Una acusación colectiva en Miami por lavado de dinero que el presidente Hugo Chávez puso en las noticias a escala mundial al afirmar que no sería sorprendente que Estados Unidos lo involucrara a él también, ha entrado en una cascada de declaraciones de culpabilidad y de confiscaciones millonarias.
En las últimas semanas varios de los miembros de la red que se declararon culpables han tenido que comprometerse a ceder bienes y dinero, incluyendo uno de los principales acusados quien tendrá que entregar $7 millones al gobierno de Estados Unidos.
Se trata de Hermán Rafael Solórzano Caguarípano, quien fue sentenciado el 10 de diciembre a 14 años de prisión por confabularse para lavar dinero.
Solórzano encabezaba la acusación contra una red de 16 personas que fueron imputadas por lavar dinero producto de la venta de drogas utilizando el sistema cambiario de Venezuela.
Solórzano y su hijo, Hermán Alejandro, recogían el dinero de la droga en Puerto Rico y lo depositaban en cajas fuertes de hoteles de la isla para luego llevarlo al sur de la Florida en vuelos comerciales.
Ya en la Florida otros acusados depositaban el dinero en bancos en cantidades fraccionadas que no despertaran sospechas o negociaban con intermediarios que compraban los dólares pagándolos en bolívares en Venezuela.
Los documentos que se han hecho públicos en el proceso, abierto en marzo del año pasado, no muestran ninguna operación que involucre a Chávez o algún funcionario cercano. Los fiscales han entregado a los abogados defensores cientos de horas de grabaciones secretas cuyo contenido no es público.
Chávez sorprendió en mayo cuando afirmó en una alocución que Washington estaba preparando una orden de detención en su contra y de algunos de sus colaboradores en relación con este caso que se ventila en la corte federal de Miami.
"No les extrañe que lo saquen mañana, que es Chávez el que está lavando dólares. Por tanto la juez [Joan] Lenard, ordena su captura'', señaló entonces.
Chávez advirtió de que también podrían ser objeto de la orden de arresto el vicepresidente Elías Jaua, y el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordiani.
La mayoría de los acusados se han declarado culpables.
Nercido Sosa Medina aceptó su responsabilidad y tendrá que entregar en confiscación $198,000; George Toutounji: $88,274; Antoine Jean Melhem: $85,718; Edgar Hadad Azraca: $53,000; Fortunato Farache: $50,00; Henry Eduardo Bilbao Movilla: $35,000; y Alfredo Ramos Soto Díaz: $27,400.
Alba Villalobos Vergel, Rafael Polanco y Luis Rafael Díaz Plaza, también acusados, continúan alegando su inocencia y están dispuestos a ir a un juicio que fue señalado para el 14 de marzo. Polanco fue arrestado a mediados de julio cuando ingresaba a Puerto Rico desde República Dominicana.
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