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Más malos augurios

Siguen flotando cifras que hablan de la debacle de Venezuela, gracias a la revolución chucuta que ha liderado Hugo Chávez.

Esta vez las cifras rojas provienen de la Encuesta de Coyuntura que realiza trimestralmente Consecomercio, el gremio del sector formal de comercio y servicios que agrupa a 200 cámaras a nivel nacional.

La Encuesta, que mide el comportamiento de unos 19 sectores, refleja que para el primer trimestre de este año, en su totalidad éstos registraron una importante caída promedio de 29,4% en las ventas al detal.

Entre los sectores más afectados se cuentan: Servicios aduaneros (-38%); Equipos y Telecomunicaciones y Supermercados y Afines, con -37% cada uno; Talleres Mecánicos y Servicios Educativos, con -35% cada uno; Autopartes (-34,1%) y Automotriz con -32%. Los menos afectados fueron: Farmacias y Medicamentos (con -20%) y el de Panaderías con -8%.

Algunas de las razones que más impactaron al Sector Comercio, según el presidente de Consecomercio, Fernando Morgado, serían: la recesión económica en la que está sumida Venezuela y la inflación, que han obligado a la población a un recorte del consumo. A esto se le aúnan los controles de cambio y de precio así como un difícil acceso a las divisas oficiales que administra Cadivi; la inseguridad en bienes y personas; la violación de la propiedad privada y el entorno político, que inhiben las inversiones.

Informó Morgado a la prensa nacional, que a ninguna de las empresas agremiadas en Consecomercio que han acudido al nuevo Sistema de Transacciones con Títulos de Moneda Extranjera (Sittme), se le ha asignado las divisas requeridas. Desde su entrada en vigencia el 9 de junio, el Sittme ha otorgado en promedio $27 millones diarios, vs una expectativa proyectada por analistas independientes de $80 millones diarios.

De las empresas entrevistadas para la Encuesta de Coyuntura, 83,5% informó que no acudió a Cadivi, debido a la reiterada demora en la entrega de divisas del ente. Y del 16,5% que sí acudieron a la instancia oficial, sólo 27% logró obtener las divisas solicitadas.

A la par, la Encuesta revela algunos datos que llaman a la alerta:

1) Que 63% del Comercio y los Servicios no invirtió, o el 37% que sí invirtió lo hizo sólo para reposición de inventarios, tecnología, activos fijos y mobiliarios y equipos. Más preocupante aún es que 71% de los comerciantes encuestados, indica que no realizará inversión alguna en los próximos meses.

2) Que 65,5% de los encuestados considera que las ventas seguirán disminuyendo, lo cual augura pésimas perspectivas, dado que los meses por delante son quizás los que por tradición muestran una reactivación en las ventas.

3) Que 56% piensa que el desempleo aumentará.

4) Que 94% considera negativas las medidas económicas del Gobierno.

Estos resultados traen malos augurios, pues de no darse un giro en la revolución chavista, la estanflación podría estar a la vuelta de la esquina.

Sí, pero allí les va el Ministerio Público

A principios de junio fue detectado un derrame petrolero en el Lago de Maracaibo, ampliamente denunciado por la prensa nacional.

En ese momento, ni PDVSA, ni el Ministerio de Energía y Minas ni el del Ambiente, reconocieron situación alguna de derrame, de emergencia, ni de contingencia. Y el ministro del Ambiente, Alejandro Hitcher, aseveró que no estaba activado ningún plan de contingencia "ni en PDVSA, ni en el Ministerio del Ambiente".

Pero, la mancha negra en vez de reducirse ha seguido creciendo, y ha ocasionado daños irreversibles en el ecosistema y a la actividad pesquera. Los pescadores han informado que en sólo una semana la pesca bajó en 80%, y, según informó el dirigente zuliano Julio Montoya en una entrevista por Globovisión, más de 70.000 pescadores se han visto afectados.

Este miércoles 30 de mayo, a un mes de detectado el derrame, PDVSA al fin emitió un comunicado público reconociendo que en efecto existe una "fuga", no un "derrame", de crudo calculada en unos 8.000 barriles diarios de petróleo.

Lamentablemente, como es ya costumbre en la gerencia revolucionaria para afrontar sus errores y omisiones, en el Comunicado PDVSA minimiza el problema, acota que es de "impacto moderado", afirma que este tipo de fugas son "crónicas" desde 1920 y asegura que son de poca monta en comparación con los 100.000 barriles diarios que se derraman en el imperialista Golfo de México.

Además PDVSA escurre el bulto y comienza a buscar culpables. Esta vez le tocó a "bandas de piratas" que supuestamente sabotean continuamente "unos sistemas eléctricos que controlan el bombeo de petróleo en 138 estaciones del Lago de Maracaibo"; así como a las "anteriores transnacionales", pues existen 45.000 kilómetros de tuberías petroleras en el fondo del Lago de Maracaibo que no habrían sido "bien planificadas".

El escrito, para no variar, acusa por enésima vez a los medios de comunicación de mentir y conspirar contra la Estatal, y amaga con un "frente de trabajadores unido con las comunidades dispuestos a enfrentar esta nueva batalla", así como con un "Plan de Seguridad con los cuerpos castrenses a fin de resguardar las instalaciones".

Obviamente, en esta saga de irrealidades no podía faltar la imputación del Ministerio Público a las empresas transnacionales Exxon, Shell, Gulf, Texaco y Mobil por "contaminación continua y agravada del medio ambiente lacustre en el Estado Zulia". La Fiscalía actuó por "noticia criminis" fundamentada en las declaraciones que emitiera el Ministro de Energía y Presidente de PDVSA Rafael Ramírez.

