Diagnóstico de los escenarios del 2010
Por: Andrés Simón Moreno Arreche
Introducción:
Resulta por demás imposible ejecutar individualmente un diagnóstico total de los escenarios políticos, sociales y económicos que se manifiestan en el país a comienzo de 2010. Es una tarea portentosa que debe ser ejecutada en un equipo multidisciplinario, y una verdadera aventura aún para una sola persona, aunque ella que dispusiese de todos los talentos requeridos; más compleja aún si se trata, como en este caso, de un simple observador, por lo que este documento, que contiene varios diagnósticos y un paquete de conclusiones preliminares, debe ser leído como un papel de trabajo, como un ayuntamiento de percepciones que tendrían que discutirse y mejorarse en una Sala Situacional Democrática.
Deslindado el alcance y la profundidad, anexo encontrará una exposición subjetiva del diagnóstico de los escenarios del 2010.
El escenario político:
El contexto institucional nacional:
En el actual contexto institucional, en Venezuela se evidencian violaciones de todo tipo: Violaciones al derecho a la libertad de expresión, de asociación, de igualdad de géneros y de libertad económica; así como una profunda crisis provocada por la violencia desatada en nuestra sociedad y la lentitud de los organismos públicos para afrontar este problema. Ello es consecuencia de la falta de autonomía e independencia del Poder Judicial pues los jueces venezolanos están al servicio del Gobierno. Son, de facto, funcionarios de libre nombramiento y remoción de éste, lo que les violenta las garantías adecuadas para juzgar con imparcialidad y justicia.
En el proceso de imposición de un régimen autocrático, este Gobierno ha derribado los esquemas que sostenían el Estado de Derecho, debilitando instituciones y a la libre empresa. Un ejemplo de ello lo observamos en la gestión desesperada de la Gobernación del Estado Táchira, a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en la que solicita la inmediata intervención del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ante la instalación de un Consejo Revolucionario de Gobierno, que según anunció el jefe de esta oficina regional, Walter Márquez, han sido vulneradas las garantías constitucionales del pueblo tachirense, consagradas en sus artículos 3 y 5 de la Carta Magna que hablan sobre el derecho democrático y la soberanía popular. Se refiere Márquez a un Consejo Revolucionario de Gobierno, ordenado por Chávez desde Caracas, que dispondrá de un presupuesto inicial de 300 millones de bolívares fuertes, la suprema conducción del Ministro de Energía y Petróleo y Presidente de PDVSA Rafael Ramírez, y con propósitos anunciados públicamente:
"...darle respuestas al pueblo del Táchira en materia de salud, seguridad, vialidad, educación y tratamiento comunitario", y para crear la "Constitución Socialista del Táchira y leyes socialistas"
Paralelamente solicitarán al Ministerio Público se investigue la responsabilidad de quienes están promoviendo la instalación del Consejo Federal de Gobierno.
"Esta acción no sólo viola principios constitucionales sino además el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana".
Márquez manifestó que en los próximos días no sólo consignarán la solicitud firmada por el gobernador ante la oficina de la OEA en Caracas, sino que también enviarán el original por la vía de Internet al despacho del Secretario General en Washington, así como a las embajadas, consulados y, en especial, a los gobiernos comprometidos con la causa democrática para que ellos a su vez evalúen la posibilidad de plantearlo ante la Organización de Estados Americanos.
Además del golpe de Estado Institucional contra la Alcaldía Metropolitana de Caracas, que el mundo pudo evidenciar con el nombramiento ‘a dedo’ de una Autoridad Única, seleccionada personalmente por el presidente Chávez, también en el estado Zulia se evidencia el proceso de imposición de régimen autocrático de este Gobierno.
"Al municipio Sucre se la ha dado un golpe de Estado... Al municipio y a los 11 mil 163 electores que votaron por mí.”.
Con estas las palabras el alcalde Jorge Barboza definió la situación por la cual atraviesa la jurisdicción, luego de una controvertida decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en la que restituye en la alcaldía al burgomaestre anterior (que perdió en las elecciones pasadas con Barboza) en vez de colocar transitoriamente en la alcaldía al Presidente de la Asamblea Legislativa del municipio, como lo establece el Estatuto Municipal. Al momento de la corrección final de este informe (jueves, 04 de marzo de 2010 – 6:45 pm) La Sala Constitucional del T.S.J. anuló la decisión de la Sala Electoral.
La Ley de Consejo Federal de Gobierno Para analistas y expertos en la materia constitucional, esta Ley, promulgada el pasado 20 de febrero es anticonstitucional, pues a consideración de respetados juristas y profesores universitarios, viola el principio de la participación y desconoce la transferencia de recursos a estados y municipios. Esta Ley de Consejo Federal de Gobierno se aprobó en la Asamblea Nacional, pero el presidente la devolvió al Poder Legislativo con una serie de observaciones que se aprobaron ‘tal cual’ fueron sugeridas por Chávez, aunque con el voto salvado de.......
El primer mandatario propuso que en el Artículo 6 se sustituyera el término “regiones federales de desarrollo” por “distritos motores de desarrollo” lo que para el diputado Juan José Molina, se esconde la intención de obligar a las gobernaciones y a las alcaldías a entregar sus competencias.
En el Artículo 7, Chávez impuso la creación de las condiciones idóneas para acercar el poder a la población, a través de la transferencia de competencias entre instancias medias de poder y el poder popular. Más adelante ordenó que el artículo 11 incluyera un reglamento que establezca la forma de selección de los voceros del poder popular ante el Consejo Federal de Gobierno, mientras que en el artículo 12 propone que los representantes de los alcaldes ante el Consejo Federal de Gobierno sean escogidos por ellos mismos.
Pero uno de los cambios más polémicos es el del Artículo 13, según el cual, los voceros de las organizaciones de base del Poder Popular serán designados por el Ministerio del Poder Popular con competencia en Participación Ciudadana, mientras se aprueba el reglamento para tal fin.
