Los fiscales federales han acusado al principal abogado de Luis Posada Carriles de tratar de engañar al tribunal alegando que el gobierno retrasó la entrega de documentos que pudieran exonerar al militante exiliado cubano de responsabilidad en una serie de atentados contra sitios turísticos en Cuba en 1997.
En una moción por escrito presentada esta semana, los fiscales también insisten en que el abogado de Posada, Arturo V. Hernández, ha pedido la anulación del juicio a través de quejas que no tienen relación con el juicio actual por el cual se acusa a Posada de mentir sobre su presunta participación en los atentados y la forma en que se infiltró en Estados Unidos en el 2005.
Una de las cuestiones planteadas por Hernández en su moción es su insistencia en que la fiscalía no advirtió al jurado que un testigo clave contra Posada, enviado por el gobierno cubano, el teniente coronel de la Seguridad del Estado Roberto Hernández Caballero, era también agente de contrainteligencia en La Habana.
Como resultado de las quejas de Hernández, la jueza que preside el caso interrumpió el proceso hasta el próximo martes diciendo que necesitaba más tiempo para examinar la moción del abogado de Posada solicitando la anulación del juicio.
La decisión de la jueza de retrasar el caso hasta la próxima semana indica que considera las quejas del abogado de Posada como más serias que los fiscales.
A pesar de que dijo en audiencia pública la semana pasada que no quiere la anulación del juicio, la jueza Kathleen Cardone tiene otras opciones disponibles, incluso lo propuesto por Hernández de retrasar el juicio aun más o de eliminar del encausamiento tres de los once cargos contra Posada.
Los tres cargos mencionados por Hernández están relacionados con la presunta participación de Posada en los atentandos con explosivos.
Lo principal de las quejas del abogado de Posada es un informe otrora secreto del FBI, entregado por la fiscalía, que cita a un informante no identificado en el Ministerio del Interior de Cuba diciendo en 1997 que los atentados fueron obra de los mismos servicios de inteligencia cubanos.
Hernández, el abogado de Posada, también escribió que el informe del FBI fue incluido en un sobre de documentos entregado sólo pocos días después de que comenzara el juicio el 10 de enero.
Hernández dijo que estaba demasiado ocupado con la selección del jurado y la preparación de sus declaraciones de apertura de juicio que no pudo examinar el sobre inmediatamente.
En su respuesta por escrito, los fiscales manifestaron que los documentos habían sido entregados a Hernández poco después de que los obtuvo la fiscalía, y que si Hernández no los leyó de inmediato es por su propia culpa.
"El propio acusado reconoce que había decidido no examinar los documentos hasta el 9 de febrero del 2011, un mes después de que los documentos fueron entregados por los Estados Unidos'', escribieron los fiscales. "Los documentos a que se refiere tienen un total de doce páginas''.
En cuanto a la queja de Hernández de que el informe del FBI apunta a la responsabilidad del régimen cubano, la fiscalía dice que tal afirmación es solamente "conjetura''.
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