Lo que no se ve por ningún lado en las declaraciones y comunicados de la Estatal petrolera de Venezuela, es un mea culpa para reconocer que la revolución no atina una en el manejo de las empresas públicas. Menos se ve por parte alguna un plan bien estructurado y pensado para recuperar la industria petrolera de los devastadores estragos que la han derruido en más de una década del Gobierno castrochavista.

Y se topó con la economía

Durante más de once años el presidente Hugo Chávez impuso su agresiva agenda política a Venezuela. Con un don de encantador de masas, captó por años el apoyo de millones de venezolanos, sobre todo los más empobrecidos, quienes avalaron su imaginaria lucha de clases. Así, Chávez sumó tantos a su favor para apoltronarse en el poder y ejercer su hegemonía sobre todos los poderes públicos y sobre el sector productivo y económico del país.

En el ínterin, Chávez dividió en dos toletes a la población y aplicó como política de Estado la segregación y la persecución de amplios sectores del país. También se dedicó a llevar a su mínima expresión al sector productivo privado, a fuerza de barbarie y robo de tierras, empresas y propiedades.

Para completar su mala faena, el batallón de prosélitos que comanda Chávez condenó al colapso al sector público, por ineptitud, desidia, corrupción y, sobre todo, por el mal manejo y despilfarro de los ingentes recursos del petróleo. Los males de PDVSA también acumulan una capacidad de producción severamente disminuida y una corrupción generalizada, expresada en su mejor magnitud en los casos de los alimentos putrefactos de PDVAL y los derrames petroleros no atendidos con pericia y diligencia. Incluso, a pesar de la recuperación del precio del barril a niveles promedio de $70,03 en 2010, casi 23% más que en 2009, PDVSA no logra recuperar sus ingresos. Esto ha traído como consecuencia el agravamiento de errada política cambiaria.
El desacertado enfoque comunista de Chávez, también llevó a una severa y sostenida crisis del Sistema Eléctrico con sus nefastas secuelas en la productividad nacional y la calidad de vida del ciudadano.

Las contradictorias políticas del Gobierno han traído como consecuencia una continuada y acelerada caída del PIB y una alta inflación que acumula 14,5% en lo que va de 2010, todo lo cual ha dado paso a lo que podría ser una de las recesiones más graves de la historia de Venezuela.

Pero, la agenda política de Chávez irremediablemente se topó con la economía, y parece que ya los vientos no están a su favor.

La mayoría de las encuestas viene reflejando una caída sostenida de la aceptación de la gestión de Hugo Chávez. En una de las últimas, la de Consultores 21, realizada el 4 de junio en una muestra de 1.500 casos en 66 poblados del país, 59% de los encuestados piensa que el Gobierno de Chávez es malo y, en su mayoría, percibe que el principal problema del país es la situación económica. Pero la peor noticia para el mandatario es que más de 55% de la muestra lo responsabiliza de los problemas del país y cree que él es incapaz de resolver los problemas que los aqueja.

Su respuesta a esta realidad es la de todo hegemón: Represión, control y más control.

Señuelos para distraer

Ya es más que evidente que el Gobierno de Hugo Chávez está confrontando severos problemas de gobernabilidad.

El primero, el grave deterioro de PDVSA cuyas señales más nítidas están entre otras en la entrega chucuta y tardía a la Asamblea Nacional de los estados financieros (no auditados). El colapso de la estatal es tan extenso que no lo pudieron ocultar ni siquiera a fuerza de maquillaje y verborrea en un "informe preliminar" de 380 páginas, más aún cuando las pruebas de la mala gerencia y corrupción le saltaron a la cara con las miles de toneladas de alimentos en estado de putrefacción que importó PDVAL y los derrames de crudo del Lago de Maracaibo.

El segundo problema es la aparente crisis de caja del Presupuesto Nacional, por la cual se estará recurriendo a un nuevo endeudamiento por Bs.F.20.000 millardos en este tercer trimestre de 2010. (Se piensa que se recurrirá a deuda en bolívares dado que, al parecer, ya le es cuesta arriba conseguir que le presten al país en dólares.)

El tercero es la estrepitosa caída de la popularidad del primer mandatario, en momentos cuando se avecinan los comicios que determinarán la nueva composición de la Asamblea Nacional. En los sondeos de opinión el Gobierno y la gestión presidencial son desaprobados por una mayoría de la población.

Cuarto: el descubrimiento de nuevas evidencias de supuestos nexos de funcionarios del Gobierno venezolano con redes internacionales del narcotráfico.

Finalmente, existen varios indicios que podrían denotar problemas que no son del conocimiento público. Entre ellos, que un gobierno netamente militarista, no haya realizado los tradicionales desfiles militares del 24 de junio, aniversario de la Batalla de Carabobo, y del 5 de julio, fecha conmemorativa de la firma del Acta de la Independencia.

También, el que los ascensos militares no hayan sido televisados, cuando el mandatario no pierde la más mínima oportunidad para ordenar cadenas diarias de radio y televisión.