También se modificó el Artículo 15 para que las decisiones en el Consejo Federal de Gobierno se aprueben por mayoría simple, mientras que según el nuevo Artículo 26 la fiscalización, supervisión y control del fondo de compensación interterritorial quedan en manos del Consejo Federal de Gobierno sin excluir la labor de la Contraloría General.
El diputado Juan José Molina considera que las modificaciones implican un “veto” por parte del presidente Chávez, así como una reforma a la Ley y para la diputada Pastora Medina, con la nueva discusión de una ley que ya fue sancionada están “secuestrando” al poder popular. Una posición similar mostró Ricardo Gutiérrez, para quien el Presidente se vale de la mayoría en el Parlamento para aprobar leyes a su medida
Por considerar que crea "una nueva estructura político-territorial" no prevista en la Constitución, la organización política Alianza Bravo Pueblo demandó del Tribunal Supremo deje sin efecto la recién promulgada Ley del Consejo Federal de Gobierno. Fue una exigencia formulada por Ángel Mendoza, como recurso contra el instrumento.
"Es una ley que viola expresas disposiciones constitucionales para establecer un orden del Poder Nacional distinto al que establece la Constitución". Allí "...se establece que el nuevo orden para la descentralización y la transferencia de competencias son unas unidades (motores para el desarrollo) que no existen en ningún ordenamiento jurídico".
Mendoza denunció que la potestad que el instrumento le da al Presidente de la República para crear zonas de desarrollo también es inconstitucional, por cuanto la Carta Magna no lo faculta para modificar la estructura de ninguna entidad regional o local. Recordó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999 establece que son los Estados los que están en la obligación de transferir competencias a los Ayuntamientos y éstos a las comunidades organizadas, por lo que el Ejecutivo Nacional no puede tomar acciones de transferencia que estén contrapuestas a La Carta Magna.
Pero la cuenta pendiente del estado venezolano con sus ciudadanos violenta la institucionalidad del país y arroja un manto de dudas sobre la necesaria independencia de poderes y del derecho a una justicia pronta y efectiva. En ese sentido, la deuda de República Bolivariana de Venezuela con la justicia –ventilada por ciudadanos venezolanos en los escenarios internacionales- tiene vieja data. Los casos de El Amparo, El Caracazo, la destitución de los 4 jueces de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo por orden de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial y el del General Usón no son los únicos, pero si los más relevantes.
En El Amparo se evidenció la masacre de 14 habitantes de ciudadanos inocentes de esa población del estado Apure, en el río que hace de frontera con la república colombiana, ocurrida en octubre de 1988 durante el gobierno de Jaime Lusinchi, a manos de los integrantes del Comando Específico José Antonio Páez, C.E.J.A.P., formado por efectivos del Ejército, la Dirección de Servicios de Inteligencia Política y la Policía Técnica Judicial (hoy denominada C.I.C.P.C). Los autores del hecho se justificaron señalando que las víctimas eran guerrilleros colombianos, pero el caso fue llevado a la CIDH, la cual dictaminó a favor de los afectados y exigió al gobierno nacional llevar ante la justicia a los responsables del crimen y pagar una indemnización a los familiares de los fallecidos.
El Estado venezolano sólo cumplió con parte de la sentencia, dejando por fuera el procesamiento en el fuero civil de los responsables intelectuales y materiales de la masacre. A diferencia de otras violaciones masivas de derechos humanos ocurridas durante la "Cuarta República", como las de Yumare o Cantaura, ésta quedó relegada por el sistema judicial, constituyendo una clara discriminación en la administración de justicia para las víctimas. El caso no se cerró porque aún hasta la fecha de este informe no se han establecido responsabilidades y no hay condenados por ese acto.
En reciente audiencia privada realizada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado venezolano asumió su responsabilidad y ha manifestó que "llegó el momento de hacer justicia" y la existencia de "voluntad política" para hacerlo en este caso emblemático para la historia de los derechos humanos en nuestro país. Los presuntos autores intelectuales y organizadores de la llamada operación "Anguila III" investigados son los siguientes: Humberto Antonio Camejo Arias (G/D Ejército), Enrique Vivas Quintero (Cnel. Ejército, Jefe de Operaciones del Cejap), Henry López Sisco, (Comisario Gral. Disip) y Ramón Rodríguez Chacín (Cap. Navío). Los dos últimos mencionados para el momento de la masacre no pudieron participar pues habían sufrido un accidente al estrellarse el helicóptero militar donde viajaban.
Los funcionarios identificados que presuntamente dispararon contra los 14 pescadores son: Alí Coromoto González, Ernesto Morales Gómez, Omar Antonio Pérez Hudson, Salvador Ortiz Hernández, Andrés Alberto Román Moreno (a) Mario Perolito, Maximiliano José Monsalve Planchart, Celso José Rincón Fuentes (a) Hipólito, Carlos Humberto Durán Tolosa (a) Cocoliso, José Ramón Zerpa Poveda, Luis Alberto Villamizar, Franklin Gómez Rodríguez, Omar Gregorio Márquez, Tony Richard Urbina Sojo, Gerardo Rugeles Molina, Edgar Arturo Mendoza Guanaguanay, Florencio Javier López, Alfredo José Montero, Daniel Virgilio Vitanares Gómez y Jesús Rafael Rodríguez Salazar.
El Caracazo se sucedió el 27 de febrero de 1989. En ese evento de masas, incontables inocentes ciudadanos perdieron su vida producto del caos generado por la violencia que se desató en Caracas, en la que por días imperó la anomia, la muerte y el terror. Para muchos analistas de la sociología política latinoamericana, ‘El Caracazo’ no fue una insurrección popular ante las medidas de un gobierno que apenas se iniciaba; no se trató de un movimiento espontáneo ocasionado por el aumento de los pasajes entre Guarenas y Caracas; no se trató de una masacre organizada desde el poder, con la orden expresa a los militares de disparar a matar.
