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Sí es para preocupar

La realización de las elecciones parlamentarias entró en cuenta regresiva. Sin embargo, una andanada de hechos de interés nacional han relegadoel tema en los medios de comunicación y en la opinión pública a los últimos escaños.

Sin embargo, hace pocos días los comicios parlamentarios saltaron a la palestra pública, cuando el Senado de Chile emitió un comunicado solicitando al Poder Electoral de Venezuela autorización para participar en calidad de observadores internacionales en estas elecciones. En cualquier país donde impere la democracia y la transparencia electoral, esta solicitud habría contado con la aceptación del ente electoral. Pero, en la Venezuela de Chávez fue rechazada por el Consejo Nacional Electoral y la parcialidad chavista del Parlamento.

La presidenta del ente, Tibisay Lucena, inhabilitó a los parlamentarios como observadores debido a "las posiciones políticas contenidas en el acuerdo del Senado de Chile", y adujo que su observación electoral sería una amenaza a la soberanía de Venezuela. Además, la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, en respaldo a Lucena, llamó a los senadores chilenos, "estúpidos" y "ridículos".

Esta airada negativa a la observación chilena es una contradicción, si se recuerda que a las elecciones parlamentarias de Colombia, hace apenas unos meses, asistió una amplia representación del CNE y del Parlamento venezolano.

Esto debería ser una fuerte campanada de alerta para todos. Con ello se llega al colmo de las repercusiones que tiene la carencia de independencia de los poderes públicos en Venezuela, única garantía que tienen los ciudadanos de que los comicios para elegir sus representantes se haga con total transparencia y objetividad.

Sin embargo, lastimosamente pereciera que a los venezolanos no les causa extrañeza, ni impulsa reacción alguna. Más lastimoso es que ésta es sólo una más de las muchas violaciones del Gobierno de Chávez a los derechos electorales de los venezolanos.

La larga lista de hechos que vulneran esos derechos constitucionales comienza con la promulgación de la Ley de Procesos Electorales, que cambió drásticamente el Sistema Electoral del país, de un sistema proporcional de las minorías, a uno de mayoría.

Este cambio legal promovió la manipulación de las circunscripciones electorales; la curiosa profusión de nuevos centros electorales; el nombramiento de miembros de mesa con claro predominio del chavismo.

Mientras que por otro lado se multiplican las inhabilitaciones a los candidatos de la oposición; y sobre todo, la abusiva utilización de los medios de comunicación del Estado, de las cadenas presidenciales y otras instituciones para promover la gestión del Gobierno. Esta hegemonía comunicacional que detenta el Gobierno se suma ahora a la amenaza de Chávez de incursionar en la Junta Directiva de Globovisión antes del 26 de septiembre, lo que dejaría totalmente sin voz al sector democrático que se opone al proyecto comunista de Chávez.

Y si nada de esto preocupa, se debería prestar atención al llamado de Chávez a gobernadores y alcaldes del chavismo, para que se dediquen de manera exclusiva a los comicios: "No estamos luchando por una curul. No, es un asunto de vida o de muerte".

Esta vez los que quieren que se restituya la democracia en Venezuela, deberían tomarle la palabra al Presidente. Y hacer un asunto vital la participación masiva en las elecciones; la representación también masiva de testigos y miembros de las mesas única forma de defensa y respeto al voto. Y cada candidato al parlamento a patear las calles en cada rincón del país para dar un mensaje contundente del país que queremos.

Quien calla, otorga

Este jueves el Gobierno de Colombia presentó ante la OEA, y ante la comunidad internacional, pruebas documentadas del apoyo del Gobierno de Venezuela a los grupos narcoterroristas colombianos, en especial a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), primer cartel del narcotráfico del mundo.

Ésta no es la primera vez que Colombia presenta en organismos multilaterales denuncias sobre el presunto apoyo del Gobierno de Hugo Chávez Frías a los grupos narcoterroristas de ese país. Colombia viene denunciándolo desde hace más de cuatro años, recibiendo sólo negativas, sornas y boicot comercial de las autoridades venezolanas.

Lo que sí es la primera vez, es la presentación de pruebas de que las FARC y el ELN no sólo usan el territorio venezolano como aliviadero, sino que lo utilizan para articular ataques contra objetivos colombianos, como fue el caso del ataque a fuerzas policiales colombianas el 20 de junio de 2010, cuando se efectuaba la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Así como también para ejecutar secuestros contra venezolanos, que según el embajador ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, suman a más de 150.

Con esta presentación, el Gobierno colombiano sigue escalando en las instancias regionales para presionar al Gobierno de Venezuela a acciones claras para reducir la presencia de la narcoguerrilla en su territorio, que ya asciende según el embajador Hoyos a 1.500 guerrilleros.

En esta oportunidad, Colombia solicitó que la OEA nombrara una comisión neutral que investigara y confirmara in situ la veracidad, o no, de sus denuncias.

¿La respuesta desde Venezuela? La ruptura total de las relaciones con Colombia. El que calla, otorga. Con ello, le está dando un nuevo argumento a Colombia para demostrar eventualmente ante otras instancias internacionales la renuencia de Chávez a colaborar en el combate contra el narcoterrorismo.

