Solicitud de la FCU de la UCV no es clara y precisa La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó este viernes que la solicitud realizada por el representante de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Ricardo Sánchez, en torno a un video en el que aseguran aparece el comandante de la PM, Carlos Meza, fue enviada a la Unidad de Depuración de Causas, puesto que en el escrito no se específica de manera clara y precisa lo que quiere dicho dirigente estudiantil.
“En el escrito solicitan al Ministerio Público que revise el video a ver si se ha cometido algún delito. Nosotros no podemos averiguar si se cometió o no delito, al Ministerio Público hay que señalarle cuál es el presunto hecho punible o en todo casos los hechos ocurridos”, reiteró Ortega Díaz.
Con el Código Penal en mano explicó que de acuerdo con esta norma, cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible puede denunciarlo ante un fiscal del Ministerio Público o un órgano de policía de investigación.
“La denuncia se podrá formular de manera verbal o escrita, haciendo una narración circunstancial del hecho”, explicó la fiscal General quien añadió que no se le puede pedir al Ministerio Público que reciba un video, lo revise y determine si hay un hecho punible.
Ortega Díaz manifestó que en el escrito la persona tiene que narrar de manera suscinta lo que quiere que se investigue, porque la Constitución determina de manera clara y expresa cuál es la función del Ministerio Público. “No nos pongan a adivinar un hecho punible, a adivinar cuál es el hecho o la conducta que desarrolló una persona para constituir un delito”.
Igualmente, aprovechó el espacio radial En Sintonía con el Ministerio Público para informar que se está tramitando una carta rogatoria con el gobierno de Puerto Rico por la presunta reunión que sostuvieron algunos representantes de la oposición venezolana en ese país con un supuesto funcionario de los Estados Unidos.
En el programa también adelantó que para la próxima semana está previsto citar en calidad de testigos a algunos de los ciudadanos que estuvieron presentes en dicha reunión, a los fines de que aporten detalles sobre el encuentro.
Asimismo, la Fiscal General de la República indicó que por este mismo hecho se solicitaron movimientos migratorios ante la Onidex.
La máxima representante del Ministerio Público agregó que el grupo de personas que viajó al referido país, presuntamente se reunió con un diplomático extranjero y explicó que, de acuerdo con la Ley, cualquiera que se reúna en un país o república extranjera para atentar contra la integridad de un territorio o contra las instituciones republicanas, eso constituye, a la luz de la legislación venezolana, un delito.
Para determinar si este grupo de ciudadanos incurrió o no en delito, el Ministerio Público comisionó a la fiscal 23° con competencia nacional, Gabriela Soler, para que realice las diligencias pertinentes y recabe los elementos de convicción con el fin de esclarecer el hecho.
Quema del Waraira Repano En relación con la quema del Waraira Repano por parte de unos supuestos estudiantes de la Universidad Metropolitana, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo que se están realizando las investigaciones respectivas.
Hasta ahora, la fiscal 1° de ambiente con competencia nacional, María Alfonso, ha realizado varias entrevistas en calidad de testigos al Decano de la Universidad Metropolitana, al Consultor Jurídico de esa casa de estudios; así como a estudiantes.
A propósito de este tema, Ortega Díaz aprovechó la oportunidad para responder algunos señalamientos hechos contra la Institución, y explicó que el Ministerio Público no tiene la facultad de privar de libertad a nadie, puesto que esta función sólo le corresponde a los Tribunales de la República y a los cuerpos policiales.
Acotó que quien hace este tipo de afirmaciones desconoce la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, puesto que el Ministerio Público no priva de libertad ni siquiera en flagrancia ni detiene a nadie por considerar que una persona cometió un hecho punible. En todo caso, el fiscal solicita la privación de libertad si se determina que la persona incurrió en un delito y el Tribunal decide si la acuerda o no.
Por otro lado, anunció la creación del Centro de Altos Estudios de Investigaciones de Justicia Social del Ministerio Público, cuya línea estará orientada a investigar los problemas de las comunidades, la política criminal, la crisis penitenciaria, entre otros temas que atañen a nuestra sociedad.
La Fiscal General de la República, indicó que este centro de altos estudios, el cual estará adscrito a la Escuela Nacional de Fiscales, se enmarca en el “Año de las Luces”.
Impulso Digital.com
por Redacción TuND el Mié Ene 21, 2009 10:53 am 
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