La coyuntura del aumento de los pasajes y las medidas anunciadas sirvieron para que algunos interesados aprovecharan la oportunidad del descontento popular e influir en los ciudadanos las conductas y los comportamientos típicos de las masas cuando ellas explosionan y desatan una furia irracional e incontenible. La Policía Metropolitana se encontraba en rebeldía y se limitó a poner "cierto orden" en los saqueos; y así, sin una policía que pudiera controlar la situación, el ejército actuó como si estuviera ante una insurrección y en consecuencia en excesos condenables. El Gobierno recientemente elegido fue sorprendido por los hechos, y no tuvo una respuesta inmediata y satisfactoria, incurriendo en errores para garantizar el orden, pero lo más grave es que la verdad de lo acontecido nunca podrá precisarse por la ineficacia y la carencia de preparación de un sistema judicial incapaz de investigar y de sancionar, en razón de una de las taras institucionales más grave: la impunidad.
Para el jurista Alberto Arteaga Sánchez, la pretendida acusación al ex presidente Carlos Andrés Pérez y a otros funcionarios de su gobierno es extemporánea e injusta:
”...acusar a algunos ex funcionarios -con exclusión de otros- por los hechos que tuvieron lugar es una injusticia más que se añade a la tragedia del 27-F, porque después de 21 años, el tiempo se tragó las evidencias y se construyó la tesis de la rebelión popular” en la Opinión Pública nacional e internacional. El Dr. Arteaga añade:
“La acción penal por esos hechos ya prescribió y aplicar retroactivamente una norma sobre imprescriptibilidad es un disparate jurídico. No hay forma de vincular como autores a los imputados, simplemente porque ocupaban determinados cargos, ni pueden señalarse a algunos de ellos como cómplices de autores desconocidos.”
Los 4 jueces destituidos:
En el 2003 fueron destituidos 4 jueces de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo por orden de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial. Lo que sigue es una apretada sinopsis de los acontecimientos sucedidos desde entonces hasta la fecha de este informe:
El 15 de septiembre de 2000, Juan Carlos Apitz B., Perkins A. Rocha Contreras y Ana María Ruggeri C. se juramentaron ante la Sala Plena del TSJ como Magistrados Principales de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.
A partir del mes de Agosto de 2002, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó sentencias que fueron asumidas por el gobierno nacional, dirigido por Hugo Chávez Frías, como atentatorias contra sus planes e intereses políticos, como es le caso de las sentencias que declararon nulos los Consejos de Investigación de los militares que participaron en los sucesos de abril de 2002, violatorios de la garantía constitucional del debido proceso y el derecho a la defensa (sentencias del 31 de octubre y 6 de noviembre de 2002); la que ordenó la restitución al Alcalde Metropolitano de Caracas de los bienes, instalaciones y dependencias de la Policía Metropolitana de Caracas (sentencia del 7 de enero de 2003); la que ordenó al General de División (G.N.) Luis Felipe Acosta Carlez y al INDECU la cesación inmediata de las agresiones, amenazas, y, el decomiso y requisición de camiones y productos alimenticios y bebidas comercializadas por Cervecería Polar y Pepsi Cola Venezuela C.A. (sentencia del 24 de enero de 2003); la que reconoció la inamovilidad laboral de los empleados y trabajadores petroleros adscritos al sindicato UNAPETROL (sentencia del 12 de junio de 2003); la que prohibió la participación de médicos cubanos, sin revalidación de sus títulos, y ordenó la sustitución de éstos por médicos venezolanos en el programa de asistencia médica primaria “PLAN BARRIO ADENTRO”( sentencia del 21 de agosto de 2003), entre otras.
El 30 de octubre de 2003 (Expediente N° 1052-2003) la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial ordenó la destitución por la comisión de un, supuesto, “error judicial inexcusable” (ordinal 4° artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial) a todos los miembros de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a saber: Juan Carlos Apitz B., Perkins A. Rocha Contreras y Ana María Ruggeri C., Evelyn Marrero Ortiz y Luisa Estela Morales Lamuño.
Ante su ilegítima destitución, pues se verificó por un órgano incompetente y se violó radicalmente sus garantías constitucionales del debido proceso y del derecho a la defensa, los ciudadanos Juan Carlos Apitz B., Perkins A. Rocha Contreras y Ana María Ruggeri C.; demandaron la nulidad de la destitución a través de varias acciones judiciales ante varias salas del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales fueron engavetadas y, luego, decididas tardíamente en contra de los Magistrados destituidos.
Agotados todos los recursos judiciales internos en Venezuela; los magistrados destituidos Juan Carlos Apitz B., Perkins A. Rocha Contreras y Ana María Ruggeri C.; el 6 de abril de 2004 presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A., pues su ilegal e ilegítima destitución significó una flagrante violación de derechos humanos esenciales reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta Democrática Interamericana”, a raíz de la indebida intromisión e interferencia del gobierno nacional en el poder judicial venezolano.
El 8 de marzo de 2005 a través del Informe N° 24/05 sobre la petición identificada con el N° 282/04, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A., declara admisible la petición interpuesta, por
“…aparecer debidamente fundada la denuncia en cuanto a la destitución de los magistrados por un órganos que no sería ni competente ni imparcial, y sin que se les haya respetado las garantías del debido proceso ni dispuesto de un recurso sencillo y rápido para cuestionar tal decisión…”.
El 20 de julio de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A. en sesión N° 1688, publica su Informe N° 64/06 en el cual se concluye que
“…la República Bolivariana de Venezuela es responsable por la violación de las garantías que salvaguardan la independencia e imparcialidad del poder judicial, en razón de lo cual recomiendan restablecer a los magistrados destituidos a sus cargos en el CPCA, reparar a éstos por los beneficios salariales y económicos dejados de percibir desde su remoción y, finalmente, que se adopten medidas inmediatas para lograr la aprobación del Código de Ética del Juez venezolano…” (sic).