¿Las consecuencias?

La percepción a corto plazo tal vez es que Hugo Chávez se anotó dos tantos a su favor al desviar la atención de la opinión pública internacional de las evidencias de su presunta colaboración con grupos de narcoterroristas, repudiados a nivel mundial, y de la opinión pública nacional, del escándalo de los alimentos podridos.

La medida ya no tendría mayor incidencia económica y comercial en Colombia, ya que ambos países ya han adaptado sus patrones comerciales ante el boicot no oficial decretado por el presidente Chávez el año pasado.

A mediano plazo, Hugo Chávez estaría contra las cuerdas. La percepción internacional pareciera ser que Chávez sí ha cooperado con las FARC, y por tanto, se ejercerá mayor presión para que haga "algo" para solventar esta situación.

A largo plazo, el Gobierno de Hugo Chávez podría tener que responder incluso ante la Corte Penal Internacional, si se concreta la decisión de llevarlo ante esta instancia como lo anunció el Fiscal General de Colombia este jueves.

Contradicciones de la hegemonía comunista

Como en todo régimen comunista, el que pregona la revolución castro-chavista está focalizado en inhibir la diversidad de pensamiento, la coexistencia de ideologías y el discernimiento político.

Ha estrangulado económicamente a las organizaciones políticas que pregonan democracia, a los centros de estudio de pensamiento autónomo, y ahora se focaliza en las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos universales consagrados en la Constitución Nacional, como lo son, entre otros, los derechos humanos, la propiedad privada, la libertad económica y la libertad de expresión.

En Venezuela, como en otros países del mundo libre, existen instituciones internacionales que promocionan y financian foros de discusión, formación de pensamiento y difusión de ideas sobre libertad y democracia.

Algunas de ellas son la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, que contribuye a la cooperación y comprensión de temas como la economía social de mercado, descentralización y democracia, o como la norteamericana National Endowment for Democracy (NED), que promociona el crecimiento y fortalecimiento de las instituciones democráticas en todo el mundo. Así como otras ONGs nacionales como Cedice y Transparencia Venezuela, que promulgan también las ideas de libre mercado y de transparencia de la gestión pública, respectivamente.

El Gobierno exacerbado por la credibilidad y aceptación de estas organizaciones que difunden ideas contrapuestas al comunismo de Chávez, busca inhabilitarles su ejercicio en el país. Un avance en este sentido fue la ponencia que dictara hace casi diez años el magistrado Jesús E. Cabrera, dictaminando que las ONGs que recibían financiamiento internacional no eran "venezolanas", por lo cual no tenían derecho de participar como Sociedad Civil en la actividades especificadas para ésta en la Constitución.

Otro paso, fue el que dio Conatel en 2009, cuando dictó una medida en contra de una campaña a favor de la propiedad privada lanzada por Cedice y Asoesfuerzo, para contraponerla al proyecto de "Ley de Propiedad Social", que discutía la Asamblea Nacional.El argumento falaz de Conatel fue que esas propagandas contenían mensajes"que presuntamente causan angustia, temor y zozobra en la población" y pudieran "fomentar en el colectivo conductas tendientes a alteraciones del orden público y que pueden ser contrarias a la seguridad de la Nación". O sea, cualquier nueva campaña a favor de los derechos humanos o democráticos podría ser descalificada por Conatel, exponiendo a los ONG y los medios a medidas disciplinarias por parte del ente regulador.

Lo insólito de todo este estrangulamiento a la promoción y difusión del libre pensamiento en Venezuela, es que contrasta radicalmente con la promoción de las ideas del supuesto Socialismo del Siglo XXI, que patrocina y lidera el Gobierno de Hugo Chávez por el mundo, incluyendo donativos y financiamientos preferenciales a gobiernos, ONGs e incluso proyectos individuales de afectos a su proyecto castrocomunista.

Para Chávez y sus acólitos, pareciera que autodefinirse "revolucionarios" les da una patente de corso que le es vedada al resto de la humanidad.

El lado oscuro del pago

El Banco Central de Venezuela (BCV) concedió un préstamo, sin pago de intereses, por Bs.F.2,0 millardos a Siderúrgica del Orinoco, SIDOR.

El préstamo permitirá que la ahora estatal SIDOR salde parte de la deuda de Bs.F.3,0 millardos que tiene con más de 460 contratistas, entre los cuales se cuentan unos 8.300 tercerizados.

Pero, este préstamo tiene un lado oscuro: Que el mecanismo escogido para hacerse de los recursos haya sido que el BCV financie directamente las deudas del Gobierno.

Como lo podría certificar cualquier estudiante de primer año de economía, se trata de un mecanismo que se traducirá en una inflación cada vez mayor y el eventual colapso del sistema monetario del país.

Esta no es la primera vez que el BCV financia al Gobierno de Hugo Chávez.

Esta mala praxis la viene aplicando el Gobierno desde que Chávez le pidió el "millardito" aquél al BCV en 2005. Desde entonces, el BCV le ha traspasado $44,6 millardos de sus reservas internacionales al Fonden, un fondo de manejo opaco con el cual el Gobierno financia parte de sus gastos. Lo más grave es que, como resultado de estos inconstitucionales e irregulares traspasos, el ente emisor está técnicamente en quiebra, ya que sus pasivos exceden a sus activos por un amplio margen.

