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En libertad parcial se encuentran todos los detenidos, entre ellos funcionarios policiales, sindicados por el Cicpc de pertenecer a una banda que en la región centroccidental se dedicaba al secuestro de personas para luego exigir millonarias sumas de dinero por su liberación.

Como informó ELIMPULSO, el viernes 21 de noviembre pasado, en la delegación del Cicpc en Barquisimeto se ofreció una rueda de prensa encabezada por el inspector general del organismo, comisario José Cuéllar, informando sobre el desmantelamiento de la organización delictiva a la que se le atribuyen varios secuestros en Portuguesa y Lara, entre ellos el de la comerciante Ángela Barroeta, ocurrida el jueves 16 de octubre en Barquisimeto y liberada el 21 de noviembre en el estado Portuguesa.

El funcionario suministró los nombres de los detenidos, los efectivos del Cicpc, Carlos Luis Montilla y Yoward Mircel Parada Hernández, el ex de ese cuerpo, Miguel Scavo Niño, el agente Juan Carlos Rodríguez Quero, de la FAP y los particulares, Leonardo José Marchán, Hugo Pastor Pinzón Ospino, Luis Felipe Amado Campos, José Eduardo Colmenares Espina, Deivis Antonio Díaz Peña, Jorge Eliécer Matheus Giménez y John Mario González Leal.

En principio, en Lara, comenzaron a ser procesados los cinco primeros nombrados contra quienes la Fiscalía Segunda del Ministerio Público solicitó medida privativa de libertad que le fue dictada por el Tribunal Noveno de Control.

Posteriormente y en vista de que la víctima fue liberada en Portuguesa y en aquella región se produjo la mayoría de detenciones, el caso fue remitido al Tribunal Tercero de Control de la entidad cuyo titular otorgó a los once detenidos el beneficio de detención domiciliaria mientras se adelanta el proceso, lo cual les permite permanecer en sus casas.

Al parecer, su decisión se basó en que la representación del Ministerio Público no presentó la acusación oficial en el lapso de 30 días posteriores a la privativa de libertad, lo que hizo apenas el primero de enero.

Además, supuestamente hubo falta de información entre las fiscalías de Lara y Portuguesa sobre los pasos dados para sustentar la acusación.

Ahora ha sido fijado el próximo 3 de febrero para la audiencia preliminar, durante la cual el nuevo juez de la causa, en el Circuito Judicial de Portuguesa, decidirá si persiste el beneficio a los imputados, los remite a prisión o les otorga la libertad plena.

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