Delsa Solórzano, diputada al Parlamento Latinoamericano y vicepresidente de Un Nuevo Tiempo UNT, consideró que las recientes declaraciones de la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, representan un reconocimiento de la inexistencia de separación de poderes en el país y resultan altamente preocupantes para el futuro de la Seguridad Ciudadana en Venezuela.
Solórzano expresó que las afirmaciones de la nueva ministra, referidas a que "si un juez me pone una traba, le digo a la presidenta del TSJ para que lo saque", significan una injerencia en los asuntos del Poder Judicial.
“Esas declaraciones ponen en entredicho a nuestra ya golpeada democracia”, sentenció la diputada al Parlatino.
A juicio de la vicepresidente de Participación Ciudadana de Un Nuevo Tiempo, en vez de lanzar amenazas contra la autonomía de los jueces, la ministra debería dedicarse a cumplir definitivamente con lo pautado en el artículo 272 de la Constitución, norma que obliga al Estado a respetar los Derechos Humanos de los internos, mediante la creación de espacios para el trabajo, el estudio y el deporte.
“Esta disposición señala que los penales deben ser la descentralizados y dirigidos por penitenciaristas profesionales. La reinserción social del interno debe ser la meta”, recalcó.
Alta violencia
Por otra parte, la también miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Régimen Penitenciario del Parlatino, comentó que durante el gobierno de Hugo Chávez, las cárceles venezolanas se han convertido en las más violentas del continente.
“De conformidad con las cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones, más de 4.500 presos han sido asesinados en estos casi 13 años. Ante la ausencia del Estado, mafias de delincuencia organizada, armadas con granadas, ametralladoras y pistolas automáticas, son las que verdaderamente ejercen el poder en los penales”, denunció.
Solórzano acotó que disminuir el hacinamiento en las cárceles es una tarea que debe hacerse con gran responsabilidad. “Liberar indiscriminadamente a miles de reclusos que no reúnan los requisitos de ley, pudiera tener un gran impacto sobre los ya elevadísimos índices de inseguridad en el país. Los ciudadanos pagarían las consecuencias”, finalizó.
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