La avidez de dinero del Gobierno ha llegado al colmo de hacer reformas tras reformas a la Ley del Banco Central, para darle visos de legalidad a la sustracción de fondos del ente emisor. La última de estas reformas fue la de inicios de este año, según la cual el BCV puede participar en todo tipo de operaciones de crédito, ya sea directamente con el sector privado o para beneficiar directamente operaciones y actividades que el Gobierno señale como "prioritarias" o "estratégicas", lo que puede ser cualquier cosa.

No importó al legislativo que al facilitar el financiamiento para operaciones del Gobierno se violara el artículo 320 de la Constitución y el artículo 1 de la Ley del BCV, que prohíben expresamente al BCV financiar los déficits fiscales.

Lo que sí, es que esta es la primera vez que el financiamiento se hace directamente entre el BCV y una empresa estatal.

Si este lamentable hecho se deja pasar sin que, con sus protestas, los conocedores del tema obliguen al BCV a echar para atrás, sería el fin definitivo de la autonomía del BCV con lo cual no habrá cómo impedir que la inflación llegué eventualmente a tres dígitos ni que colapse el sistema monetario.

Más lamentable aún es que a raíz del pago los trabajadores celebran y ratifican su apego a la revolución, sin entender que estos recursos que hoy les pagan son pan para hoy y hambre para mañana.

Fue, ratificó y venció

Este 27 de julio, el Cardenal Jorge Urosa Savino Arzobispo de Caracas habló ante la Asamblea Nacional. Atendió a una imperiosa "invitación" que le hicieran los rojos parlamentarios para que "aclarara" sus declaraciones referentes a las violaciones constitucionales en la que incurriría el Gobierno de Hugo Chávez si instaura un régimen marxista comunista en Venezuela.

Llama la atención el hecho que un ciudadano sea citado para que "explique" sus opiniones públicas al Parlamento. La crítica y el disenso, expresados con objetividad y respeto, como lo fueron las declaraciones del Cardenal, son formas democráticas de ejercer ese derecho a la libertad de expresión y de pensamiento.

Esta citación al Cardenal Urosa se hace menos entendible si se parte de que sus opiniones se basaron en hechos públicos y notorios, expresados en leyes promulgadas o en discusión en el Parlamento, y confirmados en las declaraciones públicas del propio mandatario nacional.

A esto se agrega lo revelador de que los rojos parlamentarios no permitieran la presencia de medios de comunicación privados ni transmitieran la intervención del Cardenal en vivo y directo por el canal oficial de la Asamblea Nacional, ANTV como lo habían anunciado, ni por ningún otro medio: la comparecencia fue a puertas cerradas, mientras que los reiterados insultos y acusaciones al Cardenal Urosa Savino, que antecedieron su comparecencia, fueron públicos y televisados en cadena nacional.

Es más, los voceros de la Asamblea y los medios oficiales hicieron una labor propagandística extraordinaria donde la "noticia" fue la comparecencia civilizada y respetuosa del Cardenal, omitiendo toda mención de su mensaje y, también, de la conducta poco respetuosa de algunos diputados que aprovecharon la presencia del Cardenal para insultarlo.

¿A qué le tuvieron miedo? ¿Al ejemplo de coraje, de respeto y contundencia democrática del cardenal Urosa? ¿A la ratificación del Cardenal de sus ideas de Libertad y Democracia?, o a ¿su convicción de que las instituciones deben ser autónomas e independientes de la hegemonía de un poder centralizado en una sola persona?

El cardenal Urosa no quitó ni un punto ni una coma a sus declaraciones originales sobre la inconstitucionalidad de imponerle a los venezolanos un Estado marxista comunista, como lo ha pregonado Hugo Chávez y como se plantea en leyes como las del Consejo Federal de Gobierno, Transferencia de Competencias del Poder Público, Educación, Fuerza Armada Nacional, Distrito Capital, Indepabis y el proyecto de Ley de Comunas.

Está dicho: "Llevarnos por ese camino implicaría dejar de lado principios consagrados en la Constitución. El Estado socialista marxista es totalitario, pues copa todos los espacios".

Pudreval, pica y se extiende

El país está conmocionado desde que salió a flote el caso de los alimentos encontrados en estado de descomposición dentro de containers de PDVAL, filial de PDVSA, y otras entidades del Gobierno. Ya van 130.000 toneladas de comida podrida halladas en varias regiones del país (y siguen apareciendo más cada día), dentro de puertos, depósitos y centros de distribución controlados por el Gobierno y "asesores" cubanos.

Pero desde la Presidencia de la República, la de PDVSA, la roja Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República, se ha negado la gravedad del asunto. Para éstos "no hay nada que investigar".

El Gobierno tratando de exculpar al Presidente de PDVSA y al propio Presidente de la República, encarcelaron y están enjuiciando a Luis Enrique Pulido, el ex gerente general Ronald Flores y la ex directora ejecutiva de operaciones, Vilyeska Betancourt, otro par de funcionarios de baja graduación más. Los chinos de Pudreval.

