamiento que hoy se vive en su idílica Cuba.

En definitiva, la propuesta del Gobierno para solventar la crisis eléctrica, no trae consigo, objetivos claros de inversión, planificación o construcción de una eficiente red de generación, transmisión y distribución de electricidad. Esto sería lo mínimo que se debería esperar si esta administración estuviera orientada al bienestar, desarrollo y modernización del país y su población.

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La Ley con distintas varas

La variabilidad en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas según quién sea el afectado, es ya una norma en el país.

La Sala de Casación Civil del TSJ dictaminó el pasado 29 de octubre que un pagaré denominado en dólares debe ser cancelado con dólares.

Esta sentencia de la Sala de Casación Civil trata de resolver un reclamo interpuesto por el Banco de Venezuela contra la empresa Motores de Venezuela, debido a que esta última desde 2005, cuando entró en vigencia el control de cambio, comenzó a honrar a la tasa oficial un pagaré denominado en dólares que había sido negociado antes de la entrada en vigencia del control cambiario.

Motores de Venezuela se acogió a lo establecido en el artículo 116 de la Ley del BCV que establece que: "Los pagos estipulados en monedas extranjeras se cancelan, salvo convención especial, con la entrega de lo equivalente en moneda de curso legal, al tipo de cambio corriente en el lugar de la fecha de pago".

El Banco de Venezuela discrepó de esa decisión e introdujo un reclamo ante el TSJ. Después de cuatro largos años, el TSJ dictamina que el contrato se celebró en dólares y por tanto debe cancelarse en dólares y que no existe ningún inconveniente para que así sea. La sentencia cuenta con el voto salvado del magistrado Luis Antonio Ortiz Hernández, quien argumenta que el dictamen menoscaba las competencias del BCV e impone una condenatoria como si fuera el dólar "moneda de curso legal".

En opinión de VenEconomía, esta sentencia del TSJ aunque lamentablemente se ha tomado a destiempo, está ajustada a Derecho: Una deuda contraída en dólares debe ser pagada en dólares. Lo que siempre ha estado al margen de la razón, es el mandato del artículo 116 de Ley del BCV, el cual peca de inconstitucionalidad al vulnerar los derechos económicos del prestamista y al pasar por encima de lo acordado en un contrato celebrado entre particulares.

Probablemente, ni el argumento del magistrado Ortiz Hernández, ni la opinión de VenEconomía influirán para que la Sala Constitucional del TSJ, la instancia de apelación, revise esta sentencia. Pero tal vez, lo que sí obligará a revertir la decisión de la Sala de Casación será la cantidad de contratos que ya se han acogido a la norma del pago en bolívares y cuyos deudores se verán ahora seriamente afectados. Recuérdese que detrás de este criterio hay todo tipo de transacciones incluyendo bastantes contratos hipotecarios, y de alquiler, que fueron pactados en divisas antes del establecimiento del control de cambio.

En anteriores ocasiones ante el establecimiento de un control de cambio se usaba la figura del reconocimiento de la deuda privada externa, que garantizaba el pago de obligaciones contraídas en moneda extranjera al tipo de cambio oficial del momento. De declararse firme la sentencia, también el BCV podría verse obligado a suministrar las mismas a los deudores que venían cancelando en bolívares al cambio oficial. Como es muy poco probable que el Banco Central asuma esa obligación, y de insistirse en el pago de las obligaciones con dólares del mercado permuta, pasarían a verse seriamente perjudicados los deudores, como hasta ahora lo estuvieron los acreedores.

En suma, a pesar de que en la opinión de expertos jurídicos la sentencia se ajusta a Derecho, se resuelve tardíamente y pondría en situación comprometida a una gran cantidad de deudores que luego de cuatro largos años no estarían preparados para afrontar una deuda al tipo de cambio permuta actual. Por otro lado, ya estaba aceptado, a pesar de las opiniones en contra, el pago en bolívares de las deudas contraídas en divisas y no se habían realizado mayores reclamaciones al respecto. Sin duda ahora sería muy diferente.

Nuevamente la ambivalencia de la ley y su interpretación a capricho, según quién sea el beneficiario, pone en entredicho la seguridad jurídica de contratar en Venezuela.

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