Ante el deterioro de su gestión, Chávez de nuevo vuelve a lanzar nuevas ofensivas, como táctica de distracción. Por un lado, montó un show con unos restos simbólicos de Manuelita Sanz, la amante del Libertador Simón Bolívar, que trajo al Panteón Nacional. Por otro, sus renovados ataques a Globovisión. Y, el mismo 5 de julio, lanzó un despiadado e irracional ataque contra el cardenal Jorge Urosa, arzobispo de Caracas, aduciendo que le está metiendo "miedo al pueblo" con el comunismo. Manifestó que el cardenal que es un "troglodita", es "indigno de llamarse Cardenal de la Iglesia Católica" y aseguró que para él, el Cardenal es monseñor Mario Moronta (este último, posiblemente, con la intención de generar divisiones internas en la Iglesia).

Lo grave es que en este marasmo, el Gobierno está avanzando en el tejido legal "revolucionario", aprobando a diestra y siniestra leyes orgánicas que dejarían al nuevo parlamento como cascaron vacío, sin potestad para echar para atrás el castrocomunismo que impone Chávez.

¿Dónde están los dólares?


"¿Cómo explicar los "atrasos" de Cadivi?", preguntan. "¿Dónde están los dólares?" "Sí el petróleo se está vendiendo a $70/bbl., tendríamos que estar nadando en dólares; ¿o no?"

La respuesta, lamentablemente es "NO"; sencillamente, los pocos dólares que entran NO alcanzan.
¿Cómo explicar esta situación?

Primero, según informa la OPEP, la producción petrolera venezolana es de 2,3 millones de barriles diarios en lo que va de año, y no de 3,0 millones de b/d como alega el Gobierno.

Segundo, el consumo interno ha aumentado gracias a la crisis del sector eléctrico, que ha obligado a desviar parte de la producción a la generación térmica de electricidad. Analistas independientes estima que el consumo nacional está en el orden de los 800.000 b/d - 100.000 b/d más que el año pasado.

De ser así, quedarían tan sólo 1.500.000 b/d para la exportación.

Tercero: de estos 1.500.000 b/d se estarían exportando unos 250,000 b/d a la China con la triste complicación de que estos 250.000 b/d no generan caja - estos fueron "cobrados" por el Gobierno Revolucionario hace más de un año mediante el mecanismos del llamado "Fondo Chino-Venezolano" (que no es más que un préstamo encubierto en condiciones muy desfavorables al país).

Cuarto: A estos 250.000 b/d habría que agregarle otro monto similar, que son las exportaciones a Cuba, los países de PetroCaribe y otros países amigos. Estas son exportaciones en condiciones poco favorables para el país, ya que el petróleo se vende con descuentos importantes, a plazos extremadamente largos. Es decir, son pocos los dólares que generan estas ventas.

Así, quedarían escasamente 1,0 millones de b/d para la exportación en condiciones comerciales "normales" a los clientes que pagan, tales como los Estados Unidos.

Efectivamente, el Departamento de Energía de los Estados Unidos informa que las importaciones de Venezuela fueron de 1.080.000 b/d en 2009 y de 980.000 b/d en los primeros cuatro meses de 2010. La caída de este año pareciera corresponder precisamente al aumento del consumo interno atribuible a la crisis eléctrica.

El precio promedio de la exportación venezolana fue de $70,03/bbl. en el primer semestre de 2010.

Por tanto, de suponer que se mantenga el promedio de los 980.000 b/d así como el del precio de $70/bbl. para todo el año, se pueden proyectar exportaciones petroleras en el orden de los $25,0 millardos de dólares, para un total de $27,0 millardos con la inclusión de las exportaciones no tradicionales.

El año pasado, la importaciones fueron de $38,5 millardos. Queda evidente, por lo tanto, que Venezuela tendrá que recortar sus importaciones en más de $10 millardos este año - y esto sin tomar en cuenta las otras necesidades, tales como dólares viajeros, servicio de deuda, etc.

¿Dónde están los dólares?

Sencillo: no los hay.

Revolución con chipos, zancudos y sabandijas

Si en algo ha demostrado ineptitud el Gobierno de la revolución castrochavista es en materia de salud. A pesar de ser ésta una de las áreas a las cuales apuntó desde su inicio, el ejemplo cubano que ha seguido desembocó en un contundente fracaso en las diferentes áreas del sistema de salud.

Ha fracasado la revolución en materia de infraestructura y atención médica primaria y hospitalaria. La misión bandera de la "Revolución¨, Barrio Adentro, no ha podido dar respuesta masiva ni sostenible a los problemas de atención médica del ciudadano en ninguna de sus etapas. Desde la voz del propio presidente Chávez se escuchó hace unos meses en cadena nacional unos mea culpa por el deterioro de los módulos, la falta de equipamiento y de personal médico. Lamentablemente, estos reconocimientos de su fracaso quedaron para la historia, sin que se observe mejora alguna en el sector, por el contrario, la situación va de mal en peor.

En aras de ese proyecto se descuidó la red hospitalaria y ambulatoria que, aún con serias limitaciones, venía prestando servicio a la población de escasos recursos que no tenían acceso a la red privada de salud. Hoy tanto la red tradicional de salud, como el nuevo tinglado que creó el Gobierno han colapsado.

La revolución también suma fracaso en materia de capacitación de profesionales de la medicina. Por un lado, reniega de los profesionales egresados de las escuelas de medicina de las universidades tradicionales, que son reconocidos internacionalmente por su excelente capacitación y profesionalismo. Por otro, crea una carrera alternativa para formar profesionales de la salud de atención primaria, sobre la que poco se sabe de su pensum de estudios, de sus profesores, salvo el adoctrinamiento exhibido en el acto que se realizó en el Teatro Teresa Carreño, para incorporar a 8.581 pasantes a la red hospitalaria nacional.

