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Liquidación del adversario

Hace dos meses, fue intervenido el Banco Federal, propiedad de Nelson Mezerhane. En ese entonces, se comentaba que la medida parecía no tener una explicación técnico-financiera ya que según los últimos estados financieros disponibles, el Banco Federal estaba solvente. Por tanto, en opinión de los analistas, la intervención respondía a una "consideración política" - el sencillo hecho de que el Señor Mezerhane es dueño del 20% de Globovisión que, a su vez, es de los pocos medios de comunicación social que se atreven a criticar las políticas del Gobierno de Chávez.

El martes 10 de agosto, el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, y el Superintendente de Bancos, Edgar Hernández Behrens anunciaron en rueda de prensa la venta parcial de los activos del intervenido Banco Federal para pagar a los ahorristas cuyos montos no están garantizados por Fogade.

También anunciaron que el Banco Federal sería liquidado. Leyendo entre líneas, las declaraciones de Giordani y Hernández parecían corroborar la percepción de que no hubo razón técnico-financiera para intervenir el banco.

Prueba, para algunos, de esa solvencia es el hecho de que el Banco Federal soportó la corrida provocada por la campaña maliciosa lanzada desde medios de comunicación del Estado y por opinadores de oficio del chavismo.

Pero, no es solamente el Banco Federal. El hecho es que el Gobierno ha montado una campaña sin precedentes en contra de Nelson Mezerhane, que va desde un auto de detención hasta la confiscación de empresas e inmuebles de su propiedad que nada tienen que ver con los supuestos ilícitos del Banco Federal, pasando por una campaña de descrédito personal contra el empresario desde medios oficialistas, que lo han sometido al escarnio público.

La manipulación de la realidad que ha hecho el Gobierno, llegan hasta a afirmar que el Estado es quien está pagando a los depositantes del Federal. Lo cierto es que estos dineros los han aportado los depositantes quienes pagan a Fogade -y a través de su banco- una prima del 3% anual de los depósitos.

Más al descubierto queda la motivación política de esta campaña, si se le suma: 1) La persecución de la que es objeto otro de los socios de Globovisión, Guillermo Zuloaga, y su hijo, por un supuesto acaparamiento de vehículos. 2) La acusación que pesa sobre Perla Jaimes, abogada de los Zuloaga, por el supuesto falso de "obstruir la justicia". 3) El acoso a los trabajadores del canal.

En su empeño de perseguir a Mezerhane, y los otros accionistas de Globovisión, el régimen ni siquiera repara en la angustia de un colectivo de depositantes, ni el daño a la confiabilidad del sistema bancario, el cual se percibe hoy susceptible a decisiones arbitrarias, discrecionales y de vendetta política.

Legitimando ilegalidades

El jueves 12 de agosto, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el Proyecto de la Reforma Parcial de la Ley de Bancos con la finalidad de prohibirle a un propietario o accionista de cualquier medio de comunicación poseer más del 10% de las acciones de una institución bancaria.

La percepción de los analistas es que el propósito de esta reforma de Ley es el de justificar, retroactivamente, la persecución política que el Gobierno de Hugo Chávez viene ejecutando contra el propietario del Banco Federal, Nelson Merzehane, quien posee 20% de las acciones del canal de noticias crítico al régimen chavista, Globovisión.

Esta legislación legitimadora retroactiva de ilegalidades y arbitrariedades no es nada nuevo. No es la primera vez que la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, se presta a legislar para tapar post facto acciones claramente ilegales, e incluso inconstitucionales, del Ejecutivo Nacional. Los ejemplos sobran.

Recién la semana pasada, los parlamentarios rojos aprobaron en segunda discusión la Ley de Contrataciones Públicas, que permite al Ejecutivo apropiarse de los activos de cualquier contratista del Estado que haya suspendido la ejecución de una obra contratada, en el mismo momento de la suspensión de la obra, incluso si ello se debe al incumplimiento de las condiciones contractuales o a la falta de pago del ente contratante. Ya este modus operandi fue aplicado a principios de 2010 contra la contratista norteamericana, Helmerich & Paine, a la cual le "expropiaron" 11 taladros, que fueron paralizados por la empresa ante la falta de pago por parte de PDVSA. Así como también, en mayo de 2009, fueron expropiados 76 contratistas de PDVSA que operaban en el Lago de Maracaibo y que habían amenazado con detener sus actividades por falta de pago de la estatal.