Tales recomendaciones no fueron acatadas oportunamente por el gobierno venezolano.
El 29 de noviembre de 2006, en virtud del incumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el Informe 64/06, arriba reseñado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A. demandó al Estado Venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A., por las siguientes razones:
“…violación de las garantías judiciales que salvaguardan la independencia e imparcialidad del poder judicial, violación del deber del deber de motivar y asegurar la proporcionalidad de las sentencias que profieran sanciones, violación del derecho a la protección judicial, violación del deber de adopción de disposiciones de derecho interno para superar el carácter transitorio del régimen disciplinario de los jueces…”.
Dicha demanda contra el Estado Venezolano fue finalmente admitida por la referida Corte Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A. en fecha 22 de diciembre de 2006, la cual autorizó iniciar la tramitación del caso. Según Resolución de la CIDH del 29/11/2007, el 31 de enero de 2008 a las 9:00 a.m, se celebró en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A. (Costa Rica) la audiencia pública oral y definitiva sobre el caso de la destitución de los Magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, ciudadanos Juan Carlos Apitz B., Perkins A. Rocha Contreras y Ana María Ruggeri C. (Expediente Nº CDH-12.489/073).
Finalmente, el 5 de agosto de 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia definitiva en los siguientes términos:
A) El Estado debe realizar los pagos de las cantidades establecidas en la presente Sentencia por concepto de daño material, inmaterial y reintegro de costas y gastos dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la presente Sentencia.
B) El Estado debe reintegrar al Poder Judicial a los señores Juan Carlos Apitz Barbera y Perkins Rocha Contreras y a la señora Ana María Ruggeri Cova, si éstos así lo desean, en un cargo que tenga las remuneraciones, beneficios sociales y rango equiparables a los que les correspondería el día hoy si no hubieran sido destituidos.
C) El Estado debe realizar las publicaciones señaladas en el párrafo 249 de esta Sentencia; D) El Estado debe adoptar dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la presente Sentencia las medidas necesarias para la aprobación del Código de Ética del Juez y la Jueza Venezolanos.
El 18 de diciembre de 2008, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sorprendentemente, deja sin efecto jurídico alguno la anterior decisión de la CIDH, mediante sentencia en la cual se declara: A) Inejecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 5 de agosto de 2008, en el que se ordenó la reincorporación en el cargo de los ex-magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz B., se condenó a la República Bolivariana de Venezuela al pago de cantidades de dinero y a las publicaciones referidas al sistema disciplinario de los jueces; B) Se solicita al Ejecutivo Nacional proceda a denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ante la evidente usurpación de funciones en que ha incurrido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con el fallo antes mencionado.
Cinco años después de la destitución, el 29 de enero de 2010, se realizó una audiencia privada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, en la que participaron el representante del Estado de Venezuela, el de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el propósito de que la Corte obtenga información por parte del Estado sobre el cumplimiento de la Sentencia y escuche las observaciones de la Comisión y del representante de las víctimas al respecto.
El General (r) Francisco Usón: El 11 de diciembre del 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer que el Gobierno venezolano había violado el principio de legalidad y el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión del general Francisco Usón, condenado a cinco años de prisión por "injuria a la Fuerza Armada Nacional", luego de declarar acerca del uso de un lanzallamas como castigo de oficiales contra soldados en un cuartel del Zulia. Después de pagar 4 de los 5 años a los que fue injustamente condenado, el General ® Usón ha sido obligado a limitar sus declaraciones, pero en el Gobierno no hay la menor señal de intención de cumplir con lo pautado por la Corte: dejar sin efecto la sentencia dictada contra Usón, pagar una indemnización de 100 mil dólares, modificar el Código de Justicia Militar y publicar las partes pertinentes de la sentencia en la Gaceta Oficial y en un diario de circulación nacional.
La quiebra del andamiaje institucional en Venezuela queda patéticamente evidenciada cuando el gobierno se apropia de fechas y tergiversa hechos y acontecimientos, aun los más recientes, como lo ha hecho con el tristemente célebre ‘Caracazo’, un evento del que, pasados 21 años, la sociedad aún no se ha repuesto y en el que hay...’más preguntas que respuestas’ según lo declarara a la prensa la Licenciada Liliana Hernández, presidenta de la ONG Cofavic.
El contexto electoral nacional:
En la oposición: Después del descalabro del referendo revocatorio de 2004 vino un período donde la abstención fue un fenómeno natural, como consecuencia de la desmotivación de un presunto fraude electrónico, fraude que fue técnicamente desmontado y desmitificado por la Asociación Civil Grupo la Colina. Luego de un año se confirmó lo que la población democrática suponía: La acción fraudulenta del Gobierno estuvo en el ventajismo que se exacerbó por la ausencia de testigos opositores en las mesas. Esa combinación y no otra cosa fue lo que provocó buena parte de los resultados adversos.
Emilio Nouel y Reinaldo Rasquin integran la coordinación de la asociación civil Grupo La Colina. Ellos sostienen que le han presentado a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) una estrategia de acción electoral con miras al evento electoral de septiembre venidero. Para Rasquin implica...”atender con prontitud algunos circuitos electorales donde ya deberíamos tener candidatos. Son circuitos vitales porque representan la diferencia entre ganar la mayoría en la Asamblea Nacional o perder. Ya sabemos por la encuesta IVAD que la oposición tiene un piso de 60 diputados. Ese es un dato importante, pero como estamos tratando de obtener más allá de los 85 diputados, para nosotros no hay tiempo.”
