Amparadas en las diferentes leyes del país, decenas de mujeres preñadas se apostaron a las puertas del Ministerio Público del estado Zulia, en señal de protesta a las intenciones reeleccionistas del presidente Chávez.
Las manifestantes entregaron a la fiscal superior del Ministerio Público, Damelys Brazón de Duque, un documento firmado por un grupo de embarazadas quienes exigieron al organismo oponerse a la enmienda constitucional, demostrando así su vocación de servicio a los intereses generales del pueblo y su deseo de preservar el estado democrático y social de la región.
Asimismo, las futuras madres denunciaron ante el órgano del Poder Popular que les preocupa ver como se hacen gastos exorbitantes en nuevas elecciones para ratificar el NO al Presidente, mientras existe un latente estado de crisis en todos los hospitales, "donde las condiciones que allí privan ponen en riesgo el feliz término de las mujeres zulianas en estado de gravidez", tal y como lo expresan en el documento entregado.
De este modo, hacen hincapié al Gobierno Central a "preponderar las necesidades del pueblo venezolano y a reconocer la existencia de los problemas internos de la nación", como la inseguridad, la salud pública y la educación.
Estas mujeres, resguardadas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, La Constitución Bolivariana, la LOPNA y la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, exhortan al Ejecutivo para que "aproveche el período de gobierno que le queda y dar fiel cumplimento a sus responsabilidades morales y sociales asumidos hace ya diez años", recordándole de esta manera el compromiso presidencial asumido al ascender al poder, de erradicar en su primer año de gestión la proliferación de niños y niñas en la calle, cuestión que se ha agravado aún más en la última década.
Finalmente, durante la protesta demandaron el respeto a la voluntad popular de la mayoría del soberano expresada en diciembre del 2007 ante la propuesta de reforma constitucional, por cuanto solicitaron en el escrito que, "se desestime la intención de realizar un segundo referéndum consultivo ilegitimo e innecesario y que los recursos que pretende invertir en la realización del referéndum consultivo sean dirigidos para la creación de programas sociales efectivos que resuelvan los problemas de decadencia en que se encuentra la sociedad venezolana".
TalCualDigital.com
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