Otros precedentes incluirían a) los cambios en la Ley de Depabis, luego de expropiar a la Cadena de Hipermercados Éxito, para incluir post facto el supuesto acaparamiento como motivo para la toma de una empresa; b) las múltiples reformas a la Ley de Tierras, para legitimar la toma de tierras en plena producción; y c) la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela, para validar a posteriori los traspasos de reservas internacionales al Fonden.

Y pare de contar, pues estas legislaciones espurias abarcan casi todas las áreas vitales del país.

Igual de preocupante, es el orgullo mostrado por la presidenta de la Asamblea, Cilia Flores, al informar que en lo que va de año se han aprobado 27 leyes. Lo que no dice Flores es que tristemente ni una sola de estas leyes fue debatida públicamente como lo estipula la Ley y que ninguna apunta a buscar vías de solución a los graves problemas que aquejan a la población.

El tiro por la culata

Los más de 13.975 homicidios ocurridos en 2009, 8.007 más que los 5.968 registrados en 1999, son suficiente razón para considerar a este problema como el de mayor preocupación para los venezolanos.

¿Cómo se ha llegado a estos extremos durante un Gobierno ¨revolucionario¨ que dice haber erradicado la desigualdad y la exclusión, que asegura haber elevado el nivel de educación y acabado con el analfabetismo, y que asevera haber disminuido la pobreza?

La respuesta a esta pregunta pasa por la percepción de que todas las afirmaciones anteriores están falseadas y no se corresponden con la realidad. Pero también pasa por el hecho de que la revolución chavista ha tergiversado lo que significa una Política de Seguridad Ciudadana dirigida a la colectividad, para diseñar una con un alto sesgo político a la medida del ideario de quienes hoy comandan al país.

En esta era de Hugo Chávez se ha desmantelado la institucionalidad judicial, para ponerla al servicio de su proyecto político. Y al igual que en otras áreas, se ha descartado el aporte de expertos en la materia, para privilegiar al centralismo y a nuevas organizaciones policiales paralelas que rinden cuentas al poder presidencial. Ejemplo de ello, es haber descartado las recomendaciones de fondo emitidas por la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), donde participaron expertos en el tema de la seguridad de todos los sectores.

A esto se le agregan varios agravantes de la estrategia ¨revolucionaria¨.

Uno es que se ha permitido la infiltración de la delincuencia común en los cuerpos policiales, hecho que incluso fue reconocido por el ministro del Interior, Tarek El Aissami, al afirmar a fines de 2009 que en 20% de los delitos cometidos han participado efectivos policiales. Esto fue particularmente cierto, en la época del alcalde mayor Juan Barreto, cuando integrantes del grupo armado, Los Tupamaros, ingresaron a la Policía Metropolitana, desplazando a funcionarios con formación y experiencia, varios de ellos hoy presos injustamente por los hechos de abril de 2002.

Otro agravante es la permisividad y la impunidad imperante. Según expertos, tres de cuatro delincuentes que son apresados, quedan en libertad.

Y otros más: la insistencia de ocultar las cifras a la opinión pública; afirmar que las denuncias de los medios de comunicación sobre la alta incidencia de los delitos es mentira, y se trata una cuestión de ¨una sensación de inseguridad¨, o carcajearse cuando expertos como el sociólogo Roberto Briceño León explicaba en CNN, que la tasa de homicidios de Bogotá es de 18 homicidios por 100 mil hab, en comparación con la de Caracas, que es de 140 homicidios por 100 mil habitantes.

Lo irónico es que ante las denuncias de El Nacional con las impresionantes fotos publicadas la semana pasada, donde se ilustra la terrible realidad de la Morgue de Caracas, de nuevo se persigue al medio, en vez de buscar vías de solución a un problema que afecta a toda la ciudadanía.