Sin embargo, la situación pica y se extiende.

Esta semana la Comisión de la Verdad, conformada por la bancada parlamentaria de Podemos y el Movimiento Ecológico de Venezuela para investigar irregularidades en PDVAL y contrarrestar el silencio de los rojos legisladores, dio a conocer un informe de auditoría interna de PDVSA, que sería del conocimiento del Presidente de PDVSA, Rafael Ramírez y del presidente Chávez desde mediados de 2009.

El dato más escandaloso de este informe, es que los alimentos comprados con sobreprecios ni siquiera llegaron a su destino, los sectores más pobres que compran en la cada vez más desabastecida Red Mercal.

Entre el sin fin de irregularidades que revela el informe se cuenta que en el proceso de adquisición de alimentos que llevaron a cabo distintas filiales de PDVSA, entre noviembre de 2007 y junio de 2008, el sobreprecio estimado en las compras de alimentos llegaría a $54 millones.Se afirma que en una sola compra de 5.000 Tm de alimentos, Bariven y Pdvsa Services, INC (PSI), habrían pagado $10 millones de sobreprecio, al no considerar una oferta por $2.950 por Tm., y preferir una con un precio de $4.958 dólares por Tm.

El informe también denuncia "deficiencias en el control de recepción de mercancía" que provocaron una diferencia de $10 millones por costos asociados a pedidos pagados y recibidos de 3.047 Tm de alimentos. Así como pago de adelantos sin garantía a los proveedores por $110 millones; altos costos de traslados de leche; empresas de maletín creadas por venezolanos relacionados con el Gobierno en Argentina, Brasil y Uruguay encargadas de comprar para PDVAL; que de las 10 empresas con los pedidos más grandes, seis eran intermediarios y apenas cuatro son productores; y pare de contar.

Además el informe confirma una verdad de Perogrullo que "Bariven no poseía los controles, la pericia ni la estructura para el manejo adecuado de los alimentos".

Este camino revolucionario de corrupción y complicidades automáticas va en contravía a la pregonada seguridad alimentaria.

Por más que se tongoneen

En días recientes el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, respondiendo a una pregunta sobre el Sistema de Transacciones con Títulos de Moneda Extranjera (SITME), anunció una buenanueva, que el Mercado Permuta sería reactivado dentro de dos meses.

Este anuncio es bienvenido pues el SITME ha sido un gran fracaso. El SITME le ha servido al Gobierno para mantener la mentira de la fortaleza del Bolívar Fuerte. Pero, desde el punto de vista de los importadores, comerciantes y otros empresarios, el SITME ha sido una muralla casi insalvable y no ha satisfecho sus requerimientos de divisas.

El volumen de divisas que se viene negociando a través del SITME no pasa de un promedio de entre $25 millones y $30 millones por día, en contraste con el volumen promedio entre $80 millones a $100 millones por día que se movía en el Mercado Permuta el año pasado. Esto significa que en los actuales momentos existe una demanda reprimida de unos $60 millones a $70 millones promedio por día.

La razón principal del poco volumen del SITME no tiene que ver con los procedimientos rígidos y complejos, sino por el hecho de que el Gobierno no dispone de suficientes divisas para alimentar el mercado. Si el Banco Central, PDVSA, o Fonden tuviesen las divisas, las estarían soltando al mercado, pues ello contribuiría a solventar el déficit fiscal a la vez de estimular la actividad económica.

Se comenta que la tasa del mercado ilegal se ha mantenido "alto pero estable, con poco volumen". De ser así, esa estabilidad se explicaría por los hechos de que hay poca oferta, en momentos en que la demanda sigue reprimida.

¿La razón? Miedo. Ninguna empresa seria va a recurrir al mercado ilegal, porque éste está altamente vigilado, y es sujeto de fuertes penalidades que oscilan entre multas onerosas hasta un eventual cierre y confiscación de la empresa. Ante este riesgo, los administradores prefieren cerrar la producción y/o dejar de vender.

Ahora bien, ¿Qué pasaría si el Banco Central cumple con lo ofrecido en octubre, si se legaliza y se reactiva el mercado permuta?

Por un lado, el BCV seguirá sin el volumen suficiente de divisas para satisfacer la demanda. O sea, no habrá nada diferente a la situación actual.

Por otro lado, al salir el Mercado Permuta a flote, sin la soga de la represión y penalidades, la demanda reprimida se activaría y se dispararían los precios.

Y como punto adicional, teniendo en cuenta el ingente déficit fiscal, es muy probable que el Gobierno decida aventurarse y haga una nueva devaluación en octubre, la segunda de 2010.

Ante este panorama sólo resta sugerir a los empresarios, que no se endeuden en dólares, y que coloquen sus bolívares en bienes transables, pues éstos son los que mantendrían su valor después de una nueva devaluación.

Siempre y cuando el avance hacia el comunismo lo permita.

Camisa de fuerza a los aseguradores

El 29 de julio fue publicada en Gaceta Oficial la nueva Ley de la Actividad Aseguradora.

La nueva Ley además de cambiar el nombre a la anterior Ley de Seguros, introduce algunos cambios positivos, pero solapados con muchos bemoles que podrían poner en riesgo la competitividad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud.