Otro estrepitoso fracaso revolucionario se viene evidenciando desde hace varios años con la reaparición de enfermedades infectocontagiosas, características de sociedades pobres y marginadas, que habían sido controladas con programas de vacunación preventiva, entre ellas, el sarampión y la tuberculosis. Ahora, con el recrudecimiento de enfermedades transmitidas por picadas de insectos, se demuestra el fracaso en materia de políticas de control epidemiológico y de salubridad pública. Es alarmante el incremento de los casos de dengue, que de enero a abril de 2010 llegaban a 48.851 casos en todo el país, sumándose a los 65.000 reportes de 2009. Ahora las recientes incidencias de Mal de Chagas, Malaria, Leishmaniasis, la Fiebre Mayaro y la Encefalitis Equina.

Todas éstas son enfermedades perfectamente controlables con políticas de fumigación periódicas, que hoy parecen ser inexistentes en el sistema de salud socialista.

Otros evidentes fracasos en su política de salubridad se observan en el deficiente suministro de agua potable, en el colapso de drenajes y alcantarillados, y en el peor de todos en la casi ausencia de recolección de la basura. Y el Gobierno en lugar de aceptar que existe un problema se dedica a ocultarlo, negando información y falseando estadísticas. A la fecha no hay siquiera un plan de ataque coherente para evitar un deterioro mayor.

Otro fracaso más de la "Revolución"

Además de los requete-conocidos fracasos de la "Revolución" castrochavista tales como los de PDVSA y el sector salud, hay otros menos conocidos, que también muestran el deplorable desempeño del gobierno, su incapacidad gerencial y su falta de previsión.

Entre ellos están las empresas básicas de Guayana:

Un ejemplo lo da Sidor, ahora des-privatizada. Está empresa proyecta producir 838.000 tm. este año, 80% por debajo de los 4,3 millones de tm. del último año bajo la gerencia de Techint-Ternium, para una caída de mas del 80% en escasamente tres años.

Más revelador aún es el desastre en el que está sumida la Industria del aluminio.

Según cifras oficiales (no necesariamente creíbles) la producción nacional de aluminio estuvo 46% por debajo de lo normal durante los primeros cinco meses de 2010.

Hoy, el otrora pujante sector del aluminio, que abastecía el mercado nacional, está impelido a importar ante la ingente caída de su producción. Según Reporte Diario de la Economía, Venalum ha iniciado trámites para importar entre 30.000 y 50.000 toneladas de aluminio, para "cubrir necesidades del mercado nacional".

Como agravante, resulta que el Gobierno replicó en la industria del aluminio, la misma táctica hipotecaria que utilizó en PDVSA, con las ventas "a futuro" de la materia prima. Buena parte de la poca producción que se está exportando este año, ya fue cobrada y malgastada en 2008 y 2009, así que lo que hoy sale para exportación sólo genera gastos.

Otro agravante es que el colapso de las industrias básicas arrastra consigo otras empresas nacionales privadas procesadoras del aluminio tales cómo las productoras del papel de aluminio, de perfiles y otros insumos para la industria de la construcción y las de autopartes, como por ejemplo las de rínes, entre otras.
Hoy, estos productos están condenados a desaparecer o, en su defecto, a depender de las importaciones y por ende a alargar el tiempo de producción, a tener un mayor costo y precios de venta al público más altos.

En el colapso de las industrias básicas se repiten los mismos males que condujeron al deterioro de la Industria Petrolera venezolana y al sector eléctrico nacional: El cóctel de un proyecto comunista con largo historial de fracaso, mezclado con una muy mala gerencia, la desidia, ineficiencia y una galopante corrupción.

Para colmo de los males, en el caso de las industrias básicas de Guayana se suman los graves conflictos laborales, propiciados por el sindicalismo paralelo que financia el oficialismo, el cual suma a más de 100 dirigentes sindicales caídos en los últimos cinco años.

Algunos analistas aducen que el colapso de las industrias básicas se debe en gran parte al colapso del Sistema Eléctrico Nacional, debido al cual el Gobierno ordenó el cierre parcial de las empresas del sector. Para otros, esta decisión del Ejecutivo Nacional, sólo sirvió como mampara para tapar la destrucción a la que la "Revolución" había llevado a las empresas.

Pero, el caso es que ya no se puede tapar el sol con un dedo.

La estafa educativa de la revolución

Salud y educación son dos factores básicos que determinan si un país puede o no avanzar en su desarrollo.
El Gobierno de Hugo Chávez ha condenado a ambos sectores al fracaso y al retroceso histórico, a fuerza de la imposición de un modelo sociopolítico basado en el castrocomunismo.

El control sobre el sector educativo está dentro de sus principales objetivos desde inicios de la hegemonía castrochavista, y para ello ha utilizado diversas tácticas, que incluyen modificaciones curriculares destinadas a la doctrinamiento de los niños y adolescente.

El Gobierno ha penetrado todo el sistema formal desde la etapa inicial, con los "simoncitos", pasando por las escuelas y liceos bolivarianos. Ha creado estructuras paralelas al sistema educativo formal, llamadas "misiones" educativas, entre ellas: Robinson, Ribas, Sucre y Vuelvan Caras que no han logrado los objetivos de eliminar el analfabetismo ni están preparando al venezolano para enfrentar los retos de la globalización.

