La paradoja del socialismo petrolero
La venezolana es la economía de las contradicciones. Comprobar su desempeño -en pleno shock de ingresos petroleros extraordinarios - y contrastarlo con las decisiones de política que lo acompañan, ha traído de cabeza a los economistas durante los últimos diez años.
Se suele creer que la fortaleza de las cuentas fiscales de Venezuela y el notable crecimiento económico del último año y medio se deben a la explosión de las cotizaciones internacionales del crudo que comenzó en 2007, lo que trajo consigo una avalancha de petrodólares que continúa hasta hoy. Si se observa sólo esto, podría pensarse que el país atraviesa una más de sus características buenas rachas, algo que suele ocurrirle a las volátiles economías petroleras. Pero esta visión, deslumbrada por la histórica cotización de 147 dólares por barril que se observó en julio, es apenas parcial.
La realidad es que desde 1999, cuando comenzó el Gobierno del presidente Hugo Chávez, el precio de la cesta petrolera venezolana ha subido 546 por ciento, a un ritmo sostenido y sin altibajos, desde una cotización inicial de 16 dólares por barril. Así que es erróneo hablar de una súbita ráfaga de bonanza.
El enriquecimiento espectacular de las cuentas públicas se ha convertido, desde hace una década, en un factor crónico de la economía venezolana. Se calcula que durante este largo período, los ingresos por exportaciones de petróleo se acercan a los 350.000 millones de dólares.
En contraste, y después de apartar la retórica y la estricta propaganda política, son pocos los logros que pueden exhibir los administradores de esta fortuna sin precedentes. Ni siquiera en el campo de la lucha contra la pobreza, buque insignia del discurso oficial, es posible encontrar un reflejo proporcional con lo ocurrido en las arcas del Tesoro.
POBREZA, UNA ENDEMIA
En un controversial ensayo, el economista Francisco Rodríguez -quien durante la primera etapa de la administración Chávez colaboró con el Gobierno desde la Oficina de Asesoría Económica del Parlamento- demostró cómo el aparente consenso general acerca de que el presidente Hugo Chávez ha resultado ser un gobernante “bueno para los pobres”, está respaldado por muy escasas y contradictorias estadísticas.
Uno de los indicadores de los que presume el Gobierno es el descenso del índice general de pobreza de 54% en 2003 a 27,5% durante la primera mitad de 2007, logro que a primera vista luce impresionante. Rodríguez, sin embargo, desenmascaró el hecho de que tal resultado no se produjo gracias a la frecuentemente enarbolada redistribución de la riqueza, ni por la aplicación de los famosos programas sociales chavistas conocidos como ‘misiones’, sino que obedeció a una correlación exacta, -observada durante toda la historia de la petrodependiente economía venezolana-, según la cual a cada punto de aumento del Producto Interno Bruto per cápita, le acompaña un descenso equivalente de la pobreza general. Y durante el período citado por las estadísticas, el PIB creció casi 50%, gracias a que los precios del crudo se triplicaron.
Lo que descubrió Rodríguez, e hizo enfurecer a los propagandistas oficiales, fue un modelo según el cual esta tasa de disminución de la pobreza en relación con los ingresos petroleros ha sido esta vez proporcionalmente menor a la observada durante períodos de ‘vacas flacas, lo que termina por comprobar cómo en tiempos de abundancia, la administración ha sido menos eficiente que durante épocas de escasez.
LOS PRECIOS, UNA DAGA
Pero es otra enfermedad, no la ineficacia, la que ha arruinado por completo los esfuerzos del Gobierno por combatir la pobreza: desde 1999 la inflación, la peor de todas las lacras que se han abatido sobre el desempeño económico venezolano, suma 480%. Sólo durante los últimos 12 meses, el indicador alcanza 33,7%. A este ritmo de aumentos de precios, ningún programa social, por más buenas intenciones que entrañe, es capaz de impedir que la pobreza se propague como un virus.
Y ello ha ocurrido en el ambiente de negocios más regulado de América Latina, donde los controles de precios, especialmente los de los de productos de la cesta básica, se han convertido en una práctica endémica, y donde las acciones represivas (esta es la palabra que utilizan los funcionarios) contra el sector de negocios, se ejecutan con rigor militar, especialmente por parte de las autoridades de protección al consumidor y de recaudación de impuestos.
En contra de lo que se propuso el Gobierno, estas políticas no han generado una oferta de artículos baratos y al alcance de toda la población, sino severas crisis de escasez en las que prácticamente desapareció de todo. Es una verdad estadística que los precios de los alimentos han subido más durante el régimen de control (50% sólo en los últimos 12 meses), que durante los ya olvidados períodos en que existía libertad para fijar precios y se estimulaba el sistema de competencia.
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