El lado oscuro de las adjudicaciones

La semana pasada salió al mercado el "Bono Soberano Internacional Amortizable 2022", una emisión de deuda por $3,0 millardos, con un altísimo cupón de 12,5% por año. Se ofreció al 100% de su valor nominal, para ser pagado en bolívares al cambio de Bs.F.4.30:$.

Para el viernes 13 de agosto, el BCV había recibido órdenes firmes de compra por más de $9,22 millardos. Y, el lunes 16, el instituto emisor anunció la adjudicación de la totalidad de la emisión.

Lamentablemente, como la mayoría de los manejos financieros del Gobierno de Chávez esta colocación tuvo su lado oscuro.

Como se recordará, el 50% de la emisión de este Bono Internacional estaba destinado a empresas de los sectores de Alimentos, Salud y Bienes de Capital. Dentro de esta categoría, el BCV recibió y aceptó en su totalidad las órdenes por $18 millones, o menos. Pero, no se les asignó nada a las empresas que solicitaron más de $18 millones. Lo que se consiguió con esta exclusión fue dejar fuera del juego a las grandes empresas con mayores necesidades de divisas, muchas de ellas empresas multinacionales.

Lo correcto, en estos casos, hubiese sido asignar un monto equitativo a todas estas empresas o sea una adjudicación parcial para que nadie quedara fuera.

Lo mismo ocurrió con las adjudicaciones de la segunda parte de la emisión, que fue destinada a personas naturales y jurídicas no incluidas en el renglón anterior. A éstas se les aprobó hasta $66 mil, dejando por fuera con cero adjudicación a aquéllas que demandaron órdenes superiores a este monto.

Esta forma de proceder ha despertado mucha suspicacia entre los analistas del sector, quienes piensan que algunos compradores hubiesen tenido acceso a información privilegiada acerca de los topes de adjudicación. Lamentablemente, esto no tiene nada de nuevo, ya que se decía lo mismo en torno a las emisiones de 2008 y 2009.

Adicional a esto ha trascendido que a los bancos del Sistema Financiero Público se les otorgó el 100% de lo solicitado. Esto significaría que ningún cliente de la banca del Estado pidió más de los topes asignados, lo cual refuerza la percepción de que hubo manejo de información privilegiada.

En opinión de muchos críticos, estas sospechas de supuestas irregularidades podrían disiparse si se publicaran los nombres de los bancos, de los compradores favorecidos y los montos adjudicados.

El lado oscuro de las adjudicaciones

La semana pasada salió al mercado el "Bono Soberano Internacional Amortizable 2022", una emisión de deuda por $3,0 millardos, con un altísimo cupón de 12,5% por año. Se ofreció al 100% de su valor nominal, para ser pagado en bolívares al cambio de Bs.F.4.30:$.

Para el viernes 13 de agosto, el BCV había recibido órdenes firmes de compra por más de $9,22 millardos. Y, el lunes 16, el instituto emisor anunció la adjudicación de la totalidad de la emisión.

Lamentablemente, como la mayoría de los manejos financieros del Gobierno de Chávez esta colocación tuvo su lado oscuro.

Como se recordará, el 50% de la emisión de este Bono Internacional estaba destinado a empresas de los sectores de Alimentos, Salud y Bienes de Capital. Dentro de esta categoría, el BCV recibió y aceptó en su totalidad las órdenes por $18 millones, o menos. Pero, no se les asignó nada a las empresas que solicitaron más de $18 millones. Lo que se consiguió con esta exclusión fue dejar fuera del juego a las grandes empresas con mayores necesidades de divisas, muchas de ellas empresas multinacionales.

Lo correcto, en estos casos, hubiese sido asignar un monto equitativo a todas estas empresas o sea una adjudicación parcial para que nadie quedara fuera.

Lo mismo ocurrió con las adjudicaciones de la segunda parte de la emisión, que fue destinada a personas naturales y jurídicas no incluidas en el renglón anterior. A éstas se les aprobó hasta $66 mil, dejando por fuera con cero adjudicación a aquéllas que demandaron órdenes superiores a este monto.