Ni que decir de las trampas legales inventadas para supeditar lo académico a su revolución, entre ellas, la eliminación de las evaluaciones en los niveles de primaria y secundaria, y la prohibición de reprobar a un alumno aún cuando el mismo no esté preparado para ascender en la cadena educativa.

A esto se le aúna la penetración cubana que se ha hecho en el sector público de la educación, donde más de 300 "colaboradores" cubanos y unos 4.544 técnicos deportivos cubanos están en plena actividad adoctrinadora en todo el país.

A la par, el Gobierno está desde 2005 ejecutando otra forma perversa de control en el sector educativo en contra del sector privado: El ahorcamiento económico, fijando topes de incremento de matrícula por debajo de la inflación. En 2008 y 2009 el tope fijado fue de 20% máximo cada año, siendo la inflación acumulada en ese período de 67,4%, lo cual ha obligado a muchos planteles privados a descartar algunas actividades extracurriculares, a bajar la inversión en mejoras de infraestructura, equipos y tecnología. Sólo algunos planteles han podido paliar la precaria situación en base a donaciones de las asociaciones de padres y representantes.

Este año de nuevo el Ministerio de Educación, determinó que las asambleas de padres y representantes tendrían que determinar el ajuste anual de la matrícula escolar en base a un tope máximo de 20%, por debajo de la inflación acumulada en lo que va de año y mucho menos que el 40% de inflación que se espera para 2010.

El proceso comunista que promulga Chávez ni lava ni presta la batea. Por un lado, la realidad evidencia que su promesa educativa en el socialismo es una estafa al porvenir de los niños venezolanos. Por otro, está tratando de sacar de juego al sector privado de la educación, el cual ha dado al país fehacientemente evidencias de calidad y excelencia en la formación del venezolano.

Un colapso anunciado

El 2 de enero de 1983 se inauguró la Línea 1 del Metro de Caracas, catalogado para ese entonces entre uno de los sistemas subterráneos más modernos de América y el mundo.

Su puesta en marcha vino con el anuncio de que las operaciones día-a -día del Metro serían pagadas por los usuarios mediante actualizaciones de la tarifas, mientras que las inversiones para su crecimiento, serían a cuenta del Estado.

Lamentablemente, los ajustes de tarifa no fueron cumplidos a cabalidad por los gobiernos sucesivos, y menos aún ha cumplido el Gobierno de Hugo Chávez.

El Gobierno de la involución, basado en sus premisas populistas de servicio público "solidario", ha mantenido congeladas las tarifas, dejando a CAMetro sin los fondos requeridos para el mantenimiento, con el consecuente deterioro de las instalaciones y del servicio.

Desde 1999 hasta 2003, el Metro mantuvo congeladas las tarifas, lo cual generó problemas financieros a la empresa y un rezago importante con respecto a las tarifas del resto del transporte urbano capitalino y la inflación.

En enero de 2004, y en junio de 2006, se hicieron ajustes tarifarios que apenas sirvieron de paliativo para la operación diaria, pero no solventaron los problemas financieros de la operadora.

A esto se le aúnan los males que caracterizan al Gobierno de Chávez: Una errada concepción de lo que es servicio público eficiente y eficaz; la politización de la política laboral; la falta de transparencia en el uso de los recursos y la ineficiencia gerencial, pero comprometida con la Revolución.

Los estragos ocasionados por estos males de la Revolución, no se hicieron esperar. El deterioro de la calidad del servicio se hizo cada vez más evidente, y ya algunos estudios de opinión venían revelando que 80% de los usuarios consideraba que el servicio dejaba mucho que desear. Las quejas se encontraban principalmente, en las fallas del aire acondicionado, deterioro de las escaleras mecánicas, reducción de número de vagones con el consecuente retraso y abarrotamiento en horas pico. Los usuarios tenían que esperar hasta siete trenes para poder embarcar; amén de la inseguridad, la contaminación sónica generada por la propaganda oficial ventilada a altos decibles. Incluso, ya se había registrado un accidente (en julio de 2007) con saldo de un muerto y cinco personas heridas.

Sin embargo, no fue sino hasta este lunes 12 de julio, cuando la gravedad del deterioro se hizo patente, cuando una falla eléctrica en la estación de Palo Verde, hizo colapsar el sistema por varias horas provocando que miles de usuarios vivieran horas de terror, angustia y desespero, como consecuencia de una falta casi total de sistemas de contingencia y de personal calificado.

Este lunes, la Defensoría del Pueblo y el Indepabis brillaron por su ausencia, para pedir cuentas a la gerencia del Metro. La respuesta del Gobierno, fue una exhibición de fuerza con su guardia armada apuntando sus armas en el pecho y en la cabeza de hombres y niños.

El colapso del Metro era algo de esperar, en un Gobierno que sólo sabe cosechar fracasos y represión.

¿Giovanni II?

La revolución echa agua por todas partes. En consecuencia, el desespero de los revolucionarios vuelve a la vieja táctica del montaje de ollas para intentar desviar la atención de la opinión pública de los problemas reales que tiene el país y para inclinar la balanza a favor de Hugo Chávez.

Mientras tanto se busca hacer una nueva razia para sacar de juego a opositores y disidentes del proceso que protagoniza Chávez para instaurar el comunismo en Venezuela.

Una de estas ollas es el oscuro caso del salvadoreño Francisco Chávez Abarca.

Según la versión del Gobierno venezolano, Chávez Abarca fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía el 1º de julio cuando en una "actitud sospechosa" trataba de entrar al país. Una semana después, el 7 de julio, Chávez Abarca fue extraditado a Cuba, país que había interpuesto una orden de búsqueda y detención en su contra a través de Interpol, por su supuesta participación en la explosión de una bomba en el Hotel Meliá de La Habana en 1997.