Nouel sostiene que la MUD no es lo suficientemente dinámica. Lo afirmó con las siguientes declaraciones a El Universal: “...es una de las críticas que le podemos formular a la MUD: su respuesta y su trabajo es un poco lento. Nosotros entendemos que poner de acuerdo a tantas organizaciones políticas es una dificultad, pero debemos avanzar con mayor celeridad para cumplir el cronograma que la misma MUD se ha establecido. Hay reglas que no podemos revertir, perderíamos en credibilidad, en consistencia, en imagen y efectividad. Nos oponemos a que se cambie de un día para otro lo que fue acordado en diciembre con mucho debate.
Un tema que se ha debatido públicamente es ‘la forma’ en que la oposición debe seleccionar a sus candidatos. Todo indica que será con una metodología múltiple, adaptada en cada caso, pero las elecciones ‘primarias’ se han convertido para algunos en el único método. Rasquin y Nouel ofrecieron una visión técnica de sus recomendaciones a la MUD:
“Ese (el método de las primarias) es uno de los métodos aprobados, pero no es el único. Las primarias es el peor método, por los costos, los traumas, y la secuela de conflictos que dejan. Yo estaría de acuerdo con que mucha gente que ha presionado, retire esta opción en algunos casos que son injustificables, pero que no quiero mencionar”.
La declaración fue de Reinaldo Rasquin ante una pregunta de la periodista Elvia Gómez.
En esa misma entrevista, Rasquin le afirmó a Elvia Gómez, de El Universal, lo siguiente:
“Hay gente que no entiende que son 165 puestos y todos no van a ganarse. Si todos fuésemos guiados por la idea del sentido común político de lo que significan las elecciones del 26 de septiembre, todos lo entenderían y la MUD no tendría temor de decir dónde hay acuerdo”.
Emilio Nouel, en la misma entrevista sostuvo:
“Yo también creo que no hay que ser tan exhaustivo, eso no cabe dentro de la circunstancia que vivimos. Hay que hacerle un llamado, no sólo a la MUD, sino a la sociedad civil, tienen que tener responsabilidad porque hay gente aspirando que no tiene nada qué buscar en este proceso y lo que hacen es obstaculizar los acuerdos por pretensiones fantasiosas”.
Pero no todo es unidad y mesa de trabajo en la oposición. Un ejemplo de ello es que el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, propondrá a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) nacional se reúna con su equivalente regional en el Estado Carabobo para evaluar las candidaturas al Parlamento y tratar de acordar la unidad para las elecciones a la Asamblea Nacional.
Ramos dijo que es preocupante el destino de la unidad, durante un acto por la unidad realizado en el Colegio de Abogados de Carabobo. Defendió el consenso para escoger a los candidatos a diputados y fustigó el método de primarias, calificándolas de "fetiche" y "planteamiento demagógico".
"Ojalá que no tengamos unas elecciones con una oposición dividida. Para que eso no ocurra tenemos que deponer actitudes. Ningún sector debe presentar como hecho cumplido su interés particular de aventajarse a los demás".
Reprochó a Proyecto Venezuela los señalamientos públicos contra AD y les acusó de pretender formar un sindicato para repartirse los dos puestos que obtendría la oposición en las próximas elecciones.
En declaraciones posteriores al evento, Ramos manifestó que no se puede repetir lo que ocurrió en las elecciones de noviembre de 2008 en la Alcaldía de Valencia, donde ganó el PSUV como consecuencia de la división de la oposición. Para el momento de la redacción de este informe (marzo 1º) las discrepancias entre los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática en Carabobo se acentuaron y con ello cierran el paso a los posibles acuerdos para la selección de los candidatos que enfrentarán al chavismo en las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre.
Por decisión de la Comisión Técnica Nacional de la Mesa (CTN) el lapso de postulaciones para las elecciones primarias culminará el 8 de marzo y en Carabobo este proceso está paralizado debido a la ausencia de acuerdos para la conformación de la Comisión Técnica Electoral regional que regirá la organización de los comicios previstos para el 25 de abril.
Ante la ausencia de una convocatoria por parte de la coordinación de la MUD para la selección de los integrantes de la CTN de las primarias, el alcalde de San Diego y líder de la organización Cuentas Claras, Enzo Scarano, en nombre de otras 22 agrupaciones políticas de la Mesa, con excepción de Proyecto Venezuela y Copei, propuso los nombres de los cinco miembros principales y sus suplentes para la conformación de la instancia electoral. Esta proposición generó una airada respuesta por parte de Ely Montañés, presidente de Copei en la entidad y director de relaciones con organismos públicos de la Gobernación, quien calificó de perturbador de la MUD al alcalde y lo exhortó para que aparte intereses económicos y personales.
Sin embargo, pareciera que a contrapelo de lo que se dice, la unidad de ‘La Mesa’ está fracturada, o al menos se presenta así ante la opinión pública pues días después de las declaraciones de Ramos Allup, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, y el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, junto a los militantes del partido Primero Justicia presentaron las candidaturas a la Asamblea Nacional de Julio Borges, quien aspira a encabezar la lista del estado Miranda, y Juan Carlos Caldera, al que propone para ser el candidato del circuito 3 de Miranda.
El coordinador del partido Primero Justicia, Julio Borges, indicó:
“En Venezuela está claro que el camino a tomar para llegar a la Asamblea Nacional es la paz y la justicia y no la represión que representa el gobierno del presidente Hugo Chávez”.
En el mismo acto de proclamación, Juan Carlos Caldera, expresó:
“Voy a la contienda en las parlamentarias para ofrecerle al pueblo de Petare una voz. Cuenten con un diputado que por la orilla va a conseguir los recursos para las policías, para las patrullas, para las motos que necesita nuestro municipio".
Pero la fiebre de precandidaturas huérfanas (huérfanas de un proyecto de País y de una Hoja de Ruta Democrática) se extendió hacia los gremios. El presidente de la Federación Médica de Venezuela, Douglas León Natera, oficializó el 27 de febrero su lanzamiento como precandidato para las elecciones parlamentarias por el circuito Chacao, Baruta, El Hatillo y Leoncio Martínez. León Natera señaló que su candidatura recibe el apoyo del sector médico nacional y aclaró que de momento no ha recibido respaldo de las organizaciones políticas.