Entre los cambios positivos está el que se incluyó a los servicios de medicina prepagada, que antes no estaban sujetas a regulación y supervisión de la Superintendencia de Seguros.

Dentro de los cambios que complican y desmejoran la prestación de servicios privados de salud se cuentan, entre otros:

1) Que hace muy oneroso ejercer la actividad aseguradora, debido no sólo a que se incrementaron las primas netas que las empresas deben pagar a la Superintendencia (que pasan del 0,2% y 1,5% actual a ser de 1,5% y 2,%), sino que también se creó un impuesto de 1% sobre las primas, destinado al Fondo de Salud Pública.

2) Que se incluyeron trabas casi insalvables para que estas empresas coticen en la Bolsa de Valores. No sólo una persona debe recibir autorización de la Superintendencia para adquirir una acción, sino que también fija trabas para la captación de inversionistas, al establecer que quienes compren 5% o más de acciones deben tener experiencia y conocimiento comprobado de la actividad; quienes compren 10% o más de las acciones deben tener autorización previa de la Superintendencia y quienes compren menos de 10% pueden ser objeto de revisión de la operación e incluso de anulación. También los accionistas pasan a ser solidariamente responsables con sus bienes ante cualquier eventualidad en proporción a las acciones que posea en la compañía de seguro.

3) Que no sólo se le ponga un férreo control a los precios de las pólizas, los cuales serán fijados unilateralmente por la Superintendencia, sino que les pone una camisa de fuerza con: a) La eliminación de las cláusulas de condiciones preexistentes. Esto podría funcionar si se limitara a las pólizas grupales o colectivas, mas no para las pólizas individuales, dado que las primeras tendrían la opción de ajustar sus pólizas en base al riesgo grupal. b) La obligación a que emitan pólizas solidarias para jubilados, pensionados e incapacitados que tengan ingresos mensuales menores a 25 unidades tributarias. Es difícil imaginar cómo podrán financiarse una póliza de seguros personas que apenas pueden cubrir con sus ingresos la canasta básica. c) Y la prohibición de anular pólizas por incumplimiento de pago de primas, y que se eliminen las cláusulas de las claves de emergencia.

Ninguna de estas inclusiones de la nueva Ley hace viable que se garantice la protección de los asegurados ni que se amplíe el acceso de los asegurados a precios bajos. Todo indica que de nuevo el Gobierno escurre el bulto a sus responsabilidades de crear un Sistema de Salud Pública incluyente y de calidad.

¡Que siga el ejemplo que Raúl le da!

En los años 20 cuando la economía rusa entró en recesión, Lenin implantó el Nuevo Programa Económico (NPE), el cual les permitió a los campesinos usufructuar las tierras mientras se liberaran las pequeñas y medianas empresas de los controles del Estado Comunista.

Tras ello, se recuperó la actividad económica. Pero, con la muerte de Lenin, Rusia dio de nuevo un vuelco atrás. Llegó el férreo y sangriento comunismo de Joseph Stalin, el cual sumió a la Unión Soviética en la pobreza y cobró la vida de decenas de millones de ciudadanos.

En los años 90, se repitió la historia en Cuba. Al encontrarse sin el sostén económico de la URSS, Fidel implantó una especie de NPE. Abrió un poco la economía y permitió la participación de particulares en el campo y en el manejo de algunos servicios, tales como los "paradores" (restaurantes de 12 comensales). Y la economía registró su mejor crecimiento en décadas.

Lamentablemente, con la llegada de Chávez al poder, el Gobierno de Venezuela sustituyó el mecenazgo que daba la URSS a Cuba. Fidel retornó al cierre de la economía y al retroceso comunista.

Ahora, más de 10 años después, el nuevo comandante de la revolución cubana, Raúl Castro, está abriendo parcialmente la economía, y le está permitiendo a los campesinos usufructuar la tierra, y a particulares participar en algunos servicios. Todo parece apuntar a que, en la Cuba de Raúl, se podrá ver una economía más abierta.

Este apuntalamiento de Raúl hacia una economía más libre, se debería a la certeza que tendría éste de que también la bonanza venezolana está llegando a su fin y, por ende, el apoyo económico incondicional de Chávez a la revolución castrista.

Llama la atención que esta apertura del mercado de Cuba, se dé precisamente en momentos cuando Chávez está atornillando el comunismo en Venezuela. La semana pasada, el Presidente puso su "ejecútese" a una retahíla de nuevas leyes socialistas, entre ellas: La Ley de Reforma Parcial de Tierras y Desarrollo Agrario, que elimina el derecho de propiedad en el campo; La Ley de la Actividad Aseguradora, que recarga al sector con funciones sociales propias del Estado; y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que entre otras cosas, otorga a la Sala Constitucional facultades plenas para revertir sentencias emitidas por cualquiera de las otras cinco Salas del TSJ; una especie de Tribunal Supremo dentro del Tribunal Supremo, que termina de eliminar los restos del Estado de Derecho, donde no habrá sentencia firme que valga.

La esperanza que se alberga es que con la influencia de su amigo Raúl, Chávez también considere abrir la economía, aunque sea un poquito.