Según afirma su esposa, Chávez Abarca habría sido secuestrado en Guatemala por autoridades venezolanas y trasladado al país por la fuerza.

Lo relevante de este caso para los venezolanos es que durante su permanencia en el país, Chávez Abarca habría "confesado" la existencia de una conspiración masiva para desestabilizar el régimen de Hugo Chávez. Y ¡oh casualidad! según su supuesta confesión, estarían involucrados en esta conspiración desde el general (r) Néstor González González hasta Henry López Sisco, Antonio Ledezma, Marcel Granier, Guillermo Zuloaga y Alejandro Pérez Esclusa, entre otros.

Es decir, se elaboró una nueva "lista de enemigos" de Chávez, que ahora serían sujetos de una arremetida persecutoria del Gobierno.

El montaje de esta olla es tan burdo que sería difícil tomarlo en serio si no fuera porque ya existe el precedente de un montaje similar, cuando en el proceso por el asesinato del fiscal Danilo Anderson se inventó un "testigo estrella", Giovanni Vásquez.

Ya está en marcha la nueva persecución contra los supuestos conspiradores. El lunes 12 de julio, el SEBIN, la policía política de Chávez, allanó la residencia de Alejandro Peña Esclusa, uno de los mencionados en la lista de Chávez Abarca. Peña Esclusa fue detenido y será presentado este miércoles en el Tribunal 6 con competencia en el área de terrorismo.

Peña Esclusa, fue uno de los primeros en advertir de las presuntas andanzas de Hugo Chávez con el Foro de Sao Pablo, el régimen de Fidel Castro, y las FARC, cuando en 1998 era candidato a la Presidencia de la República. Desde entonces no ha cesado de ser una voz de denuncia a nivel internacional de las pretensiones de Chávez de extender su influencia castrocomunista por los pueblos de América.

Desde fuentes oficiales se anuncian nuevas detenciones,"la investigación sigue su curso" advierten.Y no hay porqué dudar que con el caso de Chávez Abarca se dará inicio a una nueva etapa de persecución y supresión de la disidencia del régimen comunista de Chávez.

Para cada sector un látigo

Los números no le cuadran al Gobierno y el 26 de septiembre no se presenta del todo claro para preservar la hegemonía parlamentaria que se requiere para imponer el comunismo.

De allí, la estrategia del Gobierno de ataque y persecución hecha a la medida de todo sector y organización que tenga la credibilidad suficiente para combatir el comunismo castrochavista.

Los ataques más recientes están dirigidos, entre otros, a la Iglesia Católica. En los actos del 5 de julio, Hugo Chávez lanzó un despiadado e irracional ataque en contra del cardenal Jorge Urosa Savino, Arzobispo de Caracas, a quien acusó de seguir el mandato de "los escuálidos y los pitiyanquis¨ para meterle "miedo al pueblo" con el comunismo. Chávez adujo que el Cardenal es un "troglodita", "indigno de llamarse Cardenal de la Iglesia Católica". No tardaron en seguir la coletilla presidencial descalificadora, el resto de los estamentos del chavismo, entre ellos, la Defensoría del Pueblo y la bancada chavista de la Asamblea Nacional.

En respaldo al cardenal Urosa, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) emitió, en el marco de su 94° Asamblea Plenaria Ordinaria, una declaración de principios "Democracia y Participación: Compromiso de Todos", en el cual catalogó de "absolutamente inaceptable la imposición de un Estado Socialista que se inspire en el régimen comunista cubano y se ha venido concretando a través de leyes y hechos que desconocen la voluntad popular y la constitución vigente". En respuesta, el miércoles 14 de julio, el mandatario ordenó a la Cancillería revisar el Convenio firmado en 1964 entre el Estado del Vaticano y el Estado de Venezuela.

Otro objetivo de la furia de los revolucionarios, son las Organizaciones No Gubernamentales. El ataque contra las ONG's vino desde el oficialista Movimiento Periodismo Necesario, el cual solicitó a la Fiscalía General que abra una investigación por el "supuesto financiamiento extranjero a unas ONG's, a periodistas de medios privados, a partidos políticos o sectores de oposición", con el propósito de soportar "una campaña de desestabilización" en año electoral.

Las "bases" de esta investigación serían los documentos desclasificados que ha presentado públicamente la abogada chavista Eva Golinger, en los cuales se "revela", que el Departamento de Estado de EE.UU. y otras organizaciones públicas estadounidenses habrían donado $4 millones a varias ONG venezolanas, incluyendo los prestigiosos el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y Espacio Público.

Y, el colmo de los colmos, es la nueva arremetida contra las universidades autónomas y experimentales del país, vía el ministro para la Educación Universitaria, Edgardo Ramírez, quien solicitó a la Fiscalía General que iniciara una investigación penal contra de las universidades Central de Venezuela (UCV), Los Andes (ULA), Oriente (UDO), Carabobo (UC) y Zulia (LUZ). El objetivo sería determinar el uso que dieron estas casas de estudio a los recursos que ha dado el Estado venezolano desde los años 70, para la cancelación de jubilaciones y pensiones a profesores, empleados y obreros.

Al igual que como se destruyeron todas las instituciones y sectores democráticos en la Cuba de Fidel Castro, el régimen comunista que promueve Chávez no parará hasta lograr el total deslave de la institucionalidad democrática que aún pervive en Venezuela.