Esta forma de proceder ha despertado mucha suspicacia entre los analistas del sector, quienes piensan que algunos compradores hubiesen tenido acceso a información privilegiada acerca de los topes de adjudicación. Lamentablemente, esto no tiene nada de nuevo, ya que se decía lo mismo en torno a las emisiones de 2008 y 2009.

Adicional a esto ha trascendido que a los bancos del Sistema Financiero Público se les otorgó el 100% de lo solicitado. Esto significaría que ningún cliente de la banca del Estado pidió más de los topes asignados, lo cual refuerza la percepción de que hubo manejo de información privilegiada.

En opinión de muchos críticos, estas sospechas de supuestas irregularidades podrían disiparse si se publicaran los nombres de los bancos, de los compradores favorecidos y los montos adjudicados.

Como anillo al dedo hostigador

El Gobierno de Hugo Chávez sigue en sus trece al atacar al mensajero, en vez de tomar medidas que corrijan los problemas reales del país, en especial si se trata de ocultar el grave problema de inseguridad y violencia que ha cobrado miles de vidas de ciudadanos en el país debido a la impunidad y la laxitud de los poderes del Estado.

En esta oportunidad, una foto de la cruda realidad de la morgue de Bello Monte, en Caracas, publicada en primera página por El Nacional, fue el detonante para aplicar una censura abierta a los medios impresos de comunicación, la primera de tanta trascendencia que se recuerde desde los tiempos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

La intención de la foto, aduce Miguel Henrique Otero, uno de los dueños del diario de circulación nacional, fue llamar la atención de la ciudadanía sobre un problema que afecta a todo el país y que fue develado a la comunidad internacional por CNN en español, canal de noticias que transmitió por una semana el documental español, Los Guardianes de Chávez. Este documental es un testimonio que evidencia la penetración de grupos violentos en Venezuela y el problema de la delincuencia en el país.

A pesar de la seriedad del problema, la respuesta oficialista fue: 1) La carcajada desbordada de Andrés Izarra, director de Telesur, frente a los televidentes del mundo, por las denuncias del sociólogo Roberto Briceño León, indicando que Caracas tiene tasas de homicidio superiores a Bogotá y Ciudad Juárez (México).

2) La imposición de la Sala 12 del Tribunal de Protección de Niños y Adolescentes de Caracas de medidas cautelares contra medios de prensa escrita, que violan el mandato constitucional que prohíbe la censura previa. A El Nacional se le prohíbe publicar imágenes, publicidad y noticias "con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresiones físicas, imágenes que aticen contenidos de guerra y mensajes sobre muertes y decesos que puedan alterar el bienestar psicológico de los niños, niñas y adolescentes que tienen residencia en Venezuela", hasta que "el juez decida sobre el fondo" de las demandas interpuestas por la Defensoría del Pueblo y por el Ministerio Público contra el periódico.

Las medidas también afectan: a) El matutino Tal Cual, que reprodujo la foto en cuestión y que ahora no podrá publicar las gráficas o fotos con el contenido referido hasta que el juez decida sobre el fondo de las demandas interpuestas y b) el resto de los impresos que no podrán publicar por un mes gráficas con similar contenido.

El Gobierno usó la excusa de la foto a su conveniencia para arreciar su cerco a los medios de comunicación y acallar la crítica.

Algo inútil, el sol no se tapa con un dedo y la foto de marras, no muestra ni la enésima parte de la violencia que viven millones de venezolanos en su día a día.

Otro preso de Chávez

A la par que en las calles del país caen los miles de venezolanos por la acción del hampa que se cobija en la impunidad y, ahora, la censura, las cárceles reciben cada vez más nuevos presos políticos.

Ya se cuentan por decenas los ciudadanos que pagan prisión por el sólo hecho de disentir, de una u otra forma, del régimen castrocomunista de Hugo Chávez, incluyendo algunos que militaron con el comandante la causa de la revolución, otros que no se doblegaron en sus derechos y otros que fueron testigos de los gemidos del mandatario.

