A mediados del año pasado, el Departamento de Estado aprobó de forma expedita su caso de asilo por razones políticas y la jueza, quien fuera titular del Tribunal 5 de Control del área metropolitana de Caracas, se estableció en Miami. En una entrevista con El Nuevo Herald, López reveló por primera vez un testimonio de primera mano que muestra una inusitada ventana al oscuro mundo de la justicia chavista.
"El sistema de justicia venezolano es una anarquía y actúa al margen de la constitución y las leyes'', aseguró López. "Es lo que diga Chávez, no hay autonomía ni de jueces ni de funcionarios judiciales en el país''.
López describió cómo los jueces en Venezuela reciben constantes presiones, son amenazados abiertamente y se les intervienen sus teléfonos, como estrategias para obligarlos a tomar decisiones que favorezcan los intereses del gobierno.
La jueza aseguró que cuando se negó a seguir instrucciones del despacho de un magistrado del circuito penal de Caracas, el más importante del país, fue acosada por la Guardia Nacional, recibió amenazas de despido, fue advertida de que su seguridad no estaba garantizada, y sufrió el intento de secuestro de su hijo de 11 años.
Explicando los detalles de su caso, tal y como los expuso ante los funcionarios federales que analizaron su petición de asilo, López narró su odisea tras desafiar a altos jerarcas del chavismo al admitir una querella presentada por el empresario venezolano Eligio Cedeño en contra de dos funcionarios de la Fiscalía General de la República.
Cedeño, considerado en ese entonces como un enemigo personal del presidente Chávez, es actualmente uno de los presos políticos más prominentes del sector empresarial en Venezuela. Desde hace dos años permanece detenido en una cárcel de alta seguridad acusado de presuntos delitos tributarios, de contrabando y de distracción de recursos.
Sus abogados, sin embargo, aseguran que su detención obedece a que prestó apoyo al líder opositor Carlos Ortega, actualmente bajo asilo político en Perú.
La jueza López aseguró que cuando admitió la querella por falso testimonio contra los dos fiscales, presentada por Cedeño, "comenzó la guerra en mi contra''. Los fiscales demandados eran Gabriel Estagno y José Gregorio Arreaza, a quienes Cedeño acusaba de haber mentido bajo juramento en el caso que la fiscalía seguía en su contra.
López dijo que durante los tres días previos a que tomara una decisión, recibió llamadas de abogados y altos funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia y de la Fiscalía General, "haciéndome ver que se trataba del caso de un enemigo del gobierno''.
Afirmó que una alta funcionaria judicial le ordenó expresamente "que me inhibiera, que me enfermara o que pidiera vacaciones'', para no tomar una decisión que afectara a los fiscales denunciados.
El mismo día en que recibió el expediente, la funcionaria "me dejó el mensaje de que si quería conservar mi cargo y por mi seguridad, debía inhibirme de tomar una decisión'', señaló.
Poco tiempo después, uno de los funcionarios de la fiscalía acusados en la querella, ‘‘entró violentamente al despacho para advertirme que iba a ser destituida, advirtiéndome que no sabía con quién me había metido''.
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