El reto

Un análisis convencional de la situación electoral en Venezuela revelaría que el proceso comunista de Hugo Chávez tiene todo para perder.

Para comenzar, la economía está estancada y la población está sintiendo en carne propia los efectos que esto conlleva. El axioma universal en cuestiones electorales indica que si la economía va mal, al partido de Gobierno le irá mal electoralmente.

Por otro lado, y más determinante para los resultados electorales, está el hecho de que una mayoría abrumadora de los venezolanos rechaza el proyecto comunista y cree en el derecho a la propiedad privada.
En un país "normal", estos factores, por sí solos, bastarían para derrotar a Chávez y el comunismo chavista, en cualquier elección, sea parlamentaria, municipal o presidencial.

No obstante, las encuestas revelan que, si las elecciones se celebraran este domingo, las posibilidades de que se imponga la oposición son todavía remotas. La popularidad de Hugo Chávez se mantiene en promedio en 40%, un nivel aún muy alto para un gobernante que suma once años con todo el poder, sin dar resultados en cuanto a mejorar la calidad de vida del ciudadano y que ha insuflado los problemas de salud, inseguridad, vivienda, inflación y desempleo.

Asimismo, los resultados de las últimas cuatro elecciones confirman este patrón, de un presidente algo debilitado contra una oposición que no inspira. Los hechos son que el total de los votos chavistas ha venido disminuyendo, pero los votos de la oposición aunque se han incrementado, no lo han hecho con la contundencia necesaria. Así, el gran "ganador" en estos procesos ha sido la abstención de los chavistas.

¿Cómo se explica esto?

Sencillo: La oposición no ha formulado un mensaje y/o una visión de país que capte el interés y la voluntad del elector venezolano. Es cuestión de preferir al malo conocido por encima de un bueno totalmente desconocido.

Por lo tanto, el reto de la Mesa de la Unidad es ir más allá de un acuerdo unitario en torno a las candidaturas para la Asamblea Nacional. El reto es traspasar el ámbito de una campaña electoral y formular el proyecto país que anhela la gran mayoría de los ciudadanos.

Las investigaciones de Hinterlaces apuntan hacia cual podría ser un mensaje atractivo para todos los venezolanos.

Entre otras, esta oferta partiría de la base de que los venezolanos tienen afianzados los valores democráticos y que sus aspiraciones incluyen:

1) Oportunidades de trabajo, en lugar de dádivas.

2) Respecto al derecho a la propiedad privada.

3) La paz y el fin de la polarización.

Resumiendo, la popularidad de Chávez ha caído pero la oposición no podrá capitalizar esta caída hasta que los venezolanos que creen en la democracia hayan estructurado un mensaje sólido, coherente y sostenible que se contraponga al comunismo de Chávez y que capte el interés y la voluntad del elector venezolano.

Verdades y mentiras con proyección
internacional

El Gobierno bolivariano acostumbra desvalorizar hechos y realidades con mentiras o con manipulaciones de la verdad, sin importar de donde provengan las afirmaciones, opiniones, críticas o denuncias. En las últimas semanas esta rutina se aplicó a dos hechos que se proyectan a nivel internacional.

El primero involucra al Arzobispo de Caracas, el cardenal Jorge Urosa Savino, a la Iglesia Católica y al Vaticano. El presidente Hugo Chávez atacó ferozmente y tildó de troglodita y mentiroso al cardenal Urosa tras unas declaraciones públicas del prelado rechazando las violaciones constitucionales del Gobierno venezolano que llevarían a instaurar en el país un comunismo.

El Mandatario Nacional niega ser comunista, desdiciéndose a sí mismo, ya que en repetidas ocasiones ha proclamado que es marxista y ha mandado a sus acólitos a leer El Capital de Karl Marx. Que se sepa es casi imposible, por no decir imposible, comulgar con el marxismo sin ser comunista. De hecho, las bases del Socialismo del Siglo XXI, que pregona Chávez se sustentan en un símil del colectivismo y en la propiedad comunal instaurada en las dictaduras comunistas de la Unión Soviética y la Cuba de Fidel Castro.

Otra verdad que ha provocado una nueva ola de mentiras del Gobierno, es la acusación del Gobierno de Colombia de que el Gobierno venezolano está dando apoyo y cobijo territorial a los narcoterroristas de las FARC y el ELN. En ambos países es un secreto a voces que estos narcoterroristas circulan a su antojo entre ambos países.

Es más, se sabe que el Gobierno de Colombia ha entregado en varias ocasiones las coordenadas donde se ubicaban campamentos guerrilleros y líderes de las FARC en Venezuela, aparentemente sin que el Gobierno de Chávez haya tomado acciones al respecto.

Esta semana el Gobierno de Uribe da un paso más allá, y presentará el jueves 22 de julio ¨el caso de la presencia de grupos narcoterroristas en territorio venezolano, que afectan la seguridad nacional de Colombia" en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Y pareciera que estaría dispuesto a llevarlo a la Corte Internacional de La Haya de ser necesario.

El Gobierno de Chávez ha desestimado estas acusaciones sostenidamente. Ahora, pareciera que está llegando la hora de pasar de la desmentida retórica a pruebas de mayor contundencia que demuestren que Colombia no está en lo cierto. ¿Podrán?