Las excusas esgrimidas para llevarlos a reclusión son variopintas, desde la supuesta corrupción administrativa, presunta autoría de asesinatos a pesar de no mostrar prueba alguna que los implique, hasta las imaginarias conspiraciones para cometer magnicidio y traición a la patria.

Las víctimas también son variopintas. Incluyen entre otras decenas de venezolanos a una juez de la República, María Lourdes Afiuni, por cumplir con la ley al dictar una medida de libertad bajo régimen de presentación a otro perseguido del Gobierno, el empresario Eligio Cedeño, al parecer contraviniendo el deseo del Presidente de mantenerlo inconstitucionalmente tras las rejas. A tres comisarios y seis policías metropolitanos, por cumplir con sus funciones de contener a una banda de violentos que masacraba a los manifestantes en la marcha del 11 de abril de 2002. Y al capitán de las Fuerzas Armadas de Venezuela, Otto Gebauer, condenado por ser quien le garantizaba el derecho a la vida a Chávez cuando a éste se le habría aceptado la renuncia en los hechos de abril de 2002.

Un caso reciente es el de Alejandro Peña Esclusa, quién está preso por razones meramente políticas. Su "pecado" es el de haber estado criticando a Hugo Chávez desde hace unos quince años, o sea desde antes de que Chávez llegase a la Presidencia.

Entre otras, Peña Esclusa ha venido denunciando persistentemente la cercanía de Chávez con el dictador Fidel Castro, con el Foro de Sao Pablo, las FARC y cuanto grupo guerrillero de extrema izquierda haga vida en el Continente.

La detención de Peña Esclusa, surge de una opereta mal montada con el caso del salvadoreño Francisco Chávez Abarca, quien fue detenido el pasado 1° de julio y luego entregado a Cuba, donde es acusado de terrorismo, no sin antes comprometer a cuanto enemigo de Chávez recordó, en una aventura magnicidiática.

El caso es que a Peña Esclusa, se le han violado todos sus derechos al ponerlo en prisión. En el allanamiento de su hogar no se respetó el Debido Proceso y se habrían sembrado "evidencias" en su contra. Fue esposado, detenido y acusado ante las cámaras de TV sin haber sido antes imputado. Hoy lleva 38 días en la cárcel política del Helicoide, y sigue sin ser imputado, y su caso ya está denunciado ante la Corte Penal Internacional de La Haya.

Lo más triste de este caso es que ha pasado prácticamente desapercibido en los medios, y en la conciencia de los venezolanos. ¿Será que los venezolanos ya están tan acostumbrados a las violaciones de sus derechos, que ya ni se asombran ni protestan?b

Y se quedaron cortos.

Desde hace unas semanas el presidente Hugo Chávez y su tren de funcionarios han estado menospreciando las denuncias sobre la ingente violencia y la inseguridad que se vive en Venezuela. Ese afán de negar lo obvio incluye lo declarado por el Presidente el jueves 19 de agosto, de que la violencia eramucho, pero mucho, mayor durante la Cuarta República así como las ya notorias "carcajadas" del director de Telesur, Andrés Izarra, durante un programa de CNN y, lo peor, la medida cautelar de un tribunal de control que imponía de facto censura previa para la difusión de información y gráficas sobre la violencia. Medida ésta que fue posteriormente "suavizada" por la reacción generalizada en contra que suscitó.

El caso es que las cifras que manejaron durante una semana los expertos en el tema de la violencia ante la audiencia de CNN, quedaron cortas antes las reflejadas en un estudio que develó este viernes 20 El Nacional, titulado "Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009″. Este estudio, que fue elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a petición de la Vicepresidencia de la República, revela que 19.113 ciudadanos perdieron su vida a manos de la delincuencia en 2009, o sea 3.076 homicidios más que los que refleja la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia citadas por el sociólogo Roberto Briceño León ante CNN cuando declaró que la tasa de homicidios de Caracas es mayor a las de Bogotá y Ciudad Juárez, los mismos que provocaron tanta hilaridad en Izarra.