Imposible tapar el Sol

PDVSA publicó este martes 3 de agosto su informe de operaciones de 2009. Este informe consta de 532 páginas que, en su mayoría, contiene demasiada verborrea, pero escudriñando se revelan preocupantes datos sobre la grave situación de la petrolera.

La cifra más importante para este análisis es la de las ganancias antes de impuestos y regalías, desarrollo social y aportes al Fonden. Ésta informa cuánto produjo PDVSA para el Estado. Según el informe de 2009, estas ganancias brutas fueron $24,83 millardos, lo cual significa que la estatal petrolera produjo 54% menos que en 2008, cuando las mismas ganancias se ubicaron en $53,91 millardos.

Hay otra serie de inconsistencias o datos poco claros en los estados financieros auditados por la firma KPMG, que no parecen haber sido aclarados ni siquiera en las notas del informe. Una de estas inconsistencias corresponde a los ajustes que se hicieron en 2008 para traspasar $5,1 millardos de gastos de operación a la cuenta de importaciones de petróleo crudo y productos, sin que se expliquen las razones del ajuste.

Llama también la atención que en momentos cuando los costos de operaciones se incrementaron para todas las empresas del país, PDVSA reporte que los suyos bajaron en 4,9%, hasta $16,4 millardos, más aún cuando la cuenta de gastos aumentó. Esto se hace doblemente inexplicable si se toma en cuenta que la nómina de la estatal ronda los más de 100.000 trabajadores, versus los menos de 45.000 que existían hace más de 11 años cuando llegó Chávez al poder.

Otra cuenta que requiere análisis es la de gastos financieros, que registra una ganancia de $3,8 millardos. Este resultado puede tener su explicación en las operaciones de la estatal en el mercado permuta, donde se vendían bonos con un valor nominal entre Bs.F.3:$ y Bs.F.3,5:$, mientras que la supuesta ganancia cambiaria se registraba a Bs.F.2,15:$.

Y a pesar de ello la deuda financiera de la Estatal Petrolera aumentó en $6,4 millardos (42,6% en un año) hasta llegar a $21,4 millardos en 2009.

Por último llama poderosamente la atención que en el año cuando los precios del petróleo cayeron estrepitosamente, hayan aumentado las cuentas por cobrar en $3,5 millardos hasta $14,3 millardos, lo que equivaldría a 170.000 barriles diarios.

Sin embargo, ello no haría sino confirmar lo que es vox populi: que PDVSA está vendiendo a un amplio grupo de países amigos de su revolución comunista, petróleo a crédito a largo plazo y en condiciones desfavorables para Venezuela, aún en momentos de franca necesidad para el país.

Al final, por mucha propaganda vacía y desmentidos que se hagan o por mucho malabarismo financiero que se invente, la realidad de la situación económica de PDVSA es tan caótica que ya es imposible tapar el sol con un dedo.

Dicen que es Bolsa, pero no lo es

Para el jueves 5 de agosto, la Asamblea Nacional tenía programado aprobar en segunda discusión una Ley de Bolsas Públicas de Valores, con la cual se crearía una estructura que se dice será una Bolsa de Valores, pero que en realidad no lo será.

Según la nueva Ley, que "complementaría" la Ley de Mercado de Capitales, se crea una Bolsa de Valores donde se negociarían los papeles que emita la República.

Cabe aclarar ¿qué es una Bolsa de Valores? Se trata de un sitio donde se reúnen los representantes de todos los que quieren comprar títulos valores, y todos los que quieren vender títulos valores, creando una especie de "mercado perfecto", donde se fijan los precios en función de la oferta y la demanda globales.

Una de las características más apreciadas de este mercado es que quienes representan a los vendedores y los compradores, son éticos y están ampliamente calificados para garantizar la confidencialidad y transparencia de las transacciones. Además, son profesionales muy bien preparados y capacitados para asesorar y defender los derechos de las personas, empresas o instituciones que representan.

El caso es que en la nueva Ley, sería la banca pública la que representaría a los vendedores y compradores, en sustitución de los expertos de la sexagenaria Bolsa de Valores de Caracas. Como es público y notorio la banca pública no se ha caracterizado ni por la transparencia, ni por la eficiencia, ni por sus conocimientos especializados. Menos aún, podrían garantizar la confidencialidad, sobre todo en estos tiempos donde el Gobierno se ha autodesignado el derecho de tener injerencia en todo espacio privado. Es de pensar que esta Bolsa Pública de Valores será un nuevo instrumento de control y de inquisición, donde imperaría la falta de transparencia y la arbitrariedad.

Ahora bien, saltando estos problemas, y partiendo del supuesto de que esta nueva institución del Gobierno pueda funcionar, tampoco se le ve el sentido de crear una instancia paralela a la Bolsa de Valores que tiene 63 años sumando experiencia. ¿Por qué ahora se le excluye de la negociación los de títulos de deuda del Estado?

Para algunos, se trata de una continuación de la campaña en contra de las casas de Bolsa y de los corredores, emprendida por el Gobierno a raíz de que se disparara el tipo de cambio del mercado permuta y se desatara una mini crisis bancaria en noviembre de 2009, que involucró a banqueros afectos al Gobierno.