Lo agarra el chingo, o el sin nariz

El Bono Global 2010 de $1,5 millardos vence el próximo 7 de agosto y, a pesar de que faltan apenas 17 días. Según informan fuentes oficiales y no oficiales, ni el Banco Central de Venezuela (BCV) ni el Ministerio de Finanzas han decidido cómo afrontar el pago a los inversionistas.

Una posibilidad es que se pague con cargo a las Reservas Internacionales de la República. El problema con esta alternativa es que las reservas operativas (también conocidas como líquidas) son de apenas $9,0 millardos. Si se cancela el bono con cargo a las reservas Internacionales líquidas, éstas se reducirían hasta $7,5 millardos, equivalente a menos de tres meses de importaciones, nivel considerado como peligrosamente crítico.

La otra opción que le quedaría al Ejecutivo sería emitir un nuevo bono, para sustituir al Global 2010, a punto de vencer. El problema con ello es que, en la actualidad, los inversionistas internacionales no tienen ningún interés en adquirir papeles venezolanos. Por lo cual el costo de una nueva emisión podría ser inaceptable, por lo alto.

Una muestra de ello es que el Bono Global 2027 de la República se ha estado negociando para rendir 14-15% hasta su vencimiento. Y el Bono PDVSA 2014 se negocia para rendir hasta 20%. Esto se contrasta dramáticamente con la situación de la deuda de Grecia, que acaba de flotar una nueva emisión con un rendimiento de tan solo el 4%.

Otro indicio de lo difícil que sería colocar una nueva emisión lo da la empresa CMA de Londres, especializada en análisis de crédito, que estima que la probabilidad de que Venezuela caiga en una moratoria dentro de los próximos cinco años es del 58,7%, el más alto porcentaje de riesgo de todos los países analizados, y muy por encima de Grecia (55,6%) y Argentina (47,9%).

Otra evidencia de la baja estima en que el mercado internacional tiene a los papeles venezolanos lo dan los bonos que por $700 millones colocó CITGO en junio. A pesar que los bonos estaban respaldados con garantía hipotecaria sobre las refinerías de CITGO en los Estados Unidos, la emisión salió al mercado con un cupón extraordinariamente alto, del 11,5%. Peor, los analistas sugieren que el cupón hubiese sido del 20%, si no fuera por la garantía dada por propiedades en un país donde se cumplen las leyes.

Por ahora, los expertos revolucionarios del Ministerio de Finanzas y del Banco Central pareciera que están deshojando la margarita para ver cuál de las dos únicas salidas que tienen por delante impacta menos en la continuidad de la hegemonía parlamentaria y en la continuidad del proyecto comunista de Chávez.

El grave problema es en que haga lo que haga el Gobierno, el gran perjudicado será el país.

Apropiándose de lo ajeno

El afán de los "revolucionarios" bolivarianos de apropiarse de lo ajeno, está redoblando su impulso.

Todo comenzó con el afán del gobierno de apropiarse de terrenos agrícolas en plena producción, basándose en la inconstitucional Ley de Tierras y mediante el mal llamado "rescate" de propiedades grandes y pequeñas tales como La Marqueseña, El Frío, Piñero, El Cedral, El Charcote; o las tierras productoras de caña de azúcar del Valle de Quibor; y más recientemente, de la hacienda La Carolina, de Diego Arria.

Luego el gobierno empezó a adueñarse de propiedades urbanas - edificios, terrenos dedicados a la pequeña y mediana industria y centros comerciales.

Ahora, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) se está volcando contra tierras pobladas, arrebatándole a sus propietarios los derechos constitucionales sobre sus bienes.

El pasado dos de julio, el INTI publicó en la prensa regional del Estado Nueva Esparta, un cartel de notificación declarando como tierras "incultas u ociosas" a 521 hectáreas de terrenos poblados en los municipios Arismendi, Maneiro y Díaz, la mayoría de ellos urbanizados.

Lo insólito de esa declaratoria es que se basa en un decreto dictado en 1987, por el entonces presidente Jaime Lusinchi, que dictaminaba que estas 521 hectáreas tenían vocación agrícola. Al desempolvar este obsoleto decreto, el INTI no tomó en cuenta que esas tierras fueron urbanizadas por el mismo Estado, que las dotó de servicios e infraestructura, que luego vendió a particulares y que en ellas están asentadas las poblaciones de La Ceiba, Atamo Norte y Sur, Catalán, Chinguirito, Sabana de Guacuco, El Hato, Agua de Vaca y Los Cerritos.

Menos aún tomó en consideración el Ejecutivo que en estas comunidades viven desde hace 20 años, o más, unas 6.000 familias, entre propietarias y residentes, para un aproximado de 30.000 personas que estarían afectadas por la medida.

La medida cautelar que ahora impide la venta y disposición de las propiedades también pasó por alto que estas personas en su mayoría tienen sus papeles de propiedad en regla, que pagan impuestos municipales y que la Constitución ampara sus derechos de propiedad.

Luego de causar zozobra generalizada en la población de esa zona, el Ministerio de Agricultura "aclaró" que sólo 300 hectáreas serían las afectadas por estar "ociosas", y que no existía peligro de expropiación. Sin embargo, los afectados siguen preocupados porque, por un lado, más del 80% de las tierras están habitadas, y por otro, el Ejecutivo aún mantiene una medida cautelar que les prohíbe vender, alquilar, remodelar, hipotecar o hacer ningún tipo de trámites con sus propiedades.

Este caso es solo una muestra de la intensificación de los ataques del gobierno en contra de la propiedad privada, en su empeño de instaurar un régimen comunista, donde no exista propiedad privada de ningún tipo.