Según el informe del INE, la tasa de homicidios en Venezuela es de 75 por cada 100.000 habitantes, mientras que enColombia, con todo y conflicto armado, la tasa es 32 por cada 100.000 habitantes y en México es de 8 por cada 100.000 habitantes.

Este estudio que duró 12 semanas y entrevistó a más de 20.000 hogares del país, reveló entre otros datos de interés que:

1) La violencia cobra más vidas de hombres (81,13% de las 19.113 víctimas de asesinato), quede mujeres (18,87%).

2) Los grupos más vulnerables se encuentran entre los grupos etáreos entre 25 años y 44 años (44,12% de las víctimas). Seguidos de los jóvenes entre 15 años de edad y 24 años (36,61%).

3) De las víctimas de homicidios, 56,52% pertenecían al estrato IV (10.802 ciudadanos) y 27,12% al estrato V con 5.183 venezolanos asesinados, En el tercer lugar están los del estrato III, con 2.376 víctimas, que representan 12,43% del grupo.

4) Y que 79,48% de los hechos fue perpetrado con armas de fuegoy el 20,52%restante con algún otro tipo de arma.

¿Ante esta revelación oficial de cómo el hampa impunemente está desangrando al país, seguirá la hilaridad y la censura oficial, tratando de ocultar la sensación de inseguridad, de la que habló hace meses la Defensora del Pueblo?

Basura entra, basura sale

La semana pasada el Banco Central informó acerca del desempeño de la economía durante el segundo trimestre. A sorpresa de muchos, expertos economistas como José Guerra y Jesús Cacique han expresado sus dudas acerca de la credibilidad de las cifras que publica el BCV.

Señalan, además, que el problema tendría su origen en el hecho de que el ente emisor asume como ciertas las cifras de dudosa calidad que le suministran los ministerios y otros organismos del Estado, sin cuestionamiento alguno y sin investigar o comprobar la certeza de las mismas.

Y como ya se ha hecho evidente, en los tiempos de esta revolución chavista, lo que impera es el falseamiento de la realidad, el manejo opaco de los dineros públicos, y el ocultamiento de una data que debería ser de conocimiento de la ciudadanía.

Qué se puede esperar, si el BCV da como cierta la información del Ministerio de Energía y Petróleo de que PDVSA está produciendo mas de tres millones de barriles diarios, cuando fuentes como la OPEP informan que la producción venezolana a duras penas llega a 2,4 millones de barriles diarios.

Y esto se queda corto ante otras informaciones como la que asegura que el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (SITME) ha mejorado el desempeño económico, cuando realmente es todo lo contrario. El cierre del mercado permuta ha perjudicado seriamente la economía del país.

O cuando el BCV asegura que el consumo final privado cayó escasamente 2,4%, cuando según el mismo ente emisor, la remuneración promedio del venezolano está, en términos reales, 7,7% por debajo de su nivel del segundo trimestre de 2009.

Otra inconsistencia que llama la atención es el anuncio del Seniat, de que la recaudación por concepto del IVA habría aumentado 25,6% en los primeros siete meses del año. La realidad es que si se ajusta este aumento por el hecho de que el IVA es del 12% ahora, vs. 9% de 2009, se tiene que las ventas sujetas al IVA sufrieron una reducción de 5,8% en términos de bolívares corrientes. Así al ajustarlo por la inflación, se infiere que el consumo de bienes y servicios sujetos al IVA (lo que no incluye gran parte de la cesta básica) se contrajo en nada más y nada menos que en 28,9%, en términos reales. Ante esto, es difícil aceptar que el consumo privado no cayó sino el 2,4%.

Otra que es para agarrar palco, es la que sostiene que el Gobierno evitó una mayor caída de la inversión al decretar la emergencia eléctrica, cuanto lo que "evitó" lo caída mayor fue la compra apresurada de unidades de generación eléctrica.