Desde entonces, el Gobierno viene culpabilizando a terceros de las crisis cambiaria y bancaria, y esquivando que la misma es de su plena responsabilidad, debido a una errada política cambiaria y a la falta de supervisión de los mini-bancos surgidos con el auspicio del mismo gobierno.

Un cubo de hielo más

El 29 de junio el presidente Barack Obama postuló a Larry Palmer como nuevo embajador en Venezuela, en sustitución de Patrick Duddy.

Venezuela no tuvo objeción sobre Palmer y le otorgó el Plácet. A Palmer sólo le faltaba la formalización del nombramiento por parte del Congreso de los Estados Unidos.

Como parte del proceso de confirmación de su nominación, Palmer se presentó el 27 de julio ante la Comisión de Relaciones del Senado de los EE.UU. y respondió a puertas cerradas un cuestionario.

El caso es que el nominado embajador Palmer, expresó contundentes declaraciones sobre el Gobierno de Venezuela y sus vínculos con Cuba, las relaciones de funcionarios gubernamentales con los narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la situación de las Fuerzas Armadas de Venezuela y la violación de los derechos humanos en Venezuela, en especial hizo referencia a los casos de la juez María Lourdes Afiuni y el dirigente democratacristiano Oswaldo Álvarez Paz.

Entre otras, Palmer afirmó que "mientras Cuba y Venezuela incrementan sus vínculos militares, me preocupa que aumente la influencia cubana en las fuerzas armadas venezolanas". También aseveró que existen "reportes confiables de una creciente cooperación cubana-venezolana en las áreas de espionaje y en las fuerzas armadas", y que en su opinión ello ha disminuido la moral de los soldados venezolanos.

Pero, la intervención resultó no ser tan privada, y las respuestas de Palmer según reporta la página web LaPrensa.hh de Honduras, habrían sido publicadas en el sitio de Internet del senador Richard Lugar, el republicano de mayor rango en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

No están claras las razones por las cuales esta intervención se hizo pública.

Para algunos analistas, uno de los objetivos podría ser que Venezuela se quede sin Embajador de EE.UU. y que sólo sea representado por el encargado de negocios. En ese sentido apuntan las opiniones de algunos congresantes, de que un encargado de negocios sería más apropiado, debido la manifiesta hostilidad de Hugo Chávez contra el Gobierno de los Estados Unidos.

Palmer ha recibido el apoyo del Departamento de Estado, cuyo representante Philip Crowley, durante su conferencia de prensa diaria indicó que las declaraciones de éste "transmiten nuestra mejor opinión sobre temas entre Estados Unidos y Venezuela", y afirmó que "queremos ver confirmado al embajador Palmer.

Sin embargo, esta confirmación pareciera estar en pico de zamuro, dadas las declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional, el ministro de la Defensa y más recientemente el propio presidente Chávez que manifestó la posibilidad de revocar el Plácet.

Lo que sí es una realidad, es que salga sapo o salga rana el enfriamiento de las relaciones entre ambos países dio un salto más allá de las descargas retóricas que abundan desde los tiempos del presidente George Bush. Un enfriamiento que no presagia nada bueno para nadie, en especial para Venezuela.

Con una mano atada

Faltan siete semanas para las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre. Y por decir lo menos, el panorama electoral luce complicado. El sector democrático va, igual que en las últimas contiendas electorales, con una mano atada a la espalda.

El reto principal que se tiene por delante en esta oportunidad es sortear el escollo de competir democráticamente con un aspirante a dictador de talante cínico y desfachatado.

Paralelamente, y como consecuencia directa de lo anterior, también se tienen que superar los múltiples obstáculos que el Gobierno, con el amparo y apoyo del Consejo Nacional Electoral, ha venido edificando para impedir la participación política plural que exige todo juego democrático y para blindarse en cualquier contienda comicial futura.

La Ley Orgánica de Procesos Electorales de agosto de 2009, no sólo cambió inconstitucionalmente un sistema de elección proporcional por uno de mayorías, que elimina la representación de las minorías en los cuerpos deliberantes, sino también dio pie a que se incluyeran una serie de modificaciones que inclinan la balanza a favor del Gobierno.

Entre otros la nueva Ley permitió que se recompusieran los circuitos electorales, anexando parroquias y municipios a discreción del ente electoral, con lo cual fabricaron circunscripciones electorales con sectores proclives al chavismo, lo que le podría sumar algunos diputados adicionales a la bancada oficialista en las parlamentarias.

La Ley también convirtió el proceso de auditoría en un proceso de verificación no vinculante. Esto se traduce en que si hubiera alguna diferencia entre los resultados que arroje la máquina de votación y los que refleje la auditoría, prevalecerán los votos electrónicos de la máquina.

Adicional a ésto, el CNE realizó un proceso de selección de miembros de mesa nada transparente, a lo que se suma que las credenciales son dadas a discreción por el ente electoral. Esto tiene como resultante una composición de las mesas electorales donde los partidos de oposición están en clara desventaja.

Por tanto, es indispensable la participación masiva de testigos de mesa del sector democrático.

Otro bemol es que se le ha negado a la oposición su derecho de acceso al Registro Electoral, con lo cual resulta imposible hacer una auditoría del mismo.