El médico aseguró que de ser candidato a los comicios parlamentarios trabajará para "...rescatar a la Asamblea Nacional de esta hegemonía que tiene un solo sector que recibe órdenes y las cumple". Además, reveló que promoverá una ley de Salud en el nuevo Parlamento que salga electo tras los comicios del próximo 26 de septiembre. Ratificó el presidente de la Federación Médica que él y otros miembros del gremio se postulan ante la necesidad de sentirse representados en el Parlamento.
Otro que se ha lanzado sin concertar un ‘Proyecto País’ es Carlos Vecchio. Lo ha hecho por el circuito 2 de La Gran Caracas: Chacao Baruta, El Hatillo y Leoncio Martínez, pues considera que la oposición tiene la gran oportunidad con las parlamentarias de cambiar el destino del país, de "detener el modelo que se quiere imponer, similar al cubano, y que no da respuesta a los venezolanos". Afirmó, el día de su lanzamiento que desde la oposición...”estamos obligados a tener una unidad ganadora y de calidad donde están representados no solo los partido políticos, sino sindicatos y estudiantes. Una unidad que refleje más futuro que pasado. Si no hemos logrado entender después de once años que hay que poner al país por encima de los intereses individuales, la gente no nos perdonará”. ‘Su’ propuesta -agrupada en tres grandes lineamientos- está dislocada con la de las de otros candidatos, y aunque con propósitos nobles y de consistencia democrática, no está concebida en una ‘Hoja de Ruta Democrática’ consensuada y articulada con las propuestas individuales de otros proponentes. Todo pareciera indicar que a contrapelo de lo que se afirma públicamente, los intereses políticos individuales SI están por encima del interés colectivo de los electores.
Mientras las auto postulaciones se reproducen a todo lo largo y ancho del país, las pre-candidaturas de los presos políticos -que son, en esencia, presos de conciencia- reciben un duro golpe desde el CNE y desde el Tribunal Supremo de Justicia, pues a criterio de la magistrada Luisa Estela Morales, los ciudadanos que hayan sido condenados por un juez no podrán participar en las elecciones parlamentarias de septiembre. La advertencia la formuló la presidenta del Tribunal Supremo (TSJ) al participar en el acto de apertura de las actividades judiciales en su natal estado Yaracuy; allí sostuvo:
"Cuando una persona es condenada por un delito, en sentencia definitiva (...), hay una pena accesoria y dentro de las penas accesorias se encuentra la inhabilitación política."
Estas declaraciones aluden al contenido del artículo 65 de la Carta Magna y 24 del Código Penal, pues la primera norma reza:
"No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito".
A pesar de ello, la defensa de los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero sostiene que la afirmación de Morales abre las puertas para que los comisarios puedan aspirar a alguna de las 165 curules de la Asamblea Nacional, porque la sanción, a 30 años de cárcel que les impuso el Tribunal 4 de Juicio de Aragua, por planificar los hechos de abril de 2002, no está firme. Y como a criterio de la defensa no se han agotado todos los recursos en su contra, y aún espera respuesta de la Corte de Apelaciones a su acción contra el fallo, la postulación de los comisarios es perfectamente factible y el CNE no podría impugnarla. Y es que a la luz de la Constitución de 1999 nada impide que Leocenis García, Gustavo Azócar, Richard Blanco, Lázaro Forero, Henry Vivas, Iván Simonovis, Otto Gebauer, José Sánchez Mazuco y otras dos docenas de presos políticos más, quienes continúan detenidos sin sentencia firme, puedan postularse, aún desde sus lugares de reclusión preventiva, ante el CNE.
Y es que las opiniones de la magistrada Luisa Estela Morales, en las que aseveró que los presos políticos condenados no pueden inscribirse ni ser postulados para ser diputados de la Asamblea Nacional (A.N.), pueden considerarse una intromisión del Poder Judicial. Ese es el criterio del abogado y ex constituyentista, Dr. Hermann Escarrá quien afirmó:
"Corresponde al Poder Electoral ese pronunciamiento y no lo ha hecho. Pero además, como jueza no ha debido expresar opinión pues ahora tendrá que inhibirse o ser recusada si llega al TSJ cualquier acción al respecto"
El Dr. Escarrá agregó que la presidenta del TSJ hace una errónea interpretación de la Constitución, que en el Artículo 65 se refiere a una condena.
“Esto es, una sentencia definitiva y firme y ninguno de los presos políticos tiene sentencia definitiva y firme”.
Hizo hincapié en que el pronunciamiento de la presidenta del TSJ viola las garantías constitucionales referidas a la presunción de inocencia, al debido proceso, al derecho a la defensa y al principio de igualdad, contenidos establecidos en la Constitución, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Carta Interamericana de Derechos Humanos.
Pero mientras en la oposición se desata una epidemia de auto proclamaciones y de precandidaturas, sin un proyecto de país, sin la suscripción de una hoja de ruta democrática que garanticen a los ciudadanos una gestión legislativa que reoriente a la República hacia la democracia, desde el C.N.E. se redacta un nuevo proyecto de Reglamento Electoral, el número 6, con tan sólo 21 artículos (que en su mayoría reiteran el contenido de la Ley Orgánica de Procesos Electorales ) y que incluye las normas de campaña para los comicios parlamentarios del 26 de septiembre. Este reglamento debería despertar las aprensiones en la oposición, no por las disposiciones que contempla, sino por las omisiones:
* El proyecto de Reglamento Electoral Nº6 no incluye prohibición o sanción por el uso de las aeronaves y vehículos del Estado para movilizar a los candidatos y sus simpatizantes.
* No incluye la prohibición ni las sanciones por el empleo de fondos públicos para financiar determinadas campañas proselitistas.