Para los economistas, lo peor de esta situación no es que la economía está en recesión - por que eso ya se sabía - sino lo realmente preocupante es que, después de setenta años, ya no se puede confiar en las estadísticas de un ente que otrora tenía alta confiabilidad y transparencia, el Banco Central.

Pa'tras, sin agarrar impulso

En un país no comunista la política de inquilinato o arrendamiento de viviendas funciona en base a dos ejes: 1) El de la oferta y demanda. Cuando un mayor número de personas requieran viviendas para arrendar, los alquileres suben provocando la construcción de más viviendas con lo cual el alquiler cae de nuevo. 2). El segundo eje es el de una renta razonable para los propietarios. Si la inversión requerida para construir o acondicionar un inmueble para el alquiler no genera un retorno equitativo y razonable, no hay inversión posible.

De espaldas a esta lógica universal, los genios de la revolución de Chávez han diseñado una reforma a la Ley de Inquilinato (ahora la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios), aprobada en primera discusión por los rojitos parlamentarios. La nueva legislación iría en contrasentido a esta regla y condenaría el mercado de alquiler de viviendas a su extinción.

Entre varios aspectos, la reforma impondría que el alquiler no sobrepase el 20% del ingreso del inquilino. Con ello, lejos de beneficiar al usuario, garantizaría que muy pocos, por no decir ninguno, invierta para construir viviendas para alquilar.

Más aún, así como se ha dejado colar, el Gobierno podría terminar haciéndose de las propiedades, para luego dársela al inquilino en una suerte de propiedad social, sin el goce del derecho a disposición del bien.

Adicionalmente, según se informa, se ha propuesto que, después de cierta cantidad de años, el inquilino tendría la opción de adquirir el inmueble a un precio fijado por el gobierno y con el derecho de aplicar el 100% de lo pagado en alquiler a la cuota inicial del inmueble. Con esta arbitrariedad se desestimularía, aún mas, la inversión en viviendas en un país con un déficit habitacional de más de 2,0 millones de unidades, además de violar el precepto constitucional de la no retroactividad de las leyes.

La "buena" noticia, es que los parlamentarios rojitos pospusieron la segunda discusión de la reforma de Ley, por ahora, hasta octubre.

Socialismo y comunismo: La misma cosa

La Alianza Internacional de Derechos de Propiedad acaba de clasificar a Venezuela en el puesto 123 de 125 naciones, por debajo de Zimbabue y Cuba y sólo por encima de Costa de Marfil y Bangladesh.

El informe señala lo que es obvio para una gran mayoría de venezolanos que, durante estos largos once años, han visto desconocidos y confiscados sus derechos de propiedad.

Esta triste historia comenzó con el "rescate" de tierras agrícolas como excusa para de luchar contra el latifundio, lo que no impidió al gobierno llevarse por delante propiedades de todos los tamaños y características, muchas de ellas demostradamente productivas y de modesta extensión. Con la última reforma a la Ley de Tierras se legalizan una cantidad tal de razones para expropiar un predio que en la práctica se erradica la propiedad privada en el campo.

Continuó con la expropiación de numerosas empresas con la excusa de su supuesto carácter estratégico. Así se nacionalizó todo el sector petrolero, eléctrico y gran parte del sector de telecomunicaciones y empresas de sectores básicos, de distribución de alimentos y multitud de otras actividades conexas.

Mientras tanto, en las ciudades, las autoridades alentaban invasiones y tomas de edificios o terrenos en supuesto abandono, en remodelación o estratégicamente ubicados.

En ese entonces, expertos alertaban que el ataque contra la propiedad no iba dirigido sólo contra grandes terratenientes ni corporaciones Éste vendría más temprano que tarde contra el pequeño propietario, ya que se trata de un ataque contra los cimientos de la economía venezolana; contra la libertad humana de emprender, de elegir, de crecer, de tener medios para satisfacer las propias necesidades de manera autónoma sin depender de manera directa de un Gobierno y sus dádivas.