Para ñapa el CNE está poniendo barreras a la observación internacional, interpretando a su conveniencia el rol de los observadores de procesos electorales. El CNE inventó la figura de "acompañante" electoral, el cual se acerca más a un turista electoral, que a un garante de la transparencia que cumpla con los rigores que se exige para que el proceso sea democrático.

Para cumplir con su rol de observador internacional cabalmente, los observadores acreditados ya deberían haber llegado al país para verificar los procesos pre-electorales. Lo que se conseguirá con estos "acompañantes", es dar una apariencia de democracia a un proceso viciado.

Sin embargo, no es cosa de darse por vencido antes de emprender la carrera. Por el contrario, se requiere de habilidad, constancia y la participación activa de todo el sector democrático de la población para vencer los obstáculos y lograr la reinstalación del pluralismo parlamentario en Venezuela.

Los bonos del soberano desespero

Este martes 10 de agosto sale al mercado una nueva emisión de deuda, el "Bono Soberano Internacional Amortizable 2022" por $3,0 millardos y con un altísimo cupón, sin precedentes, de 12,5%/año.

El bono se está ofreciendo al 100% de su valor nominal, para ser pagado en bolívares al cambio de Bs.F.4.30:$.

La venta cerrará el viernes 13 de agosto, y los resultados y adjudicación de la oferta se darán a conocer el lunes 16 de agosto. Los administradores de la emisión serían Credit Suisse y Deutsche Bank.

El 50% de la emisión será asignada a productores de alimentos, salud y bienes de capital; el otro 50% a otras personas naturales y jurídicas.

VenEconomia estima que este Bono Soberano se cotizará inicialmente en el mercado internacional entre 85% y 87% de su valor nominal, lo que daría un rendimiento al vencimiento de 15% por año y un cambio implícito de Bs.F.5.00:$.

El que este bono llegue al mercado internacional con un rendimiento de 15% -tres veces más que la última emisión de Grecia- es reflejo del grave deterioro del crédito de Venezuela en el mundo.

Además, cabe mencionar que esta emisión soberana no generará ni un solo dólar adicional para la nación, o para el Banco Central de Venezuela, dado que se está vendiendo contra pago en bolívares.

Sin embargo, el hecho es que la emisión servirá para reducir la presión contra Cadivi y el Banco Central por la demanda de divisas insatisfecha, en especial las del sector importador.

Aparte de su altísimo costo, cabe notar que esta emisión se hizo "necesaria" ante la incapacidad de PDVSA de generar los dólares que requieren el gobierno y la economía para su funcionamiento.

¿Cuánto durará la luna de miel?

Juan Manuel Santos extendió la mano a Chávez el mismo día que asumió la Presidencia de Colombia, anunciando que buscaría un "diálogo franco y directo" con Caracas. Chávez ni corto ni perezoso aceptó.

Y, con la rapidez camaleónica que lo caracteriza, tres días después ya estaba Chávez en el terreno del colombiano, sentado y dialogando.

La Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta, última morada del Libertador de Colombia y Venezuela, sirvió de escenario para un diálogo de tres horas que terminó con humo blanco. Los gobiernos anunciaron que Colombia y Venezuela restablecerían sus "relaciones diplomáticas, políticas, económicas y plenas". Y se informó que ambos gobiernos habrían acordado una Declaración de Principios, basada en cinco puntos a desarrollar por sendas comisiones binacionales.

Entre esos puntos básicos para "reestablecer la confianza y privilegiar la diplomacia y la prudencia" que aspira el presidente Santos, se cuentan:

En lo político, que el Gobierno de Chávez no apoyaría a los grupos guerrilleros, terroristas y narcotraficantes de Colombia. Y por parte de Colombia, que su Gobierno no se inmiscuiría en asuntos internos de Venezuela.

En lo económico, se acordó re-abrir las fronteras, y restablecer el flujo de intercambio comercial. Venezuela, además se habría comprometdo a facilitar el pago a los exportadores colombianos de las deudas acumuladas de más de $800 millones.

A corto plazo, estos acuerdos económicos-comerciales beneficiarán las poblaciones fronterizas de ambos países, reactivando las deprimidas economías de esas regiones.

Además, los productores colombianos podrán reactivar las ventas directas a los importadores venezolanos, sin necesidad de utilizar a terceros países como intermediarios. Venezuela se beneficiará al mejorar los tiempos y costos de las importaciones, al ser la ruta del transporte terrestre más corta y con fletes más económicos, y porque se evita el paso por los abarrotados puertos del país. Con ello, se mitigará un poco la escasez de productos de la dieta diaria.

Ahora, la pregunta es ¿cuánto durará esta luna de miel? La mayoría de los analistas hablan de cuatro a ocho meses, por cuanto no se han resuelto los problemas de fondo. Chávez seguiría apoyando a la FARC y la primera prioridad del gobierno de Santos sigue siendo la derrota definitiva de las FARC.

Mientras tanto, las denuncias ante la Corte Penal Internacional y la OEA interpuestas por el apoderado legal de Álvaro Uribe seguirían su curso.

Pocos apuestan a que esta luna de miel se convierte en matrimonio estable.