* Deliberadamente omite las previsiones necesarias para evitar que los medios del Estado nieguen el acceso a los candidatos de la oposición democrática. Tampoco reglamenta el uso de las cadenas presidenciales para favorecer a la opción del Gobierno.
* No está contemplado que una misión de observadores internacionales de la Unión Europea monitoree el proceso comicial del 26 de septiembre.
Desde SUMATE anunciaron la continuación de su plan nacional para la defensa del voto de cara a los comicios de septiembre. Para ello reactivarán la Red Ciudadana de Súper testigos como parte de una plataforma nacional articulada de redes de defensores del voto ciudadano, con la que las organizaciones ciudadanas desarrollarán una interacción eficaz con la red de Súmate, en el desarrollo de las redes de defensores del voto.
Simultáneamente, SUMATE se integrará a las campañas informativas sobre la importancia de la renovación de diputados para la Asamblea Nacional, la inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral, y otros temas asociados a la preparación eficiente de los electores.
Desde las filas del PSUV y del Gobierno: La salida de Henri Falcón de las filas del PSUV no debe verse como un caso aislado de menor importancia. Aunque traten de ocultarlo, el efecto hacia el interior del chavismo ha sido devastador y el tema tendrá consecuencias que se irán revelando en los próximos meses.
El paso de Henri Falcón al PPT no es sólo un cambio de militancia. Se trata de un líder cuyo peso en la región se impuso a la voluntad de Hugo Chávez. Fue un hecho sin precedentes. Por encima del poder presidencial se impuso como candidato en Lara y llegó con más de 70% de los votos.
En primer lugar la ruptura ocurre en un escenario de desgaste cuando el PSUV tiene que enfrentar un proceso electoral con una carga pesada de errores que por primera vez tocan el estómago del pueblo.
La corrida afectiva -por ahora es la gente, más tarde seguirá el entorno político- responde al malestar por las fatales consecuencias de la implantación del socialismo radical. Hay un descontento evidente. Precipitado. Continuo. Y de considerable e innegables efectos en la popularidad del caudillo. Lo reflejan las encuestas. Y lo ratifica la más reciente dimisión del gobernador de Lara, Henri Falcón. La ruptura dentro del PSUV irá mucho más allá de Falcón; será entre el modelo cubano, o "socialismo real", y el socialismo democrático hacia el que se dirige el PPT, Falcón y otros sectores de la izquierda que hoy están tanto en el chavismo como en la oposición.
La salida de Falcón de las filas del PSUV pareciera ser la confirmación de una corrida de militantes de base y de cuadros medios que ocurre cuando arrecian las fallas de los servicios básicos y empeoran las condiciones generales de vida: agua, luz, huecos, basura e inseguridad. Cuando se profundiza la crisis socio-económica: desempleo, inflación y escasez. Y cuando, por ello, se dispara la decepción popular. Cuando las masas pierden la esperanza y la confianza: promesas incumplidas y deterioro de programas sociales. Cuando el soberano intensifica la protesta por los abusos de poder: aislamiento de gobernadores y alcaldes legítimos, ventajismo electoral, censura y cierre de medios de comunicación y falta de vivienda. Cuando empeoran el intervencionismo, los controles, la intolerancia y la represión. Cuando se redobla la ofensiva contra las libertades y derechos ciudadanos. Cuando se viola la propiedad privada.
Para algunos, la renuncia / descabezamiento de un vicepresidente, un gobernador y ocho ministros dimitidos o destituidos en dos meses delatan el debilitamiento del régimen; para otros analistas, estas maniobras señalan que el régimen se atornilla en el poder con los más radicales.
Pero en el ámbito de lo estrictamente electoral, pareciera que el ambiente dentro del PSUV es más tranquilo que en la oposición, pues el domingo 28 de febrero el Congreso Extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aprobó el conjunto de normas que regirán sus elecciones primarias, un proceso interno que definirá los candidatos a la Asamblea Nacional contará con el apoyo técnico y logístico del Consejo Nacional Electoral (CNE).
De acuerdo con lo informado por Rodrigo Cabezas, miembro de la Dirección Nacional del PSUV, se definió en la reunión el cronograma de actividades previas y posteriores al proceso.
"Entre los días 4 y 10 de marzo será abierto el período de auto postulaciones para quienes deseen ser aspirantes a candidatos en los circuitos nominales del país".
Agregó el diputado Cabezas que esperan la participación de toda la militancia y prevén para el 27 de mayo próximo tener definidos los 164 candidatos.
La popularidad de Chávez como variable interviniente: En el contexto electoral nacional hemos observado que la popularidad del presidente ha funcionado como una variable cuasi independiente que afecta de manera importante las gestiones proselitistas y los resultados electorales obtenidos por sus seguidores. La popularidad del presidente es una variable que tiene un peso enorme en la vida social, política y económica del país porque su objetivo principal es consolidar la revolución y el vehículo para lograrlo es que Chávez permanezca en el poder, ya que de acuerdo al modelo de autocracia narcisista impuesto, no hay revolución posible sin Chávez en el poder, y no existe el chavismo sin Chávez. Por ello Chávez busca mantenerse en el poder y utiliza como vehículo la consolidación de la revolución.
La variable popularidad es vital para Chávez porque él no se considera un Presidente, sino un candidato permanente, aguerrido y callejero, que todos los años está comenzando un mandato. En 1998 comenzó el ascenso vegetativo que se manifiesta en la opinión pública durante sus primeros cien días de gobierno. Sin embargo, ahí comenzaría su desgaste natural, porque sus promesas no se convertían en realidad, o no lo hacían en la misma velocidad de las demandas de la población. Por eso la Constituyente tuvo que convocarla al año siguiente, pues con ella el pueblo le daría un cheque en blanco y prolongaría la luna de miel. Es a partir de ese año, y hasta el 2003 que Chávez experimenta la caída más abrupta de su popularidad.