Durante los últimos meses esto ha quedado claro. A finales de 2009 el presidente Chávez ordenó expropiar pequeños comercios en el centro de Caracas, con lo que quedaron cesantes cientos de personas de oficios modestos. También se limitaron los derechos de todos los concesionarios de los mercados municipales quienes quedaron bajo la égida de algún alcalde oficialista. Esos pequeños comerciantes hoy no pueden disponer de lo que construyeron, se les impide traspasar e incluso legar la concesión y se les imponen condiciones que hacen inviable su permanencia, mientras se le hostiga y amenaza.

Esta misma semana, se desalojó de improviso una humilde zapatería en el centro de Caracas, cuyos dueños tenían más de 40 años ejerciendo ese oficio. La excusa ha sido la expropiación del Edificio Gradillas que pertenece al Episcopado. Quedaron en la calle sus tres empleados y los dos dueños de avanzada edad con su inventario de más de 14.000 pares de zapatos.

También está el caso de Friosa la más grande distribuidora de alimentos del Edo. Bolívar que fue intervenida en mayo de este año por 90 días, durante los cuales sus ventas bajaron en 70% deteriorándose las condiciones de trabajo. De nada valen las protestas de los trabajadores que públicamente han demostrado, desde el abandono de las instalaciones y vehículos hasta el mal estado de los alimentos que están procesando para proveer a los comedores de las empresas básicas. Se prorrogó la toma por otros 90 días y el que proteste corre el riesgo de quedarse ahora en la calle.

Cómo lo dijo Fidel: el Socialismo y el comunismo son la misma cosa.

Más que candidatura unitaria

El miércoles 25 de agosto arrancó la campaña electoral para las parlamentarias del 26 de septiembre.
Antes que nada, hay que reconocer el gran esfuerzo que ha significado para la Mesa de la Unidad elaborar, y mantener, una propuesta unitaria para las 165 candidaturas al Parlamento. No fue nada fácil lograr un acuerdo sostenible en el tiempo entre una gama de egos e intereses personalistas, partidistas y de organizaciones civiles.

Pero, contra viento y marea se logró y se mantiene.

No obstante, para algunos analistas, la Campaña de la Unidad arrancó con mal pie. El 25 de agosto, Caracas y el interior del país amanecieron con una extraordinaria proliferación de pendones de todos los colores, de AD y Copei, de Primero Justicia y Únete, de Proyecto Venezuela, Podemos, y muchos otros.
Para algunos, quizás, ésta es una demostración de la diversidad democrática de la oposición. Pero, para otros, es una señal de desunión donde no se ve el mensaje de un movimiento unido. Por lo contrario, lo que se ve es a cada partido haciendo su promoción individual, cada uno por su lado.

Preocupa que el esfuerzo unitario de la MUD no se esté reflejando en la campaña electoral. Y preocupa más aún que la desunión percibida pueda alejar de las urnas a aquellos ciudadanos que todavía rechazan a los partidos. Peor peligro es que la percepción de desunión podría favorecer a los candidatos oficialistas.

El pecado original de la MUD fue el de no acordar una tarjeta de votación única, o un diseño de tarjeta donde se destaque un mensaje de la Unidad para la Democracia, con los símbolos de los partidos en segundo plano.

Este comentario no significa que se desconozca la importancia de los partidos democráticos, ni su derecho a ser entes independientes y a competir por espacios políticos. Lo que se busca es destacar la imperiosa necesidad de informar y convencer a los votantes que los venezolanos demócratas están unidos para defender la democracia en Venezuela, más que a un partido en particular, tal como ocurrió en 1958 con el Pacto de Punto Fijo para vencer otra dictadura.

Todavía hay tiempo para lograr una campaña publicitaria que destaque la mayor ventaja de la Oposición Democrática que es, precisamente, su unidad de propósito de defensa de la Democracia, ante una maquinaría publicitaria ventajista del Gobierno y su correspondiente tarjeta unitaria, que es la del PSUV.

Aparte de la importancia de la propaganda electoral, la clave de esta elección está en el hecho de que los votos que llegarán seguros a las urnas son los que se captarán cara a cara pateando barrios y pueblos del país.

Esto sí parece entenderlo la vasta mayoría de los 165 candidatos de la unidad.