Los reportes consolidados de las más importantes empresas que auditan la opinión pública reflejan que durante el año 2003 la popularidad del Presidente Chávez bajó hasta un 30%. A partir de allí comenzó a subir, sustentado con las misiones y la disponibilidad de ingentes cantidades de ‘dinero fácil’ proveniente del petróleo, un proceso de incremento en su popularidad que llega hasta el 2006 cuando alcanza el tope del 70% y desde entonces comienza un lento declive que se magnifica en el 2007, con el cierre de Radio Caracas T.V., y de allí en adelante se dibuja en la opinión pública una tendencia sostenida de descenso, hasta ubicar su popularidad en un 46% a comienzos del 2010.
Pero la popularidad, en concordancia con las afirmaciones de un experto (Luis Vicente León, presidente de Datanálisis)
“...es un factor que contiene muchas variables de signos antagónicos que se equilibran entre sí y que producen un resultado. Las variables negativas más comunes son: desgaste (de la oferta política), demanda social creciente (e insatisfecha por la gestión del mandante), incapacidad de gestión (que es una resultante del desgaste + el incumplimiento), los estudiantes (como un actor político ‘limpio’ y creíble ante la O-P-), la inseguridad, el desempleo, la inflación...”
Todas estas son variables negativas a las cuales sumo la escasez de agua por deficiencias en la gestión administrativa y operativa, y el racionamiento eléctrico nacional.
Es evidente que los ciudadanos desaprueban mayoritariamente la gestión política y administrativa de Chávez pero el Presidente tiene a su favor unos cuantos –y significativos- factores que contrarrestan esas variables negativas, como la misión Barrio Adentro, no porque sea eficiente, sino por la sensación ‘efectista’ que produce en los sectores populares (tradicionalmente excluidos de los servicios primarios de salud) tener un módulo, con un médico las 24 horas del día, a unas pocas cuadras del rancho. Otros factores son la capacidad de gasto indiscriminado y sin fiscalización, la conexión con las clases populares, que evidencia a través de un lenguaje innecesariamente procaz y/o con decisiones públicas ‘efectistas’, como despedir a un alto funcionario frente a las cámaras de TV, durante uno de sus ‘Aló Presidente, le han permitido establecer, aunque cada vez más precario e inseguro, un balance positivo.
Es imperativo mencionar que la popularidad de Chávez es esencialmente mediática, pues la penetración que tiene se fundamenta en ese 51% de la población que no vive en las grandes ciudades, a las que ‘alcanza’ gracias a que los medios de comunicación del Estado están en función de la promoción del Presidente y de su mensaje.
La crisis eléctrica, el racionamiento del agua, las medidas económicas, las decisiones en contra de la propiedad privada y el intento por conducir al país hacia un sistema marxista comienza a afectar la confianza de los venezolanos en el presidente Hugo Chávez. Según el estudio sobre gestión de Gobierno, coyuntura política y expectativa electoral realizado en diciembre de 2009 por el Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD), al menos 5 de cada 10 venezolanos manifiestan tener "poca o ninguna confianza" en el jefe de Estado, mientras 6 de cada 10 desaprueban el comportamiento del jefe de Estado ante los problemas que atraviesa el país.
Según el IVAD, 39,8% de los ciudadanos considera que el "mayor responsable del problema de electricidad en el país es el Gobierno nacional y el presidente Chávez". En el caso de la escasez de agua, 35% de los ciudadanos identifican al fenómeno de "El Niño" como el mayor responsable, mientras 29,4% identifica "al Gobierno nacional y al presidente Hugo Chávez".
La explicación sobre el impacto positivo de las medidas económicas sigue sin convencer a la mayoría de los venezolanos: 34,2% estima que mejorarán la situación del país y 57,6% que la empeorarán. Incluso, 55,5% llega a pensar que las medidas sólo responden a una estrategia electoral. Los anuncios de expropiación de fincas, supermercados, edificios, etc., son percibidos por 69,9% de los ciudadanos como una amenaza a la propiedad privada. Según el estudio del IVAD citado, 70,1% prefiere a la propiedad privada como modelo económico y sólo 26,1% apoya el modelo de propiedad social y comunal propuesto por Hugo Chávez.
El debate del sistema de gobierno tampoco favorece a Chávez en este comienzo del 2010. Mientras 34,2% de los venezolanos apoya al "socialismo del siglo XXI", 49,5% se inclina por la "democracia social" propuesta por la oposición. La propuesta marxista también sale derrotada: 78,7% está en desacuerdo con que Chávez imponga en el país un sistema comunista. La crítica al jefe de Estado tiene un impacto directo sobre la autodefinición política: 28,9% se declara "chavista", 41,2% como "no chavista" y 23,1% prefiere no identificarse con ninguno de los dos bandos.
El incremento del segmento de "no chavista" tiene un impacto leve en la militancia partidista de oposición. 29,2% se declara como militante o simpatizante del PSUV, 6,8% de UNT, 6,4% de Primero Justicia, 6,3% de AD, 3,4% de Proyecto Venezuela. En este renglón, los independientes son mayoría: 39,8% no se identifica con ningún partido; lo que se traduce en que 28,2% preferiría votar el 26 de septiembre por candidatos de los partidos del chavismo, 28,7% por candidatos respaldados por organizaciones de oposición y 29,1% por candidatos independientes.
A pesar de las críticas la mitad de la población aprueba la labor de la oposición por el país y cree que sí tiene un proyecto de país.
Incluso, 7 de cada 10 ciudadanos rechazan la afirmación de Chávez sobre la violencia que se desatará si la oposición gana la mayoría de la próxima Asamblea Nacional. En este sentido 8 de cada 10 ciudadanos consideran que es necesario que exista un diálogo entre Gobierno y oposición para llegar a acuerdos acerca de los problemas del país.
...sigue...
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